Con 72 votos a favor y 37 en contra, la Cámara Alta dio luz verde a la Ley de Economía Digital. Las oficinas públicas tendrán que aceptar pagos electrónicos, y Hacienda podrá decidir dónde el efectivo deja de valer.
El Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La norma cambia la forma en que millones de personas pagan trámites, servicios y compras. Entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto.
La ley obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a recibir pagos digitales en sus trámites y servicios. Los negocios privados, en cambio, podrán sumarse de manera voluntaria. La norma reconoce como medios válidos las transferencias, las tarjetas de débito y crédito, los códigos QR, la tecnología NFC y las domiciliaciones.
Quien ofrezca pagos electrónicos deberá contar con la infraestructura necesaria. También tendrá que avisar a los clientes qué medios acepta y cómo actuará si falla el sistema. Si una contingencia impide cobrar con tecnología, el cliente podrá pagar en efectivo o con cheque. Esa salida será temporal, y nadie podrá usarla de forma permanente para evadir la ley.
Hacienda decidirá dónde se acaba el efectivo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un papel clave. Podrá definir los sectores estratégicos donde el pago digital sea la única opción. Además, tendrá 15 días hábiles, después de que la ley entre en vigor, para anunciar los primeros sectores. Luego, las autoridades de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para fijar sus reglas y sus plazos de transición.
El gobierno cubrirá todo el proceso con los presupuestos que ya tiene autorizados. La ley no prevé dinero adicional.
La norma también incluye a la CURP Digital como mecanismo de confianza. Las entidades financieras deberán aceptarla al contratar servicios en línea. Aun así, cada persona podrá elegir otra identificación oficial. Por su parte, el Banco de México podrá regular las cuentas de depósito, crear herramientas para las transferencias y ampliar el acceso a servicios financieros.
El PAN advierte un golpe a la economía popular
La bancada del PAN votó en contra y defendió a los pequeños comercios. Según sus cifras, 85.2% de las compras de menos de 500 pesos se hace con billetes y monedas. Además, 45% de los adultos no tiene cuenta bancaria.
Los panistas también pusieron un ejemplo cotidiano. Un comerciante de mercado tendría que contratar internet, rentar una terminal y pagar comisiones de entre 1.5% y 4.5% por cada venta.
El senador José Máximo García López, de Baja California, acusó que la reforma daría a Hacienda poder para prohibir el efectivo. “Sí a la tecnología voluntaria y gratuita, pero no a la extorsión fiscal disfrazada de modernidad”, afirmó. También señaló que los artículos 18 y 19, sobre la CURP digital y el expediente digital ciudadano, abrirían la puerta a más vigilancia fiscal.
Por eso, Acción Nacional exigió comisión cero para las microempresas y un fondo público de conectividad. También pidió garantías para que el efectivo siga siendo una opción.
La Cámara de Diputados ya había dado su visto bueno
Antes de llegar al Senado, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum pasó por la Cámara de Diputados. Allí la aprobaron el 6 de octubre, en lo general, con 330 votos a favor y 122 en contra. No hubo abstenciones.
La diputada del Partido Verde Cindy Winkler Trujillo defendió el proyecto durante el debate. Aseguró que la ley no crea impuestos ni da nuevas facultades de fiscalización al SAT. Agregó que el efectivo seguirá disponible cuando una contingencia frene los pagos digitales.
