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Etiqueta: Carlos M. López

  • Predicción cumplida

    Predicción cumplida

    No se necesita ser pitoniso para predecir eventos jurídicos. Tan solo es necesario pulirse en el área y realizar registros de qué ha ocurrido en los años que anteceden y hacer una que otra conjetura.

    Hace una semana mencioné que la actividad judicial, especialmente la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha estado involucrada en cuestiones que no le corresponden del todo. 

    Además, que la próxima parada serían los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Un asunto netamente político que se ha judicializado para evidenciar los problemas antes descritos.

    Cuestiones que jurídicamente son dignas de analizar y que no dejan bien parado al máximo tribunal, ya que sus decisiones tienen un impacto significativo. 

    Sin embargo, lo realmente preocupante es la jerarquía de la SCJN. Por tanto, al ser el máximo tribunal, no hay una instancia superior en derecho interno para objetar las decisiones de la Corte.

    ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la SCJN decidiera sobre los contenidos que deben tener los libros? ¿Tendremos que acatar su decisión? ¿Tendremos que guardar silencio o decir que son perfectos? 

    Claro, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una posibilidad, pero ¿se irá a esta instancia para decidir cuál debe ser el contenido de los libros de texto? Optar por esta opción quizá sea incluso peor.

    Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Pues resulta que la SCJN decidió suspender la distribución de los libros de la SEP, a raíz de una controversia constitucional promovida por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván.

    ¿Y cuál es el problema? Pues, esto significa que la SCJN ha coartado un derecho fundamental. Además, se presenta un nuevo escenario en donde, tal parece, es la SCJN la que decidirá qué contenidos deben tener los libros de texto. 

    Este es el principal problema, ya que a quien corresponde decidir sobre los contenidos es a la SEP, no a la SCJN ni a los gobiernos de las entidades federativas.

    Ciertamente, es un asunto completamente político que se está saliendo de control o que ya se salió, pues cuál será el plan ahora que inicie el nuevo ciclo escolar.

    Al final, los contenidos de los libros de texto de la SEP no son autónomos, es decir, los libros por sí mismos no son los que educan a los estudiantes de nivel básico, sino que necesitan de la guía de un profesor. Además, es demasiado arcaico pensar que solo se aprende en la escuela. 

    Por lo mismo, rasgarse las vestiduras por los contenidos, por las razones que se debaten actualmente, son muy cuestionables, ya que, si esos son los términos en que se quiere debatir, entonces debería extenderse y empezar a echar un vistazo a los contenidos que hay en internet, a los que la gran mayoría de los menores de edad están expuestos.

    Aunque cabe aclarar, vivir en la ignorancia o pretender que las cosas que no son de agrado personal no existen, no es una opción viable.

  • Ahora los libros de texto

    Ahora los libros de texto

    Últimamente, el Poder Judicial Federal (PJF) se ha convertido en un comodín para los políticos para todo aquello que no es de su agrado.

    Empezaron con los procesos electorales, después con asuntos de salud y ahora con los libros de texto gratuitos.

    Con ello, las elecciones dejaron de ser lo que eran. Ya no basta con el conteo de los votos después de concluida la jornada electoral, sino que ahora hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evaluar si se debe o no validar la elección. 

    Por supuesto, todo esto es a instancia de parte, no es que los tribunales, de oficio, tienen que dar el visto bueno, sino que son los políticos quienes piden al poder judicial su pronunciamiento, con el fin, según se dice, para evaluar la constitucionalidad.

    Esto mismo pasó con el plan general de salud para la contingencia del virus Covid-19. En esa ocasión, el gobierno federal estableció un plan de vacunación por edad y grupos vulnerables. 

    Sin embargo, este fue modificado por el poder judicial por diversos juicios de amparo promovidos por varias personas, quienes estuvieron en contra del plan y exigieron vacunarse antes de tiempo.

    Este caso, por cierto, dentro del ámbito jurídico fue analizado a fondo, ya que se cuestionaba qué tanta ingerencia puede tener el poder judicial al grado de ser quien debe aprobar, en última instancia, cuestiones de la administración pública.

    Ahora, lo mismo está ocurriendo con los libros de texto gratuitos, ya que algunas entidades federativas han suspendido su distribución por cuestiones judiciales. Por tanto, mientras no se pronuncie el poder judicial, se dará luz verde o no a su distribución.

    Entonces, el quid de la cuestión es casi idéntico ¿Qué facultades tiene el poder judicial para determinar que los contenidos de los libros de texto deben ser avalados o modificados?

    Algunos mandatarios, como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, han pedido no politizar el asunto, pero ¿es correcto judicializarlo? 

    Al final del día, parece que todo cuanto se hace o se planea hacer, debe pasar, en última instancia, por las manos del poder judicial federal. Algo que orilla a cuestionarse acerca de los alcances que deben tener las resoluciones judiciales, pero también preguntarse qué están haciendo los políticos.

  • A opositores no, a criminales sí

    A opositores no, a criminales sí

    Pareciera ser un chiste mal contado, pero no. Resulta que Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que deje de atacar a la oposición y se concentre en cómo combatir la delincuencia; sobre todo, a la delincuencia organizada.

    Con esto, tal parece que al dirigente del PAN ya se le olvidó que Genaro García Luna fue declarado culpable hace unos meses por una corte en Nueva York, Estados Unidos. Precisamente, por estar implicado en asuntos de delincuencia organizada.

    Acorde a testigos, se dijo que el exfuncionario (también conocido como el “superpolicía”) recibió grandes cantidades de dinero de grupos criminales, siendo que él era uno de los principales encargados de combatir a esos grupos.

    Por tanto, no es válido el razonamiento de Marko Cortés, ya que, si se debe atacar a la delincuencia, esto debe hacerse sin importar cuál sea su casta.

    Por ejemplo, recientemente se ha cuestionado por la opinión pública la ética de Xóchitl Gálvez (posible candidata a la presidencia) ya que se volvió empresaria al amparo del poder público, tras ofrecer servicios al estado. 

    También, se ha cuestionado mucho acerca del cártel inmobiliario, el cual, presuntamente, están implicados varios actores políticos del PAN.

    Sin embargo, el panista quiere hacer creer que los delincuentes son solo aquellos ciudadanos que cometen crímenes (algunos de ellos graves, por supuesto) pero que no representan un daño masivo. A la par, considera que el crimen organizado (narcotraficantes, para ser precisos) son los únicos agentes de violencia en el país.

    Porque claro, en la lógica de Marko Cortés, enriquecerse ilícitamente o cometer fraude no genera violencia. Por tanto, los delincuentes reales no son ni están en la oposición.

    Siendo así, y con tal razonamiento, no extraña que Marko Cortés sea político, pues le gusta hablar y dirigirse con medias verdades que incluso algunas de ellas caen en la manipulación.

    Porque es incorrecto pensar que solo hay un tipo de violencia, es decir, la física. Además, la acción de desviar recursos públicos, entre otras cuestiones políticas, también generan un ambiente de violencia. 

    Habría que, por lo mismo, empezar a visualizar que la violencia no solo es física, sino que es más complejo que eso.

  • Otra mala predicción

    Otra mala predicción

    Desde 2005 (incluso antes) que a la gente se venden cuentos e historias macabras sobre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

    Ahora, del cuento de la reelección parece ser que ya nadie se acuerda. Antes, día con día se aseguraba y juraba que una vez en el poder, haría lo mismo que Castro en Cuba o Chavéz y Maduro en Venezuela.

    Constantemente, se bombardeaba información de alerta; se distorsionaba la realidad y se generaba un miedo irracional sobre algunos incrédulos ciudadanos, que, aunque su vida corriera peligro (según ellos, ya que México se convirtió en una dictadura) no permitirían tal cosa.

    Con el paso del tiempo, ya no hay quien asegure o se atreva a decir que AMLO esté planeando reelegirse, a pesar que era uno de los cuentos preferidos por la oposición. Ahora, las luces están en los precandidatos de Morena y en ver quién de ellos será candidato presidencial.

    Por tanto, habría que, oficialmente, sumar otra mala predicción de la oposición a las muchas otras que no se han cumplido. 

    Por ejemplo, que el dólar se dispararía a más de 30 pesos, es algo que ni de cerca se ha proyectado, ya que el dólar, hoy día, está por debajo de los 17 pesos.

    Otra mala predicción fue que las instituciones estarían en peligro. Hasta ahora, es cierto que ha habido encuentros entre el ejecutivo y otros organismos, como el INE, pero de ahí a asegurar que desaparecería (como también se juró pasaría) estuvo muy lejos de ser.

    Una más fue que no se podrían terminar las obras prometidas, como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, o el Tren Maya, pues eran obras que requerían demasiado tiempo en concretarse, según los analistas y expertos de siempre. Pero resulta que fue otra mala predicción, ya que de estas tres, solo queda por concluir el Tren Maya.

    Por último, otra mala predicción fue que la inversión extranjera iba a disminuir, incluso a desaparecer. Pero resulta que, nuevamente, ha ocurrido todo lo contrario.

    Por tanto, una de dos: o los analistas y expertos de toda la vida son torpes; o, simplemente, mintieron con el objetivo de asustar a la gente.

    Ante todo, a la oposición se le vuelve a caer su teatro para manchar la imagen del presidente de México, quien, obviamente, tendrá sus errores y críticas justificadas. Sin embargo, una cosa es realizar esta acción con responsabilidad, tras un análisis holístico y otra muy distinta es hacerlo solo por golpeteo político.

    En fin, queda registrado que no se cumplirá otra de las tantas predicciones (asusta niños) que tanto se auguraba por la actual oposición.

  • Deforestación en Nuevo León

    Deforestación en Nuevo León

    Desde 2015, el estado de Nuevo León cuenta con una ley de participación ciudadana, pero poco o nada ha sido utilizada por los ciudadanos.

    Y es que la gran mayoría de las leyes de participación ciudadana vuelven inviables sus mecanismos, irónicamente, cuando estos son convocados por ciudadanos.

    En Nuevo León, por ejemplo, cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos convoca un mecanismo de participación ciudadana, resulta ser una odisea. Un esfuerzo titánico, para que al final solo quede un registro de una intención. En ese sentido, la nueva Secretaría de Participación Ciudadana, creada por la actual administración, poco o nada interviene.

    No obstante, cuando el gobernador o algún diputado promueve un mecanismo de participación ciudadana, las cosas son completamente diferentes. Menos engorrosas y, por supuesto, con mayor alcance; cosa que los medios de comunicación se encargan.

    En esta ocasión, el gobernador Samuel García envió una propuesta de consulta popular al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPCNL) para que el proceso de selección de fiscal general sea a propuesta del ejecutivo, es decir, cambiar el proceso actual para designar al encargado de la fiscalía.

    Ahora bien, esta consulta popular no la realiza porque se preocupa por conocer la opinión de los neoloneses en un asunto importante como el proceso de selección del fiscal general, sino para legitimarse y tener apoyo popular para que el proceso sea el que él quiere.

    Y es esto lo que llama la atención. Si realmente importara la opinión popular, las audiencias públicas que contempla la ley de participación ciudadana no serían un ejercicio de “tomo nota” y no hacer nada, es decir, mera simulación. 

    Como es, por ejemplo, el programa “ahora resolvemos juntos” del municipio de Monterrey, del cual no se sabe qué se haya resuelto, pues no hay ningún informe ni registro de qué actividades se han realizado y qué peticiones se han atendido y resuelto.

    Ahora bien, cuando la misma autoridad es la que ocasiona un agravio a la sociedad, todo cambia. Por ejemplo, ante la reciente deforestación que se han registrado en la zona del Río Santa Catarina, debió realizarse una consulta popular sobre esta acción o, por lo menos, informar sobre los planes que se tenían. 

    Cabe mencionar que anteriormente ya se han realizado. Incluso fueron propuestas por el actual gobernador, al cual se le respondió con un rotundo no. Hoy, nuevamente se tiene planeado privatizarlo y traer de vuelta estacionamientos, canchas de fútbol o de mini golf, etc., sin importar si esto significa destruir un espacio natural y refugio de más de cincuenta especies, que se han registrado desde el paso del Huracán Alex, de las cuales, incluso, algunas de ellas están en peligro de extinción.

    Todo lo contrario, la política mexicana está acostumbrada a pedir perdón, que a pedir permiso. Así las cosas, primero causan un daño irreparable a lo poco que queda en la ciudad y ya después ven cómo reaccionan los ciudadanos. Si lo hacen negativamente, ya se les pasará; si no dicen nada, mejor aún.

    Y no solo fue el Río, también se registró otro daño en el Parque Niños Héroes ¿Qué sería tan importante para quitar árboles que tanto hacen falta? Pues la construcción de un estadio de beisbol.

    Mientras las cosas sigan así, Nuevo León no puede catalogarse como estado de progreso. Además, tampoco habría que realizar tanto estudio de por qué no llueve y se tiene tantos problemas con el agua; así como determinar el por qué de las altas temperaturas en la ciudad, que todos los días son cercanas o superiores a los 40°C.

  • Justicia y política

    Justicia y política

    No han sido pocas las veces en las que se ha debatido si existen o no vinculos entre la justicia y la política, sobre todo ahora en esta época que se caracteriza, desde algunos sectores jurídicos, como la «era de los jueces».

    Ciertamente, la actividad judicial se ha incrementado en los últimos años. Sin exagerar, puede decirse que todo ha de pasar por el filtro de los tribunales. Aspecto por el cuál se genera el debate.

    Hoy, no basta con que una ley se apruebe en el Congreso por una mayoría ni tampoco ganar ampliamente en las urnas. Tanto para una cosa, como para la otra, es necesaria la presencia del poder judicial.

    Pero más allá de estos casos que ya han alcanzado gran demanda, la justicia ordinaria también se relaciona con la cuestión política.

    Muchos casos existen y se debaten en la literatura jurídica que se han tomado de la misma práctica; lugar donde poco o nada se debate más allá de las audiencias.

    Por ejemplo, el mítico caso de Riggs vs Palmer, tras el cual está en disputa una herencia y donde uno de los argumentos de los jueces que fallaron en contra de Palmer fue respecto a qué mensaje se daría, desde el tribunal, a los ciudadanos si se permitiera que reclame la herencia. 

    Casos como ese obligan a cuestionar el por qué el poder judicial mexicano sigue en negación respecto a la relación entre justicia y política, ya que el mensaje parece ser el mismo: «si se tiene dinero o poder…».

    Así las cosas, se sabe que no son pocos los casos en que políticos, empresarios o personajes famosos se salen con la suya ante actos judiciales. Gozan de libertad o tienen licencia para seguir violando la ley.

    Por todo, si una de las cosas que se pretende es la estructuración del poder judicial, uno de los puntos importantes es empezar a tener la capacidad de visualizar la relación entre la justicia y la política. Que ya no sea tabú, por ejemplo, que los jueces digan sus afinidades políticas o que se empiece a aceptar que las decisiones judiciales tienen un impacto importante en la sociedad.

  • SCJN y la justicia social

    SCJN y la justicia social

    Mucho ya se ha hablado sobre los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso se ha llegado a abordar su constitucionalidad, pero más allá de ese detalle, lo que habría que evaluar es la justicia social de este rubro.

    No muy lejana es esta la razón del por qué algunos ciudadanos han protestado en las instalaciones del máximo tribunal. Ciertamente, no ven reflejados los valores de justicia social que ellos defienden y creen en definitiva.

    Uno de esos valores aún perdura en la consciencia de los ciudadanos y que el actual presidente de México, en un acto de congruencia, exclamó y cuestionó el por qué hay un gobierno rico, cuando la gran mayoría de la gente es pobre.

    Casi de inmediato, desde diciembre de 2018, se reveló que algunos ministros tenían un salario por arriba de los $600 mil pesos mensuales. Increiblemente, era un dato que muchos desconocían, lo cual dio pauta a empezar a visualizar qué ocurré en el poder judicial y cómo funciona.

    Hoy, el poder judicial, pricipalmente la SCJN, es cuestionado en sus decisiones y se le exige justicia social. Liberar cuentas de algunos políticos (o familiares cercanos a ellos) no es algo que se entienda de ese modo, por ejemplo.

    Antes bien, da sensación que existe una severa corrupción en sus filas. No hace poco, en el estado de Veracruz, se vinculó a proceso a una juez por su especial forma de llevar un caso delicado.

    Ante estos embates ciudadanos, el poder judicial federal ha encabezado, muy sutilmente, una defensa con algunos eventos sobre ética judicial y temas afines. Han invidado incluso a juristas reconocidos a esas actividades, quienes responden a algunas dudas ciudadanas que están sobre la mesa.

    No obstante, todo esto se ve opacado cuando se cuestiona sobre la justicia social. Ciertamente, los jueces no se deben a lo que la gente demande, ya que su labor es ponderar lo que se ha expuesto durante el juicio; tienen un valor institucional. Sin embargo, esto no significa que sus sentencias deben ser totalmente ajenas a los valores e intereses de justicia social. Tal es el caso de sus altos salarios.

    Así las cosas, no serían los ciudadanos quienes demanden a los ministros de la SCJN que reduzcan sus altos salarios, sino que los mismos ministros sean los que rechacen su alta nómina, como acto congruente a una nación que no ve esto con buenos ojos.

    Entonces, lejos de esperar justificaciones de por qué los ministros deben tener la nómina que tienen, se debería explicar por qué sí debe valer lo que está en la constitución. Mas no valerse de un transitorio para seguir validando algo que, a los ojos de un ciudadano, no es justicia social.

  • ¿Por qué cobran más los ministros que el presidente?

    ¿Por qué cobran más los ministros que el presidente?

    Ayer, como ya había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, se solicitó desde Secretaría de Gobernación (SEGOB) un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside Norma Piña, para que se explique por qué algunos ministros cobran más que el presidente de la república, siendo que esto es un mandato constitucional.

    Pues bien, esta polémica no es nada nueva y se revive a colación de las últimas decisiones que se han tomado en el máximo tribunal, con las cuales se han dado revés o declarado inconstitucional algunos proyectos legislativos.

    Y no es nada nuevo porque desde 2018 se ha cuestionado esto mismo. No obstante, la reforma constitucional al artículo 127, fracción II, se realizó en 2009, publicado vía decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de agosto, el cual en su Tercer Transitorio, inciso a), indica que las retribuciones nominales de los ministros se mantendrán hasta que concluyan su encargo.

    Esto significó que los futuros ministros se ajustarían al mandato constitucional. Por tanto, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández, que fueron nominados por Enrique Peña Nieto y nombrados ministros el 10 de diciembre de 2015; así como José Luis González Alcántara Carrancá (2018), Jazmín Esquivel Mossa (2019); Ana Margarita Ríos Farjat (2019); y  Loretta Ortis Ahlf (2021), que fueron nominados por Andrés Manuel López Obrador, son los ministros cuya nomina no debería ser mayor a la del presidente.

    Sin embargo, esto no es así, ya que los ministros siguen teniendo un sueldo mensual de $206,948 pesos libres de impuestos, una cifra mayor a lo que percibe el presidente de la república.

    Así se muestra en el Presupuesto de Egresos 2023, Anexo 23.5. Acorde al documento, su remuneración nominal anual es de $3,773,995 pesos netos, con un sueldo base de $651,241 pesos.

    En teoría, solo 5 ministros se deberían regir por el tercer transitorio de la reforma de 2009. Y esto es el conflicto, ya que el artículo 94 constitucional, mucho antes de la reforma de 2009, indica que los salarios de los ministros no pueden ser disminuídos durante su encargo, lo que explicaría y justificaría la excepción. 

    A esto último hay que agregar el artículo 123 constitucional, el cual contiene el principio de «a trabajo igual, igual salario». Por tanto, los ministros nombrados después de 2009, podrían mantener ser excepción al 127, fracción II.

    Ahora bien, esto no significa que lo que se solicita desde Segob sea un sin sentido, ya que la cosa no va por donde ya se ha señalado. Sería muy ingenuo pensar que se hace una pregunta cuya respuesta ya se sabe de antemano.

    Entonces, el propósito es saber cuál es la justificación de la SCJN para no cumplir con un mandato constitucional. Ciertamente, lo indicado más arriba se basa en algunos puntos importantes, pero cabe señalar que no es válido olvidarse de otro principio básico de derecho: lex posterior, derogat priori. 

    Este principio si bien no modifica exactamente otros artículos importantes de la constitución, sí introduce un nuevo criterio de interpretación con el cual ya no vale la argumentación antes dicha. Por tanto, las excepciones indicadas en el tercer transitorio de la reforma al artículo 127 de 2009, dejan de serlo. 

    Que se introduzcan nuevos criteiros de intepretación, necesariamente provoca que los criterios anteriores se vean modificados. Por tanto, se ocupan nuevas razones que justifiquen el por qué la excepción. Todo esto hace que sea interesante ver qué se contesta de esta petición desde la SCJN.

  • ¿Y la Oficina de Calor Extremo?

    ¿Y la Oficina de Calor Extremo?

    Hace poco más de un año, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; Kathy Baughman McLeod (de Fundación Rockefeller); Mauricio Rodas (de las Ciudades Líderes por el Calor Extremo) y Laura Ballesteros, secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, anunciaron oficialmente la Oficina de Calor Extremo.

    Por aquél entonces, se trató de justificar la necesidad de una oficina que investigara sobre el calor extremo y cómo combatirlo, pues se consideró como una causa de muerte con un índice alto. 

    Sin embargo, qué ha sido de esta oficina y por qué no se ha pronunciado en la actual ola de calor de la semana pasada y la actual, cuyo pronóstico es mayor a los 40°C en la mayor parte del país. Incluso, como bien se advirtió, ya se han reportado algunos fallecimientos por «golpe de calor» en algunos estados.

    Ahora bien, se dijo que Surella Segú Marcos sería la titular y jefa de este proyecto y que trabajaría desde la Secretaría de Educación (SEDU), con cinco investigadores y académicos. Además, que recibiría 50 mil dólares anuales de financiamiento internacional.

    No obstante, ante la situación actual, solo se ha tenido silencio de este ente gubernamental. Otros, por ejemplo, Protección Civil del estado, al menos ha emitido algunas recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas y alguno que otro consejo para mitigar el calor.

    Ante esta situación, es casi obligado preguntar qué acciones se están realizando en la Oficina de Calor Extremo de Monterrey, ya que esta era una gran oportunidad para lucirse, la cual se ha dejado escapar. Tanto presumir en su inauguración que, cuando se le requiere, parece no existir.

    Según Colosio Riojas, el propósito de la Oficina de Calor Extremo sería implementar estrategias de respuesta y propuestas de mitigación para proteger a los ciudadanos de olas de calor. 

    Sin embargo, 50 mil dólares después, no ha habido ni una respuesta ni propuesta de su parte en esta ola de calor ¿Entonces?

    Por otra parte, resulta importante resaltar que esta ola de calor es producto de un fenómeno climático y anual, del cual no es responsable gobierno alguno. No obstante, el no actuar con una política pública adecuada para afrontar estos fenómenos son, en gran parte, causantes de un mayor caos.

    En Nuevo León, principalmente, se sigue apostando por atraer inversión extranjera que preocuparse por implementar estrategias que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Quienes, por falta de información, contribuyen al problema, pues malamente creen mitigar el problema del calor extremo tan solo con adquirir un aire acondicionado.

    He ahí donde deberían pronunciarse desde la Oficina de Calor Extremo e informar de por qué tal medida es inadecuada, ya que pueden generarse otros problemas ambientales con el aumento del uso del aire acondicionado. 

    Ya ni se diga de otra clase de problemas, como el energético, que, dicho sea de paso, se han registrado varios reportes sobre la falta de energía eléctrica, lo cual ha generado más problemas.

    Ciertamente, una cosa lleva a otra, por lo cual ignorar una, provocará que se originen nuevos problemas. Por todo, vale preguntarse ¿y la Oficina de Calor Extremo?

  • Entre la política y la ética

    Entre la política y la ética

    Aristóteles, filósofo griego, aseguraba que la política no era algo factible para los jóvenes, pues la política (como la ética) no consiste en un aprendizaje de manual, sino que tiene que ver con la experiencia. Decía: “el fin de la política no es conocimiento, sino la acción”; lo mismo que es para la ética.

    Ahora, esto puede llevar a pensar que los políticos deben ser personas con suficiente experiencia, principalmente, en la toma de decisiones. Razón y discurso con el que se presenta Santiago Creel, por ejemplo.

    También, se puede deducir que dicha experiencia ha de obtenerse por medio de una carrera, de modo que ser hoy diputado, mañana gobernador de un estado y en un futuro senador o presidente de una nación, parece ser una vía aceptable. Un discurso que suele presentarse como argumento, justificado o no, en varios debates.

    Sin embargo, la cosa no es así del todo. Para Aristóteles, como ya se dijo, la base de la política es la ética y si bien lo importante es la experiencia, esta no se relaciona con tener o hacer una carrera como tal, sino de ejercer la rectitud; con el ser bueno, mas no conocer lo que es bueno, pues de nada sirve esto si no se actúa.

    En México, como se sabrá, no es nada nuevo que los políticos van de aquí para allá. Muchas veces sin mostrar ni dejar buenos dividendos durante su gestión en cualquier cargo. Pero eso es, hasta cierto punto entendible, porque gobernar no es algo sencillo (a la par que es el trabajo legislativo; también complejo). Aunque las razones de la pobreza política, en el país, parecen ser otras.

    Ciertamente, gobernar es complicado y puede llegar a ser muy desgastante. Por esa razón, por ejemplo, Liz Trauss renunció en menos de dos meses tras asumir el cargo de primer ministro en Gran Bretaña, pues no soportó la presión y la complicada situación que se vivía en ese momento. 

    No obstante, a pesar de lo complejo que puede ser gobernar, en México, las renuncias a los cargos o puestos políticos no son, en su mayoría, porque no puedan seguir, sino todo lo contrario; parece ser que son para continuar en la política.

    Así pasó con Alejandro Moreno (“Alito”) cuando renunció a la gobernatura de Campeche, pues ser dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le era más significativo. Y así está pasando con algunos personajes que pretenden ser los candidatos de Morena en las elecciones de 2024, como el ahora ex secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard.

    Y esto es precisamente lo que causa conflicto. Ya Platón explicaba algunas razones del por qué a los filósofos no les interesa gobernar (no compensa) y por qué la sociedad debería presionarlos para hacerlo (pues tienen virtud).

    Sin embargo, lejos de que la política sea desesperante, para algunos es encantadora. Y esto no es exclusivo de México. Recibir exigencias todos los días, incluso de cuestiones que no le compete a quien las recibe, parece ser mero trámite. Pero eso solo lo es para quienes no hallan la relación entre la política y la ética que llegó a mencionar Aristóteles.

    Por tanto, la imagen de político en México es cercano a un indolente. Y quizá sea una de las razones de la apatía política y la mínima participación ciudadana en general, ya sea si es año electoral o no; del: “todos los políticos son iguales”.

    En fin, habría que analizar más a fondo la situación que permita una visión holística. No obstante, eso no es posible en este espacio. Por lo pronto, quienes se disputarán algunos puestos en las elecciones de 2024, ya empezaron a mover ficha para continuar con su carrera política.