La justicia española absolvió a Shakira del caso fiscal de 2011 y ordenó devolverle más de 60 millones de euros tras determinar que no se acreditó fraude tributario.
Hoy le tocó cantar victoria a Shakira. En un golpe de autoridad que ha dejado congeladas a las instituciones fiscales del Estado español, la Audiencia Nacional de ese país ha absuelto por completo a la cantautora colombiana de las acusaciones de fraude fiscal correspondientes al año 2011. Pero el asunto no queda ahí, ahora el fisco europeo está obligado a devolverle una millonaria cifra que supera los 60 millones de euros, sumando multas previas, recargos e intereses devengados.
La resolución judicial es contundente y deja en claro que la Agencia Tributaria española actuó al margen de la legalidad. El tribunal determinó que las sanciones impuestas a la artista fueron “contrarias a Derecho”, debido a que las autoridades nunca pudieron demostrar que Shakira hubiera permanecido más de 183 días en territorio español durante 2011, el requisito indispensable que exige la ley para considerarla residente fiscal en ese país.
Acoso institucional: el modus operandi
Más allá de los reflectores brillantes de la farándula, este fallo pone sobre la mesa un problema estructural: el abuso y la asfixia administrativa por parte de las instituciones recaudadoras. José Luis Prada, abogado defensor de la colombiana, no se guardó nada y lanzó una crítica demoledora que resuena con fuerza en las calles: el proceder de Hacienda, señaló, “asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”.
Celebramos que en esta ocasión la justicia haya funcionado de verdad frente a posturas burocráticas inaceptables. La propia Shakira lamentó profundamente el atropellado juicio público al que fue sometida durante más de ocho años, acusando que el sistema la trató como culpable desde el primer día, destruyendo su reputación antes de que un juez dictara.
Este triunfo legal corresponde estrictamente al ejercicio fiscal de 2011 por la vía administrativa. Este veredicto no modifica el acuerdo penal previo que la barranquillera firmó en 2023 por los años 2012 a 2014, una decisión que, como ella misma aclaró en su momento, tomó para salvaguardar la tranquilidad de sus hijos y evitar un proceso penal desgastante.
El caso también evidenció que ni la fama ni los recursos económicos eximen a las personas de enfrentar procesos fiscales complejos. Asimismo, mostró que, cuando existen mecanismos de defensa jurídica sólidos, las determinaciones de las autoridades pueden ser impugnadas y revisadas. Finalmente, el fallo resultó favorable para la cantante colombiana, luego de que no se acreditara fraude fiscal y se ordenara a la Hacienda española realizar el reembolso correspondiente.
