Autoridades detienen a Irving Herrera, uno de los criminales más buscados de la capital, señalado por narcomenudeo y extorsión en Tepito y Peralvillo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó la detención de Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, considerado uno de los líderes históricos de La Unión Tepito y buscado por diversos delitos en la capital. La captura se realizó en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, mientras se encontraba acompañado de su novia de 22 años, quien dijo ser de nacionalidad colombiana.
Agentes de inteligencia de la SSC ubicaron a “El Irving” sobre la calle Beethoven, en el cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, después de un seguimiento táctico. Durante la intervención, se le detuvo mientras circulaba en una camioneta junto con su pareja. En la revisión, se aseguraron una pistola corta con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con tusi, tres dosis de cocaína, un paquete de aproximadamente 35 gramos de crystal y 98 envoltorios de marihuana.
Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Irving "N" identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro.
Herrera Sánchez es reconocido por liderar una de las células con mayor presencia dentro de La Unión Tepito, involucrada en extorsión y narcomenudeo en las colonias Morelos, Peralvillo y el Barrio de Tepito, afectando la seguridad y el orden en varias zonas de la alcaldía Cuauhtémoc. Su captura representa un golpe importante a las estructuras criminales que operan en el corazón de la Ciudad de México.
Las autoridades capitalinas reforzaron que la detención fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia, vigilancia y patrullaje, con la finalidad de desarticular los grupos delictivos que operan en la capital y reducir la incidencia delictiva en Tepito y colonias aledañas.
Con la caída de “El Irving”, la SSC espera debilitar significativamente las operaciones de La Unión Tepito, enviando un mensaje claro de que los líderes criminales no están por encima de la ley en la Ciudad de México.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) quedó formalmente instalado este martes con el compromiso de sancionar a jueces y magistrados que retarden la justicia o cometan actos de corrupción. Este nuevo órgano sustituye al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y busca garantizar transparencia y legalidad en el Poder Judicial.
De acuerdo con información recopilada por Sin Embargo, la Ministra presidenta Celia Maya advirtió que no se tolerará la impunidad ni conductas indolentes en la administración de justicia, mientras que el magistrado Rufino León Tovar aseguró que se impondrán penas de cárcel a jueces corruptos y sanciones severas a quienes dilaten o resuelvan injustamente los casos.
⚖ Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La magistrada Celia Maya García asumió la presidencia del nuevo órgano en una ceremonia que contó con la participación de representantes de los 3 Poderes de la Unión.
El pleno del TDJ estará integrado por Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino León Tovar, quienes supervisarán el desempeño judicial, investigarán responsabilidades y buscarán una nueva era de justicia cercana a la ciudadanía, con austeridad, honestidad y eficiencia.
Los magistrados destacaron que el TDJ no afectará la autonomía e independencia de los juzgadores, sino que garantizará procesos ágiles y justos, fortaleciendo la confianza de la sociedad en el Poder Judicial y consolidando la Reforma Judicial como un avance histórico.
Con su instalación, el TDJ se convierte en un órgano estratégico para erradicar nepotismo, corrupción y favoritismos, asegurando que la justicia en México sea eficaz, transparente y equitativa para todos.
Nery “N” se convirtió en la primera de las seis personas directamente implicadas en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en ser vinculada a proceso.
La imputada fue detenida el 20 de agosto en Otumba, Estado de México, y permanecerá en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, y enfrenta cargos por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. El juez de control fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Hasta el momento, 10 de los 13 detenidos por este caso permanecen en prisión. Nery “N” es la única procesada por su presunta participación directa en el crimen ocurrido el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, mientras que el resto enfrenta imputaciones por homicidio, narcomenudeo, cohecho y asociación delictuosa.
El ataque se produjo cuando Ximena Guzmán esperaba a José Muñoz en un vehículo cerca de la estación Xola del Metro. Un tirador abrió fuego contra ambos funcionarios y huyó con cómplices en varios vehículos usados para vigilar a las víctimas. Hasta ahora, las autoridades no han identificado a los autores intelectuales ni a los grupos delictivos detrás del ataque.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que la detención de los 13 implicados se logró tras cateos en inmuebles de la Ciudad de México y Estado de México, y que tres de ellos, incluyendo Nery “N”, ya contaban con órdenes de aprehensión por homicidio y asociación delictuosa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que fueron removidos de sus cargos al menos cinco funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), luego de detectarse un esquema de sobreprecio en el proceso de compra consolidada de medicamentos, mismo que fue anulado previamente por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que “todos los que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente, con este proceso que no fue claro y que implicó colusión con algunas empresas privadas del sector farmacéutico, fueron separados de su cargo”.
Añadió que tras las remociones, actualmente “hay un nuevo equipo en Birmex” y que la investigación continúa en curso con la colaboración de la Secretaría de Anticorrupción, la Secretaría de Salud y la nueva administración de la paraestatal.
Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción, quien fue clave en la detección y cancelación del proceso de licitación. “Raquel está haciendo un excelente trabajo porque no se consumó la compra a sobreprecio, se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio, y eso es muy importante, porque hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas”, expresó.
La líder del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que su gobierno no permitirá ningún acto de colusión. “No vamos a permitir ninguna colusión con algún funcionario y Raquel está garantizando que no haya corrupción”, sentenció.
Cabe recordar que la Secretaría de Salud informó el pasado 9 de abril que se “emitió la resolución de declarar la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos”, tras confirmarse la adquisición de claves a sobreprecio e identificarse indicios de prácticas indebidas en el proceso.
En la región de Frailesca, Chiapas, detuvieron a 78 personas presuntamente integrantes de una red de extorsionadores. Se trató de una operación coordinada entre autoridades estatales y de la Federación, como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre las personas aprehendidas se encuentran 65 policías, otros 2 funcionarios públicos y 11 civiles.
El fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dieron a conocer los operativos que se realizaron para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en región Frailesca.
En conferencia de prensa, el Fiscal General explicó que se han iniciado diversas investigaciones, principalmente, en los municipios de Villaflores y de Villa Corzo, tras denuncias de empresarios, ganaderos y gente dedicada al transporte, particularmente, en la modalidad de moto taxis, quienes señalaron una red de corrupción y una banda dedicada a extorsionarlos.
Al respecto, informó que, en las últimas 48 horas, se trabajó con algunas detenciones en Villaflores, por lo que, el martes se detuvo a 11 personas, entre éstas un expolicía de la Fiscalía General del Estado que encabezaba a esta banda de extorsionadores que amenazaba a todos los gremios de moto taxi, exigiéndoles cuotas que oscilaban entre los 150 a 200 pesos a la semana, o de lo contrario, serían privados de la libertad o la vida.
Derivado de las investigaciones, en este mismo municipio, se realizaron seis cateos a diversos domicilios, donde se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de René “N”, quien fungía como Secretario Municipal del Ayuntamiento de Villaflores, y que, presuntamente, era quien citaba y extorsionaba a los ofendidos, pidiéndoles que depositaran el recurso y se lo dieran a María “N”, esta última es una líder de moto taxis a quien también se le cumplimentó una orden de aprehensión.
Jorge Llaven destacó que esta investigación sigue abierta y hay otras personas relacionadas, entre éstas, servidores públicos que están siendo investigados, “vamos a continuar hasta deslindar las responsabilidades de quienes hayan cometido el delito de extorsión”.
Asimismo, mencionó que se llevó a cabo el operativo de revisión del Cuartel de la Policía Municipal de Villaflores, donde se detuvieron 39 elementos de la Policía Municipal, quienes están rindiendo su declaración y serán investigados, a fin de corroborar que el alta respectiva no haya vulnerado ninguna ley federal o estatal.
Vamos a empezar a escuchar su declaración y sin duda, habremos de obtener más información para desmantelar esta red de extorsionadores que inmiscuía a servidores públicos municipales de Villaflores”, advirtió.
El Fiscal General detalló que en Villa Corzo se hicieron diversos cateos en propiedades de un servidor público municipal; ahí, se detuvo a 26 policías municipales, destacando a quien fungía como Director de la Policía Municipal, mismo que cuenta con antecedentes penales al haber sido sentenciado, y que hoy estaba dado de alta con un nombre diverso; no obstante, al correr las fichas y huellas dactilares, arrojó que ya había estado recluido y que no tiene los exámenes correspondientes.
Por lo tanto, precisó que, en este operativo en la Frailesca, se tienen 78 detenidos en total y se deslindarán responsabilidades; dijo que muchos de ellos se investigan por extorsión agravada y podrían alcanzar hasta 30 años de prisión. En el caso de los policías municipales, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, podrían alcanzar hasta 12 años de prisión.
Estas acciones son derivadas de la estrategia que ha mandado la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, bajo la política de Cero Impunidad. Estamos respondiendo a un reclamo social que es vivir en paz, y pedimos que cualquier persona que haya sido víctima de algún delito se acerquen a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, vamos a recibir la denuncia y vamos a actuar”, enfatizó.
A su vez, el Secretario de Seguridad del Pueblo subrayó que en este operativo participaron 500 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, 200 elementos de la Fiscalía General del Estado, también hubo un despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Se desplegaron dos helicópteros a Villaflores y a Villa Corzo, así como un avión no tripulado.
En este marco, Aparicio Avendaño hizo un llamado a las y los alcaldes a contratar a sus mandos policiales o policías a través de las convocatorias oficiales, así como de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado:
Nosotros estamos para ayudar y para poder fortalecer las policías municipales, siempre y cuando se hagan bien las cosas”.
Agregó que también se aseguraron dos armas largas, un arma corta, así como un vehículo blindado y un vehículo más.
La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la captura de Daniel, presunto responsable de los asesinatos de dos colaboradores cercanos del alcalde electo de Comonfort,Gilberto Zárate Nieves, y del intento de homicidio en agravio de su hijo, Gilberto Zárate Limas. Esta detención marca un paso firme hacia el esclarecimiento de una serie de homicidios que sacudieron al municipio.
Según la FGE, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios logró probar la participación de Daniel en estos crímenes violentos. Los hechos ocurrieron el pasado dos de septiembre en la comunidad de Empalme Escobedo, cuando Carlos Augusto, acompañante de Zárate Limas, fue asesinado, y el joven político resultó herido de gravedad. Este ataque había generado una gran preocupación entre la población y autoridades locales.
La Fiscalía también reveló que Daniel estaría implicado en otros asesinatos. Entre sus víctimas se encuentran Isaac Ortega Nieto, ex regidor y futuro secretario del Ayuntamiento de Comonfort, y Tomás Mata, ex director de Tránsito y quien ocuparía el cargo de director de Turismo en la nueva administración municipal.
Ortega Nieto fue asesinado el cuatro de septiembre de 2024, en la carretera que conduce a la comunidad de La Presita, donde también resultaron heridos un hombre y una mujer. Por su parte, Tomás Mata fue ultimado el 11 de septiembre en Empalme Escobedo, en un ataque que conmocionó a la comunidad.
La FGE subrayó que la captura de Daniel es el resultado de una investigación exhaustiva que incluyó pruebas técnicas y científicas recolectadas por la Agencia de Investigación Criminal. Con estos elementos, el Ministerio Público logró que un juez vinculara a Daniel a proceso penal por el delito de homicidio calificado.
Este caso demuestra que en la Cuarta Transformación no hay impunidad para nadie, ya que las instituciones de justicia continúan trabajando para esclarecer los crímenes que afectan a los ciudadanos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
Durante la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó diversos casos que exponen el preocupante fenómeno de jueces que han otorgado libertades a delincuentes en fines de semana, en lo que se ha denominado como “sabadazos”. Estos casos han generado indignación y han puesto en evidencia las inconsistencias y la corrupción en el Poder Judicial.
Uno de los casos más destacados fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien ordenó el cambio de medida cautelar para Janet Miriam “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, liberándola el 14 de junio de 2024, a pesar de estar acusada de delitos graves como peculado y delincuencia organizada.
#ConferenciaPresidente | Casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana (Sabadazos):
➡️La jueza Diana Montserrat Partida Arambulo benefició a Marcelino "N", alias "El Fantasma", presunto miembro del Cartel de Sinaloa", con una libertad anticipada… pic.twitter.com/ozY8wJmaFn
Otro caso alarmante involucra al juez Andrés Cascamilla González, quien dictó sentencia absolutoria y liberación inmediata para Vicente Javier “N”, alias “El Cholula”, quien enfrentaba cargos por robo con violencia, homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa. Este tipo de decisiones, otorgadas en días no hábiles, generan dudas sobre la integridad de los procesos judiciales.
Además, se presentaron más ejemplos de liberaciones que han ocurrido en fines de semana. El juez Adrián Leobardo Ríos González otorgó libertad inmediata el 1 de julio de 2023 a José Eliseo “N”, presunto miembro de Los Zetas, mientras que la jueza Angélica Sánchez Hernández liberó a Itiel “N”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de homicidio doloso calificado. En ambos casos, los jueces argumentaron falta de elementos para vincular a proceso, lo que ha causado controversia debido a la gravedad de los delitos.
➡️Jesús Murillo "N", ex procurador de la República, vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada y tortura en el #CasoAyotzinapa, recibió un cambio de medida cautelar a prisión… pic.twitter.com/e2UQ3TJIpl
El patrón se repite en el caso de Rogelio León Díaz Villarreal, quien benefició a Abraham “N”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG. El juez dictó auto de no vinculación a proceso, liberándolo el 28 de abril de 2024. Otro ejemplo es el del juez Daniel Ramírez Peña, quien liberó a Angélica “N”, presunta integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), el 29 de abril de 2023.
Delincuentes de alto perfil también beneficiados
No solo los miembros del crimen organizado han sido favorecidos por decisiones judiciales polémicas. También se han dado casos de exfuncionarios y figuras políticas que han recibido beneficios judiciales. La jueza Angélica del Carmen Ordoño Suárez otorgó un cambio de medida cautelar a Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de tortura, permitiéndole salir del penal con brazalete electrónico. Además, el juez Juan Pedro Contreras Navarro amparó a Emilio “N”, exdirector de Pemex, permitiéndole evitar la prisión preventiva.
➡️El ex gobernador de #Chihuahua, Cesar Duarte, fue beneficiado por la jueza Hortensia García Rodríguez, quien cambió la medida de prisión preventiva a una prisión domiciliaria, portación de… pic.twitter.com/OS8H18vDLJ
El caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también destaca entre los beneficiados. La jueza Hortensia García Rodríguez cambió su medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria. A nivel federal, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México dictó que Jesús Murillo “N”, exprocurador vinculado al Caso Ayotzinapa, cumpliera su proceso en prisión domiciliaria.
Las decisiones judiciales también han beneficiado a miembros del crimen organizado de alto perfil. La jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo liberó anticipadamente a Marcelino “N”, alias “El Fantasma”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, mientras que el juez José Luis Hernández Hernández dictó libertad para Guillermo “N”, alias “El Memo”, vinculado a la Fuerza Anti-Unión Tepito.
Jueces que no autorizan órdenes de aprehensión:
Uno de los casos más polémicos fue el de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier “N”, para dejar insubsistente una orden de aprehensión en su contra. A Francisco Javier “N” se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la jueza dictaminó que no había fundamentos suficientes para proceder.
Otro caso destacado es el del juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, quienes negaron y ratificaron, respectivamente, la negativa de una orden de aprehensión contra Genaro “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A Genaro “N” se le acusa de enriquecimiento ilícito, pero el juez y los magistrados consideraron que no había pruebas contundentes para justificar la orden de captura.
La conferencia también abordó el caso del exgobernador de Veracruz, Javier “N”, a quien los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal le negaron una orden de aprehensión. Las acusaciones en su contra, que incluyen graves delitos de corrupción, fueron desestimadas por falta de pruebas suficientes, lo que generó controversia y críticas al sistema judicial.
Finalmente, uno de los casos más impactantes expuestos fue el del juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, quien negó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, acusado de haber sido el coautor material en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A pesar de que había más de 123 pruebas presentadas, de las cuales al menos 50 se consideraban contundentes, el juez rechazó la orden de captura. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó esta decisión el 1 de agosto de 2024, lo que avivó la polémica sobre este histórico caso.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó la sección “Cero Impunidad”, en la que se expusieron varios casos de jueces que han emitido resoluciones irregulares, generando controversia y cuestionamientos sobre la imparcialidad y la ética en el Poder Judicial.
Jueces que emiten resoluciones irregulares
Uno de los casos más destacados es el del juez del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Veracruz, Vicente Salazar López, quien concedió un amparo a Raúl “N”. Este amparo fue otorgado para dejar insubsistente la respuesta negativa del Corredor Interoceánico a una solicitud de indemnización. Además, Salazar López ordenó que el Corredor Interoceánico emitiera un nuevo oficio, que respondiera de manera congruente, fundada y motivada a Raúl “N” sobre la manera y los requisitos para ejercer su derecho a indemnización. Esta decisión ha levantado sospechas sobre la imparcialidad del juez y el posible beneficio indebido a favor del solicitante.
➡️El Juez del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Veracruz, Vicente Salazar López, concedió un amparo a favor de Raúl "N", para dejar insubsistente la contestación en sentido negativo del Corredor Interoceánico a… pic.twitter.com/EA5BH8VUFN
En otros casos, la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la Reforma al Poder Judicial. Esta reforma, que se discute en la Cámara de Diputados, ha sido objeto de controversia. La jueza consideró que la reforma podría causar un “daño” de imposible reparación a los jueces quejosos. La suspensión implica que el proyecto de dictamen sobre la reforma no surtirá efecto para los demandantes y que no podrá ser discutido ni votado por la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, instalada el 1 de septiembre de 2024.
Suspensión Contra Reformas al Poder Judicial (Caso 2)
➡️El Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Felipe V Consuelo Soto, otorgó una suspensión de oficio a otros jueces… pic.twitter.com/SjIsXA9syE
Un caso similar ocurrió en Chiapas, donde el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo Soto, también otorgó una suspensión de oficio para evitar “daños” y perjuicios de difícil reparación a otros jueces federales que promovieron un amparo contra la reforma al Poder Judicial. La suspensión impide al Congreso de la Unión enviar el dictamen a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva en este amparo.
Jueces que favorecen a presuntos delincuentes
Otro caso que ha generado indignación es el de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en Jalisco. El 13 de agosto de 2024, estos magistrados otorgaron un amparo a 13 personas, presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El amparo dejó sin efecto el aseguramiento que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2021, devolviendo 13 vehículos de lujo que habían sido confiscados. Esta decisión ha sido criticada por favorecer a presuntos delincuentes y por poner en tela de juicio la lucha contra el crimen organizado.
Como cada 15 días, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, Luis Rodríguez Bucio, presentó un reporte los jueces y magistrados corruptos que han liberado tanto a criminales de cuello blanco como a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la integridad de las y los mexicanos.
El Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, dictó un polémico fallo absolutorio a favor de Juan Antonio “N”, Rubicel “N” y Rubén “N”. Estos individuos, acusados de intentar cometer feminicidio contra la saxofonista María Elena “N” el 9 de septiembre de 2019, han sido liberados, generando indignación y preocupación sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
En un acto que levanta serias dudas sobre la administración de justicia en Quintana Roo, la Jueza Tercera de Distrito, Elsa Patricia Espinoza Salas, otorgó un amparo a Mario Plutarco “N”, anulando la resolución del 9 de agosto de 2023, emitida por el Juez 2° de Distrito. Este último había rechazado la petición de modificar o sustituir la prisión preventiva del acusado, asegurando su continuidad. Sin embargo, la Jueza Espinoza Salas decidió que el plazo constitucional de dos años ya había expirado, lo que sugiere una interpretación cuestionable de las leyes.
Para agravar la situación, la Jueza Segunda de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, en obediencia a la resolución de amparo, ordenó la inmediata liberación de Mario Plutarco “N” el 10 de agosto de 2024. A pesar de las graves acusaciones que enfrenta, el acusado solo deberá cumplir con medidas cautelares mínimas: portar un brazalete electrónico, permanecer bajo resguardo domiciliario en Puebla, pagar una fianza de 100 mil pesos, y no abandonar el país. Este caso refleja una preocupante tendencia de decisiones judiciales que parecen priorizar la liberación de los acusados sobre la seguridad y justicia para las víctimas.
Con esto, el Gobierno de México reitera la importancia de una reforma al Poder Judicial, y es que cada vez son más los jueces que en vez de impartir justicia en pro del pueblo de México, se dedican a liberar criminales que solo ponen en riesgo la paz de la sociedad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de México desconocía la presunta protección oficial que Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, recibía de un agente de la Fiscalía de Sinaloa.
El mandatario de inmediato calificó esta versión como “muy mal” y urgió a que se investigue a fondo la colusión entre el narcotraficante y el agente involucrado.
Ante cuestionamientos de una corresponsal del Reforma, el tabasqueño negó tener conocimiento previo sobre el asunto y subrayó la importancia de encontrar al agente, quien actualmente se encuentra desaparecido, antes de iniciar una investigación exhaustiva que dé con la verdad.
Según información del medio conservador, José Rosario Heras López, comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, era responsable de la seguridad de “El Mayo” Zambada.
Jorge Contreras, Comisario de la Policía de Investigación, habría confirmado que Heras López estaba activo en la sindicatura de El Salado, una zona controlada por Zambada desde hace más de una década y que es conocido como el lugar donde “El Mayo” estableció su fortaleza durante más de 50 años.
Ante esto, el mandatario federal y cuadros de la Cuarta Transformación han desmentido que haya relación entre ellos con el crimen organizado, tal y como la mayoría de los medios tradicionales tratan de hacer creer.
