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Etiqueta: Carlos M. López

  • Nuevo León y su doble Constitución

    Nuevo León y su doble Constitución

    Para el asombro de muchos, Nuevo León están moderno y vanguardista que tiene dos constituciones. 

    Sí, tal cual lo lee, ahora el estado de Nuevo León cuenta con dos constituciones.

    Una es la de Samuel García, la cual se aprobó el mes de octubre del año pasado; la otra, es la constitución del Congreso del estado con algunas modificaciones que se aprobaron el mes de febrero pasado mediante decretos 340, 341 y 342.

    Estas reformas fueron publicadas en la Gaceta del Congreso este 8 de marzo pasado para causar vigencia y en unos días más se dará orden de publicar la constitución con sus reformas en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

    Ante este escenario, se ha planteado la pregunta: ¿puede el Congreso local prescindir del ejecutivo para publicar sus acuerdos en el Periódico Oficial? Pues aparentemente, sí. 

    Esto, fuera de broma, es una consecuencia de los evidentes conflictos entre ambos poderes. Han llegado a un extremo en que los actos de cada uno pueden estar transgrediendo la constitución.

    Por el lado del ejecutivo, negarse a publicar los decretos votados en el Congreso, es una actitud desafiante. Interrumpe el proceso legislativo y puede considerarse como una violación a la constitución, mismo que, en parte, le vale un juicio político que, de hecho, ya tiene uno en puerta, aunque con orden de suspensión por un tribunal federal.

    Por el lado del Congreso de Nuevo León, sobreinterpretar la constitución y, sobre todo, proponer reformas constitucionales que adelgazan no la figura del ejecutivo como tal, sino las del actual gobernador, se entiende como un esfuerzo que no tiene que ver con el bienestar social. Puede entenderse como una medida de un padre que le quita un juguete a su hijo.

    Mientras tanto, los ciudadanos nos vemos involucrados en una encrucijada de enemistad política que no permite acuerdo alguno. 

    De seguir así, Nuevo León está en un claro estado de ingobernabilidad. Se está escalando un problema personal que empieza a salirse de las manos.

    ¿Qué vendrá después? ¿Declarar estado de excepción? Como ciudadanos, el interés radica en que cada autoridad cumpla con sus funciones y respeten la constitución. Paradójicamente, ninguno de estos dos poderes parece respetar la «nueva constitución» de la que tanto estaban orgullosos

  • 8 de marzo

    8 de marzo

    Contrario a lo que aún muchas personas creen, el 8 de marzo no es un día para dar felicitaciones, flores o regalos, sino que es una fecha conmemorativa con la cual se invita a reflexionar por la igualdad ante la ley.

    Mucho ha pasado de aquellos años en que a la mujer no se le permitía ejercer su voto en procesos electorales. Que se le denegaba acceso a más oportunidades y opciones para superarse.

    Con el tiempo, grupos de mujeres han logrado que se les reconozca como un pilar fundamental de la sociedad, y, al mismo tiempo, han logrado arrancar esa etiqueta de «sexo débil».

    Un fenómeno que no es privativo de México, sino que se ha extendido a nivel mundial; el éxito del movimiento es todo una hazaña espectacular.

    Actualmente, hay más mujeres que ejercen y encabezan el poder, por ejemplo, en este año, la SCJN ha quedado marcada en la historia, ya que ahora una mujer la encabeza. Igualmente, el INE será presidido por una mujer y cada día son más las que se suman. No se descarta que incluso en 2024 una mujer sea la elegida para dirigir el gobierno de México.

    Pero el éxito no solo radica en tales puntos: en las universidades, por ejemplo, son las mujeres las que han ganado más terrero; conservan ese espíritu de superación. Cada día las mujeres se preparan mejor y han logrado obtener muchas victorias.

    Al parecer, se va por buen camino. Sin embargo, aún quedan cosas por realizar. Y es un asunto general la lucha en contra de la violencia, los abusos y discriminación a la mujer.

    Por todo, es momento de reflexionar respecto a cómo es posible lograr vencer estos problemas. 

  • SCJN y estado constitucional

    SCJN y estado constitucional

    Por mucho tiempo, se ha pensado que los cambios en la rectoría del país dependen mucho de quién ostenta el poder. Por tanto, lo lógico es promover acciones para razonar el voto, así como candidatos con ciertas cualidades.

    No obstante, estos esfuerzos no han generado lo esperado, no solo porque las medidas para tener mejores elecciones y candidatos han fracasado, pues aún hay personas que dan su voto a quienes les resultan atractivos físicamente, porque han tenido una trayectoria fuera del ámbito político (como actores, deportistas, cantantes, etc.) o porque se les prometen cosas que están fuera de su competencia, entre otras cuestiones.

    Ahora bien, la noción y el surgimiento del estado constitucional lo cambió todo. Esto significa que la clave ya no se encuentra en el ámbito puramente político, sino en el judicial. 

    Con la reforma constitucional de 1994/1995 se dio un paso importante, lo que convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la institución más relevante e importante en el estado de derecho.

    Se instauró el modelo de estado constitucional propiamente, ya que el poder judicial sería el encargado de valorar la constitucionalidad de los actos y omisiones de los otros dos poderes. Si esto no hubiera pasado, por ejemplo, el llamado «Plan B de AMLO» (reforma electoral) no tendría porqué la SCJN analizar su constitucionalidad, es decir, valorar si dicha reforma es conducente. 

    Así las cosas, ya no es suficiente que los Congresos aprueben sus proyectos, sino que también es necesario sean aprobados por la SCJN (al menos los proyectos que no generen tanta controversia).

    Sin embargo, estas cuestiones no han llegado propiamente al sector social, de ahí que no sean visibles los problemas que puede acarrear el modelo del estado constitucional. 

    Así las cosas, la politización del poder judicial ha sido un fenómeno constante en México. Esto significa que los jueces poco a poco ya no son jueces, sino políticos. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León es José Arturo Salinas Garza, un personaje que, al día de su designación, carecía de experiencia en impartición de justicia, solo tenía una carrera política.

    En ese sentido, que los políticos ahora sean jueces, lo que provoca es que los criterios judiciales tomen otra forma, como lo fue la jurisprudencia por contradicción con registro 2019978, aprobada por la Segunda Sala de la SCJN y propuesta por Eduardo Medina Mora, la cual considera que sea inconstitucional la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas, a no ser por una excepción. 

    Apegado a la teoría de la jurisprudencia, esto significó que mientras en Estados Unidos se condenaba a Genaro García Luna, en México se le descongelaban las cuentas a su esposa.

    Por tanto, esto debería ser indicio suficiente para tener en el radar al poder judicial. Ya decía Emilio Rabasa que «la gente poco sabe acerca del poder judicial». Por ejemplo, quienes son los jueces de los tribunales, es algo que se desconoce incluso por quienes conforman la comunidad jurídica.

    Y esa es la clave del estado constitucional, por ende, mucho debería preocupar que en México no exista una carrera judicial como tal, pues su carencia facilita el acceso a la judicatura.

    Entonces, más que preocuparse en exceso sobre quienes pueden ostentar el poder, también se debe tener en escrutinio al poder judicial. De otra forma, las sospechas no cesarían, como ocurre ahora con Norma Piña, actual ministra presidente de la SCJN, a quien se le tacha de peñista (al ser elegida en el periodo de Enrique Peña Nieto).

    Por todo, actualmente, dejar fuera de la ecuación al poder judicial en los tiempos del estado constitucional, puede pagarse muy caro. Ya decía Dworkin: «vivimos en la era de los jueces».

  • Sobre la libertad de expresión

    Sobre la libertad de expresión

    Sobra decir que la libertad de expresión es un pilar fundamental para la democracia. Sin embargo, este derecho tiene límites, los cuales algunos no están dispuestos a reconocer.

    Por ejemplo, durante el juicio de García Luna, su abogado se inventó (algunos aseguran que intencionalmente) que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, tenía relación con el exfuncionario y recibió fuertes cantidades de dinero para una campaña política.

    Con tal información, algunos personajes públicos (de los cuales unos se dicen periodistas, sin serlo) empezaron a tocar el tema y tomarlo como cierto, a pesar que, incluso durante la audiencia, se descartó, por completo, que existiera alguna relación.

    No obstante, eso no detuvo la intención de aquellos que promueven noticias falsas. Obviamente, respaldado, según ellos, por la libertad de expresión.

    Para ello, deberieran reconocer que la libertad de expresión tiene un límite con la mentira, ya que en tal caso se entra al terrero de la calumnia, como mínimo. Al menos en este caso, porque no hay un problema, verbigracia, en asegurar que la luna sea de queso.

    Ahora bien, hay otros casos en donde la libertad de expresión se ve comprometida. En el caso descrito, si se limita dicha libertad, seguramente se hablaría de censura, aunque no sea el caso.

    Por ejemplo, esta semana pasada surgió el debate entre una posible reforma a la ley laboral para otorgar licencia a toda mujer que tenga problemas durante su periodo menstrual.

    Y más allá de lo que esto implique como tal, en el debate se da una constante: «los hombres no pueden opinar, porque nunca han tenido un periodo menstrual».

    Pero ¿esto realmente es así? Claro que no se habla de tener o no el periodo, sino si no se puede opinar al respecto.

    Si esto fuera así, entonces, tal proyecto de reforma no podría ser votado por diputados, sino solo por diputadas. Una forma muy atipica de proceder para la aprobación de un proyecto legislativo.

    No obstante, tal escenario parece irreal, ya que los diputados no solo se expresan mediante palabras, sino también por votos. Con este caso, ya no solo sería un acto de censura, sino algo más serio incluso.

    Por todo, resulta importante empezar a visualizar qué limites puede llegar a tener la libertad de expresión. Una democracia en construcción, depende mucho de esto.

  • Homenaje

    Homenaje

    Esta semana se reveló un presunto acto de corrupción realizado por el senador Ricardo Monreal, quien pidió al Senado, en noviembre de 2022, comprar 1000 ejemplares de su libro intutulado “Errar es humano, rectificar es política”, a sobreprecio.

    Se trata de un texto que data de 2015 y que señala diez errores comunes que se comenten al ejercer el poder. 

    De acuerdo a su presentación, es un texto que ayuda a estudiantes de licenciatura para el desarrollo de tesis de grado que estén enfocados en el tema político, lo cual es de resaltar, ya que tiene por objetivo ofrecer algunas herramientas a estudiantes.

    Sin embargo, más allá de la presunta corrupción de este tipo de actos, como es el desvío de recursos, habría que analizar qué otros daños pueden producir estas acciones, pues representan obstáculos para aquellos que por más que intentan obtener apoyos para buenas causas, no los obtienen.

    Tal es el caso de Víctor Olguín Loza, un entrañable amigo que dedicó gran parte de su vida a promover la lectura entre la juventud. Pensaba que el gusto por la lectura era una semilla que debía plantarse a temprana edad.

    De esta manera, influyó de muchas formas al llevar la literatura y la filosofía a los niños y adolescentes del país con sus cuentos; su texto “La Caverna de Platón” es uno de esos esfuerzos.

    Fue incluso ganador del premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, en 2006. Llegó a ofrecer varios cursos de redacción con el fin de mejorar la escritura y animar a aventurarse a la expresión de nuestras ideas.

    No obstante, aunque sus intenciones fueran nobles, Víctor Olguín no recibió un apoyo para que su propósito y compromiso por la lectura llegara a más personas. Y casos como este son los que necesitan un impulso por diferentes instituciones públicas.

    Una sociedad, como la nuestra, necesita de incentivos para tener gusto no solo por la lectura, sino por cualquier otra actividad que provoque despertar nuestra imaginación y creatividad. Víctor, por ejemplo, pensaba en crear libros comestibles, una idea magnífica.

    Lamentablemente, Víctor Olguín falleció el jueves pasado, 9 de febrero de 2023. No obstante, aunque ya no se encuentre con nosotros, nos dejó un gran legado con sus cuentos, novelas y trabajo cinematográfico que es invaluable. QEPD.

  • Independencia judicial: dos realidades

    Independencia judicial: dos realidades

    Ahora con la conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se celebró en el Teatro de la República en Querétaro, uno de los temas importantes ha sido la independencia judicial; un discurso de la ministra Norma Piña, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Sin embargo, hay unas cuantas objeciones a este discurso, de las cuales aquí se señalarán dos, principalmente porque se detallan dos realidades que escapan a la lectura de la ministra.

    Por ejemplo, en su discurso señaló que “una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia”.

    Aunque a primera no hay nada incorrecto, es necesario aclarar que la independencia de la que se habla, no es una independencia para todo el poder judicial, sino únicamente para el federal.

    Ciertamente, por años se ha sostenido que los ministros de la SCJN están al servicio del ejecutivo federal, pues se debe a él su propuesta ante el senado para ganarse un puesto.

    Actualmente, de la ministra Norma Piña, al ser propuesta por Peña Nieto, se le vincula con el expresidente. Se da a entender que aún le rinde cuentas. Pero bien, eso es un tema que aquí no incumbe.

    Pero el problema de la independencia judicial es más profundo; es un problema que por años no se ha querido afrontar como tal. 

    Nuestra constitución, por ejemplo, en su artículo 133 y recientemente en su artículo 1, dan pautas para que todos los jueces puedan aplicar un control constitucional difuso, como ocurre en Estados Unidos.

    Sin embargo, ha sido la SCJN la principal en negar esa facultad a todos los jueces en México. Cabe mencionar que el artículo 133 de nuestra constitución es una copia directa de un artículo de la constitución estadounidense.

    Por tanto ¿cómo es posible que nuestro sistema judicial sea tan distinto al estadounidense? No puede haber independencia judicial si la misma SCJN no permite ni reconoce una independencia a todos los jueces en México, sino solo a unos cuantos.

    Otra cosa que hay que señalar, son los límites de las decisiones que se toman en la SCJN. Por ejemplo, acorde al discurso de la ministra, menciona que «la judicatura independiente es pilar de nuestra democracia». 

    Sin embargo, ha sido la misma SCJN la que ha intentado violar la soberanía de diversas entidades federativas, tras considerar la inconstitucionalidad de ciertas normas generales.

    Por esta misma razón, R. Dworkin, jurista estadounidense, indicó que vivimos en la era de los jueces, pero que habría que tener cuidado con qué tanta libertad se les puede reconocer.

    En este caso, si se deja que la SCJN sea la que decida sobre los contenidos normativos, entonces no es un pilar para la democracia, sino todo lo contrario.

    Dworkin objeta con tres argumentos: principio de irretroactividad; principio de división de poderes y principio de democracia.

    Para el primero, se refiere más a una cuestión de aplicación; para el segundo, se refiere a que la división de poderes solo reconoce la facultad de crear y modificar el derecho al poder legislativo; y el último, se refiere a que las leyes se crean por los representantes de los ciudadanos, los cuales han sido elegidos mediante un proceso electoral democrático. Pero los ministros, no son elegidos por los ciudadanos.

    Por todo, la independencia judicial no debe sobrepasar la soberanía de un estado ni tampoco solo reconocerse a unos cuantos. Por supuesto, se debe profundizar más sobre este asunto. Un buen comienzo es empezar a contemplar el «activismo judicial».

  • ¿«No se toca» la democracia?

    ¿«No se toca» la democracia?

    Durante este fin de semana, los consejeros del INE, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, junto con Carmen Aristegui, realizaron la presentación del libro “La democracia no se toca”.

    Un texto que representa una crítica al «Plan B de AMLO», el cual trata sobre algunas modificaciones a la ley electoral. Asimismo, se detalla que validar la constitucionalidad del «Plan B», representa un retroceso para la democracia.

    ¿Pero de qué democracia hablan sus autores? A lo que apuntan, parece que para ellos «democracia» es un organismo que tiene el deber de organizar procesos electorales. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la validación de esos procesos no le corresponden al INE, sino al TEPJF.

    Quizá a costumbre de limitar la «libertad de expresión» a periodistas, los consejeros electorales limitan su noción de democracia a un organismo autónomo, cuando la democracia es mucho más que eso; al igual que la libertad de expresión va más allá de lo que se externa por los comunicadores.

    Y, en ese sentido, se entiende porque afirman que «la democracia no se toca», pues el «INE sería la democracia». Por tanto, «sin INE, no habría democracia». 

    Sin embargo, ¿esto realmente es así? 

    Mucho se ha hablado sobre el “Plan B de AMLO” y la supuesta intención de «desaparecer» al INE, lo cual, en términos jurídicos, es incorrecto, pues abunda la desinformación. 

    No se trata de desaparecer al INE, sino de cambiar algunas cuestiones importantes que pretenden ampliar el espectro de la participación ciudadana.

    Por ejemplo, considerar que los consejeros electorales sean elegidos por los ciudadanos, no representa un daño a la democracia, sino al contrario, implica reconocer esa cuestión a los mismos ciudadanos. 

    Dejar tal proceso a los partidos políticos, significa quitarle a los ciudadanos la oportunidad de elegir democráticamente a los encargados de un organismo que dice estar constituido por auténticos ciudadanos.

    Por tanto, tan solo en ese aspecto, no se puede hablar de un secuestro del poder ejecutivo a un organismo autónomo, como se llegó a sostener, sino de una propuesta que pretende recuperar la idea original de lo que sería el IFE: un instituto conformado por ciudadanos, al servicio de los ciudadanos.

    Un instituto que diera confianza a sus iguales. Que fuera capaz de ser cercano a la gente. Cosas que se han ido perdiendo en el camino.

    Y aunque se podría hablar sobre más cuestiones, no es aquí el lugar para tratar a fondo todo y con la profundidad adecuada.

    Por tanto, respecto a lo que corresponde, si hay un sistema que debe «tocarse» es, precisamente, la democracia.

    Pero no porque se quiera acabar con ella, sino porque solo por medio de la crítica es posible perfeccionarla. Y para ello se debe estar dispuesto a correr el riesgo de que una propuesta pueda fallar.

    Decir, por tanto, que la democracia «no se toca», como afirmaron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama es querer instaurar, por paradójico que suene, un sistema que no es acorde a los principios democráticos.

  • Lilly Téllez siendo Lilly Téllez

    Lilly Téllez siendo Lilly Téllez

    Esta semana pasada estuvo muy densa en cuanto a información y temas importantes. Entre ellas, destacó una solicitud de Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo Guzmán”) al presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la cual le pedía ser trasladado a una prisión en México, ya que en Estados Unidos no la está pasando nada bien. 

    Asegura, incluso, que pasan muchos días incluso sin ver la luz del sol. Todo esto dicho por su abogado en un programa de radio.

    Ante esto, la senadora Lilly Téllez, aprovechó la ocasión, e indicó: “a México le urgen cárceles de máxima seguridad como las de EU, y que los presos vivan en las mismas condiciones que el Chapo Guzmán”.

    Tal comentario lo hizo pasar como una propuesta en el caso hipotético de llegar a la presidencia en 2024; una iniciativa para controlar los índices delictivos, lo que en derecho se conoce como «teoría del miedo», es decir, penas más severas, equivale a menos delincuencia. Sin embargo, esto atrae algunos problemas que a la senadora le han pasado desapercibidos.

    En primer lugar, las personas que se encuentran en calidad de preso, siguen siendo personas, es decir, en ningún momento se les debe de privar de sus derechos humanos. Sin embargo, la propuesta de la senadora va encaminada, precisamente, a violar y a no reconocer nada de eso. Para ella, ser preso es sinónimo de no ser sujeto de derechos, lo cual es un gran problema, ya que en los últimos años se ha luchado contra ese tipo de tabúes.

    Por ejemplo, este año en particular, se prevé que 10 mil presos podrán votar en las elecciones para gobernador de Estado de México. Y esto no debería ser una sorpresa. Durante mucho tiempo se ha luchado para que a los presos dejen de ser objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos. 

    Sin embargo, este dato quizá se le ha pasado a la senadora y algunos otros más que piensan como ella ¿Por qué tendría derecho a votar un preso por sus gobernantes? Pues bien, quizá sea momento en que se pongan a revisar en qué consiste la teoría de los derechos fundamentales, lo cual es vital en esta época.

    En segundo lugar, ningún sistema de justicia en el mundo garantiza nulificar el error. Esto ya lo señalaba Laudan: «no es posible evitar el error en el proceso penal». Pero ¿qué significa esto? 

    Pues significa que en el sistema penal incurren tres errores frecuentes: primero, en prisión hay personas que han sido declaradas culpables, sin serlo; segundo, también hay personas cuya situación jurídica no se conoce, es decir, que no se les ha dictado sentencia, por lo cual, jurídicamente, no se sabe si tienen o no responsabilidad penal; y, por último, hay personas que son culpables, pero que no son presos, sino que gozan de plena libertad.

    Por tanto, ningún sistema de justicia penal puede garantizar que todas las personas en prisión son culpables, e incluso si existiera una forma para lograrlo, no es posible justificar que se violen derechos humanos.

    Ser preso o tener esa condición no significa que deba ser un blanco fácil de abusos. En el sistema penitenciario se tiene como fin la reinserción social, por lo cual es deber de la autoridad brindar lo necesario para cumplir con ese objetivo. De otro modo, ya no se trata de eso, sino supervivencia (el estado de naturaleza de Hobbes).

    En 2019, en una prisión federal en New York (Brooklyn), Estados Unidos, por ejemplo, varios presos llegaron a golpear paredes y ventanas de sus celdas como protesta, debido a que llevaban varios días sin calefacción. Si murió alguien o se enfermó debido a las bajas temperaturas, ya no es algo que se haya reportado.

    Para 2021, en el mismo estado, entró en vigor una ley que prohíbe que un prisionero esté en confinamiento solitario por más de 15 días, lo cual es considerado como tortura, pues genera graves problemas psicológicos, e incluso se considera como una medida que induce al suicidio. Y, como tal, eso no parece importar.

    Acá en México las condiciones penitenciarias tampoco son un lujo, ni deben por qué serlo. Simplemente, lo que se exige son condiciones mínimas para subsistir y que después de cumplir condena, no se sea objeto de discriminación. Anteriormente, si se recuerda, varias empresas requerían carta de no antecedentes penales para contratar a los solicitantes.

    Todo esto es importante porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Debe recordarse que el sistema no está exento de errores. Recientemente, por ejemplo, acaba de pasar, en Guadalajara, con la detención y dictado de prisión preventiva en contra de tres estudiantes que participaron en una protesta.

    En fin, este tema da para mucho más, por lo cual no es posible agotarlo en este espacio. Sin embargo, estos datos detallan cómo las propuestas de la senadora Téllez son un sin sentido y significan un gran retroceso en cuanto a materia de derechos humanos, pues están basados en creencias erróneas como pasó en la era de Calderón, donde todos los muertos se les trataba como delincuentes, pues «habrán estado metidos en lo que no debían». 

    Además, este tipo de tabú se puede traducir como una medida dictatorial. Aunque aquí, se prefiere usar el término «demagogia».

  • TEPJF: «amlito» es inconstitucional

    TEPJF: «amlito» es inconstitucional

    Pues resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, entre otras cuestiones, sancionar al partido Morena por utilizar, en su propaganda, la caricatura del presidente de la república («amlito») porque, según se afirma, vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda (SUP-REP-709/2022 y acumulado).

    Dicho asunto se promovió por Jorge Álvarez Máynez, quien denunció el uso de «amlito» en una publicación de twitter para apoyar los procesos electorales locales de 2022 en los que se disputaron seis gubernaturas; es decir, según el quejoso y la Sala Superior del TEPJF, el partido Morena tuvo ventaja en la contienda electoral porque incluyó en su propaganda a «amlito».

    Con otras palabras, lo que provocó que el partido Morena haya ganado «4 de 6», no fueron los candidatos, los planes de gobierno o, en última instancia, la libre voluntad de la gente ni ya el «voto de castigo» a los partidos del eje “Va x México”. No. Fue la imagen caricaturizada del ejecutivo federal lo que provocó tal mérito.

    Pues, según el TEPJF “el uso de la imagen que identifique a un servidor público en la propaganda política-electoral, máxime si se trata del titular del Ejecutivo Federal, para posicionarse o para hacer un llamado al voto, no está permitido y no puede ampararse en modo alguno en el ejercicio de una libertad de expresión, como lo planteaba el partido político”.

    Así las cosas, en primera instancia, la Sala Regional Especializada concluyó que la propaganda era indebida y determinó sancionar al partido. Inconforme, el partido Morena acudió ante la Sala Superior, en segunda instancia, y señaló que no existe una prohibición legal para el uso de alguna caricatura.

    Ante esto, la Sala Superior concluyó: “derivado del debate en la sesión pública de resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, con el voto en contra del magistrado José Luis Vargas Valdez y con las ausencias justificadas de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que sí hay base constitucional y legal para sancionar la propaganda denunciada en la que se aprecia la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador junto con un mensaje que tuvo como finalidad expresar el apoyo o beneplácito a favor de las seis candidaturas contendientes a una gubernatura postuladas por Morena, ya que el uso de la imagen en caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente, contraviene el principio constitucional de la equidad en la contienda, así como los principios de imparcialidad y neutralidad, al obtenerse una ventaja indebida en detrimento de la formación de las preferencias electorales de la ciudadanía y de otros partidos políticos, ya que se trata de una infracción a las reglas constitucionales y legales que rigen la propaganda electoral de los partidos políticos”.

    Sin embargo, cabe señalar unas cuantas cosas importantes que deja de lado el TEPJF. Habrá algunas otras, pero estas son las que se vienen «a bote pronto»:

    Primero: el tribunal afirma que es indebido hacer uso de la imagen de un servidor público de la más grande investidura que no contiende electoralmente. Si esto es así, entonces «amlito» es permitido, siempre y cuando, AMLO deje de ser funcionario público.

    Segundo: se trata de una infracción a las reglas constitucionales y legales que rigen la propaganda electoral de los partidos políticos. Es decir, «amlito» es permitido, si y solo si no es propaganda de un partido político. Esto quiere decir que cualquier persona (que no pertenezca a un partido político) puede hacer uso de él.

    Tercero: podrá ser una infracción hacer uso de la imagen de «amlito», pero no que un servidor público (sin importar su rango) exprese su preferencia electoral, aún si esto significa provocar un «detrimento de la formación de las preferencias electorales de los ciudadanos». Pues claro: ¡eso sí es libertad de expresión!

    Cuarto: con su resolución, el TEPJF da a entender que los electores son muy fácil de manipular, ya que una simple imagen logra atraer adeptos y ganar elecciones. Esto significa que la Sala Superior no considera que nuestra sociedad tenga madurez electoral, cuando es parte de su agenda la defensa del voto y que los ciudadanos somos los que decidimos.

    Quinto: que el partido Morena haya ganado ”4 de 6″ elecciones a gobernador, en 2022, por hacer uso de «amlito» en una publicación en twitter, es netamente imponderable. Además, aceptarlo sería como reconocer que AMLO es el personaje político más influyente en la historia política de México.

  • Lógica y política

    Lógica y política

    Desde la infancia, las personas van formándose poco a poco, sobre todo en el arte de la Lógica, ya que es un conocimiento indispensable para la convivencia social. 

    Se empieza a aprender cómo un «algo» es único en sí mismo (principio de identidad). Por ejemplo, en el futuro, no habrá otro miércoles 11 de enero de 2023. Se vive en un día que jamás se volverá a repetir.

    Por otra parte, del principio de identidad se deriva otro, del cual se hablará ahora, es decir, el principio de no contradicción.

    Pero antes, para comprender en su completud dicho principio, primero hay que tener presente otro más: el principio de tercero excluido. 

    Este principio consiste en que  determinar la veracidad o falsedad de algo. Esto quiere decir que una oración como: “está lloviendo”, será verdadera, siempre y cuando, efectivamente, esté cayendo agua de las nubes. Y será falso si eso no acontece.

    Esto quiere decir que no hay una tercera opción (por eso el nombre). Si algo no es verdadero, entonces es falso; y si algo no es falso, entonces es verdadero (lo mismo aplica en términos morales: entre lo bueno y lo malo; o correcto e incorrecto).

    Y es esto lo que lleva al principio de no contradicción. Un «algo» no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo (recuérdese que se habla en los términos de la lógica formal).

    Por tanto, si se clasifica algo como una acción equivocada, incorrecta, mala, etc., como fue, por ejemplo, no concretar la detención de Ovidio Guzmán («Culiacanazo» 2019) no habría por qué decir lo contrario ahora que las fuerzas armadas lograron concretar su detención.

    Sin embargo, aquí es donde entra la política. Porque, por más contrario que sea a la lógica, en la política (no la ciencia política, sino el entorno político) el principio de no contradicción no opera como tal; es nulo.

    Hace unos días, por ejemplo, se decía que la apreciación de la moneda nacional (el peso) era contraproducente. Un mal augurio. Pero antes de eso, se decía que la depreciación también lo es.

    Entonces ¿si sí, mal y si no, también? Al parecer, en la política no importa si no se respeta el principio de no contradicción, o al menos eso demuestra la actual oposición, la cual parece estar en contra de todo lo que proponga la administración pública actual, aunque eso signifique entrar en contradicción (Peña, diría otra cosa).

    Si llegara a presenciar esto Lakatos, seguramente diría que estamos ante elementos característicos de la pseudociencia. Algo que no extrañaría, pues la época actual permite un abundamiento de meras opiniones sin ningún sustento científico.

    Por lo mismo, de acuerdo con el húngaro, la pseudociencia se caracteriza por no aportar nada al conocimiento científico, porque no se atreve a dar traspiés. Por tanto, en lugar de aceptar los fallos, se inventan mil excusas para explicar el por qué no pasó lo que se dijo que pasaría.

    Y esto último también ha pasado en los últimos días (pero que no es nada nuevo). En los medios, por ejemplo, se hacen afirmaciones que tras no cumplirse, se tratan de justificar. 

    Pasó ahora con la llegada de Biden a México. Se dijo no aterrizaría en el AIFA, y eso fue lo terminó por pasar. Ante el fallo, surgieron las excusas.

    Y este es un problema que también hay que atender. Popper decía que «aprendemos del error», pero cuando no se está dispuesto a cometer errores, nada se aprende.

    Al final, no solo es lógica y política, sino también ética. Pero eso será tema para otra ocasión. Eso sí, en nada contribuye en descalificar todo lo que afirma un contrario y pensar que uno mismo es el que poseedor de todas las respuestas. Ya Sócrates había advertido sobre las consecuencias de esa actitud.