Un migrante venezolano de 28 años, identificado por sus familiares como Wilber Garcés, permanece grave en Austin tras recibir disparos por un agente de ICE. Autoridades locales expresaron indignación y exigieron una investigación transparente.
El caso de Wilber Garcés vuelve a colocar a ICE bajo cuestionamiento por la actuación de sus agentes durante los operativos migratorios. El venezolano, de 28 años, fue trasladado a un hospital de Austin con heridas de bala en el torso y permanece en condición grave. Según el concejal Mike Siegel, quien acudió al lugar, un agente de ICE que viajaba en una camioneta negra sin identificar habría chocado el automóvil de Garcés, descendido del vehículo y disparado contra el Ford en el que se encontraba el migrante.
El relato de un testigo identificado como Juan añade elementos especialmente graves al episodio. El hombre aseguró haber encontrado a Garcés en el asiento del conductor, quien le habría dicho: “Me tiraron por la espalda”. También afirmó que el agente no se acercó a auxiliarlo y que posteriormente observó dos impactos de bala en la espalda del migrante.
El alcalde Kirk Watson calificó el episodio como motivo de “enojo” y “profunda decepción”, mientras Siegel reclamó que el agente involucrado no pueda abandonar Texas mientras se investiga el caso. La policía de Austin y su jefa, Lisa Davis, aclararon que la corporación local no participó en el operativo de ICE y únicamente intervino en el bloqueo de las calles.
Los dos casos se inscriben en un contexto de creciente uso de la fuerza durante las operaciones migratorias del segundo gobierno de Donald Trump. Un recuento publicado en julio por The Washington Post contabilizó al menos 17 conductores baleados por agentes federales de inmigración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca; seis murieron, aunque el registro incluye acciones de ICE y de otras agencias federales.
En Austin, ahora las autoridades locales demandan esclarecer qué ocurrió con Garcés, mientras un migrante permanece hospitalizado y nuevamente surge la pregunta sobre hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza en nombre del control migratorio.
