Hace algunos días anuncie mi interés de participar en el proceso interno de nuestro partido movimiento para representar el distrito 21 local en Iztapalapa, alcaldía donde he vivido toda mi vida. Después de anunciar mi registro y comenzar a realizar los recorridos vecinales me lleve una grata sorpresa al encontrar a muchos vecinos lectores de esta columna cada lunes, a quienes hoy dirijo estas líneas.
Entre vecinos lectores, seguidores de redes sociales, quienes conocieron a mi padre Mario Pozos y Tovar y nuevos vecinos con los que nos vamos conociendo surgen varias inquietudes.
En Iztapalapa no hay duda alguna del cariño que siente la mayoría de los habitantes por Clara Brugada, la admiración y el reconocimiento de la gran labor efectuada al frente del gobierno de la Alcaldía, más de un vecino nos hablo de la emoción que les produce pensar que Clarita gobernará esta Ciudad y podrá echar a andar lo que se hizo en Iztapalapa y aunque reconocen que el reto es grande están seguros que lo logrará.
Sin embargo, también hay cuestiones que aún están pendientes en la gran Ciudad y en nuestra Alcaldía que están íntimamente relacionadas con la privado y lo social al mismo tiempo, implica la percepción de la ciudadanía con respecto a temas de violencia de género, intra familiar y seguridad y que se convierten en problemas comunitarios.
Una de las problemáticas que más escuche de nuestros vecinos después de haber visitado más de 2 mil domicilios la semana pasada, tiene que ver con las personas con discapacidad, enfermos o adultos mayores que dentro de las visitas realizadas parecía ser que al menos cada 2 o 3 domicilios existía en una vivienda una persona que requiere los cuidados y atención suficientes derivado de alguna discapacidad o enfermedad.
Este dato no sorprende cuando efectivamente se conoce que Iztapalapa, Ciudad de México, es la demarcación número 1 con población con algún tipo de discapacidad, con 349 mil 536 personas, donde 158 mil 195 personas son hombres y 191 mil 341 son mujeres, según los datos del último censo del INEGI de 2020. El problema radica en lo que nuestra precandidata al gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada a mencionado, sobre la necesidad de ampliar el sistema público de cuidados y brindar atención especializada también a cuidadores quienes dejan su vida en la atención y cuidado de una persona con discapacidad o con alguna enfermedad.
Los cuidadores requieren de información y protocolos de atención y prevención específica dependiendo del tipo de discapacidad o necesidades que presente su familiar o la persona a su cargo, muchas veces por desconocimiento autoridades, o instancias gubernamentales no dan el trato específico y no cuentan con un protocolo para la atención de las personas con discapacidad, cuestión que provoca que se encuentren en vulnerabilidad de derechos que no son accesibles para ellas y ellos.
Por ejemplo, dentro de los recorridos conocí a un joven con síndrome de Down que solicitó el acceso a una actividad deportiva perteneciente a las áreas públicas de gobierno a quien se le negó el servicio debido a la imposibilidad de profesores de dicha área para tratar con personas con algún tipo de discapacidad y el miedo a ser responsables si corriera algún riesgo. Así como el, hay diversos casos que ya no hacen un intento mayor ante la negativa.
Esta situación sin lugar a dudas requiere de la intervención del Estado y de la generación de protocolos de atención a personas con discapacidad para que mediante personal capacitado se ejerza la asequibilidad de los derechos.
También conocí el caso de un señor de 50 años que no escucha, una condición con la que nació y que ha sido un factor que le ha impedido encontrar un trabajo donde gane más que el salario mínimo. Incluso en su juventud no pudo continuar sus estudios y tener una licenciatura, su condición de sordera y la falta de oportunidades de atención y desarrollo lo ha sumergido en la pobreza también y aunque es acreedor a la pensión de discapacidad muchas veces no es suficiente para que el con su familia puedan salir adelante, esta persona tampoco tuvo la oportunidad de aprender lengua de señas mexicana (LSM).
En otro tema que pude constatar y que preocupa a los habitantes del distrito 21 de Iztapalapa tiene que ver con la experiencia que me compartió una maestra de educación primaria de 50 años de edad, quien me comentó que su hijo había fallecido hace no más de dos meses y que aun con el inmenso dolor, tuvo que llevar a cabo los trámites burocráticos y engorrosos que exigen los hospitales para la entrega del cuerpo, el papeleo necesario para solicitar el servicio funerario que ante la vulnerabilidad de las personas muchas veces actúan con deshonestidad y terminan por cobrar mucho más a los familiares, además de que par poder cobrar la pensión que le dejo su hijo tiene que encontrar documentos o solicitarlos que en su vida pensó que existieran y no cuenta con el apoyo o la asesoría que no sea de los empleados de la AFORE privada que niegan la entrega del recurso hasta que no cumpla con los criterios señalados por la AFORE.
Este tipo de situaciones que viven las familias en momentos de grandes tristezas vejan a las personas y a la persona fallecida muchas veces se pierde el honor o se hace a un lado el derecho a la dignidad de las personas fallecidas pues los derechos humanos están pensados para los vivos, sin embargo, se hace necesario pensar en un derecho post mortem o el derecho a la muerte digna. Pues cuando una persona fallece se ven vulnerados los derechos también de la familia a tener un duelo tranquilo y a estar protegidos por el Estado ante la fragilidad producida por la perdida de un ser amado y la necesidad de llevar realizar tramites específicos que impiden la concentración total de familiares en vivir su duelo o que al encontrarse en situaciones de fragilidad emocional se ven impedidos de llevar a cabo todos los tramites necesarios para el proceso burocrático que conlleva la pérdida de un ser querido.
Un asunto más que vivimos en nuestros recorridos, se presentó ante la detención de dos jóvenes adolescentes por un policía, dichos jóvenes consumían marihuana en la vía pública, sin embargo nos percatamos que el oficial no llevó acabo el protocolo correspondiente con base en derechos para la detención de los adolescentes quienes son menores de edad y que incluso mediante el uso de palabras ofensivas y la exigencia de una revisión corporal vulnero el derecho de los menores a la presunción de inocencia, la dignidad, la no autoincriminación, la protección de la intimidad y la prohibición de tratos degradantes. Posterior a acercarnos y exigir al oficial que llevar a cabo el protocolo de detención como debe ejercerse para las personas menores de edad nos dimos cuenta que no lo conocía.
De tal forma que se hace indispensable la capacitación de nuestros elementos de seguridad pública y que este reconocida en la legislación local como una obligación del Estado del servidor público quien debe mantenerse actualizado en los temas y actuar con decoro, contar con un manual o protocolo impreso al que tenga que recurrir para situaciones específicas, Al mismo tiempo resulta sumamente importante que se legisle sobre la obligación y evaluación de elementos policiales sobre el conocimiento de derechos humanos y atención a grupos prioritarios por denuncia ciudadana y por oficio.
Finalmente un sector que aún se mantiene en invisibilidad es el de las personas en situación de calle, quienes tienen vulnerados todos sus derechos y la gravedad de la misma situación parte de la limitante que se tiene al no contar con sus documentos completos o de no tener la posibilidad de adquirirlos derivado de la burocracia y la falta de atención especializada para las personas en esta situación, cuestión que debe tener atención específica y por oficio de las diversas instituciones obligadas a garantizar los derechos de las personas.
La 4ta transformación avanza con el grueso de la población pero es menester de los gobiernos de continuidad atender a las poblaciones más marginadas y olvidadas de nuestra Ciudad, garantizar los derechos humanos de personas con discapacidad, indígenas, afroamericanos y de la diversidad Sexual.
Sin lugar a dudas los recorridos casa por casa y el escuchar a nuestros vecinos enriquece y compromete nuestra labor ciudadana, este proceso interno nos llevará a representar a quienes más nos necesitan para construir un mundo más justo e igualitario.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
