Ocho ayuntamientos de Morelos se ven involucrados en un escándalo de financiamiento ilícito de campañas. La FGR revela detalles sobre la conexión entre funcionarios y el crimen organizado.
El crimen organizado logró penetrar las estructuras municipales de al menos ocho ayuntamientos en el estado de Morelos. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga cómo el financiamiento ilegal de campañas políticas ha llevado a la infiltración de grupos delictivos en el gobierno local. Ulises Lara, vocero de la FGR, fue quien aportó esta información en una reciente conferencia de prensa.
Lara explicó cómo este proceso comenzó. Los grupos delictivos financiaron campañas de candidatos que ahora ocupan cargos públicos. Además, los investigadores han encontrado pruebas de que estas organizaciones intimidaban a otros políticos que se oponían a sus intereses.
Uno de los momentos más relevantes fue en 2025, cuando se difundió un video en redes sociales. En él, se observa una reunión entre el alcalde de Atlatlahucan, el de Cuautla y otros funcionarios, todos vinculados con Júpiter Araujo Bernard, conocido como “El Barbas”, líder del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades han establecido que este vínculo ha tenido graves consecuencias. En 2024, la infiltración aumentó la violencia en Morelos. Los delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro se dispararon, resaltó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Los registros de la FGR indican que esta situación ha llevado a la muerte de exalcaldes morelenses en 2022 y 2023. También han ocurrido agresiones contra personas que buscaban candidaturas en las elecciones de 2023 y 2024.
Recientemente, la FGR llevó a cabo operativos en Morelos y Querétaro, resultando en la detención de seis personas. Entre los arrestados están el alcalde de Atlatlahucan, un ex edil de Yecapixtla y cuatro funcionarios del ayuntamiento de Cuautla.
Esta situación pone de relieve un problema muy serio. La infiltración criminal en la política local no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la integridad de las instituciones públicas.
