La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones contra los manifestantes por presuntos ataques a vías de comunicación, lesiones y delitos contra la autoridad, tras los disturbios frente a Casa Jalisco.
Un total de 12 de las 39 personas detenidas durante la protesta para exigir agua limpia y suficiente en la zona metropolitana de Guadalajara han sido liberadas, luego de la actuación policial registrada el domingo contra los participantes de la movilización en Jalisco.
La Fiscalía General del Estado informó que durante la madrugada de este lunes quedaron en libertad dos personas más, arrestadas tras los disturbios ocurridos afuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Se trata de Hannia Montserrat “N”, quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa “N”, y de un hombre identificado como Gustavo “N”.
De acuerdo con la dependencia, el Ministerio Público determinó su liberación con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposición que permite continuar las investigaciones sin mantener a las personas en prisión preventiva. La medida no implica el cierre de las carpetas ni la conclusión de las indagatorias.
La Fiscalía señaló que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Las investigaciones continuarán mientras las personas señaladas permanecen en libertad, conforme a lo informado por la institución.
La movilización del domingo reclamó agua limpia y un suministro suficiente para las familias de Guadalajara y municipios conurbados, ante las quejas por la calidad del líquido que llega a los hogares. La respuesta policial, que incluyó el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua, provocó cuestionamientos contra el gobierno estatal por el trato a quienes salieron a protestar.
Hasta el reporte difundido este lunes, 27 de las 39 personas detenidas no habían sido reportadas como liberadas. El caso mantiene bajo escrutinio la actuación de las autoridades de Jalisco frente a las demandas ciudadanas por el acceso al agua potable.
