Autoridades migratorias de EUA advierten que crear contenido con fines de lucro con visa de turista será considerado trabajo ilegal.
A las puertas del Mundial de fútbol 2026, Estados Unidos ha endurecido su postura frente a los creadores de contenido extranjeros que ingresan al país con visa de turista. Las autoridades migratorias advirtieron que esta modalidad de ingreso no permite realizar actividades destinadas a generar ingresos en plataformas como YouTube, TikTok o Facebook, una práctica común entre influencers.
De acuerdo con una declaración conjunta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), producir contenido con fines comerciales mientras se está en territorio estadounidense se considera una actividad laboral que requiere una visa específica. Las autoridades señalaron que quienes incumplan estas disposiciones podrían enfrentar cancelación de visa, deportación y restricciones para futuros ingresos al país.
La visa de turista B-2 permite únicamente actividades de ocio, turismo o visitas familiares, por lo que cualquier generación de ingresos dentro de Estados Unidos implica una violación de sus condiciones. Como alternativa, las autoridades recuerdan la existencia de la visa O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias, que sí permite actividades profesionales remuneradas, incluidas colaboraciones comerciales y producción de contenido.
El endurecimiento de las medidas ocurre en pleno inicio del Mundial 2026, que se perfila como uno de los eventos digitales más relevantes del año, con la participación de miles de creadores de contenido. Según fuentes gubernamentales, la Administración de Donald Trump prevé intensificar las inspecciones en aeropuertos y fronteras,especialmente sobre influencers que utilicen visas de turista para generar ingresos, bajo el argumento de proteger empleos en Estados Unidos.
Una vasija maya y una olla de Paquimé fueron restituidas por autoridades estadounidenses.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) devolvió a México dos piezas arqueológicas prehispánicas: una olla de Paquimé procedente de Chihuahua y una vasija ceremonial maya originaria de la península de Yucatán. Los bienes culturales fueron entregados al cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio.
Las piezas recuperadas corresponden a un brasero antropomorfo de estilo maya, fechado entre los años 200 y 900 d.C., y a un tecomate de barro con decoración geométrica, elaborado entre los años 700 y 1450 d.C. en la región norte de Chihuahua. Dictámenes especializados confirmaron que ambas son de manufactura prehispánica y forman parte del patrimonio arqueológico mexicano.
La restitución es resultado de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Durante la ceremonia de entrega, Marcos Bucio destacó que estos objetos representan un vínculo vivo con las civilizaciones que dieron origen a la riqueza cultural del país y subrayó que su retorno fortalece la dignidad y la memoria histórica de México.Tan solo en los últimos cinco años, el Consulado General de México en Nueva York ha contribuido a la recuperación de más de 2 mil 400 piezas arqueológicas mediante la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad y militante del PAN, quiere suceder a Maru Campos como gobernador. Su gestión abrió las puertas a agencias estadounidenses como la CIA, ICE y DEA. Mientras llena la ciudad de propaganda, crece la distancia con otros líderes panistas.
Gilberto Loya Chávez decidió competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027. El actual secretario de Seguridad impulsa su imagen con miles de espectaculares y bardas que muestran su rostro y el lema “Gobernar con seguridad para todo Chihuahua”.
Loya conversa ya con distintos sectores políticos. También ha platicado sus planes directamente con la gobernadora Maru Campos. Su aspiración genera opiniones divididas entre los ciudadanos.
Durante su paso por la secretaría, Loya permitió que agentes de la CIA, ICE y DEA operaran en suelo chihuahuense. Estas agencias realizan trabajo de inteligencia sin la supervisión constante de las fuerzas federales mexicanas.
Él mismo promovió que el piso 18 de la Torre Centinela funcionara como Centro Internacional de Fusión de Inteligencia. Ahí reciben a personal del FBI, DEA y CBP de manera permanente o temporal. Muchos vecinos se preguntan si estas facilidades benefician primero a los chihuahuenses o a intereses extranjeros.
Loya proviene de las filas policiales del PAN. Su figura genera confianza en algunos por su discurso de mano dura. Sin embargo, otros ciudadanos ven riesgos en ceder tanto control a agencias de otro país.
Al mismo tiempo, la relación entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se enfría. Fuentes cercanas indican que Bonilla ya no es el favorito de la mandataria. Un incidente durante el desfile de la Revolución Mexicana aumentó las tensiones.
Maru Campos recordó públicamente que “no son los tiempos” para ciertas actitudes. Sus palabras sonaron como un llamado a respetar la jerarquía y los tiempos institucionales.
Los chihuahuenses observan con atención estos movimientos. La seguridad diaria, el empleo y el futuro de sus familias siguen siendo sus principales preocupaciones. Mientras los políticos arman sus estrategias, la gente común espera respuestas concretas a sus necesidades reales.
Un juez de comercio de EUA ordena a la administración de Trump que devuelva aranceles invalidados. Más de 2000 empresas luchan por recuperar su dinero.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha informado que la administración de Donald Trump debe devolver más de 130 mil millones de dólares en aranceles recaudados. Este dinero fue invalidado recientemente por la Corte Suprema, según publicó The Wall Street Journal.
El juez Richard Eaton lideró una audiencia sobre el reembolso que busca una empresa. Durante esta, aseguró que el proceso de devolución debería ser sencillo y eficiente. Tras la audiencia, Eaton emitió una orden para comenzar a devolver los fondos a las empresas afectadas.
Más de 2000 compañías han presentado demandas ante el tribunal, buscando recuperar el dinero de los aranceles. Eaton dejó claro que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP) debe recalcular los aranceles iniciales pagados por los importadores. Esto incluye excluyendo los aranceles que la Corte Suprema anuló.
Larry Friedman, abogado de una de las empresas involucradas, expresó su sorpresa ante la decisión del juez. “Es la orden que esperaba, pero no creía que vería algo así”, afirmó.
A pesar de esta resolución, se anticipa que la administración de Trump apelará la decisión. Claudia Burke, abogada del Departamento de Justicia, advirtió que el proceso de reembolso será largo. La CBP deberá revisar manualmente millones de entradas de importación, lo que complicará aún más la situación.
Este escenario pone a prueba a la administración federal y su compromiso con las empresas afectadas durante un período de incertidumbre económica. La atención ahora se centra en cómo se desarrollará este proceso de reembolsos y sus implicaciones para el comercio en el país.
Greg Bovino ha amenazado a quien difunda mensajes en contra de las agencias migratorias con consecuencias penales.
Gregory K. Bovino, quien hasta hace poco era el alto mando de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y quien dirigió a los agentes de ICE y CBP en ciudades como Minneapolis, ha amenazado a la ciudadanía que replique mensajes en contra de las agencias migratorias.
Después de las redadas violentas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes migratorios, Greg Bovino, amenazó con consecuencias legales a personas, políticos y periodistas que acusen a sus agencias por “secuestro” o que les llamen “gestapo”. Tal es el caso del gobernador de California, Gavin Newsom, quien incluso llegó a apodarlo como “Gestapo Greg” por la comparación y por el estilo visual de sus apariciones.
“Insultar a las fuerzas del orden al llamarlas “gestapo” o usar el término “secuestro” se toma con acciones y consecuencias penales. Cuando alguien decide escuchar a un político, un supuesto periodista, un líder comunitario que profiere ese tipo de difamación contra las fuerzas del orden o cualquier persona, es una decisión que conlleva consecuencias y acciones penales”, dijo durante una entrevista televisada.
Ante esto, críticos han señalado que la advertencia de consecuencias por el uso de términos críticos puede tocar temas de libertad de expresión, y han denunciado que este tipo de declaraciones pueden intensificar aún más el conflicto entre autoridades federales y la opinión pública.
No obstante, al comparar a los agentes fronterizos con la gestapo, pese a que se tratan de dos fuerzas que no son institucionalmente equivalentes, puede verse que las comparaciones no vienen de la nada. Esto porque el ICE y CBP han optado por tácticas agresivas en las que se ve implicada la nacionalidad, incluso, se han basado en rasgos y color de piel para ejecutar detenciones, lo que para muchos constituye una forma de perfilamiento racial e intervención policial arbitraria que invade derechos constitucionales básicos.
Además, se trata de una agencia con decenas de agentes, que actúan con el rostro cubierto, chalecos antibalas, máscaras de gas, armas letales y no letales, y con vehículos sin identificación clara. Por ello, muchos residentes y líderes comunitarios perciben sus tácticas como una forma de intimidación y coerción estatal que trasciende la aplicación típica de la ley civil.
Los disparos fueron realizados por agentes fronterizos y ya son investigados por el FBI, en medio de un clima nacional de indignación por el uso de fuerza letal de corporaciones federales.
Dos personas —un hombre y una mujer— resultaron heridas de bala tras un tiroteo protagonizado por agentes federales la tarde de este jueves en Portland, Oregón, confirmó el Departamento de Policía de Portland (PPB). El hecho ocurrió poco antes de las 14:30 horas locales y es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras crece la tensión social por el actuar de corporaciones federales en Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la policía local informó que sus elementos acudieron al sitio tras reportes de disparos y localizaron a ambas personas con aparentes heridas por arma de fuego. La corporación fue enfática al señalar que los disparos no fueron realizados por la policía de Portland, sino por agentes federales, y que el PPB no participó en el operativo.
De acuerdo con fuentes citadas por ABC News, los agentes involucrados pertenecerían a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el ataque, policías locales aplicaron torniquetes a las víctimas y solicitaron atención médica de emergencia; ambos heridos fueron trasladados a un hospital, aunque su estado de salud no ha sido actualizado.
El incidente ocurre en un contexto de alta tensión nacional, luego del asesinato de una mujer en Minneapolis presuntamente a manos de un agente migratorio, hecho que ha detonado protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades federales.
El jefe de la policía de Portland, Bob Day, llamó a la calma y pidió a la comunidad contener la indignación mientras avanzan las investigaciones. “Estamos en las primeras etapas y entendemos la intensa emoción y tensión que se vive”, declaró.
Tras lo ocurrido en Minneapolis con Renee Nicole, los agentes del ICE y CBP han sumado 15 tiroteos y 4 personas muertas luego de la intensificación ofensiva migratoria del presidente Trump.
Al día de hoy se han registrado al menos 15 tiroteos y 4 personas muertas a causa de agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó la intensificación ofensiva migratoria en 2025.
El reciente caso de Minneapolis, en donde un agente del ICE disparó y terminó con la vida de Renee Nicole, una mujer estadounidense de 37 años, mientras conducía su camioneta, ha despertado la polémica sobre el uso excesivo de la fuerza e impunidad con la que actúan los agentes federales de migración.
En junio de 2025 el gobierno de Trump comenzó la intensificación de las redadas migratorias en Los Ángeles, que posteriormente llegaron a ciudades como Washington D.C., Chicago, Memphis, Portland, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis, a lo que llamó: “el programa de deportaciones masivas más grande de la historia”.
Desde entonces se han identificado al menos 30 incidentes, que van desde encañonamiento y hasta disparos por parte de los agentes del ICE y CBP, entre los que se cuentan al menos 15 tiroteos con 5 heridos y 4 personas muertas, según datos recabados por The Trace, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar incidentes de violencia armada.
“Incluyen disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; disparos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o evadían una operación policial; y la redada del 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la que se apuntó con armas de fuego a inquilinos medio dormidos y a sus hijos”, se puede leer en la investigación.
También es de resaltar que son 13 los incidentes que han ocasionado los agentes federales con municiones no letales, como proyectiles de goma y pimienta, diez de ellos durante protestas.
Sobre los resultados de la investigación, The Trace aclara: “Es probable que nuestras cifras estén subestimadas, ya que los tiroteos que involucran a agentes de inmigración no siempre se reportan públicamente”, ya que los registros del ICE no se suelen hacer públicos por protección federal.
Pero todo esto no sería algo nuevo, pues según otra pesquisa, entre 2015 y 2021, agentes del ICE generaron 59 tiroteos en 26 estados norteamericanos, con un saldo de 23 personas muertas y 24 lesionadas. “Ni un solo tiroteo que examinamos resultó en una acusación formal en ningún lugar del país”, se explica en el documento, pese a que muchas de las versiones que alegó el ICE por su actuar fueron comprobadas como falsas o exageradas.
Un caso de impunidad preexistente, ya que La Corte Suprema “ha ido restringiendo durante muchos años las situaciones bajo las cuales se puede demandar a oficiales federales de la ley, incluidos los de inmigración”, explica para The Trace, Christy Lopez, ex litigante principal de derechos humanos del Departamento de Justicia.
Tal es el caso de Renee Nicole, en donde la versión que defiende el ICE relata que la mujer trató de atropellar a los agentes y por ende estos actuaron en defensa propia. Una posición apoyada por autoridades como Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y el propio Donald Trump: “Ella se comportó horriblemente. Y luego lo atropelló. No intentó atropellarlo”, dijo el mandatario.
Mientras que los videos tomados de lo ocurrido muestran a los agentes acercándose al auto detenido en medio de la calle para pedirle que se retire y es cuando, uno de los elementos intenta abrir la puerta, que la conductora arranca el vehículo, incluso retrocediendo para esquivar a los agentes y marchar hacia adelante. Fue entonces que uno de los elementos que fue rozado por el automóvil, hasta el momento no identificado, le disparó a quemarropa a Renee.
“Ese agente está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo”, ha declarado el vicepresidente, J. D. Vance. Una justificación que vuelve víctima al victimario y con la que se puede seguir amparando una de las fuerzas con mayor poder operativo en el país, que suele armar redadas en lugares públicos con alto flujo de transeúntes.
ACTUALIZACIÓN: Tras las manifestaciones por la muerte de Renee Nicole, la cifra aumentó a 16 tiroteos.
El organismo, impulsado por el gobernador JB Pritzker, busca romper la impunidad federal y dejar un registro histórico de violaciones a derechos humanos contra migrantes.
Chicago se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en contar con una comisión especializada para investigar abusos cometidos por agentes migratorios, en un contexto marcado por redadas violentas, uso de gases químicos y hostigamiento sistemático contra comunidades migrantes. La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois (IAC) nació como respuesta directa a la impunidad con la que operan el ICE y la CBP.
Creada por el gobernador JB Pritzker, la comisión es encabezada por el juez federal retirado Rubén Castillo y está integrada por expertos legales y defensores de derechos humanos. Su misión es clara: documentar con pruebas, testimonios y evidencia audiovisual los abusos federales, en especial en Chicago, ciudad señalada por la Casa Blanca como objetivo prioritario de su política antimigrante.
La primera audiencia pública expuso casos alarmantes: familias atacadas con gas pimienta dentro de sus vehículos, trabajadores agredidos durante detenciones y manifestantes pacíficos reprimidos con sustancias químicas. Castillo fue contundente: “Esto no puede convertirse en la nueva normalidad”.
La comisionada Susan Gzesh, académica de la Universidad de Chicago, explicó que la IAC busca construir un archivo histórico que permita, en el futuro, enjuiciar a los responsables. También señaló que la comisión enfrenta una batalla contra la desinformación oficial, al documentar casos que el propio Departamento de Seguridad Interna ha negado, pese a evidencia médica y videográfica.
Uno de los episodios más graves —la agresión con gas pimienta a una familia con una niña de un año— fue presentado pese a que el DHS afirmó que “nunca ocurrió”. Para la comisión, este caso simboliza el nivel de cinismo y negación institucional.
Expertos médicos invitados advirtieron que el uso de gas lacrimógeno y pimienta constituye fuerza excesiva, sustancias incluso prohibidas en conflictos armados internacionales, pero utilizadas sin regulación contra civiles. La IAC realizará tres audiencias más y emitirá un informe oficial en abril, con la intención de que la verdad documentada rompa la impunidad federal.
En plena era Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) admitió haber usado fuerza excesiva contra 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, pero se justifica alegando que 474 de sus agentes fueron agredidos por hispanos durante operativos. La cifra confirma una política sistemática de violencia y control que se extiende por toda la frontera sur, mientras las redadas dejan un saldo creciente de abusos, muertes y denuncias por violaciones a los derechos humanos.
“Sí pegamos, pero ellos pegan más”. Así resume el CBP su propio balance de violencia en la frontera. Mientras millones de personas protestan en el mundo contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la agencia fronteriza justifica el uso de la fuerza en sus redadas alegando que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. En su más reciente informe, el organismo reconoce haber violentado a 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, aunque asegura que 474 agentes fueron agredidos por hispanos durante el mismo periodo.
Los datos internos del CBP, obtenidos por MILENIO, revelan que 531 agentes participaron en actos de fuerza excesiva, lo que confirma una práctica constante y normalizada. Solo entre junio y agosto, los casos aumentaron 50%, con picos en la frontera sur, donde se concentran 278 de los incidentes registrados. Detrás de estas cifras hay un patrón operativo sostenido: intervenciones físicas, persecuciones y controles en zonas de cruce, que reflejan una política de “contención total” impuesta desde la declaratoria de emergencia nacional decretada por Trump a inicios de año.
El panorama es más grave si se consideran las actuaciones del ICE, la otra cara del aparato migratorio estadounidense. Desde 2023, el organismo dejó de publicar sus estadísticas de uso de la fuerza, pese a los reportes de muertes bajo custodia y de prácticas inhumanas, como el uso del dispositivo WRAP para inmovilizar completamente a personas ya detenidas. Organizaciones civiles como Detention Watch Network contabilizan al menos 20 muertes bajo custodia del ICE desde que Trump asumió el poder, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2006.
La narrativa oficial insiste en que los agentes enfrentan una amenaza creciente. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido sobre supuestos planes de cárteles mexicanos para atacar a personal fronterizo, ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares por asesinatos de mandos de alto nivel. Sin embargo, defensores de derechos humanos y observadores internacionales señalan que esta retórica busca reforzar un clima de miedo y justificar la militarización del control migratorio.
El saldo de esta política es alarmante: más muertos, más violencia institucional y una frontera que se transforma en zona de excepción permanente. Con la “emergencia nacional” como escudo, la administración Trump reaviva la guerra contra los migrantes, donde cada redada se ampara en la idea de una defensa patriótica y cada golpe se legitima como acto de soberanía.
Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.
La operación en Hyundai Metaplant, considerada una de las mayores en la historia de ICE, paralizó la producción de baterías de vehículos eléctricos y generó críticas sobre el trato a los trabajadores.
Cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos este jueves durante una redada masiva en la planta Hyundai Metaplant en Ellabell, Georgia, a unos 40 km de Savannah. La acción involucró a ICE, HSI, FBI, DEA, ATF y la Patrulla Estatal de Georgia, y se centró en presuntas prácticas laborales ilegales y delitos federales graves, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Se calcula que 450 trabajadores fueron arrestados, muchos de ellos empleados en la producción de baterías para vehículos eléctricos, lo que provocó la paralización de la planta, considerada por el gobernador de Georgia como el mayor proyecto económico del estado. Agentes enmascarados y armados fueron vistos ordenando a los trabajadores con cascos y chalecos de seguridad a formar filas durante el operativo, según videos difundidos por CNN.
El DHS subrayó que la redada envía un “mensaje claro: quienes exploten a la fuerza laboral, violen la ley y socaven la economía rendirán cuentas”. Por su parte, Hyundai afirmó que coopera plenamente con las autoridades y reiteró su compromiso con las regulaciones laborales y de inmigración, destacó su portavoz Michael Stewart.
Sobre la posible implicación de mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el primer momento se ha estado en contacto con el Consulado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacó que, desde la redada, se trabaja de manera conjunta con ICE y CBP para recabar información.
