El juez penal Manuel Jurado Torres fue detenido en Chihuahua acusado de prevaricación agravada. Tras aceptar su vinculación a proceso, obtuvo la suspensión condicional durante 12 meses y deberá renunciar a su cargo como parte del acuerdo.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACh) informó sobre la detención del juez penal de primera instancia Manuel Jurado Torres, señalado por presuntamente cometer el delito de corrupción por prevaricación agravada. El fiscal Abelardo Valenzuela Holguín explicó que este ilícito puede configurarse cuando un servidor público, particularmente un juzgador, dicta deliberadamente una resolución injusta o contraria a la ley para favorecer intereses o generar una ventaja procesal indebida.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se relaciona con una resolución dictada el 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado Torres se desempeñaba como juez del distrito judicial Hidalgo, en Hidalgo del Parral. En aquella ocasión, habría modificado la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Julio César M. V., procesado por los delitos de violación y violencia familiar, para permitirle continuar el proceso bajo resguardo domiciliario. La Fiscalía sostiene que el juez mantenía una relación de amistad con el abogado defensor del imputado, lo que habría generado un posible conflicto de interés.
La acusación también señala que la audiencia de revisión fue solicitada durante el periodo vacacional del Poder Judicial y no correspondía a un asunto urgente, por lo que el juez presuntamente habría otorgado una ventaja procesal indebida. Además, durante la diligencia habría cuestionado y descalificado los argumentos de una jueza que previamente había impuesto la prisión preventiva, asumiendo funciones propias de una autoridad revisora. La Fiscalía recordó que el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales establece que una medida cautelar puede modificarse cuando hayan cambiado objetivamente las condiciones que motivaron su imposición.
Tras la audiencia inicial, Jurado Torres aceptó el auto de vinculación a proceso y obtuvo la suspensión condicional por 12 meses. Como parte de esta salida alterna, deberá renunciar al cargo de juez penal de primera instancia, al que llegó mediante la elección judicial de junio de 2025. La FACh sostuvo que su actuación no pretende cuestionar la independencia judicial ni sancionar el contenido de una resolución por el simple hecho de ser contraria, sino investigar posibles desviaciones del ejercicio de una responsabilidad pública cuando estas pudieran utilizarse para beneficiar intereses particulares o indebidos.
Con información de La Jornada.
