Etiqueta: César Duarte

  • Cae pieza clave  en el caso Duarte: Bertha Gómez Fong

    Cae pieza clave en el caso Duarte: Bertha Gómez Fong

    Agentes del ICE detuvieron de nuevo a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, en El Paso, Texas. Esta acción abre la puerta a su posible deportación a México, donde enfrenta acusaciones de corrupción. La historia revela años de retrasos y omisiones que afectaron a miles de chihuahuenses.

    Bertha Olga Gómez Fong fue arrestada por el ICE este miércoles 22 de abril en un domicilio particular de El Paso. La mujer, esposa del exgobernador priista César Duarte Jáquez, volvió al centro de detención migratoria. Esta es la segunda vez que ocurre en poco tiempo.

    Días antes, Bertha había salido en libertad bajo fianza. Las autoridades estadounidenses revisaron su estatus legal y decidieron retomar su custodia. Ahora, el proceso migratorio avanza hacia una posible deportación o extradición a México.

    En nuestro país, la Fiscalía General de la República la busca por presuntos delitos de peculado agravado y desvío de recursos públicos. Estos hechos ocurrieron durante la administración de su esposo. Además, Bertha tiene dos órdenes de aprehensión activas en Chihuahua.

    La Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó esas órdenes. Sin embargo, el caso permaneció detenido durante casi cinco años. La gobernadora María Eugenia Campos Galván conocía la situación desde que era alcaldesa.

    En aquel entonces, un juez libró una orden de captura contra Bertha el 25 de agosto de 2020. Ella aparecía como socia en varias empresas que compartía con Duarte. A pesar de eso, vivió con relativa tranquilidad en El Paso, Texas.

    Incluso, durante una estancia en Miami, abrió negocios de reclutamiento de personal de limpieza y compra-venta de autos usados. Las autoridades locales sabían estos detalles, pero no impulsaron acciones concretas para traerla de vuelta.

    La primera detención por el ICE ocurrió el 25 de marzo de 2026. Tras ese evento, la Fiscalía de Chihuahua pidió información a través de Interpol, casi cinco años después de los hechos iniciales. Bertha salió libre bajo fianza a principios de abril.

    Ahora, con esta nueva detención, la presión crece. César Duarte ya enfrenta procesos judiciales en México por casos similares de corrupción. Su esposa formaba parte del círculo cercano que manejaba recursos estatales.

    Esta situación toca la vida de muchas familias chihuahuenses. Durante años, el desvío de fondos afectó escuelas, hospitales y programas sociales. Hoy, Bertha Gómez Fong espera en un centro de detención en El Paso. Su futuro depende de las decisiones entre ambos gobiernos.

    El caso pone de manifiesto cómo las redes de poder influyen en los tiempos de la justicia. Mientras tanto, los ciudadanos de Chihuahua siguen esperando respuestas claras y resultados concretos. La detención de Bertha representa un paso más en esa larga búsqueda de cuentas pendientes.

  • Chihuahua, terreno fértil para la injerencia extranjera en gobiernos prianistas

    Chihuahua, terreno fértil para la injerencia extranjera en gobiernos prianistas

    El caso reciente revive un patrón de años: entrada de agentes extranjeros, opacidad institucional y decisiones que ponen en entredicho la soberanía nacional.

    La polémica en torno a Maru Campos no surgió de la nada.

    Su decisión de autorizar la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y luego ausentarse en la Feria de San Marcos, mientras minimizaba la muerte de cinco personas como “un accidente”, encaja en una larga historia de permisividad hacia la injerencia extranjera durante gobiernos del PRIAN.

    El episodio actual es revelador: mientras la Fiscalía estatal confirmó que los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México participaban en labores de entrenamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tenía conocimiento.

    Esto podría implicar una violación al Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a reportar cualquier interacción con agentes extranjeros.

    Pero Chihuahua ya ha sido escenario de hechos similares. En 2011, tras ataques contra personal consular en Ciudad Juárez, agentes del FBI ingresaron para investigar, marcando un precedente de intervención directa en territorio mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón. Aquella etapa consolidó una estrategia donde la seguridad nacional comenzó a depender de actores externos.

    Más adelante, bajo el gobierno priista de César Duarte Jáquez, la presencia extranjera volvió a generar controversia.

    La desaparición de agentes de la Interpol en Chihuahua evidenció un manejo opaco y sin rendición de cuentas, donde ni autoridades locales ni federales ofrecieron claridad sobre operaciones de inteligencia en curso.

    Para 2016, la tendencia se profundizó: en Chihuahua se permitió esquemas de inspección conjunta con agentes estadounidenses en su propio territorio, incluso con autorización para portar armas en ciertos casos. Estas decisiones, impulsadas por administraciones del PRI y PAN, consolidaron un modelo de cooperación que, en los hechos, cede control operativo a intereses extranjeros.

    Hoy, el caso de Maru Campos no solo revive ese historial, sino que lo agrava: autoriza la presencia de agentes, no informa a la Federación y después evade responsabilidades desde un evento social.

    Los gobiernos prianistas normalizan la intervención extranjera mientras debilitan la soberanía nacional.

    Chihuahua, una vez más, queda como símbolo de esa política que prioriza acuerdos externos por encima del interés público.

  • Liberan en EUA a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte; frenan su deportación a México

    Liberan en EUA a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte; frenan su deportación a México

    La FGR mantiene abiertas investigaciones por peculado y robo, mientras Gómez Fong enfrenta proceso migratorio en Estados Unidos

    Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador priista César Duarte, fue liberada en Estados Unidos tras permanecer tres semanas bajo custodia del ICE, sin que se concretara su deportación a México. La mujer fue detenida el pasado 25 de marzo por no portar su residencia legal, conocida como “green card”.

    Familiares confirmaron que Gómez Fong salió del centro migratorio y actualmente se encuentra en El Paso, mientras enfrenta un proceso para definir su situación legal. Autoridades estadounidenses le otorgaron el beneficio de la libertad en lo que se lleva a cabo una audiencia migratoria.

    Por su parte, la FGR informó previamente que buscaría su deportación controlada, debido a que enfrenta investigaciones en Chihuahua por robo y peculado agravado, vinculadas a presuntas operaciones financieras irregulares. No obstante, aclaró que su detención en EUA fue exclusivamente por motivos migratorios.

    La fiscalía federal, a través de Interpol México, notificó a autoridades estadounidenses sobre las órdenes de aprehensión existentes, por lo que mantiene comunicación constante para avanzar en el caso. Sin embargo, cualquier proceso de extradición o deportación depende de las autoridades migratorias de ese país.

    El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, señaló que la liberación no exime a Gómez Fong de enfrentar la justicia mexicana, ya que las investigaciones continúan abiertas y bajo seguimiento de instancias federales.

    Mientras tanto, César Duarte permanece recluido en el penal del Altiplano, acusado de delitos como lavado de dinero, en uno de los casos de corrupción más relevantes en Chihuahua.

  • Exgobernadores prófugos: Duarte, Yarrington, Borge y el caso Aureoles

    Exgobernadores prófugos: Duarte, Yarrington, Borge y el caso Aureoles

    Por: Frank Alvarado

    Casos como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge y Guillermo Padrés reflejan casos donde exgobernadores huyeron tras acusaciones por corrupción, desvío y crimen organizado.

    La reciente orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán por PRD, Silvano Aureoles, y la fuga de éste, quien habría sido apoyada por el crimen organizado, reavivó el debate sobre exmandatarios estatales que han sido acusados de corrupción y vínculos con el crimen organizado que han evadido a la justicia. 

    Uno de los casos más emblemáticos es el de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, quien se dio a la fuga en 2016 tras ser acusado de desvío de recursos y operaciones con dinero de procedencia ilícita. Su administración estuvo marcada por casos como el de los medicamentos falsos a niños con cáncer en hospitales veracruzanos. Fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México.

    Otro ejemplo es César Duarte (PRI),exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado y desvío millonario de recursos públicos, como la polémica operación zafiro, donde habría triangulado millones de pesos del erario interestatal mediante contratos simulados. Tras concluir su mandato, salió del país en 2017 y permaneció prófugo varios años hasta su detención en Estados Unidos en el año 2020

    En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (PRI), fue señalado por lavar dinero y recibir sobornos de organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo y Los Zetas, a quienes brindó protección. Yarrington huyó del país en 2012 y fue detenido en Italia en 2017, para después ser extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron cargos.

    También destaca Roberto Borge (PRI), exgobernador de Quintana Roo, acusado de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y venta irregular de terrenos públicos. Borge intentó huir a Europa en 2017, pero fue detenido en Panamá antes de concretar su escape. Fue extraditado a México.

    El PAN no se queda atrás y uno de los casos más señalados es el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien fue acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Aunque no huyó del país, permaneció prófugo de la justicia durante un periodo antes de entregarse en 2016

    Estos casos exhiben cómo, durante años, gobiernos del PRI y del PAN permitieron y normalizaron prácticas de corrupción a gran escala, casos incluso vinculadas con el crimen organizado, dejando consecuencias profundas en las finanzas públicas y en la seguridad del país.

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.

  • Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio.

    Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, en una causa que apunta a desvíos millonarios cometidos durante su administración.

    Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá enfrentar interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro meses; sin embargo, la jueza concedió el tiempo adicional a petición de la defensa.

    De acuerdo con las indagatorias, entre 2012 y 2016 el exmandatario habría desviado cerca de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al campo, recursos canalizados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. La FGR sostiene que al menos 73 millones de pesos fueron transferidos de manera dolosa a cuentas de empresas en las que Duarte sería accionista mayoritario, configurando el delito federal.

    Los abogados del exgobernador intentaron frenar la vinculación a proceso bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, pero la jueza consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente el juicio penal.

    Cabe recordar que Duarte ya enfrentaba una medida de prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, por un proceso estatal relacionado con peculado; no obstante, la juzgadora ordenó su reclusión en el Altiplano, al tratarse de un delito distinto y de competencia federal.

    La detención más reciente ocurrió el 8 de diciembre, cuando Duarte salía de su domicilio en Chihuahua, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre de 2025 su procesamiento por este nuevo delito, distinto a los de peculado y asociación delictuosa, por los que fue extraditado desde Miami en 2022.

  • FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

    La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga.

    La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de asegurar respaldo institucional y obtener beneficios judiciales, entre ellos su libertad provisional en junio de 2024, según lo expuesto durante la audiencia de imputación.

    De acuerdo con lo revelado por Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, argumentó que Duarte representa un riesgo real de fuga, al contar presuntamente con una red de cómplices políticos y administrativos en Chihuahua, donde incluyó a la mandataria estatal. Con base en estos señalamientos, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponerle prisión preventiva justificada.

    La FGR sostuvo que el respaldo institucional al exmandatario priista quedó evidenciado cuando el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre sus bienes, bajo el argumento del “secreto profesional”, pese a tratarse de una investigación federal.

    Tras 11 horas de audiencia y el desahogo de alrededor de 100 pruebas, la juzgadora decretó un receso y anunció que este lunes resolverá si vincula a proceso a Duarte por su presunta responsabilidad como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    La Fiscalía le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y sido canalizados a empresas ganaderas donde Duarte figuraba como accionista mayoritario, algunas en las que también participaba su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

    Duarte fue detenido el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal federal del Altiplano. La jueza también rechazó invalidar la orden de aprehensión, al considerar improcedentes los argumentos de la defensa. En paralelo, el exgobernador Javier Corral afirmó que la detención pone fin a años de impunidad y señaló que durante el actual gobierno estatal no se ejecutaron más de 20 órdenes de captura contra Duarte.

  • Plan de Ernestina Godoy para transformar la FGR

    Plan de Ernestina Godoy para transformar la FGR

    La nueva fiscal general de México, Ernestina Godoy, presenta su estrategia para combatir la corrupción y priorizar a las víctimas.

    Ernestina Godoy Ramos, la reciente fiscal general de la República, reveló su plan para transformar la Fiscalía General de la República (FGR). En un evento que reunió a gobernadores y funcionarios, Godoy destacó la importancia de una institución autónoma y enfocada en ofrecer resultados efectivos.

    La nueva fiscal subraya la necesidad de una Fiscalía que actúe con legalidad y que tenga un enfoque humanista. Esto incluye una atención prioritaria a las víctimas del delito, asegurando que sus derechos sean respetados en todo momento. Godoy prometió que su gestión se fundamentará en estos principios.

    En su discurso, Godoy expuso que actualmente se trabaja en un plan estratégico que será presentado en las próximas semanas. Mientras tanto, la FGR está dando pasos firmes en seis áreas clave. Estas acciones buscan fortalecer la investigación, mejorar la calidad de las pruebas y fomentar la colaboración con otras instituciones de seguridad.

    La fiscal enfatizó que no puede haber paz sin justicia. Por lo tanto, es crucial que la FGR mejore su capacidad operativa. Su enfoque se basa en la colaboración constante entre la FGR y las fiscalías estatales. Además, se pondrá énfasis en la judicialización de los casos, siempre respetando la dignidad y los derechos humanos.

    Godoy también se comprometió a combatir la corrupción y la negligencia en todas sus formas. Afirmó que las nuevas leyes de seguridad que se están desarrollando estarán al servicio de la sociedad, y que el trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal es vital para alcanzar los objetivos propuestos.

    Desde su nombramiento, Godoy ha comenzado a definirse como líder. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, abordó los primeros pasos de la FGR, destacando la importancia de optimizar recursos y fortalecer las capacidades operativas de la Fiscalía.

    Una de las acciones más notables en su gestión fue la reciente captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta detención se produjo tras la autorización de México para procesarlo por delitos diferentes a los considerados en su extradición original. La detención ocurrió el 8 de diciembre, marcando un inicio decisivo para la fiscal.

    Las decisiones de Godoy reflejan un enfoque claro y la intención de generar cambios significativos dentro de la FGR. La expectativa es alta y la presión política también, pero su compromiso con la justicia y la transparencia podría ser el camino hacia una Fiscalía más efectiva.

  • Maru Campos y César Duarte: vínculos políticos, tensiones y el peso del “expediente X”

    Maru Campos y César Duarte: vínculos políticos, tensiones y el peso del “expediente X”

    Los vínculos entre Maru Campos y César Duarte se basan en interacciones institucionales durante el gobierno del priista y en el “expediente X”, una investigación que la señaló por presuntos pagos provenientes de la red de desvíos de Duarte.

    La relación entre Maru Campos y César Duarte no fue una alianza formal, pero sí existió un vínculo institucional mientras Duarte gobernaba Chihuahua y Campos era legisladora. Esto se desprende de registros periodísticos y cronologías políticas ampliamente documentadas.

    Durante el periodo 2010-2016, Campos fue diputada local y luego diputada federal, años en los que mantuvo interlocución con el gobierno estatal para gestiones legislativas y presupuestales. Las interacciones entre ambos están documentadas en notas sobre la relación del Congreso local con el Ejecutivo, de acuerdo con información de El Heraldo de Chihuahua.

    El punto central que conecta sus nombres públicamente es el “expediente X”, una investigación iniciada en el sexenio de Javier Corral que acusó a Campos de recibir pagos regulares provenientes de la administración de Duarte, presuntamente en forma de sobresueldos. Estos señalamientos fueron revelados mediante documentos y testimonios integrados por la Fiscalía estatal.

    Campos negó haber recibido recursos ilegales, asegurando que el proceso tenía motivaciones políticas. Su equipo legal logró frenar el caso y no hubo sentencia en su contra, aunque el expediente se convirtió en uno de los elementos más citados para vincularla con la red financiera del duartismo de acuerdo con información de Milenio.

    A pesar de pertenecer a partidos distintos —ella al PAN y él al PRI—, el caso dejó una conexión pública duradera. Su relación es analizada como ejemplo de posibles puentes entre estructuras priistas y actores opositores en Chihuahua durante el sexenio de Duarte de acuerdo con análisis de Sin Embargo.

  • César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

    César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

    El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos.

    Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, desviados del erario a dos de sus empresas.

    La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, agendó para este sábado la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Duarte. La medida cautelar se adoptó tras una audiencia de 14 horas y media, pese a que el exmandatario ya portaba un brazalete electrónico por otro proceso en Chihuahua.

    La decisión se fundamenta en que Duarte no acreditó su arraigo en algún domicilio actual y podría obstaculizar la investigación de quedar en libertad. La audiencia inicial, que comenzó con retraso, concluyó pasada la 1:30 de la madrugada.

    La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte haber lavado el 76% de 96.6 millones de pesos desviados del erario entre junio de 2011 y noviembre de 2014, a través de ocho operaciones financieras dispersas entre personas físicas y morales. Los recursos fueron transferidos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

    La FGR presentó 120 pruebas, incluyendo dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios. Además, los recursos desviados fueron triangulados a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e incluso a su esposa Bertha Olga Gómez Fong