Etiqueta: Carlos M. López

  • Norma Piña: ¿un retroceso para la SCJN?

    Norma Piña: ¿un retroceso para la SCJN?

    Esta semana se eligió a Norma Piña para presidir tanto al máximo tribunal del país como al consejo de la judicatura federal. Tras esto, se ha señalado que esta decisión significa un retroceso para la SCJN. 

    Y respecto a lo que aquí se sostendrá, parece que dicha afirmación es correcta. Sin embargo, el enfoque que se expresará aquí es un tanto distinto a lo que se ya se ha aludido por distintas personas en medios, pues no alude la idea acerca de la justicia de la ministra, sino cómo su llegada a la presidencia afecta la democratización de la SCJN y, en general, al PJF.

    Pero, primero que nada, debe explicarse a qué se alude con esto de «democratizar» al PJF, pues se puede prestar a confusión con la autonomía judicial o, peor aún, con un proceso de selección de jueces vía popular.

    Por consiguiente, «democratizar» al PJF consiste en hacer más amigable lo que se decide en los tribunales para aquellos que no tienen conocimientos jurídicos especializados. Dicho con otras palabras, significa acercar el poder judicial a los ciudadanos.

    Esta acción la estaba llevando a cabo Arturo Zaldívar, tanto por sus comentarios en redes (vía Twitter) o vídeos (vía TikTok). E independientemente si lo hacía bien o mal, se le puede reconocer su intento de dar a conocer a los ciudadanos qué hace y cuán importante es la SCJN. 

    Sin embargo, la nueva presidente no cuenta con ningún medio para acercarse a la gente. Tal es así que los periodistas (y demás personas) recién investigan quién es Norma Piña y cómo se ha pronunciado sobre diversos asuntos importantes que han llegado a la SCJN.

    Si se recuerda, aún sigue siendo llamativo cómo la gran mayoría de la gente ignoraba cuáles son los sueldos de los ministros de la SCJN. Y eso es resultado de cuán ajeno es el poder judicial para la gente.

    En ese sentido, claro que se puede hablar de un retroceso en la SCJN. Por lo mismo, Rabasa tenía razón cuando aseguraba que la gran mayoría de los ciudadanos ignora qué es o qué hace el poder judicial, por lo que pensar en elegir a los jueces por vía sufragio resulta una pésima idea, siempre y cuando esas sean las condiciones. 

    Por lo mismo, resulta más del conocimiento público quiénes son los actores políticos del país, pero poco o casi nada saben acerca de los jueces (de sus jueces). 

    Y eso resulta un poco contradictorio. Mientras en Estados Unidos y gran parte de Europa, como mencionó Dworkin, se vive la «era de los jueces», en México, parece que se vive otra realidad.

    Se podría hablar, principalmente, de cómo la independencia judicial es algo incierto, además de otros puntos importantes, como: corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, etc. Aunque todos estos son tema de otro análisis.

    Pero, lo que sí no se puede negar es, precisamente, cómo el poder judicial poco ha hecho para informar a los ciudadanos sobre su función en un estado constitucional, como se supone es México.

    Pues, como mencionó Alexy: «las decisiones judiciales son pronunciadas en nombre del pueblo». Por tanto, ¿cómo puede el poder judicial cumplir tal función si se mantiene al margen? 

    No se está en la era de los jueces autómatas, sino en la que los jueces toman auténticas decisiones, como diría Larenz. 

    Por todo, la temática del poder judicial sigue siendo una materia pendiente, pero no de esta administración pública federal, sino desde hace bastante tiempo. 

    Por lo pronto, ojalá se tomen algunas acciones y se mantengan otras para que el poder judicial y la SCJN no sean tan ajenas al conocimiento ciudadano, ya que los tribunales son clave no solo para la democracia, sino para un correcto estado de derecho.

  • Universidades y las tesis de grado

    Universidades y las tesis de grado

    Mucho se ha dado de qué hablar sobre la ministra Yasmín Esquivel Mossa y su «presunto» plagio de trabajo de tesis, presentado en 1987. Y sí, es presunto porque no se debe olvidar un principio jurídico fundamental como la presunción de inocencia. 

    Aunque se puede hablar del asunto, solo la máxima casa de estudios, la UNAM, es la autoridad correspondiente para determinar si hubo o no un plagio.

    Y esto parece una obviedad, pero en ocasiones es necesario aclararlo, ya que el juicio social suele olvidarse de la generalidad de los derechos fundamentales. Además, conviene recordarlo porque una nota breve, que no pasa de 30 líneas, no debería tomarse como el hecho correcto, sobre todo por su falta de profundidad. 

    Por lo mismo, más allá de si existe o no un plagio (del cual ya se tiene un primer pronunciamiento de la UNAM) este asunto no se vuelve grave porque involucre a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino la aparente poca seriedad que se tiene en la evaluación de trabajos de tesis por todos los involucrados de las instituciones universitarias.

    En este caso particular, de lo que yo puedo hablar solo es de lo que he presenciado. Muchas veces a los sinodales se les entregan tesis cuyo examen es al día siguiente, por lo que se puede considerar como irreal leer un trabajo académico de un día para otro (si bien sí es posible hacerlo) menos convincente será poder leer varios.

    A esto hay que sumar la excesiva carga de revisión de tesis a los asesores, lo que provoca que al tesista le resulte una odisea reunirse con ellos y tener un seguimiento aceptable sobre lo que se está trabajando.

    De ahí que muchos trabajos de tesis, a pesar de no cumplir con los parámetros metodológicos, se aprueban. Pero el caso importante resultan ser los trabajos que resultan ser plagios, lo cual daña profundamente la confianza y prestigio de las universidades.

    Por tanto, en los últimos años las universidades han puesto en marcha programas y aplicaciones que detectan la similitud entre trabajos, pero estos esfuerzos no son suficientes cuando se lidia con la corrupción, el tráfico de influencias o el nepotismo.

    Para tales casos existe, como se sabrá, un trato especial. Además, muchas aplicaciones antiplagio solo pueden detectar similitudes en trabajos alojados en la red. Esto significa que nada impide plagiar un texto que no se encuentre digitalizado.

    Sin embargo, no todo acaba ahí. Últimamente, se ha demandado eliminar el trabajo de tesis como una vía de titulación (recuérdese lo expresado por el empresario Carlos Slim). Pero esto puede acrecentar los problemas de las profesiones en México. 

    Como ya se ha expresado, muchos trabajos de tesis son aprobados a pesar de no tener una calidad mínima aceptable. Además, a nivel profesional, el trabajo de tesis es la opción más antipolular; la gran mayoría obtiene su título universitario por vías alternas, las cuales no suelen representar una exigencia académica.

    En fin, mucho ayudaría una investigación que muestre la gran parte de los problemas que se presentan en las universidades cuando se presentan tesis de grado. Esto ayudaría a tener una mejor visión sobre las profesiones y otros temas que son más profundos, como la representación en la función pública.

  • Un poco de tolerancia

    Un poco de tolerancia

    Últimamente, se ha mostrado una tendencia de intolerancia en la vida política del país y ésta no se reduce a la recientes exigencias de expulsar del partido Morena a Ricardo Monreal, tras votar en contra del «Plan B» del presidente López Obrador en materia electoral.

    Si se recuerda, lo mismo ha pasado en otros partidos, como PRI o PAN, los cuales han calificado de traidores a sus diputados que han votado a favor de algún proyecto de la «4T».

    Todo eso es fruto de la intolerancia. Además, también es el origen de otro mal, pues se fomenta el pensamiento único ¿Quiere decir que si yo no pienso lo mismo que los demás, soy un traidor?

    Pues bien, según el marco político actual, parece que esto es así. Y no es algo que sea exclusivo de los políticos partidistas, sino también de los ciudadanos afines a ciertos movImientos o causas, a quienes se les tilda de traidores cuando van contra marea; que no están de acuerdo con ciertas propuestas.

    Si así son las cosas ¿Quiere decir que la intolerancia es dominante? Quizá sí, aunque las cosas no acaban ahí y no solo entre los calificados como «malos», sino también entre los «buenos».

    Pero eso no es todo, pues ser intolerante a las opiniones disidentes, también es renunciar, de cierta manera, a la autocrítica, la cual es indispensable en muchos sentidos.

    Si recuerdan, el presidente López Obrador ha mencionado varias veces cómo fueron algunos encuentros entre Juárez y su gabinete. Ciertamente, no fueron miel sobre hojuelas, pero eran tolerantes.

    Por lo mismo, ser tolerante significa, en gran medida, no solo ser autocrítico, sino también ser democrático ¿O qué pasará la próxima vez que algún diputado o senador vote en contra de un proyecto presentado por el partido donde milita o la coalición que lo propuso? ¿Se le llamará traidor? ¿Otra vez?

    Ahora bien, es indispensable no olvidar que, por supuesto, cuando alguien no está de acuerdo con lo que se propone, se deben presentar los argumentos racionales que fundamenten y justifiquen su decisión. No hacerlo así, es señal de mero capricho o seguir órdenes de un tercero.

    Por estas razones, Perelman, Aarnio y Alexy contemplaban que las mayorías no debían aplastar a las minorías solo por ser más, sino que lo decidido fuera de tal forma que no comprometieran a los menos.

    Sin embargo, tal situación, parece ser, que solo es una situación ideal. Difícilmente, puede lograrse cierta tolerancia que permita escuchar las razones del otro, las cuales bien pueden escapar a mi observación.

    Aunque no es imposible. Popper, por ejemplo, enfatiza enérgicamente en el pluralismo crítico. Por tanto, quizá sea momento de ser un poco más tolerantes.

  • “Golpe de estado en México”: Muñoz Ledo

    “Golpe de estado en México”: Muñoz Ledo

    No se pretende con esta opinión ilustrar a Porfirio Muñoz Ledo, pues es algo que seguramente ya sabrá (o eso espero) solo que quizá, por cuestiones políticas, se muestra como un desentendido del tema.

    Aclarado ese punto, resulta que este domingo 11 de diciembre, Muñoz Ledo afirmaba, por medio de su cuenta de twitter, que el llamado “Plan B” a la reforma electoral es un “golpe de estado contra nuestro régimen constitucional”.

    Sobran las palabras y argumentos para explicar por qué eso es una ficción no solo jurídica, sino también política.

    En primer lugar, porque resulta curioso cómo se confunde un concepto como “golpe de estado”, con el de “inconstitucionalidad”.

    En segundo lugar, y relativo a esto último, decía bien R. Dworkin: «vivimos en la era de los jueces». Pero ¿qué significa eso realmente y qué relación tiene al tema en cuestión?

    Pues bien, significa que más allá de lo que se vote en las cámaras, la decisión final la tienen los jueces. Son ellos los que deciden, desde el tribunal constitucional, qué es constitucional y qué no (recuérdese el debate reciente sobre la prisión preventiva oficiosa) y ahora también se pronuncian sobre la convencionalidad e inconvencionalidad.

    Por tanto, antes de discutir si los cambios a la materia electoral son esto o aquello, mientras sean constitucionales, no hay qué alegar. 

    De hecho, existe aquél principio hermenéutico que establece que «todo es constitucional, hasta que se demuestre lo contrario».

    Por tanto, si tanta molestia provoca el “Plan B”, lo más racional es esperar argumentos que destaquen el por qué no resulta ser una buena reforma. Y, jurídicamente, que se promueva una acción de inconstitucionalidad.

    Por el contrario, lo único que se alega es una frase sin argumentación alguna, la cual es más bien una falacia como #ElINENoSeToca, tal berrinche infantil. 

    Ahora, bien es cierto que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le falta mucho para ser un verdadero tribunal constitucional, cuando sigue atendiendo casos de legalidad. Pero eso es tema de otro debate.

    También es tema de otro debate (como ya ocurrió entre el mismo R. Dworkin y J. Habermas) qué tanto se pone en juego tras darle tanto poder a los tribunales constitucionales, sobre todo en cuanto a la democracia se refiere.

    Pero bien, resulta un craso error afirmar que la “iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de estado contra nuestro régimen constitucional”, cuando, in extremis, se podría hablar de inconstitucionalidad, la cual bien puede ser declarada por la SCJN tras atender una acción de inconstitucionalidad; por supuesto, en caso de serlo.

    En fin, en México no hay nada parecido a un “golpe de estado” orquestado desde la administración pública federal. Para que haya tal cosa, necesariamente lo produciría la actual oposición. Pero bueno, mientras alguien no tenga bien definido este concepto, se seguirá cometiendo el mismo error.

  • ¿Siempre gana el poder?

    ¿Siempre gana el poder?

    Como ya se sabrá, la semana pasada se aprobó, por el Congreso de Nuevo León, los cambios constitucionales para que la revocación de mandato sea posible durante la administración de Samuel García.

    Pero ¿Qué podemos esperar después de un proceso de revocación de mandato con un resultado vinculante? Teóricamente, se diría que es un logro ciudadano, pues el fundamento de una revocación de mandato es la pérdida de la confianza. Sin embargo, esto no parece ser así, ya que el punto crucial es lo que viene después. Algo de lo que se ha hablado poco o casi nada.

    De ser vinculante, no se puede hablar de un logro ciudadano, porque no son los ciudadanos quienes deciden quién sucederá a quien se debe de ir.

    De acuerdo con la Constitución de Nuevo León, al revocarse el mandato al gobernador, será el Congreso el que decida quién gobernará por los tres años restantes. Esto da lugar a pensar muchas cosas. Principalmente, que la aprobación a la revocación de mandato para la administración de Samuel García no es resultado de un esfuerzo en fortalecer la democracia, sino que tiene otra intención.

    No es secreto que, en las últimas semanas, han surgido diversas rencillas entre el Congreso de Nuevo León y Samuel García. Tal ha sido la situación que ya se ha hablado de un posible juicio político.

    Además, si se recuerda, esta misma legislatura fue la que votó para que la revocación de mandato fuera hasta 2025 (que, en realidad, sería posible hasta 2030) pero ahora revirtió las cosas.

    Por todo, validad de esta forma la revocación de mandato en Nuevo León es formar parte de un juego sucio orquestado por el Congreso, ya que, como ya se advirtió, será este el que decida quién sucederá a Samuel García, en caso de revocarle el mandato.

    Será la misma situación que ocurre actualmente con la elección del fiscal general en el estado, cuyo predilecto es Adrián de la Garza. De este modo ¿Quién será su favorito para gobernar por tres años? Al final, parece que el poder siempre gana.

  • Sobre la reforma electoral

    Sobre la reforma electoral

    Uno pensaría que en estos tiempos donde la tecnología reluce por doquier; donde se tiene acceso a la información por diversos medios, la desinformación sería un problema menor. Sin embargo, tal parece que no es así.

    Este pasado domingo se presentaron diversas manifestaciones en “defensa del INE”, pero que varios de los manifestantes desconocen el contenido de la propuesta de reforma electoral.

    Tanta ha sido la desinformación que varios incluso están de acuerdo con la reforma, sin saberlo. Se ha preguntado, por ejemplo, si están de acuerdo con que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por los ciudadanos y han respondido que sí, lo cual, dicho sea de paso, es cosa que se propone en la reforma.

    Pero bien, fue en el pasado mes de abril que se presentó este proyecto de reforma ante la Cámara de Diputados, pero ha sido en este mes en que se abrió el debate.

    Este punto es clave, ya que es con esto que se comprende que el escándalo ocasionado es un asunto fomentado por los partidos políticos, cuyos intereses se ven altamente afectados, mas no por los ciudadanos.

    De no ser así ¿qué ha impedido que el debate sobre la reforma electoral, en la agenda nacional, no se haya realizado desde abril? Pues bien, una vez ya politizado el tema, toca echar mano de lo que se dice. Entre lo más sonado se asegura que el INE desaparecerá, cuando solo se le agrega un sufijo, para quedar como: Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).

    Tal cambio obedece a que ya no solo se encargaría de organizar elecciones, sino también tendría a su cargo mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular o la revocación de mandato.

    Además, se podría decir que lejos de eliminar al INE, en realidad lo fortalece, pues tendría mayor oportunidad para fomentar la participación ciudadana. También, lo haría “más ciudadano”, pues sus consejeros, que pasan de 11 a 7, serían elegidos por voto popular; y ya no por los partidos.

    Otros cambios que presenta la reforma electoral es la propuesta de disminuir representantes en ambas cámaras: de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96.

    Por una parte, este cambio parece afectar a aquellos partidos pequeños, pues no podrían competir para ganarse en un lugar en el Congreso de la Unión.

    Sin embargo, la crisis de representatividad y cómo los partidos juegan con ella no es algo de hoy. En Nuevo León, por ejemplo, tanto diputados como alcaldes en funciones, decidieron migrar al partido oficial. A nivel nacional, el caso más ilustrado es el cambio de bando de Lili Tellez, quien pasó de Morena al PAN.

    Ambos casos son un ejemplo de cómo algunos políticos no les interesa mucho sus votantes (a quiénes representan) como para ahora hacer apología a la democracia representativa.

    Basta con señalar que estas decisiones no dejaron muy contentos a los electores que votaron por ellos ni a los partidos políticos que los promovieron.

    Pero, por otra parte, los tiempos del estado constitucional permiten que los partidos políticos no tengan una única ideología, sino varias que encuentren puntos de acuerdo, y con ello se tiene la oportunidad a una mejor representatividad.

    No se necesitan más partidos para que todos se sientan representados. Sin embargo, en eso han fallado los partidos políticos en México. Nuestra sociedad es pluricultural por lo que debería promover la tolerancia, mas no la exclusión.

    Por último, hay otros puntos que trata la reforma, como: (1) el voto electrónico; (2) disminución del umbral de la consulta popular del 40% al 33%; (3) reducción de tiempos de propaganda política en radio y televisión; y (4) el financiamiento público a los partidos solo sería sus campañas electorales.

    Quizá sea este último punto el que haya detonado la mayor preocupación. A final de cuentas, hay demasiado dinero en juego, como para no movilizarse y hacer un escándalo a gran escala.

  • Samuel se queda sin SAT

    Samuel se queda sin SAT

    Mientras Samuel García se encuentra en Egipto, esta semana se aprobó, por el Congreso de Nuevo León, una reforma a la Ley de Hacienda.

    Estos cambios contemplan que el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) deberá ser ratificado por el Congreso. Por tanto, deja de ser facultad exclusiva del gobernador el nombramiento del titular del SAT estatal, y ahora deberá pasar por un filtro.

    Ahora bien, según se dice, estos cambios se realizaron debido a que se ha denunciado que, desde que García Sepúlveda tomó posición, el SAT se ha utilizado para extorsionar tanto a funcionarios públicos como a particulares.

    Aunado a lo anterior, recientemente también se ha acusado al gobierno del estado de retener recursos de algunos ayuntamientos; denunciado, por cierto, por los mismos alcaldes.

    Por tanto, de ser esto cierto, la situación se vuelve algo preocupante. Y, por la misma razón, hace recordar el por qué el poder ejecutivo debe tener un adelgazamiento en sus facultades.

    Desde hace tiempo, como se sabrá, se han presentado diversas reformas para el adelgazamiento de las funciones del poder ejecutivo; aunque esto solo a nivel federal.

    A nivel local, estos cambios han sido mínimos. Fue esa una de las razones por la cual el PRI ganó la presidencia en 2012: gracias a sus gobernadores.

    Otro ejemplo de esto es la independencia de la Fiscalía General (FGR) la cual dejó de pertenecer al ejecutivo federal y con la cual se denunciaba constantemente que se utilizaba para perseguir opositores. Estos cambios también se efectuaron a nivel estatal.

    Por tanto, más que un “madruguete”, estos cambios responden a la tónica que se han presentado en los últimos años en tanto adelgazar al poder ejecutivo.

    Entonces, más que “un nuevo golpe” (como manejan algunos medios) desde el Congreso se considera que Samuel García ha ido más allá de sus funciones; lo que, en su tiempo, Carpizo llamó las facultades “metaconstitucionales”.

    Aunque, ciertamente, también es posible otra lectura a todo esto. Y es que en los últimos meses se han presentado diversos conflictos entre el ejecutivo y el Congreso del estado.

    Entre los últimos, se encuentra el problema sobre la designación del nuevo fiscal general del estado.

    Por tanto, no extrañaría que todo esto sea producto de ese conflicto. Por lo pronto, el SAT estatal deja de ser de Samuel García.

  • No al «estado de chueco»: expresidentes deben ser juzgados

    No al «estado de chueco»: expresidentes deben ser juzgados

    Una de las grandes esperanzas de muchos mexicanos al votar por Andrés Manuel López Obrador fue que, por fin, se podría hacer justicia, por los daños sufridos a la nación y a muchas personas por varios expresidentes.

    Sin embargo, jurídicamente, y desde ese entonces, ya no era algo que dependiera del ejecutivo, sino del fiscal general.

    No obstante, si bien ya no depende del ejecutivo federal, su voluntad se vuelve una razón de peso para crear una oportunidad. Pero, tampoco había en ese entonces ni la hay ahora. 

    Incluso, si se recuerda, se realizó una consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la cual, por cierto, no tenía como propósito que el ejecutivo federal realizara esta acción, sino que cambiara su postura al respecto.

    Esto último porque en múltiples ocasiones el ejecutivo federal ha mencionado que “no es su fuerte la venganza”. Aunque quizá lo dice de esta manera, porque así puede entenderse desde la oposición, quienes no han dudado en jugar esa carta y denunciar «persecución política», como si del ejecutivo federal dependiera la procuración de justicia.

    Pero es esto mismo lo que hace que la voluntad del ejecutivo federal sea una razón de peso que ayude a hacer posible un juicio a expresidentes.

    Por lo mismo, esto no significa que desde un principio los votantes se hayan confundido. Si bien el ejecutivo federal carece de facultades para investigar y juzgar a expresidentes, que tenga voluntad para hacerlo es un elemento indispensable para que se logre dicho objetivo.

    Además, no se trata de un asunto de venganza. Hacer justicia, como principio moral, no se relaciona con cuestiones que no sean virtuosas.

    Por lo mismo, decir que “el pueblo ya los juzgó”, como ya sentenció el ejecutivo federal, no es hacer justicia propiamente.

    Una justicia así no requiere de nadie en particular ni de su voluntad; solo sería un cúmulo de impresiones sin certeza alguna. Por tanto, se ocupa más que un «ya están manchados».

    Por todo, violar la ley, como lo han hecho varios expresidentes, merece tener consecuencias y sanciones jurídicas. Si no las hay, ¿dónde queda el estado de derecho? Peor aún, se haría apología a ese «estado de chueco» al que tanto le desagrada al ejecutivo federal (y a cualquiera con un sentido racional de lo que es hacer justicia).

  • ¿Tesla en Nuevo León?

    ¿Tesla en Nuevo León?

    En los últimos días, se reportó en medios la presencia de Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Aparentemente, en la zona de la Huasteca; lugar estratégico para dar forma a sus posibles proyectos.

    Según se dice, hay planes para realizar una inversión millonaria en la entidad, lo cual convertiría a Nuevo León en una sede nueva de sus armadoras. Además, se proyecta haya un buen beneficio al aprovechar la frontera con Texas, lugar donde está su matriz.

    Ahora bien, así dicho, parece ser que no hay ningún problema, pues en lo primero que se piensa cuando se alude inversión extranjera es en generación nuevos empleos. Sin embargo, de confirmarse lo que se dice en medios, que Tesla llegue a Nuevo León, en realidad, no representa un beneficio como tal.

    En primer lugar, habría que poner un «pero» sobre el lugar, ya que la Huasteca fue declarada por la Unesco, en 2006, como una zona de reserva de biosfera. Aunque bien, esto nunca ha sido respetado del todo, por lo que bien podrían aprobarse los permisos necesarios para «dar luz verde» al proyecto de Musk.

    En segundo lugar, en los intentos de Tesla por entrar en territorio europeo, se ha topado con diversos obstáculos, principalmente por el recurso del agua. Pero esto, al parecer, tampoco parece ser una preocupación para aquellos que aplauden o se alegran por la noticia.

    Esto resulta significativo y llama mucho la atención, ya que, para la producción de un vehículo, se necesitan entre 1300 y 4300 litros de agua, dependiendo del modelo y proceso de fabricación. Entonces, de llegar Tesla a Nuevo León, esto significaría sumar una nueva empresa a aquellas 15 que gastan 43 veces más agua que toda la población de la entidad.

    Esto lleva a un tercer punto, pues hace poco más de un mes, se declaró, vía decreto, el «fin de la crisis» de agua en Nuevo León, algo inaudito, ya que se generó mucha sospecha sobre este asunto. Algunos aseguraban que no había tal crisis, sino que era una estrategia para obtener recursos de la federación, por lo que, una vez obtenido el cheque, todo volvió a la normalidad. Otros decían que era fruto de una mala gestión en la administración del vital líquido por parte de Agua y Drenaje de Monterrey; entre otras hipótesis.

    Por tanto, ¿Resulta prudente que Nuevo León arriesgue su agua por atraer inversión extranjera? Pues bien, el tiempo dirá si realmente fue una nueva idea. Mientras, los spots del estado, vía Agua y Drenaje de Monterrey, siguen bombardeando: las calles, con espectaculares de bañarse en tres minutos; la radio y la televisión, con advertencias por no cuidar el agua debidamente; y redes sociales, con información diaria de los niveles de agua en la entidad.

    Con otras palabras, el estado de Nuevo León le carga la responsabilidad del cuidado del agua a los ciudadanos, como si las empresas, con distintos giros, no representaran un problema. Acá el mensaje parece ser: «se puede explotar los recursos naturales, siempre y cuando se pague por ello».

    Por lo mismo, el punto aquí lleva a plantearse qué tanto se está dispuesto a dar a cambio para que Tesla llegue a Nuevo León. Cierto sector, por lo común, piensa que este tipo de asuntos representan un progreso para la sociedad, aunque quizá el progreso real sería reconocer lo invaluable que son los recursos naturales. De otra forma, no se ha aprendido nada.

  • «Lógica naranja»

    «Lógica naranja»

    Estos últimos días, especialmente, se han dado varios hechos curiosos, en Nuevo León, que casi obliga a cuestionar si las leyes de la lógica formal no operan en los discursos y declaraciones de Samuel García y Colosio Riojas. 

    Y si no lo hacen ¿ante qué tipo de lógica nos encontramos? De existir, quizá el nombre más apropiado sea «lógica naranja», tanto porque es un desafío a nuestra forma de pensamiento, y porque es el color del partido de ambos políticos.

    Pero antes de entrar al quid, en esta ocasión, solo mencionaré los acontecimientos más recientes, ya que comentar todos los casos en donde aplica la «lógica naranja» sería algo muy extenso. Por tanto, serán dos casos muy concretos.

    Así dispuesto, vayamos primero con el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien declaró en agosto: “no busco la presidencia de México, le tengo mucho respeto”. 

    Sin embargo, esta semana se reveló que el municipio de Monterrey pagó 3.5 millones de pesos a Poligrama, una casa encuestadora, la cual ubicó al presidente municipal como el aspirante a la presidencia con los mejores números en rubros como: mayor capacidad, mayor honestidad, mejores propuestas y mejor candidato.

    Ahora bien, de acuerdo con el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, es decir, no tiene sentido decir, por una parte, que no se busca la presidencia, pero, por otra, pagar a casas encuestadoras para encabezar las preferencias. No obstante, gracias a la «lógica naranja», no hay contradicción alguna.

    Vayamos ahora con Samuel García. En esta ocasión, declaró: “nuestra Fuerza Civil es por mucho la mejor policía de México”. Esta declaración fue una respuesta a los dichos del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al criticar la inseguridad en Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León.

    De esta última entidad, indicó, además, que los problemas se deben a que los elementos policiacos en lugar de atender la seguridad pública, se les encomienda hacer guardias a tiendas de conveniencia.

    Ahora bien, de acuerdo al principio de razón suficiente, para que Samuel García asegure que la Fuerza Civil es la mejor policía del país, necesariamente debe presentar indicadores que respalden la afirmación. 

    No obstante, parece ser que la realidad lo golpea otra vez, ya que, acorde al “Semáforo Delictivo” que cada mes publica la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en 8 de los 10 rubros, los índices delictivos se consideran rojos.

    Esto significa que delitos como robo a casa, robo a persona, robo de auto, cristalazo, violencia familiar, lesiones, violaciones y homicidio, cuentan con un aumento respecto al promedio histórico. Por tanto, los índices de seguridad en Nuevo León, son preocupantes.

    Sin embargo, la «lógica naranja» permite ubicarnos en esa realidad en la que constantemente se la vive Samuel García; donde todo es color de rosa; las cosas van mejor que nunca; y las criticas son solo envidias, de ahí que dijera que a México le hace falta un “presidente norteño”.

    Por todo, la «lógica naranja» hace posible desafiar nuestra forma de entendimiento acerca del mundo y logra retorcer la realidad de tal forma que lo imposible es un juego de niños.