Etiqueta: Autoritarismo

  • Guillermo del Toro alerta por el resurgimiento del fascismo y el avance del discurso de odio

    Guillermo del Toro alerta por el resurgimiento del fascismo y el avance del discurso de odio

    Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta también cuestionó el papel de las redes sociales en la polarización y abrió un espacio para que jóvenes de Jalisco denunciaran problemas relacionados con el agua y la actuación policial.

    El cineasta mexicano Guillermo del Toro advirtió sobre el riesgo de que el fascismo y el autoritarismo vuelvan a ganar popularidad en el mundo, mediante discursos que promueven la división, el odio y la confrontación social. Sus declaraciones ocurrieron durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en un encuentro con medios por los 20 años de El laberinto del fauno, película ambientada en la represión de la dictadura franquista.

    El director señaló que las estrategias para controlar a la población siguen vigentes y pueden adaptarse a nuevos contextos. “Se pone de moda otra vez, no se preocupen”, expresó al referirse al fascismo, antes de advertir que dividir a la sociedad, generar antagonismos y fomentar el odio son mecanismos utilizados desde los tiempos de Joseph Goebbels y Benito Mussolini.

    Del Toro también alertó sobre la difusión de mensajes tóxicos mediante redes sociales y granjas de bots, que pueden alimentar la polarización y la desesperanza. Explicó que quienes concentran el poder pueden intentar convencer a las personas de que sus problemas son responsabilidad de quienes tienen cerca, desviando la atención de las causas de fondo.

    En una reflexión sobre las consecuencias de estos discursos, el cineasta sostuvo que el odio termina perjudicando a quien lo alimenta. “El odio es el veneno que te tomas para ver si se muere el otro. Es absolutamente incomprensible para mí”, afirmó, con un llamado implícito a la empatía frente a la confrontación.

    Durante el mismo encuentro, Guillermo del Toro respaldó a jóvenes y ciudadanos de Jalisco que buscan visibilizar la contaminación del agua, los problemas de abastecimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara y la represión policial denunciada durante movilizaciones. Cuando estudiantes expusieron su situación, el director interrumpió el protocolo del homenaje para darles la palabra ante el público y los medios.

    “Sí. Este es el lugar para hablar de esto. Si no es aquí, ¿dónde?”, respondió. Además, alentó a los asistentes a apoyar la iniciativa de los manifestantes, quienes buscaban reunir 200 mil firmas para exigir soluciones estructurales a la crisis hídrica en Jalisco.

  • De la Espriella advierte que podría reprimir la primera protesta contra su gobierno

    De la Espriella advierte que podría reprimir la primera protesta contra su gobierno

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, advirtió que responderá con fuerza a quienes participen en actos violentos durante el paro nacional, pero sus declaraciones, acompañadas de un polémico decreto sobre protesta social y una iniciativa antiterrorista, suenan más a una represión autoritaria y criminalización de la manifestación civil.

    A un día del paro nacional convocado por sindicatos y sectores opositores para el miércoles 15 de octubre, Abelardo de la Espriella endureció su discurso contra los manifestantes y advirtió que quienes pretendan “incendiar” Colombia se enfrentarán a la determinación de su Gobierno. Aunque reconoció que la protesta pacífica es una garantía constitucional, acusó a los convocantes de buscar el caos y desestabilizar su administración, generalizaciones que colocan bajo sospecha a organizaciones que también pueden movilizarse legítimamente para exigir respuestas.

    La preocupación aumenta ante el Decreto de Protesta Social, que el Ejecutivo prevé presentar esta semana y que, según el propio mandatario, busca limitar conductas como los bloqueos permanentes y las agresiones durante las manifestaciones. El problema es dónde se trazará la línea entre perseguir delitos concretos y restringir derechos colectivos: si las nuevas disposiciones se aplican de manera amplia o discrecional, podrían convertirse en herramientas para inhibir la protesta y castigar la disidencia. Defender el orden público no significa otorgar al Gobierno carta blanca para limitar la libre manifestación.

    A la controversia se suma el proyecto de Estatuto Antiterrorista, que contempla crear un registro de organizaciones terroristas, congelar bienes y endurecer las sanciones contra ataques a la Fuerza Pública. De la Espriella defendió la iniciativa como una respuesta contra grupos armados y criminales, pero el alcance de estas facultades exige especial escrutinio: sin garantías claras, controles independientes y mecanismos efectivos de defensa, medidas de seguridad de este tipo pueden abrir espacio a abusos contra organizaciones sociales y opositores.

    El mandatario también descalificó a quienes cuestionan su estrategia de mano dura, al afirmar que quienes critican la aplicación de la ley a los delincuentes son “cómplices digitales y de opinión”. Equiparar las críticas con complicidad criminal resulta especialmente preocupante cuando proviene del jefe del Estado, cuya responsabilidad es garantizar tanto la seguridad como los derechos de quienes discrepan de su Gobierno. La jornada del miércoles pondrá a prueba no solo la capacidad de movilización de los convocantes, sino también el compromiso del Ejecutivo con una democracia en la que protestar pacíficamente no sea motivo de intimidación, estigmatización ni represión.

  • “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”: De la Espriella endurece discurso anti derechos humanos

    “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”: De la Espriella endurece discurso anti derechos humanos

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, amenazó a los integrantes de organizaciones criminales tras un operativo en Santa Marta: “Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”.Sus declaraciones generan cuestionamientos por el posible atropello a los derechos humanos y por el tono empleado desde la Presidencia frente a la violencia criminal.

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella elevó el tono de su discurso contra las organizaciones criminales tras la muerte de siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, señalado como segundo cabecilla del grupo. “Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”, declaró el mandatario, en una expresión que coloca la amenaza y la muerte como el centro de su mensaje de seguridad.

    De la Espriella aseguró que se trasladaría a Santa Marta para encabezar personalmente las operaciones contra el grupo y afirmó que utilizará todas las capacidades de la Fuerza Pública. Según las autoridades, durante el operativo fueron capturadas tres personas y se decomisaron 10 fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas, mientras que alias Cholo era señalado de participar en rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y de tener más de 15 años de trayectoria delictiva.

    La dureza del mensaje ocurre mientras la violencia se extiende en distintos puntos del país. Tras el operativo, dos autobuses fueron incendiados y hombres armados bloquearon La Troncal, una de las principales vías de conexión de Santa Marta con el norte del departamento, en hechos atribuidos a la respuesta de grupos criminales ante las acciones de la Fuerza Pública. El propio presidente sostuvo que estas organizaciones pretenden intimidar a la población mediante un paro armado y aseguró: “No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”.

    La situación también ha dejado bajas entre las fuerzas de seguridad: al menos tres militares murieron en el Meta por la activación de un campo minado, ataque atribuido por las autoridades a una disidencia de las FARC. En este contexto, la advertencia presidencial —“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”— representa una retórica particularmente extrema para un jefe de Estado, al convertir la eliminación física de los adversarios criminales en el mensaje principal de su política de seguridad, mientras la violencia continúa afectando a militares y población civil.

  • Abelardo de la Espriella autorizará represión policial en universidades

    Abelardo de la Espriella autorizará represión policial en universidades

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que autorizará el ingreso de la Policía a universidades para la represión policial dentro de los campus cuando considere que existen actos de violencia, vandalismo o terrorismo, lo que genera preocupación por los límites de la autonomía universitaria.

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá ingresar a las universidades cuando se registren hechos que el Gobierno considere violentos, vandálicos o terroristas. La decisión, presentada como una medida para preservar el orden público, representa un endurecimiento de la respuesta estatal dentro de espacios universitarios y abre la puerta a la represión policial frente a conflictos que hasta ahora se encontraban sujetos a reglas específicas de autonomía y actuación institucional.

    De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no coloca a los campus por encima de la Constitución ni de las leyes y anunció la creación de un protocolo nacional para distinguir entre protesta pacífica y situaciones de violencia, peligro, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público. Aunque el mandatario aseguró que respetará las manifestaciones pacíficas, el problema radica precisamente en quién determinará cuándo una movilización deja de ser protesta y comienza a ser considerada una amenaza que justifique la intervención policial.

    El presidente también afirmó que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas como refugio para la violencia y señaló que la Policía será la “primera autoridad operativa” en este tipo de situaciones. Bajo ese argumento, agentes podrían intervenir ante presuntos actos de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, agresiones contra civiles o integrantes de la fuerza pública y preparación de ataques. Sin embargo, convertir a los campus en escenarios potenciales de intervención policial supone una medida especialmente delicada, debido al riesgo de que una respuesta diseñada para enfrentar hechos delictivos termine utilizándose contra expresiones legítimas de inconformidad.

    La decisión de De la Espriella representa, por ello, un preocupante giro hacia una respuesta policial más dura dentro de las universidades colombianas. La violencia y la destrucción de infraestructura no deben quedar impunes, pero tampoco puede utilizarse su existencia como argumento para criminalizar la protesta o convertir los espacios académicos en territorios sometidos permanentemente a la lógica de la fuerza pública. Si el Gobierno realmente pretende proteger la libertad de expresión y el debate universitario, deberá demostrar que sus nuevos protocolos no serán una herramienta de represión policial contra quienes protesten, sino mecanismos estrictamente delimitados para responder a delitos concretos.

  • Alessandra Rojo cierra Casa de Cultura; vecinos denuncian autoritarismo

    Alessandra Rojo cierra Casa de Cultura; vecinos denuncian autoritarismo

    La alcaldía argumenta una remodelación, pero usuarios y talleristas cuestionan que el espacio cultural termine en manos de la Fundación del Dr. Simi para instalar consultorios y un comedor.

    La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ordenó el cierre de la Casa de Cultura Alfonso Reyes, en la colonia Vista Alegre, bajo el argumento de que será remodelada. Sin embargo, vecinos, usuarios y talleristas cuestionaron la decisión y denunciaron que el inmueble sería destinado a un comedor comunitario y consultorios de la Fundación del Dr. Simi.

    El cierre ocurrió de manera repentina el pasado lunes, cuando una trabajadora recibió la instrucción de suspender actividades pese a que había clases, exposiciones y eventos programados. La explicación oficial fue que se realizarían trabajos de remodelación, aunque hasta ahora, señalaron los inconformes, no existe información por escrito sobre el proyecto.

    La situación resulta todavía más peculiar: una semana antes del cierre, representantes de la Fundación del Dr. Simi acudieron al inmueble para recorrer los espacios y tomar medidas con miras a instalar el nuevo centro. Incluso revisaron la ubicación de mobiliario, refrigeradores y otras adecuaciones, pese a que trabajadores advirtieron que los salones y la galería no están acondicionados para consultorios ni comedor.

    La decisión provocó la molestia de habitantes de la zona, quienes acudieron al inmueble para impedir el cierre y exigieron la intervención del Gobierno de la Ciudad de México. Los vecinos recordaron que la Casa de Cultura Alfonso Reyes funciona desde hace 52 años y cuestionaron que un espacio dedicado a actividades culturales pueda ser sustituido sin una explicación clara.

    Mientras tanto, la alcaldía difundió una tarjeta informativa en chats vecinales para señalar que el recinto permanecerá cerrado temporalmente por remodelación, pero omitió mencionar la presencia de representantes de la Fundación del Dr. Simi y el posible cambio de uso del inmueble. Así, entre remodelaciones sin proyecto público y espacios culturales que cambian de vocación, la administración de Rojo de la Vega vuelve a quedar bajo cuestionamientos de los vecinos.

  • Alito Moreno busca protagonismo en Washington y evade desastre del PRI

    Alito Moreno busca protagonismo en Washington y evade desastre del PRI

    Alejandro “Alito” Moreno reapareció en Estados Unidos con discursos sobre democracia y autoritarismo, pero las críticas se hicieron presentes por intentar limpiar la imagen de un PRI debilitado y marcado por corrupción, desgaste y pérdida de credibilidad ante millones de mexicanos. 

    El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, volvió hacer lo que mejor sabe: montar un espectáculo político lejos de México mientras lo que queda de su partido se termina de hundir entre el rechazo y desprestigio. 

    Desde Washington, se presentó como “defensor de la democracia”, y su intento de discurso no sonó a convicción, sino a una campaña desesperada para mantenerse vigente.

    El dirigente priista quiso vender la imagen de un opositor “valiente”, pero su credibilidad ya está hecha pedazos. Hablar de instituciones fuertes resultó una burla viniendo de alguien que lidera un partido señalado de corrupción y  manipulación. Alito intentó dar clases de democracia cuando ni siquiera ha podido  limpiar la imagen del PRI.

    Su reunión con la venezolana María Corina Machado pareció una sesión de propaganda personal. Moreno aprovechó la tragedia en Venezuela para emitir mensajes alarmistas y tratar de posicionarse como líder internacional de la oposición.

    Lo más contradictorio fue que Alito habló de crimen organizado y autoritarismo como si el PRI no hubiera sido señalado por redes de corrupción, impunidad y gobiernos marcados por escándalos.

    Más que defender a México, Alito Moreno quiere defender una supervivencia política mientras se cree el salvador de la democracia. No cabe duda de que el PRI sigue siendo el recuerdo vivo de la vieja política que el país está dejando atrás.

  • Megajuicio en El Salvador: autoritarismo disfrazado de justicia masiva

    Megajuicio en El Salvador: autoritarismo disfrazado de justicia masiva

    El gobierno de Nayib Bukele abrió a la prensa el megajuicio contra cientos de presuntos pandilleros en el CECOT, en un proceso que presume resultados contra el crimen, pero que también despierta fuertes críticas por posibles violaciones a derechos humanos y el uso de juicios colectivos.

    El gobierno salvadoreño permitió el acceso de medios al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde más de un centenar de acusados siguieron en pantalla el proceso judicial en su contra. El megajuicio, que involucra a más de 400 presuntos miembros de la MS-13, es presentado como un logro clave en la estrategia de seguridad, pero evidencia un modelo de justicia masiva que pone en duda el debido proceso.

    Los acusados permanecen esposados y encadenados, trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para enfrentar audiencias colectivas. Este esquema, impulsado bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, ha sido cuestionado por priorizar la rapidez sobre las garantías individuales, dejando en segundo plano el derecho a una defensa adecuada y a juicios personalizados.

    De acuerdo con organizaciones sociales y de derechos humanos, el modelo de Bukele consolida un sistema punitivo que normaliza la suspensión de derechos básicos, utilizando el combate al crimen como justificación. Aunque el gobierno presume una caída en la violencia, el costo institucional es alto: una justicia debilitada, opaca y cada vez más alineada con el poder político.

  • Jueza frena autoritarismo de Trump: no podrá mantener tropas en la capital

    Jueza frena autoritarismo de Trump: no podrá mantener tropas en la capital

    Una jueza federal frenó el despliegue impulsado por Donald Trump y ordenó retirar a la Guardia Nacional de Washington, golpeando uno de los ejes de su ofensiva política contra ciudades gobernadas por demócratas. La administración tendrá 21 días para apelar.

    El gobierno de Donald Trump sufrió un revés mayúsculo luego de que la jueza del Tribunal de Distrito, Jia Cobb, determinara que la Casa Blanca actuó fuera de la ley al enviar a la Guardia Nacional a patrullar Washington para tareas de “disuasión del crimen”, pese a que la ciudad jamás lo solicitó. La magistrada, designada por Joe Biden, recalcó que el despliegue incluso se amplió con efectivos traídos de otros estados, una acción que —de acuerdo con su resolución— excede la autoridad presidencial.

    El fallo llega en medio de la escalada de confrontaciones entre Trump y gobiernos locales demócratas, a quienes ha acusado de convertir sus ciudades en “territorios sucios y plagados de crimen” para justificar la presencia de más de 2 mil miembros de la Guardia Nacional desde agosto. La decisión judicial da oxígeno a la demanda presentada por el fiscal general de la capital, Brian Schwalb, en septiembre, cuyo objetivo era frenar el uso de tropas para funciones civiles.

    La jueza concedió un margen de 21 días antes de hacer efectiva su orden, lo que permitirá a la administración apelar. Sin embargo, el fallo abre una grieta que amenaza con tumbar la estrategia de seguridad que Trump intenta convertir en bandera política rumbo a sus próximos pulsos con estados y ciudades gobernadas por demócratas.

  • PAN “condena” agresión de Alito Moreno a Fernández Noroña y pide cambio en la Mesa Directiva

    PAN “condena” agresión de Alito Moreno a Fernández Noroña y pide cambio en la Mesa Directiva

    El dirigente del PAN, Jorge Romero, condenó la agresión de Alejandro ‘Alito’ Moreno hacia Gerardo Fernández Noroña en el Senado, y aseguró que el partido rechaza todo tipo de violencia.

    En conferencia de prensa tras la reunión plenaria, Romero afirmó: “Nada justifica la violencia física, acaso por legítima defensa, ninguna otra razón justifica la violencia. Ya perdiste todo”.

    El líder panista también señaló que la violencia no es exclusiva de un acto físico, y criticó que durante la presidencia de Noroña en la Mesa Directiva se ejerció autoritarismo al impedir que miembros de la oposición hablaran.

    Por ello, Romero confió en que con el cambio en la Mesa Directiva se corrija el rumbo en el Congreso: “Vamos a ver si con una nueva Mesa Directiva de a deveras es una nueva etapa o siguen retratándose de cuerpo entero”, comentó.

  • PRI se niega a dialogar sobre reforma electoral y defiende el autoritarismo

    PRI se niega a dialogar sobre reforma electoral y defiende el autoritarismo

    El PRI, liderado por Alejandro “Alito” Moreno, se niega a participar en la discusión de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Moreno la califica como “una gran farsa” y asegura que su partido no ha recibido invitaciones para dialogar.

    Esta negativa refleja una falta de compromiso hacia la democracia. La reforma busca fortalecer la transparencia y la equidad en el proceso electoral, aspectos esenciales para un sistema democrático saludable. Al rechazar el diálogo, el PRI muestra su desprecio por la participación ciudadana y el debate constructivo.

    Moreno argumenta que la reforma busca consolidar un régimen autoritario. Sin embargo, es evidente que su verdadera preocupación radica en la pérdida de privilegios que su partido ha disfrutado durante años. La reforma propone cambios necesarios para evitar fraudes electorales y mejorar la representación del pueblo.

    Cabe destacar que la reforma se enriquece con la participación de diversos sectores de la sociedad. Desde octubre, se llevarán a cabo consultas, foros y mesas de discusión para escuchar las opiniones de todos los mexicanos. Esto asegura que la propuesta no solo provenga del gobierno, sino que incluya a ciudadanos, organizaciones y expertos.

    El PRI, al negarse a participar, se aleja de la realidad de un país que demanda cambios. La historia demuestra que el autoritarismo solo conduce a la opresión y la desigualdad. Es el momento de que todos los partidos, incluido el PRI, se sumen a este esfuerzo por un México más democrático.