El presunto jefe regional fue detenido en un operativo conjunto de fuerzas federales; las autoridades lo vinculan con agresiones militares, incluido el ataque de 2016 en el que murieron cinco soldados.
Adrián “N”, alias “El 20”, identificado como presunto jefe regional del Cártel del Pacífico en el sur de Sinaloa, fue detenido durante un operativo de inteligencia encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional, la Semar, la SSPC, la FGR y autoridades estatales. La captura se realizó en Villa Unión, Mazatlán, donde también fue arrestado otro presunto integrante del grupo criminal.
De acuerdo con la Defensa, “El 20” operaba en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, Concordia y Escuinapa, y es señalado como uno de los mandos regionales del Cártel del Pacífico. Las investigaciones lo relacionan con la agresión contra elementos del Ejército ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, ataque en el que cinco militares perdieron la vida. Además, las autoridades le atribuyen participación en las ofensivas contra fuerzas federales durante los operativos para capturar a Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, realizados en 2019 y 2023.
Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron un importante arsenal conformado por dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico, material que quedó a disposición de la autoridad ministerial como parte de las investigaciones.
Las autoridades federales destacaron que esta detención se suma a recientes golpes contra la estructura del Cártel del Pacífico, entre ellos la captura de Gabriel “N”, alias “El Gabito”, presuntamente relacionado con el secuestro y homicidio de trabajadores de una empresa minera, así como con la desaparición de turistas en Mazatlán. También recordaron la muerte de Cristhian “N”, alias “El Texas”, durante un operativo para su captura en Culiacán.
Adrián “N”, el segundo detenido y todo el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica. El Gobierno federal aseguró que estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa y logística de los grupos delictivos que operan en Sinaloa y reforzar la seguridad en la entidad.
