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Etiqueta: Carlos M. López

  • “Nueva” constitución de Nuevo León: Necesita ya una reforma

    “Nueva” constitución de Nuevo León: Necesita ya una reforma

    Una de las cosas que se producen tras proyectos legislativos que son excluyentes para debates, como la “nueva” constitución de Nuevo León, es pretender colar algunas cuestiones que no suenan tan bien para los ciudadanos.

    A su vez, provoca que el trabajo legislativo sea repetitivo, por lo que se necesitan ya de nuevas reformas para que el texto cuadre como debió desde un inicio.

    Si se quiere hacer una analogía adecuada, se podría poner de ejemplo lo que ocurre con la pavimentación de las calles, las cuales al quedar listas, al día siguiente se abren por fallas o problemas con las tuberías de agua y luego se cierran, para abrirlas de nuevo, pero ahora por problemas con el gas, y así sigue la suerte.

    Por tanto, ahora que está publicada la “nueva” constitución de Nuevo León, esta ya necesita de una reforma, pues algunos numerales no cuadran. Sumado a que habría que reformular ciertos contenidos importantes.

    Pero bien, al caso que aquí ocupa, cabe aclarar, igualmente, que con esta, ya serán tres veces que se comete un error respecto a la indicación de una disposición en materia de participación ciudadana, específicamente, con la revocación de mandato.

    Pues bien, resulta que el artículo 60, fracción VI, de la “nueva” constitución, menciona que una vez que proceda la revocación de mandato, será el Congreso del estado el que decida quién concluirá el periodo constitucional, acorde a lo dispuesto por el artículo 91.

    Anteriormente, se indicaba que sería conforme al artículo 90, como lo señala la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, en su artículo 70.

    Sin embargo, el artículo 90, de la pasada Constitución, contemplaba el proceso para designar un nuevo titular del ejecutivo, pero en los primeros tres años de mandato constitucional.

    Algo que, por supuesto, no era posible, ya que la revocación de mandato, en caso de efectuarse, provocaría la falta del ejecutivo por los últimos tres años.

    Después, con la reforma constitucional de diciembre del año pasado, se corrigió dicho error y se refirió el artículo constitucional pertinente, el cual era el artículo 91.

    Sin embargo, ante el proceso de aprobación de la “nueva” constitución, se realizaron ciertos cambios en los numerales, de tal forma que el artículo 91 ya no es lo que era ni de cerca en nada sobre el rubro de la participación ciudadana.

    Ahora, con el texto vigente, dicho artículo forma parte del Capítulo IV, Del Poder Legislativo, Sección II, De la Iniciativa y Formación de Leyes, lo cual, como ya se dijo, nada tiene que ver con la revocación de mandato.

    Para tal efecto, parece que la disposición adecuada es el artículo 123, párrafo tercero. Y, ante esto, entonces se necesita de una reforma constitucional que repare dicho error.

    Asimismo, se ocupa de una reforma a la Ley de Participación Ciudadana.

    Además, y lo que sería más importante, es menester modificar el contenido de ese artículo 70, pues se faculta al Congreso del Estado a decidir quién será el nuevo ejecutivo, cuando lo que debería hacer es convocar a elecciones.

    De otra forma, los ciudadanos tienen el derecho de revocar el mandato a su gobernador, pero no tienen derecho alguno de decidir sobre quién debe ahora gobernar mediante un nuevo ejercicio de elecciones.

    Por todo, la “nueva” constitución de Nuevo León, necesita ya de una reforma.

  • Nuevo León y el multiverso

    Nuevo León y el multiverso

    Esta semana se cumple un año de la llegada de Samuel García al poder y para bien, poco ha cambiado. Sin embargo, ante la mirada del político, ya se resolvieron todas las crisis de la pasada administración como: inseguridad, transporte, agua, etc.

    Aunque parece que esos datos son sacados de la eterna burbuja en la que vive Samuel García, ya que todos esos rubros han empeorado. Son fruto del multiverso que se ha creado en su mente siniestra, donde todo marcha bien y su popularidad está a tope.

    Pero la realidad dista mucho de ser así, ya que se niega a reconocer el ridículo que ha realizado en este primer año en funciones. Prefiere autoengañarse y crear un multiverso en donde la gente lo alaba y está más al pendiente del sexo de su primogénito, que lo que acaece en el estado.

    Por ejemplo, en tanto a la seguridad, en las últimas semanas, se han reportado diversos enfrentamientos entre crimen organizado y fuerza civil. Ante esto, Samuel García indicaba, con plena naturalidad, que es obvio esperar cosas así, y que, por supuesto, se presentarán más enfrentamientos, pues las acciones que está tomando el gobierno consisten en armar a los cuerpos policiales.

    Esto quiere decir que, en su mundo, el trabajo de inteligencia no es prioridad, y si acaso quizá exista. Importa más generar más violencia, como se ha presentado igualmente en la estadística de feminicidios en el estado. Pero, según Samuel García, ambas crisis ya están resueltas.

    Así como lo decretó con la crisis hídrica. Se insistió por meses que Nuevo León enfrentaba una sequía sin igual, nunca antes vista. Se presentaron datos, comparaciones con otros países; se creó un escenario apocalíptico, digno de un multiverso. 

    Y, sin embargo, escasas semanas esta crisis pareció que nunca existió y que bastaba con decretar su final para resolverla, tal cierre de telón de una muy mala obra de teatro.

    Por último, en tanto al transporte, se anunció la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro de la ciudad, lo cual es una muy buena noticia. No obstante, antes de pensar en ampliaciones, no vendría nada mal que las líneas actuales funcionen como deberían.

    Al igual que los otros rubros, semanas pasadas se han reportado múltiples fallas con el metro de la ciudad, lo cual ha generado filas enormes. Incluso, este pasado lunes 3 de octubre, los nuevos vagones de la Línea 1, presentaron fallas en sus puertas, pues estas no cerraban.

    A esto habría que sumar el retraso de las unidades chinas arrendadas, de las cuales, el pasado 13 de septiembre, se indicaba que aún faltaban por llegar el 91% de las unidades en este año; y para finales del mismo mes, ahora se decía que será hasta mayo de 2023 la fecha en que llegará la totalidad de las unidades al estado.

    Como se podrá advertir, estas son tan solo algunas crisis que, según Samuel García, ya están resueltas, pero que quizá sea así en su multiverso, porque contrastado con la realidad, no cuadra en absoluto. 

    Visto así, Samuel García se sigue autoengañando; vive en esa realidad donde las familias tienen ingresos de 50 mil pesitos y son felices. 

  • Y de repente, se terminó la crisis hídrica en Nuevo León

    Y de repente, se terminó la crisis hídrica en Nuevo León

    Hace dos meses, el domingo 24 de julio de 2022, Samuel García daba un mensaje con tintes apocalípticos sobre la crisis hídrica que atravesaba Nuevo León. Ahora, por increíble que parezca, el pasado domingo 25 de agosto de 2022, se decretó el fin de dicha crisis.

    Pero ¿cómo ocurrió esto?

    Desde gobierno, constantemente se decía que vivíamos una sequía severa: “nunca antes vista”. Que todo era culpa de “El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador del estado.

    También, se decía que no había tal cosa de «saqueo» o que se le haya dado el vital líquido a empresas, aunque luego se reportó que había desvío de ríos y tomas clandestinas de ductos de Agua y Drenaje. Igualmente, se informó sobre las concesiones que se dieron a empresas, y se reveló que 15 de ellas gastan 43 veces más agua que toda la población de la entidad.

    De aquél mensaje de julio, asimismo, se dijo que era un problema mundial; que era preciso aceptar que no habría agua para todos; que se estaban presentando sequías en muchas partes del mundo; que el panorama era desalentador; que el “día cero” había llegado.

    Expertos, salían en radio, televisión, prensa o redes sociales y aseguraban que harían falta uno, dos o varios grandes ciclones para acabar con la crisis. Mismo dicho, era sentenciado por el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

    Pero ese ciclón nunca llegó, y sin embargo la crisis terminó. Tampoco se ha informado qué pasó o en qué instancia jurídica están aquellos que «aguachicolearon», pues de nada sirven los esfuerzos si no se detiene el robo de agua.

    Tal parece que todo cambió de la noche a la mañana, ya que tan solo bastó la presencia de precipitaciones generalizadas durante una tarde/noche de un domingo. Fuera de eso, ninguna otra cosa fuera de lo común acaeció.

    Con esas lluvias, las presas aumentaron sus niveles: “Cerro Prieto” 8%, “La Boca” 61% y “El Cuchillo” 51%.

    Pero esos números son similares a los del año pasado. No parecen suficientes para acabar con la tremenda crisis que se vendió desde el gobierno de Nuevo León.

    Entonces, ¿cuál es el truco?

    Algunos aseguran que todo fue un plan orquestado para “bajar” recursos millonarios de la federación: unos cinco mil millones de pesos, los cuales estaban destinados para garantizar el agua en la zona metropolitana de Monterrey durante lo próximos diez años, con obras como “El Cuchillo II” y la presa “Libertad”.

    Sin embargo, existe la sospecha que esos recursos no sean destinados del todo a estos rubros. Mismo que ocurre con la exigencia del replaqueo, la verificación vehicular obligatoria, lo cual se jura y perjura no tienen fines recaudatorios.

    Pero mientras son peras o son manzanas, el jet que se compró para “bombardear nubes”, con valor de 70 millones de pesos, por ejemplo  ahora es utilizado como aeronave particular de Samuel García para hacer viajes a Estados Unidos, principalmente.

    Se teme, por tanto, que nunca hubo tal crisis, al menos de forma natural, sino que fue provocada; producto de una estrategia de una mente siniestra, la cual fue capaz de perjudicar a miles de familias neolonesas.

    Con todo, aún no queda del todo claro cómo es  que se acabó la crisis. No obstante, el “no es sequía, es saqueo”, parece más firme que nunca.

  • ¿En qué no mintió Samuel García?

    ¿En qué no mintió Samuel García?

    A casi un año de la llegada al poder de Samuel García, nuevamente, el estado de Nuevo León sufre del gatopardismo, pero a peor.

    Durante campaña, hubo un bombardeo de demagogia. Por toda la ciudad, se veían espectaculares de su imagen y con la muletilla “el único que…”. Pero todo eso ha quedado ahí.

    Resulta que los temas más importantes han ido a peor: seguridad, transporte, servicio de agua, entre otros temas, como la corrupción, solo relucen datos negativos.

    Sobre la seguridad, las últimas semanas en el estado han sido terribles para algunos neoloneses. Simplemente, este pasado lunes se registró un conflicto entre la policía estatal y un grupo delicuencial, en el municipio de Anaya. 

    A esto habría que sumar cómo el estado se ha posicionado en los primeros lugares en violencia contra la mujer y feminicidios. 

    Del transporte, por otra parte, los problemas no paran tampoco. Se aseguró, por ejemplo, que no habría aumentos al servicio de metro, pero a los meses se le dio luz verde. Según se afirmó, para mejorar el servicio. 

    A la fecha, no se nota ningún cambio. Máquinas dispensoras de boletaje fuera de servicio; que no dan cambio que deberían, entre otros detalles. Asimismo, de las instalaciones en general, no se nota mejora alguna. Al contrario, varias estaciones tienen mantas con leyendas de estar en mantenimiento.

    Ahora, sobre el transporte urbano, siguen habiendo unidades que no cumplen con las exigencias para brindar servicio. Tampoco han llegado las unidades de transporte que de prometieron, provenientes de China, las cuales, por cierto, se prometió que serían unidades eléctricas, y resulta que no lo son.

    Sobre el agua, el mismo Samuel García llegó a reconocer que no sabía cómo estaba la situación. Sin embargo, eso no le impidió decir en campaña que sería el ”único” en defenderla.

    Hay colonias que aún tienen problemas con el servicio del vital líquido, a pesar de la captación de agua de las últimas lluvias en semanas pasadas.

    Para ese punto, se alegó que no podían activar el servicio porque debía pasar por varios procesos, como si la gente no supiera que el agua saliera turbia o que no la pudiera utilizarla para otras actividades.

    Otra cosa importante sobre este punto son las tarifas del servicio. Agua y Drenaje de Monterrey sigue sin dar respuestas satisfactorias a las facturas de montos irreales que cobran por aire.

    Por último, sobre la corrupción, se ha revelado que el estado de Nuevo León ha realizado varios contratos millonarios con empresas fantasmas. Esto provoca que el “Nuevo León incorruptible”, exista la corrupción.

    Y no solo son casos con empresas fantasmas, sino que también de influyentismo, donde se contratan servicios de personas cercanas a gobierno o que forman parte de él.

    Peor aún, algunos funcionarios han sido premiados por hacer su trabajo, lo cual también es un acto de corrupción. Autoreconocerse no tiene ningún mérito.

    En fin, la lista parece ser algo larga. Por tanto ¿en qué no mintió Samuel García antes de llegar al poder?

    Con los datos aquí descritos, en cuatro rubros,  ha fallado rotundamente. Sin embargo, sí ha cumplido en algo. 

    Esto es: seguir utilizando redes sociales como red de información oficial, lo cual ya se ha detallado cómo esto es un asunto solo para ganar seguidores. 

    Pues bien, todo esto es seguir con la idea del «metaverso», donde todo es color de rosa.

  • SCJN: se muerde la lengua

    SCJN: se muerde la lengua

    Tan solo esta semana pasada se daba a conocer que, en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había pagado más de un millón de pesos por un curso con una insólita duración de un día.

    Ante esto, la cuenta de twitter de la SCJN indicaba que esos datos no correspondían a la actual administración e indicaba que desde 2019 hay un «nuevo Poder Judicial Federal (PJF)»; y, desde ese entonces, «hace más, con menos».

    Sin embargo, se le olvidó mencionar qué acciones tomaría para atender dicho caso o si por lo menos se tomarían las molestias para investigar qué ocurrió en este asunto y aclarar la situación, si es que realmente el «nuevo PJF» está comprometido de tal forma que le interese combatir la corrupción.

    Esto llama más la atención, porque técnicamente la SCJN, con esa respuesta, está aceptando un acto de corrupción, y que no hará nada al respecto. Además, para colmo, aun así, aseguran que son un «nuevo PJF». Eso equivale a morderse la lengua, pues no explica ni justifica cómo está combatiendo la corrupción en sus filas ante este tipo de evidencias. 

    No hay que olvidar que, en 2017, Luis María Aguilar era el presidente de la SCJN en ese entonces y actualmente sigue siendo ministro del máximo tribunal del país. Asimismo, durante su administración, también hubo otros grandes problemas, como la venta de exámenes, en 2018, para ingresar al poder judicial y ocupar el cargo de juez de distrito.

    Una actividad que no fue exclusiva de ese año, sino que ya desde antes se sabía que los exámenes para ingresar al poder judicial federal suelen venderse. Incluso, recientemente, en el mes de abril, nuevamente se dio a conocer que un evaluador realizaba estas ventas.

    Además, después de revelarse el gasto excesivo por un curso de un día, surgieron otros datos que reflejan la misma situación. Pues, la misma SCJN pagó un total que sobrepasa los ocho millones de pesos por tres cursos de inglés, entre 2017 y 2018, a la misma empresa.

    Por tanto, esto provoca la sospecha de que la adquisición de productos y servicios de la SCJN esconde quizá aún más datos relevantes por los que se revela un despilfarro de los recursos públicos, de los cuales solo se guarda silencio. 

    Asimismo, tras encontrar evidencia de venta de exámenes para ingresar al poder judicial, esto quiere decir que varios integrantes que conforman al poder judicial han llegado a formar parte de las filas de tribunales federales no por cuestión de méritos, sino por actos de corrupción, los cuales han quedado impunes; peor aún, no hay que olvidar que ser juez es un cargo que se relaciona con la impartición de justicia. 

    De ahí que al mismo ministro Luis María Aguilar se le criticara y se ostentara como un defensor de derechos humanos con su proyecto para inaplicar la prisión preventiva oficiosa que contempla la constitución federal; mismo proyecto que, al final, retiró.

    Por otra parte, a todos estos problemas, habría que sumar lo oneroso que resultan ser los suelos de los ministros, los cuales son una carga pesada al erario, pues, desde que se reveló este tema para la opinión pública, se supo que los jueces de la SCJN en nuestro país son los mejores pagados del mundo, lo cual causó una gran indignación para los ciudadanos.

    Por cierto, el salario de los ministros nunca ha sido una información que haya estado oculta, sino que simplemente no estaba en el radar ciudadano. Y, tras conocerlos, solo así fue posible empezar a prestar un poco de atención sobre lo que sucede en el poder judicial.

    Por todo, si realmente existe un «nuevo PJF», de él se espera que actúe conforme a ciertos principios; entre ellos, que el combate a la corrupción sea algo prioritario de lo cual no hay callarse ni dejarlo pasar. Resulta irónico que el máximo tribunal del país avale la impunidad.

    De otra forma, destacar y aceptar que sí, antes de 2019, había corrupción y no hacer nada al respecto, solo es morderse la lengua; quedarse de brazos cruzados.

    Pues lo dicho, todas estas irregularidades fueron durante la administración del ex ministro presidente de la SCJN: Luis María Aguilar, quien sigue en funciones como si nada hubiera pasado; y todo, a pesar de haberse aceptado un acto de corrupción.

  • Derecho a la información en Nuevo León: Un asunto de ego

    Derecho a la información en Nuevo León: Un asunto de ego

    Actualmente, las redes sociales tienen un papel preponderante en cuanto a la información. Sin embargo, en Nuevo León esto ha pasado ciertos límites, pues el actual gobernador emite sus comunicados vía redes personales, los cuales se traducen en un simple texto o un vídeo corto; y solo después pasan a instancias oficiales, aunque solo a veces.

    Esta forma especial de informar, a los ciudadanos de Nuevo León, ocasiona ciertos problemas, y que, en última instancia, solo está enfocado a alimentar el ego del gobernador, pues si uno desea estar informado de las cuestiones del estado, debe forzosamente convertirse en seguidor del mandatario estatal.

    Entonces, y técnicamente, informar a los ciudadanos se convierte en un asunto de sumar seguidores; de aumentar la popularidad; o bien, de posicionarse como tópico en redes sociales. En otras palabras, de ego; al igual que lo es no escatimar en gastos de anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (diferentes plataformas).

    Así, por ejemplo, este pasado domingo, tras las fuertes lluvias registradas en la entidad, Samuel García informaba vía «estado» de una red social, con un texto simple, que se suspenderían las clases a nivel básico para el turno matutino. 

    Al tanto, medios de comunicación daban a conocer la información. Pero, de no haber sido esto, quienes no son seguidores de él, fácilmente pudieron no enterarse de dicha información; pero aún, fiarse de tal, pues se trataba de un texto simple.

    Otro ejemplo es el conflicto que tuvo Samuel García con el fiscal general del estado, Gustavo Guerrero, quien se enteraba de algunas exigencias del gobernador subidas de tono, las cuales realizó vía redes sociales y no por un documento oficial, sellado y firmado dirigido a la fiscalía; es decir, el fiscal habría sido el último en enterarse.

    Ante esto, el fiscal general también emitió su comunicado vía redes, con ceño fruncido, e hizo hincapié en cómo el gobernador se aprovecha de las víctimas para sacar partido; asimismo, de cómo no hace uso de los medios oficiales para dar a conocer información importante, pues consideraba que había sido expuesto.

    Además, esto no es una cuestión que solo practique el gobernador, sino que también su esposa lo hace, como cuando daba respuesta a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, dirigida al DIF del estado. Palabras más, palabras menos, decía que no le importaba en absoluto la recomendación emitida; ella seguiría haciendo la misma actividad sin importar lo que se dijese.

    Por ende, hay elementos suficientes para considerar que esta no ha sido la primera vez ni parece que sea la última, pues esto ya se ha convertido en la vía oficial en que se informa a los ciudadanos, aunque esto represente una violación al derecho a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Esto por distintas razones.

    Primero, porque el derecho es a ser informado, independientemente si se es seguidor o no del gobernador. Esto ocasiona que cierta información no se conozca ni sea accesible directamente.

    Segundo, optar por esta vía como medio informativo, ocasiona que solo las personas con acceso a internet y con cuentas en redes sociales específicas, puedan tener acceso a la información.

    Tercero, se están destinando recursos a mecanismos de los cuales no se hace uso o que su función duplica un acto que ya se hace, pues si el medio oficial ahora es informar vía redes sociales personales del gobernador, las otras instancias disponibles sobran.

    Cuarto, es un medio completamente informal. Por tanto, así como se puede decir una cosa, se puede decir otra. Al no haber constancia que certifique la información, como un folio, un sello, firma o algún otro elemento formal, lo que se afirma, bien puede ser de otra manera o lo que se dice o se presenta.

    Quinto, es un asunto de ego. Informar a los ciudadanos vía redes sociales personales, se convierte en una estrategia para sumar seguidores, cuya finalidad es, básicamente, crear una falsa noción de popularidad.

    En fin, habrá algunas otras tantas cuestiones. Además, las cosas serían muy distintas si fueran al revés, es decir, que la información se mueva por medios oficiales y solo después se comenten vía redes sociales personales del gobernador. Sin embargo, quizá sea mucho pedir a alguien cuya carrera la ha formado no como político, sino como «influencer», por lo que, a fin de cuentas, no es extraño que interese su popularidad; su ego.

  • Acoso judicial del INE y SRETEPJF

    Acoso judicial del INE y SRETEPJF

    México es uno de esos países en donde la libertad de expresión no se comprende en su justa dimensión. Quizás se deba a que solo recientemente se ha podido medianamente hacer válido este derecho, y, por lo mismo, no se sabe muy bien dónde inicia y dónde acaba.

    Más aún, suele reconocerse únicamente a medios o a personajes de noticiarios. Así, si uno de ellos sale del aire de su espacio «informativo», se dice que hay un atentado contra la libertad de expresión. Pero, si bien se puede considerar válido tal señalamiento, no menos preciso es indicar que no son ellos los dueños de este derecho ni tienen un uso exclusivo de él; en realidad, este derecho se debe garantizar a todos los ciudadanos.

    Por lo mismo, ¿qué pasa si alguna autoridad pretende censurar a algún ciudadano en particular? Por de pronto, parece que no se tendría la misma respuesta, pues ¿sería también un atentado a la libertad de expresión? ¿Quiénes son los que se deberían de preocupar por tal cuestión? ¿Quién marca los límites?

    Pues bueno, esto parece ser el caso reciente del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRETEPJF). Ya que, en las últimas semanas, se ha reportado vía redes sociales que el instituto electoral ha estado enviando mensajes directos a usuarios con capturas de listados en donde aparecen sus nombres y cuentas de redes; un actuar que está, por supuesto, fuera de la ley —al no respetar el debido proceso— y cuyo propósito, al parecer, solo es amedrentar a ciertos usuarios.

    Por parte de la SRETEPJF, la historia es similar, ya que circula una sentencia con un proceso sancionador, con un número de expediente SRE-PSC-154/2022. Además, ya tenía un antecedente bajo el expediente SRE-PSC-141/2022 en contra de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, sentencia que, por cierto, fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al considerarse que no existía ningún tipo de agresión que indicaba la Sala Regional.

    Ante estos acontecimientos, la cuenta de twitter de la International Human Rights Foundation (Fundación Internacional de Derechos Humanos) indicaba que “la ciudadanía de México merece una autoridad electoral decente; que no mienta, que no censure, que no sancione sin debido proceso, que sea independiente e imparcial y que respete el carácter democrático del Estado. ¡Su dimisión o cese y la Reforma Electoral son inaplazables!”.

    Asimismo, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció al respecto, mediante el oficio DGDDH/061/2022, en el que indica que “este organismo tuvo conocimiento de las sanciones y multas que el INE ha impuesto a diversos periodistas y usuarios de redes sociales por el solo hecho de expresar su punto de vista sobre el acontecer político del país, a través de diversas plataformas digitales”.

    Un punto llamativo, pues indica que el problema ha escalado a un punto mayor del que quizá se esperaba y, ante tal hecho, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que “el INE siempre ha respetado, promovido y garantizado el derecho humano a la libertad de expresión de periodistas, actores políticos, así como de usuarios, comentaristas, activistas en las redes sociales y de la ciudadanía en general”. Sin embargo, la realidad parece ser otra.

    Palabras más, palabras menos, la indicación del consejero presidente se reduce a considerar que el organismo sancionador no es el INE, sino el Tribunal Electoral, sin que exista una debida justificación del por qué la institución que está a su cargo le da seguimiento a denuncias que desafían los criterios de una racionalidad aceptable.

    Por lo mismo, lo que podría tratarse como un activismo judicial en beneficio de los ciudadanos que sí son agraviados, se está convirtiendo en una situación de acoso judicial, en donde los ciudadanos mismos son la presa, pues lejos de que sea el instituto electoral un promotor de la libertad de expresión, resulta ser el que coarta tal derecho. 

    Al final, lo que no se logró hacer hace unos años mediante una iniciativa que era considerada como el inicio del fin del internet, sí lo han logrado legisladores opositores a la actual administración pública federal mediante una sobreinterpretación de lo que es violencia política a la mujer por cuestiones de género, a lo cual, tanto INE como SRETEPJF, le han dado luz verde, pero que carece de justificación.

    En ese sentido, también habría que preguntarse hasta qué punto es tolerable la libertad de expresión. Ciertamente, hoy día se vive en una era donde las redes sociales son el medio en donde se encuentra una mayor libertad para la expresión de ideas.

    Por tal lado, parece ser un punto positivo para la democracia, tener la oportunidad de expresar lo que uno piensa, pero la libertad de expresión, igual que cualquier otro derecho, tiene sus límites. No cualquier cosa vale, y es ahí en donde se deben encontrar los criterios de aceptabilidad racional que la fundamenten.

    Se necesita, por tanto, de estos últimos para indicar los límites de la libertad de expresión. Sin embargo, hasta el momento, es una cuestión que ni el INE ni la SRETEPJF han sabido justificar, de modo que se entiende que existe una clase de acuerdo entre estas instituciones con el único objetivo de censurar a aquellos que se atreven a expresar su punto de vista.

    Dos instituciones que ya están más que manchadas en popularidad. De ahí, nuevamente que el acoso judicial, a diferencia del actuar de estas instituciones, sí está debidamente justificado por los ciudadanos que se han visto afectados.

  • ¿Inconvencionalidad de la Constitución?

    ¿Inconvencionalidad de la Constitución?

    Esta semana pasada el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, mencionaba: “[…] la Constitución no puede ser inconstitucional. Sin embargo […] sí puede haber inconvencionalidad de la Constitución”.

    Respecto a lo primero, ciertamente, existiría una clara contradicción y desalentaría todo ánimo de debate, pues: ¿cómo puede ser inconstitucional algo que está en la Constitución? Sin embargo, lo siguiente sí genera un debate importante.

    Tal cuestión parece ser obvia, principalmente para los juristas internacionalistas, para quienes los tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son elementos preferibles y se ubican por encima de la Constitución.

    Pero, para los juristas que son constitucionalistas, esto es un total disparate. Y son dos los argumentos para dar respuesta a estas inquietudes que han estado por años en el argot jurídico y que ha ocasionado múltiples debates.

    Primero que nada, debe recordarse que la soberanía nacional radica en el pueblo. Además, goza de una facultad de autodeterminación, es decir, decide qué contenidos normativos tendrán sus ordenamientos; en ningún momento se valida que las exigencias extranjeras sean superiores a las decisiones internas; o que sean estas un factor de decisión de lo que nos toca, como mexicanos, decidir. 

    De ahí que la soberanía nacional, en este asunto, es lo que está en juego, y no es poca cosa. Que haya una injerencia extranjera, como justificar que los tratados internacionales estén por encima de la Constitución, del derecho interno, por ende, equivale a renunciar a la autodeterminación.

    Por tanto, ¿qué dice realmente el ministro presidente? ¿Nuestro estado necesita que se le ordene qué contenidos debe tener su sistema jurídico? ¿México es un país débil que ocupa que se le diga qué hacer y qué no hacer con su legislación? ¿Se debe renunciar a la soberanía nacional para ir conforme a la convencionalidad?

    Pues bueno. Si se analiza el derecho comparado, se advierte de pronto que el discurso es otro. A los demás estados les interesa defender su derecho interno, no justificar o poner por encima de su Constitución las convenciones suscritas. Por lo mismo, muchos países siguen contemplando penas que no van conforme a lo que atañen diversos tratados internacionales, como la pena de muerte, la cual constituye un ejemplo destacable, pues si el estado mexicano se atreviera a legislar en ese sentido, rápidamente se denunciaría la inconvencionalidad.

    Aunque claro, en México, no faltarán los argumentos que indiquen que el compromiso de cumplir con tratados internacionales se realiza por medio de los representantes, como señala el artículo 133 de la Constitución federal, por lo que se dirá que no se transgrede la soberanía nacional. Pero ese es el rostro de un estado débil; un estado sin personalidad; un estado que desea que se le siga considerando como el «patio trasero».

    Por tanto, esto choca con el segundo punto: la supremacía constitucional. Un principio que, como dirán algunos constitucionalistas: «quiero pensar que aún significa algo»; con la precisión de que ese «signifique algo», es para aquellos estados que se dejan aplastar por otros.

    México, actualmente, tiene la oportunidad de presentarse al mundo como un estado que ya no es sumiso; que tiene el suficiente valor para darse a respetar; que puede ser líder de Hispanoamérica, como se mostró cuando el mandatario federal no asistió a la Cumbre de las Américas.

    No obstante, el mensaje que se envía desde la SCJN parece ir en otra dirección; una a la que se prefiere seguir con una imagen de un estado sin personalidad y que se cree que el producto nacional es de mala calidad; que lo que viene de afuera siempre es mejor.

    Anteriormente, empero, la SCJN había sustentado que la Constitución está a la par de los tratados internacionales, y a la inversa. Por ende, ambos constituyen la ley suprema de la nación, cuando realmente la supremacía constitucional no debería ser algo que se someta a discusión, pues los compromisos suscritos deben ir conforme a la Constitución, y no a la inversa. De otra forma no sería posible suscribir tales compromisos, a menos que primero se den los cambios constitucionales pertinentes.

    Así pasa en otros países, ya que la supremacía constitucional sigue teniendo un peso específico, como en Estados Unidos. Para los estadounidenses, por tanto, la supremacía constitucional no está a debate. Que se diga que la Constitución estadounidense no cumple con el criterio de la convencionalidad, y que, por tanto, habría que modificarla para que sea compatible, sería algo muy osado.

    Esto porque hablar de una inconvencionalidad de la Constitución, no es más que cierto servilismo a cuestiones extranjeras.

    Además, y ya para terminar, hay otro tipo de cuestiones que son importantes a destacar. Y es que la realidad de la política-jurídica de cada país es distinta. En el caso que ocupa y que hacía referencia el ministro presidente es sobre la prisión preventiva oficiosa, la cual, efectivamente, transgrede la convencionalidad, pero el hecho que forme parte de la Constitución se debe a cuestiones de índole de política-jurídica.

    No está ahí por simple capricho o por mera ocurrencia, sino porque el sistema de justicia en México es tan particular que los «peces gordos» siempre huyen. Además, también habría que analizar el factor epistemológico de lo que es la presunción de inocencia, la cual no es absoluta, pues, de lo contrario, se estaría afirmando que existe siempre la sospecha que la víctima miente, lo cual no parece ser muy prudente.

    En fin, validar el discurso de la inconvencionalidad de la Constitución, no solo le quita todo significado a la soberanía nacional, así como a la supremacía constitucional, sino que da más elementos para seguir siendo un estado sumiso. Algo que no conviene en absoluto y poco favor se le hace al estado mexicano.

  • Sequía, ya no es

    Sequía, ya no es

    Uno de los problemas que preocupan más en el estado de Nuevo León, además de la seguridad o el transporte, es la crisis hídrica.

    Por un largo tiempo, desde la ciudadanía se ha señalado que este problema no es producto de una sequía, ya que no lleva ni un año que se presentaron lluvias generalizadas en la entidad.

    De hecho, para que fuera justo hablar de una sequía, debería haber un prolongado tiempo sin lluvia. Cuestión que no ha ocurrido; para esto, se requiere de años, no de meses.

    Por tal razón, los mismos neoloneses y ciudadanos de otros estados, hablaban de la posibilidad de un saqueo al vital líquido. Hipótesis que incluso fue comprobada por el gobernador; aunque sin señalar a empresas clave que cuentan con grandes concesiones de agua.

    Algunos señalaban que la excusa de la sequía era una estrategia de Samuel García para bajar recursos de la federación, lo cual, en efecto, ha logrado con éxito tras la firma de un decreto presidencial hace unas semanas y los apoyos económicos para la construcción de un segundo ducto en la presa “El Cuchillo”, así como para la presa “Libertad”.

    Sumado a esto, el estado de Nuevo León ha obtenido más recursos por el aumento en las tarifas del servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, las cuales, aunque costosas y nulo servicio en los últimos meses, han sido cubiertas en su mayoría por los ciudadanos.

    Además, se prevé un nuevo aumento, lo cual se negó en un primer momento, pero que luego se consideró implementar para aquellos hogares que usen más agua de lo debido.

    Y en ese orden de ideas, desde el gobierno de Nuevo León, emprendió una nueva retórica. Por un lado, se ha presentado un constante ataque a los ciudadanos; incluso, se llegó al extremo de culparlos de no ser empáticos y no saber cuidar el agua.

    Samuel García lo ha expresado claro: «¿Qué estás haciendo tú, como ciudadano, para cuidar el agua?». Una pregunta que ha ocasionado algunos encuentros innecesarios entre los ciudadanos.

    Por ejemplo, ante esta crisis y esta declaración del mandatario, la forma de observar qué uso le dan al agua los vecinos, ya no es igual. Se les empieza a ver con malos ojos.

    De esta forma, se ha opacado un poco la denuncia de un saqueo. Ha ocasionado que exista un grado de sentirse culpable con el uso que se le da al vital líquido. De cierta manera, el discurso ha calado en los neoloneses.

    Por otro lado, desde el mismo gobierno se ha indicado que esta crisis hídrica se debe a una sequía. 

    Sin embargo, esta arista queda ya descartada. No solo porque en los últimos días se han presentado lluvias generalizadas, o bien, por un pronóstico que asegura este fenómeno meteorológico por las siguientes dos semanas, sino porque además se tiene contemplada la llegada de una onda tropical proveniente del Atlántico.

    Por lo pronto, parece claro que la excusa de la sequía, ya no es. Nuevo León entra en su temporada de lluvias por tercer año consecutivo en el solsticio de verano y en plena canícula.

    Por tanto, lejos de culparse unos a otros, habría que averiguar y retomar la idea del saqueo, ya que aún siguen datos que no cuadran, porque sequía, ya no es.

  • Golpe de realidad: transporte en Nuevo León

    Golpe de realidad: transporte en Nuevo León

    Nuevamente, otro “plan maestro”, de Samuel García, se viene abajo frente a la realidad del estado de Nuevo León.

    Bastó el regreso a clases para que se mostraran en todo su esplendor las deficiencias del transporte público en el estado y la movilidad en la ciudad. Después de no lidiar con este problema por la pandemia de COVID-19.

    Y es que para este pasado lunes, las vialidades estaban sobresaturadas. Coches avanzando a paso tortuga a diestra y siniestra. Por supuesto, se presentaron varios percances viales, lo que provocó que la vialidad fuera aún más caótica.

    Incluso parecía como si se hubiera realizado un bloqueo por ciudadanos ante la falta del servicio de agua, como se han presentado en semanas pasadas, pero no fue así. 

    Porque sí, ese problema continúa y no se ha resuelto, pero entre distintas crisis que atraviesa la entidad, ya tampoco se sabe a dónde irá a parar todo.

    Sobre el transporte, ya se ha señalado, hartamente, que el servicio es insuficiente, ineficaz y hasta caro para lo que ofrece. Y fue esto, en parte, lo que provocó que hubiera filas enormes para comprar un boleto del metro y para abordarlo, desde muy temprana hora.

    Meses atrás se aseguraba que habría un mejor servicio, en términos generales, de metro; que todo cambiaría a partir del aumento a la tarifa. Sin embargo, con el regreso a clases se dio un golpe de realidad que dejó por los suelos la optimista promesa del gobierno de Nuevo León.

    No hay servicio de metro suficiente para la ciudad. Se necesita de una inversión seria que permita un mayor flujo vial y de movilidad. Hay que recordar que el servicio de metro es el mejor medio de transporte en una ciudad.

    Paradas de camiones, por otro lado, estuvieron igualmente saturadas. Parecían sardinas humanas los usuarios abordo de las unidades. Y peor aún, con la obligación de aguantar las altas temperaturas.

    Desde el gobierno, se realizó una licitación por 2500 millones de pesos, con la que se aseguró que todo sería diferente a partir de la llegada de unos camiones verdes, que fueron arrendados y que son provenientes de China.

    Sin embargo, de los pocos que hay, varios presentaron fallas desde su primer día. Y aún faltan por llegar algunos más a la ciudad.

    Por si fuera poco, se han presentado algunas inconsistencias en estos contratos. Entre estos, se detalla que tras una nueva licitación, las unidades han presentado un aumento del 100%. Pasaron de costar de 3 a 6 millones de pesos.

    Por todo, Samuel García sigue con el mismo tono: cuando no se termina de tratar un tema, se presenta uno más que dificulta aún más cualquier tipo de acción.

    Quizá sea ese el detalle. Samuel García construyó su imagen como un cuentista (storyteller); y es eso lo que ha hecho en todo este tiempo. Lejos de gobernar y atender lo problemas de Nuevo León, se la pasa subiendo historias.