Una investigación del New York Times revela que la Casa de la Moneda de EUA compra oro de cárteles latinoamericanos, lo que contradice la ley que exige oro nacional.
La Casa de la Moneda de Estados Unidos se enfrenta a serias acusaciones. Una investigación reciente del New York Times revela que esta institución, encargada de acuñar monedas, está comprando oro de origen extranjero, a pesar de las leyes que prohíben esta práctica. Según la investigación, el oro proviene de minas ilegales, incluidas las de un cártel en Colombia conocido como el Clan del Golfo.
Este escándalo pone en duda la procedencia del oro que se presenta como “100 % estadounidense”. La Casa de la Moneda vende anualmente más de mil millones de dólares en monedas de inversión. Sin embargo, un seguimiento exhaustivo revela que cientos de millones de dólares de oro importado terminan en su cadena de suministro.
Los detalles son preocupantes. Oro extraído en condiciones ilegales en Colombia pasa por un proceso de “blanqueo”. Este proceso involucra a pequeños mineros y comercios locales que exportan el metal de manera formal, presentándolo como legal. Posteriormente, este oro es refinado en Texas por la empresa Dillon Gage, donde se mezcla con metales de otros orígenes. Esta mezcla se vende a grandes refinadores y proveedores, incluidos aquellos que abastecen a la Casa de la Moneda.
Al parecer, empresas como Asahi USA, que suministran a la institución, han reconocido que el oro que refinan proviene de varios países. A pesar de ello, la Casa de la Moneda ha sostenido por años que su oro es de origen nacional. Este argumento se basa en el hecho de que sus proveedores compran oro extraído en EUA Esto plantea dudas sobre la legalidad y la ética de sus prácticas.
Una auditoría del Departamento del Tesoro, realizada en 2024, encontró que durante dos décadas la Casa de la Moneda casi no se preocupó por el origen del metal que adquiría. Esto ha llamado la atención del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha anunciado una revisión de estas prácticas. La meta es garantizar que se cumplan las leyes y salvaguardar tanto la seguridad nacional como la integridad del mercado.
La comunidad espera respuestas. La transparencia en la cadena de suministro del oro nacional es crucial para restablecer la confianza pública en la institución.
