Las autoridades buscan asegurar el acceso al agua potable para los ciudadanos, tras el despojo de recursos hídricos por huachicoleros.
El Gobierno del Estado de México dio un paso importante en la recuperación de recursos hídricos. En un acto simbólico, se entregaron 13 pozos comunitarios a las comunidades que les pertenecen. Esta entrega ocurre en el marco de la “Operación Caudal”, una estrategia diseñada para combatir el robo de agua y garantizar su acceso a quienes realmente lo necesitan.
Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), explicó que la restitución de estos pozos busca asegurar la justicia hídrica. “Estamos regresando el agua al pueblo”, dijo. Su objetivo es simple: que el agua llegue a los hogares de manera justa y transparente, y no sea utilizada para la venta.
Además, García Villegas mencionó que la devolución se llevó a cabo tras resoluciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Estas resoluciones confirmaron la propiedad de los pozos a favor de las comunidades. Sin embargo, las investigaciones sobre irregularidades continúan. Las autoridades se mantienen firmes en dicho tema, garantizando que se esclarezcan todas las situaciones previas.
Los pozos recuperados están ubicados en varios municipios, como Amecameca, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Toluca. Estos lugares ahora serán gestionados por representantes comunitarios o los organismos operadores municipales. Así, se busca restablecer el suministro de agua potable para el uso doméstico.
La decisión más importante es clara: la explotación de estos pozos debe respetar los límites establecidos y queda prohibida cualquier forma de venta del agua. El compromiso se centra en asegurar que este recurso esencial sea utilizado de manera responsable y en beneficio de todos.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México quiere sentar las bases para una gestión del agua más ordenada y equitativa. La esperanza es que, en esta nueva etapa, el bienestar de la población sea siempre priorizado frente a intereses privados. Así, el agua vuelve a ser un derecho para quienes la necesitan, recuperando su valor social.
