El partido guinda confirmó este martes que Ramírez Padilla dirigirá los trabajos previos al proceso electoral de 2027 en la entidad.
#ÚltimaHora | La presidenta de Morena, Ariadna Montiel (@A_MontielR)y la presidenta de la comisión nacional de elecciones, Citlali Hernández (@CitlaHM); designaron a Julieta Ramírez Padilla, como Coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del… pic.twitter.com/C2acsMdVf3
Morena eligió a Julieta Ramírez como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Baja California. El anuncio llegó este martes 15 de septiembre.
Foto: LosReporterosMX/Sebastián Juárez
Ramírez Padilla asumirá la tarea de encabezar los trabajos del partido guinda antes del proceso electoral de 2027. Más adelante, podría convertirse en la candidata a la gubernatura del estado.
Foto: LosReporterosMX/Sebastián Juárez
La nueva coordinadora nació en Mexicali. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y completó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Baja California.
Foto: LosReporterosMX/Sebastián Juárez
Además, Ramírez sumó diplomados en Derecho, Política Internacional, Políticas Públicas y Derechos Humanos a su formación académica.
Foto: LosReporterosMX/Sebastián Juárez
Dentro de Morena, ha ocupado distintos cargos de representación popular. Entre 2021 y 2024, se desempeñó como diputada federal. Después, dio el salto al Senado de la República.
Ahora, con este nuevo encargo, Ramírez enfrenta el reto de fortalecer al partido en Baja California de cara a una elección clave para el futuro político de la región.
La ofensiva de N+ contra la senadora con licencia ocurre en plena disputa por la candidatura de Morena, mientras los gobiernos de Marina del Pilar e Ismael Burgueño han tenido millonarios acuerdos de publicidad con Televisa.
La guerra sucia contra Julieta Ramírez tiene nombres y apellidos: Marina del Pilar Ávila e Ismael Burgueño.
La senadora con licencia se convirtió en uno de los principales perfiles para encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Baja California en 2027 y, justo cuando la disputa interna se intensifica, N+, perteneciente a Grupo Televisa, lanzó un reportaje para acusarla de supuestamente negociar con autoridades de Estados Unidos un acuerdo para colaborar como testigo.
Ramírez lo rechazó y la televisora mostró un falso documento, el cual presumen que es el que supuestamente sustenta sus señalamientos.
El ataque no ocurre en el vacío. Marina del Pilar mantiene una relación millonaria con Televisa mediante publicidad oficial.
Solo en 2023, el Gobierno de Baja California destinó al menos 23 millones de pesos a la televisora, colocándola entre los principales beneficiarios de la pauta estatal. La cifra forma parte de un gasto publicitario que superó los 166 millones de pesos ese año.
La misma ruta aparece en Tijuana. Durante 2025, el Ayuntamiento encabezado por Ismael Burgueño gastó 91 millones 83 mil 802 pesos en difusión institucional, 37% más que en el último año de Montserrat Caballero, y Televisa apareció entre los cinco contratos más altos, de acuerdo con una investigación de Brujula News.
Así, mientras Burgueño disputa con Ramírez el control político rumbo a 2027, su administración mantiene como uno de sus principales proveedores a la misma empresa cuya plataforma informativa hoy golpea directamente a su adversaria.
Y hay otro elemento que vuelve todavía más cuestionable esta relación: en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana, Televisa aparece como uno de los principales proveedores y contratistas, pero los contratos de publicidad no están disponibles públicamente.
Lo mismo ocurre con los contratos correspondientes al Gobierno de Baja California. Hay dinero público destinado a Televisa, pero no están a la vista los documentos que permitan conocer con precisión qué se contrató, cuánto se pagó y bajo qué condiciones.
También recordemos que a finales de agosto, el Gobierno de Marina del Pilar contrató publicidad de Baja California dentro de La Casa de los Famosos México, programa producido por TelevisaUnivision, para promocionar la campaña turística “BC es para ti”.
La estrategia incluyó menciones de Galilea Montijo, cintillos y elementos promocionales, además de una dinámica en la que los participantes prepararon tacos de pescado con mandiles alusivos al estado.
Sin embargo, cuando la gobernadora fue cuestionada sobre cuánto dinero público se destinó a la campaña, evitó revelar el monto y únicamente señaló que la contratación correspondió a la Secretaría de Turismo.
La coincidencia resulta demasiado conveniente: Marina del Pilar y Burgueño tienen un interés político directo en frenar a Julieta Ramírez; sus gobiernos destinan recursos públicos a Televisa y, en medio de la definición de Morena para 2027, N+ emprende una ofensiva contra la senadora.
Ramírez, además, conoce perfectamente al grupo político de Marina: fue su secretaria particular antes de llegar al Senado. La disputa, por tanto, no es solamente electoral; es una batalla por el control de la sucesión en Baja California.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto vale la guerra sucia contra Julieta Ramírez y cuánto de ese aparato mediático se sostiene con dinero público?
Mientras los gobiernos de Marina y Burgueño mantienen contratos con Televisa que permanecen fuera del escrutinio público, N+ coloca a Ramírez en el centro de un escándalo político. Todo apunta al mismo objetivo: desgastar a Julieta antes de que Morena defina quién encabezará la 4T en Baja California.
La senadora con licencia denunció una campaña de ataques que, afirmó, ha recurrido a medios, publicidad y figuras públicas para intentar desacreditarla.
La aspirante a coordinadora en Baja California de la Defensa de la Transformación, Julieta Ramírez, denunció una presunta campaña de guerra sucia en su contra, luego de que circularan unos audios de hace algunos años, esto sumado a las versiones sobre su supuesta falta de visa y posteriormente señalamientos que la vinculaban como informante de la DEA.
A través de un mensaje, la morenista sostuvo que los ataques han escalado con la difusión de publicidad millonaria, “bots” y medios de comunicación, además de acusar la participación de figuras como Ricardo Salinas Pliego y Lilly Téllez en contenidos críticos hacia su persona.
📹 #Video | Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) denuncia una presunta campaña de guerra sucia en su contra rumbo a la definición de Morena en Baja California. La senadora con licencia asegura que han circulado acusaciones, ataques en medios y contenidos impulsados por sus… pic.twitter.com/pBLgRC0OYL
Ramírez aseguró que las descalificaciones forman parte de una estrategia coordinada, pues, según afirmó, “cada día” aparece una nueva calumnia impulsada por los mismos medios y con un discurso similar. La legisladora sostuvo que el objetivo sería afectar su imagen en medio del proceso político que se desarrolla en la entidad.
Pese a los señalamientos, la aspirante aseguró que estas acciones no modificarán su estrategia y lanzó una advertencia a sus adversarios: “Podrán comprar alcance, pero no confianza”. También consideró que la intensidad de los ataques únicamente refleja, desde su perspectiva, el nivel de preocupación de quienes buscan frenarla.
Con tono desafiante, Ramírez ironizó sobre la posibilidad de que continúen las publicaciones en su contra y afirmó que está preparada para responderlas. “Si mañana sale otra novela en contra de su servidora, aquí la esperamos con todo y palomitas”, expresó, para después llamar a mantener el trabajo territorial y la organización rumbo a la definición en Baja California.
Fuerzas federales capturaron en Baja California a un hombre señalado de manejar dinero para el Cártel de Sinaloa, con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos.
Elementos federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. El hombre pertenece a la facción Los Chapitos y forma parte del grupo conocido como Los Rusos, banda a la que hace unos días le decomisaron cuatro millones de dosis de fentanilo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Salvador “N” gracias a labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. Además, la cooperación con autoridades de Estados Unidos resultó clave para ubicarlo.
García Harfuch señaló que el detenido ya enfrentaba investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, Estados Unidos lo había designado como objetivo de sanciones a través de la OFAC. Las autoridades lo vinculan con una red de lavado de dinero que opera para el Cártel de Sinaloa.
El funcionario destacó que este tipo de operativos fortalece las capacidades del Estado mexicano. También subrayó que la cooperación internacional respeta la soberanía nacional y se basa en la confianza mutua entre ambos países.
De acuerdo con la SSPC, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a Salvador “N” a bordo de un vehículo, acompañado de una mujer. Por eso, le marcaron el alto para hacer una revisión de seguridad. Durante la inspección, encontraron 57 dosis de metanfetamina en su poder.
Las autoridades detuvieron al hombre de 41 años junto con su acompañante, una mujer de 26 años. Ambos fueron informados de sus derechos y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público.
El detenido es identificado como colaborador de una célula vinculada con “El Ruso” y era buscado por autoridades de Estados Unidos; durante el operativo le aseguraron metanfetamina.
Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California detuvieron en Mexicali a Salvador “El Gusano”, de 41 años, señalado como integrante de una célula del Cártel de Sinaloa dedicada presuntamente al lavado de dinero y cobro de piso en la frontera.
La captura ocurrió la tarde del 27 de agosto, sobre la avenida General Santiago Vidaurri, en la colonia Rivera Campestre, cerca de la carretera que conecta Mexicali con el puerto de San Felipe. El hombre viajaba en un Toyota Corolla junto con Kitzuki Yaczely, de 26 años, originaria de Sinaloa.
Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron 57 dosis de metanfetamina, con un peso aproximado de 38 gramos. Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con información de inteligencia, “El Gusano” colaboraría con una célula de “El Ruso”, identificado como lugarteniente de la fracción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que opera en Mexicali. Sus presuntas funciones dentro de la estructura criminal incluirían lavado de dinero y cobro de piso.
El detenido también cuenta con antecedentes tanto en México como en Estados Unidos. Entre 2014 y 2022 fue relacionado con diversos delitos, entre ellos privación ilegal de la libertad, robo de vehículos y viviendas, portación de arma de fuego, secuestro, allanamiento violento y lesiones calificadas.
Además, autoridades estadounidenses lo tienen bajo la lupa. La DEA lo busca, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señala como presunto integrante de una red dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. La investigación determinará ahora su responsabilidad y posibles vínculos dentro de la estructura criminal.
El PAN presume una “nueva etapa”, pero su apuesta para Baja California Sur arrastra señalamientos de años atrás por contratos, empresas proveedoras y la compra de tres ranchos en un solo día.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, entregó a Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias el nombramiento como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Baja California Sur, colocándolo como uno de los principales rostros del panismo rumbo a la elección de 2027. Aunque el cargo no es una candidatura formal, el mensaje político es evidente: Pelayo será una de las cartas del blanquiazul para la sucesión estatal.
La apuesta, sin embargo, revive un expediente político que Pelayo arrastra desde hace más de una década. En 2014, la entonces dirigente del PRD en BCS, Rosa Delia Cota Montaño, pidió investigar presuntas irregularidades relacionadas con licitaciones otorgadas durante el gobierno de su tío, Marcos Covarrubias Villaseñor, cuando Pelayo era diputado federal. Los señalamientos apuntaban a empresas vinculadas con el panista que habrían obtenido contratos del gobierno estatal.
El tema regresó al debate en 2021, cuando, durante la contienda por la gubernatura, se solicitó a la FGR investigar presuntos contratos directos por más de 50 millones de pesos. Además, reportes periodísticos señalaron que empresas como PRODECO y Construmateriales de Baja California Sur figuraban entre las proveedoras de aquella administración. Se trata de acusaciones y solicitudes de investigación que forman parte del historial político que acompaña al nuevo coordinador panista.
Y luego está el episodio de los tres ranchos adquiridos el mismo día, el 12 de marzo de 2021, registrado en su declaración patrimonial. Los predios en Comondú sumaban cientos de miles de metros cuadrados y fueron reportados con pagos de contado. El entonces candidato explicó que se trataba de adquisiciones derivadas de su actividad como agricultor y ganadero y rechazó que existiera algo irregular. El asunto fue utilizado por sus adversarios para cuestionar si su patrimonio correspondía con sus ingresos declarados.
Ahora Jorge Romero presenta a Pelayo como uno de los perfiles competitivos del PAN y habla de renovación. Pero la pregunta para el blanquiazul es inevitable: ¿renovación o reciclaje de un viejo conocido? Mientras Acción Nacional busca vender una imagen de cambio rumbo a 2027, su principal apuesta en BCS llega con una trayectoria política acompañada de viejos cuestionamientos sobre contratos, patrimonio y posibles conflictos de interés que nunca dejaron de formar parte del debate público.
La resolución dejó sin efecto la suspensión que protegía al exgobernador de Baja California frente a las acusaciones de incomunicación y tortura psicológica.
Una jueza de distrito desechó dos demandas de amparo promovidas por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en las que denunció presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica durante su reclusión en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
Los recursos fueron presentados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México contra el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1. En julio pasado, Ruffo Appel había obtenido una suspensión de plano y de oficio como parte de uno de los amparos.
Sin embargo, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez le solicitó precisar, en un plazo de tres días, los antecedentes de los actos que reclamaba. El exmandatario se reservó el derecho a declarar al argumentar que no había tenido contacto con sus abogados. Al vencer el plazo sin que presentara las precisiones solicitadas, la juzgadora determinó tener las demandas como no presentadas y dejó sin efecto la suspensión.
Los dos recursos forman parte de los cuatro amparos promovidos por la defensa de Ruffo Appel. Entre ellos se encuentra uno contra la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva y otro relacionado con la posibilidad de que ésta sea cumplida fuera de un centro penitenciario, debido a que el exgobernador tiene 74 años y requiere tratamiento médico continuo.
El caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto esquema de operaciones ilícitas mediante 11 empresas para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques, presuntamente evadiendo obligaciones fiscales y controles aduaneros. Las autoridades también localizaron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal en Coahuila.
Eleazar Ortiz, conocido como “Don Caballito”, fue localizado en situación de calle en Tijuana luego de perder contacto con su familia durante 25 años.
Después de 25 años sin noticias de él, Eleazar Ortiz, conocido como “Don Caballito”, fue localizado en situación de calle en Tijuana, Baja California. El hombre es originario de Muna, Yucatán, y había emigrado en busca de oportunidades luego de intentar cruzar a Estados Unidos hace aproximadamente 50 años.
Integrantes de Operación Rescate A. Rodríguez (O.R.A.R.) lo encontraron entre el 24 y 25 de julio durante una búsqueda de campo. De acuerdo con la agrupación, Eleazar vivió durante un tiempo en Tijuana y tuvo un empleo formal, pero después de perderlo terminó en situación de calle. Su fotografía fue difundida en redes sociales y habitantes de Muna lo reconocieron rápidamente.
La noticia permitió localizar a sus familiares, quienes durante años llegaron a pensar que había muerto en la frontera. No existía una ficha de búsqueda, debido a que habían perdido todo contacto con él. Aunque Eleazar actualmente se encuentra en Tijuana y ha expresado que no quiere regresar, su familia busca reencontrarse con él y llevarlo de vuelta a Yucatán.
El alcalde de Muna, Carlos Ayuso Vera, viajará a Tijuana acompañado de Mireya Ortiz, hermana de Eleazar, para gestionar su regreso. El edil informó que ya cuentan con su acta de nacimiento y CURP y tramitan una constancia de identidad para facilitar el viaje. A su llegada a Yucatán, Eleazar recibirá una revisión médica para detectar posibles problemas de nutrición y conocer su estado general de salud.
La defensa del exgobernador de Baja California argumenta que su edad y condición médica justifican sustituir su permanencia en el penal de máxima seguridad.
La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presentó un cuarto juicio de amparo para intentar modificar la medida cautelar que lo mantiene recluido en el Penal del Altiplano. El recurso busca que un tribunal federal revise las resoluciones que hasta ahora han rechazado la posibilidad de que enfrente su proceso bajo prisión domiciliaria.
El nuevo amparo se suma a otros recursos promovidos por sus abogados contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva dictadas en su contra por presuntos delitos relacionados con materia fiscal y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. La defensa sostiene que los expedientes no contienen elementos suficientes para acreditar la participación directa de Ruffo en los hechos que se le imputan.
Los abogados y familiares del exgobernador, de 74 años, argumentan que su permanencia en un penal de alta seguridad vulnera sus derechos debido a su edad y a la necesidad de atención médica continua. También han denunciado presuntas restricciones en el acceso a medicamentos prescritos para atender sus afecciones cardiacas.
El caso ha generado respaldo entre figuras del PAN, entre ellas el expresidente Vicente Fox, quien acudió públicamente a respaldar a Ruffo y cuestionó las condiciones de su reclusión. Fox afirmó que el exgobernador es inocente y defendió que pueda continuar su proceso fuera del penal, al considerar que su situación representa un trato degradante.
Ruffo Appel enfrenta un proceso relacionado con presuntos delitos fiscales y de huachicol fiscal, mientras su defensa busca agotar las vías legales para modificar la medida cautelar. El cuarto amparo deberá ser analizado por la justicia federal, que determinará si existen elementos para conceder la prisión domiciliaria solicitada por sus abogados.
El operativo en Baja California derivó de labores de inteligencia e intercambio de información con la DEA; también fueron asegurados un arma de fuego y vehículos.
Autoridades mexicanas aseguraron en Mexicali, Baja California, 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis, durante un operativo realizado en un inmueble vinculado con “Los Rusos”, grupo señalado como brazo operativo y de sicarios del Cártel de Sinaloa, relacionado con la facción de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la acción fue resultado del intercambio de información con la DEA y de trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades mexicanas. En el operativo participaron elementos de la FGR, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, SSPC y autoridades estatales.
Derivado del intercambio de información con la @DEAHQ y de trabajos de inteligencia e investigación de autoridades mexicanas en Mexicali, Baja California, elementos de @FGRMexico, @Defensamx1@SEMAR_mx@SSPCMexico y autoridades estatales ejecutaron una acción operativa en un… pic.twitter.com/57EhM7qNw8
Además de las pastillas de fentanilo, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego y vehículos dentro del inmueble. El decomiso representa un golpe a la estructura logística de “Los Rusos”, señalada por las autoridades como parte de la organización criminal que opera para la facción encabezada por “El Mayito Flaco”.
García Harfuch destacó que la coordinación entre instituciones mexicanas y agencias internacionales permite convertir el intercambio de información en operativos concretos contra las organizaciones criminales. El funcionario se encuentra en Buenos Aires, Argentina, donde participa en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), organizada por la DEA.
El aseguramiento ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno de México para combatir el tráfico y distribución de fentanilo, una de las principales sustancias vinculadas a la crisis de drogas en Norteamérica. De acuerdo con la información oficial, el operativo permitió retirar de circulación más de cuatro millones de posibles dosis y afectar una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa.
