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Por Nathael Pérez

El PAN perdió cinco millones de votos, el 26% de su militancia y siete gubernaturas, razón por la que el partido ve en las acusaciones contra Maru Campos una oportunidad para reposicionarse no solo rumbo a 2027, sino también para las presidenciales de 2030. La estrategia es evidente: si el gobierno federal la ataca, ella se convierte en mártir; si la FGR la cita, en símbolo; si Morena marcha en Chihuahua, el PAN organiza contramarchas. Si el PAN piensa venderla como figura nacional, hay que revisar antes su historial.

Un expediente que el PAN prefiere ignorar

Antes del caso CIA, hay que hablar del caso Duarte. Maru Campos no llegó a la gubernatura con las manos limpias, ya que el 1 de abril de 2021, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de cohecho en consumación continuada. La acusación: haber recibido ilegalmente 9 millones 267 mil pesos de parte del exgobernador César Duarte entre 2014 y 2015, cuando era diputada local del PAN. Los pagos formaban parte de la “nómina secreta”, un sistema de corrupción con el que Duarte compró lealtades a más de 100 actores políticos, del sector privado, periodistas, de la Iglesia y líderes sindicales para garantizar su complicidad transexenal. Maru Campos fue parte de esa red con todo y cobros firmados, así lo acreditó un juez.

Campos también enfrentó también una segunda causa penal por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores durante su gestión como alcaldesa de Chihuahua, recibiendo pagos mensuales superiores al millón de pesos de empresas contratistas del Ayuntamiento entre 2017 y 2018. Los cargos fueron retirados antes de que asumiera el cargo de gobernadora. Ya en el poder, tomó el control del Ministerio Público estatal a través de fiscales afines, y sus críticos documentaron intentos de perseguir judicialmente al propio juez que la había vinculado a proceso. 

Caso CIA

¿Por qué había agentes de la CIA operando en Chihuahua sin que el gobierno federal lo supiera? ¿Quién los coordinó? ¿Quién los autorizó? ¿Qué tipo de acuerdos paralelos existían entre el gobierno estatal y la embajada estadounidense? Campos admitió tener conocimiento de la presencia de los agentes sin haber informado a las autoridades federales: una violación flagrante a la cadena de mando en materia de seguridad nacional. México tiene un marco constitucional claro sobre soberanía: operar con agencias extranjeras en territorio nacional sin coordinación con la Federación no es autonomía estatal, es traición a la Patria y a la soberanía nacional.

La mártir que el PAN busca no es la candidata que México necesita

El PAN puede construir el relato de una mártir conservadora que se atrevió a enfrentar al gobierno federal. Ya lo están haciendo; pero ganar la simpatía de la militancia panista no es lo mismo que construir un proyecto presidencial viable.

Sus antecedentes la hacen vulnerable en cualquier campaña presidencial seria. La nómina secreta, los dos procesos penales, los cargos retirados en vísperas de asumir el cargo: esto pesa en una elección presidencial. El PAN no puede borrar el expediente.

Finalmente, el caso CIA pesa más en su contra que a su favor. No es una gobernadora que buscaba seguridad para su estado, es una gobernadora que no pudo con la seguridad y tuvo que vender a su patria. Una gobernadora que prefirió violar la soberanía nacional antes que gobernar de manera responsable, lo cual se reflejaría en una falta de liderazgo nacional.