El gobierno mexicano se compromete a fortalecer su colaboración con la CIDH para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, priorizando a las víctimas y sus familias.
El Gobierno de México ha intensificado su colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el alarmante problema de las desapariciones en el país. En un evento reciente, altos representantes del gobierno participaron en la presentación del informe de la CIDH sobre este delicado tema.
Andrea Pochak, Comisionada y Relatora para México de la CIDH, encabezó la presentación. Durante su intervención, destacó que la implementación de una nueva ruta de atención, diseñada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como prioridad a las familias de las víctimas. Este enfoque busca ofrecer mejores resultados en la búsqueda de los desaparecidos.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, resaltó que esta problemática se ha vuelto una prioridad nacional. “Todas las instituciones del Gobierno de México trabajamos juntas para erradicar este delito y apoyar a las víctimas”, afirmó. Medina también subrayó que las reformas y acciones en curso se han creado con la participación activa de las familias afectadas.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, enfatizó la importancia de la colaboración entre el estado y la sociedad civil. “Las soluciones más efectivas se logran a través del trabajo conjunto”, expresó.
El evento recibió la asistencia de familiares, colectivos de búsqueda, representantes de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, quienes reafirmaron la necesidad de redoblar esfuerzos. El Gobierno de México buscará mantener un diálogo constructivo con la CIDH, ampliando la cooperación con organismos internacionales.
Entre las acciones que se están llevando a cabo se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y la obligación de que todos los estados cuenten con fiscalías especializadas en este delito.
México reafirma su compromiso con las familias de las víctimas y promete seguir avanzando en la búsqueda de soluciones duraderas a esta crisis que ha afectado a tantas personas.
