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  • Gobierno federal va contra empresa que privatizó playa en Punta de Mita

    Gobierno federal va contra empresa que privatizó playa en Punta de Mita

    La Semarnat detectó obras ilegales de contención en Playa Las Cocinas y exige a la desarrolladora Cantiles de Mita retirarlas y restaurar la zona costera.

    Una playa de Nayarit está en el centro de un conflicto entre una empresa inmobiliaria y las comunidades que la habitan. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales detectó irregularidades graves en obras de enrocamiento construidas por Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, dentro de una zona federal en Punta de Mita.

    Las inspecciones, realizadas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a partir de un dictamen solicitado por la Fiscalía General de la República, arrojaron un hallazgo contundente: las obras “exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal”. Esa concesión solo permite mantener la superficie en estado natural, sin construcciones ni infraestructura permanente.

    La autoridad también detectó incumplimientos a las condicionantes establecidas y posibles daños a la dinámica natural de la playa. En paralelo, la Semarnat avanza en el proceso de revisión de la concesión otorgada a la empresa.

    Los vecinos de Punta de Mita y Emiliano Zapata llevan meses denunciando lo que describen como la privatización de esa playa. En mayo pasado, habitantes y defensores del medio ambiente alzaron la voz contra la construcción de un muro de piedra levantado por la constructora en la zona.

    Ante la presión institucional y social, la Semarnat ya se sentó con representantes de la empresa. En esas reuniones les comunicó la posición del gobierno federal, les explicó la ruta jurídica derivada de las irregularidades y les planteó una exigencia directa: retirar voluntariamente las obras y restaurar la playa.

    El diálogo también incluyó a autoridades estatales y municipales, así como a comunidades locales. Todos buscan alternativas de restauración costera que cumplan con la normatividad ambiental vigente.

    El próximo 25 de junio, equipos técnicos de varias direcciones generales de la Semarnat y de la Profepa realizarán una visita conjunta a Playa Las Cocinas. El objetivo es verificar el estado actual de la zona y definir los pasos a seguir.

    La secretaría también mantiene abiertas las acciones administrativas derivadas de un aviso de emergencia que emitió en noviembre de 2025, cuando detectó los primeros incumplimientos de la empresa.

    La Semarnat fue clara en su postura: el acceso público a las playas y la protección de los ecosistemas costeros no están a negociación.

  • Pobladores de Punta de Mita marchan contra la privatización de sus playas

    Pobladores de Punta de Mita marchan contra la privatización de sus playas

    Decenas de familias navegaron en lanchas hacia sus antiguos hogares para defender el litoral frente a proyectos hoteleros de lujo.

    La memoria y la dignidad movilizaron a los habitantes de Punta de Mita este fin de semana. Decenas de pobladores subieron a sus lanchas para defender la playa Las Cocinas. La comunidad acusa a la empresa Cantiles de Mita de intentar privatizar esta zona costera. La firma planea construir desarrollos habitacionales de lujo en el sitio.

    Los manifestantes viajaron por mar hacia la localidad de Viejo Corral del Risco. El gobierno estatal desalojó de forma violenta a los pescadores de esa misma tierra en 1994. Las autoridades reubicaron a las familias en casas pequeñas lejos del mar. Después, la empresa beneficiada edificó complejos hoteleros internacionales sobre las propiedades arrebatadas.

    El contingente pacífico reunió a niños, jóvenes y adultos mayores sobre la arena. Muchos de los ancianos que marcharon vivieron los golpes y la cárcel hace 32 años. Efraín López, líder del movimiento, explicó que la caminata unió a las generaciones. Los abuelos enseñaron a los más jóvenes la importancia de proteger los espacios públicos.

    La tensión creció debido a un fuerte despliegue de la Marina y de la policía estatal en la zona. Además, la situación legal de los activistas locales es muy complicada. Cuatro defensores de la playa enfrentan órdenes de aprehensión vigentes por encabezar las protestas. A pesar del acoso judicial, los pobladores aseguran que mantendrán la resistencia comunitaria de forma pacífica.