¡Se acabó el negocio de legislar a espaldas de la población discapacitada!
Por Ricardo Sevilla
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará su primera audiencia pública y consultará a personas con discapacidad, en el marco de la AI 182/2024.
Pero le digo más: esta primera audiencia pública es más que un acto de transparencia: es la culminación de una batalla legal y social por la dignidad y la participación de personas con discapacidad.
Seamos claros en los hechos.
Históricamente, el sistema jurídico mexicano, al igual que en gran parte del mundo, ha operado bajo un modelo médico-rehabilitador o, en el mejor de los casos, paternalista hacia las personas con discapacidad. Esto significa que las leyes y políticas se diseñaban para ellas, pero sin ellas, asumiendo que los expertos o el Estado sabían lo que era mejor.
Durante siglos, la discapacidad fue vista a través del lente del modelo de la caridad o médico, traduciéndose en una política pública y judicial de paternalismo: se les consideraba sujetos de asistencia y no de derechos plenos.
Y eso está por cambiar en México.
La SCJN, al abrir este espacio de diálogo, valida el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Este modelo establece que la discapacidad no es la deficiencia física o mental, sino el resultado de las barreras actitudinales y del entorno (físico, comunicacional, legal) que impiden la participación plena.
Es un logro que la SCJN cumpla su objetivo de tener una Corte de puertas abiertas, como había prometido la ministra Yasmín Esquivel.
El derecho a la consulta es el antídoto al paternalismo, ya que reconoce la capacidad de agencia de las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de actuar y tomar decisiones.
La decisión de la Corte, al abrir sus puertas, no solo impactará una ley local, sino que fijará la regla de oro para la legitimidad democrática de toda norma que afecte a personas con discapacidad. Una ley es legítima no solo por su contenido, sino por el proceso de su creación.
Es crucial que los ministros y ministras entiendan que escuchar no es un favor, sino la base mínima de un Estado de Derecho digno.
