Ya han pasado algunos días desde que los jueces de este país iniciaron un movimiento en contra de la democratización de la justicia; sin embargo, la impunidad continúa. No es un secreto que, debido a la mala impartición de justicia, el Ejecutivo Federal tomó cartas en el asunto, buscando que esta Cuarta Transformación no solo sea recordada por su apoyo económico y social a quienes más lo necesitan, sino también por un verdadero cambio en el paradigma de la impartición de justicia.
A pesar de ello, en la Ciudad de México, desde hace algunos años, se ha mantenido, para bien o para mal, una estrecha colaboración entre el gobierno capitalino, la fiscalía local y el poder judicial de la metrópoli. Basta ver los halagos que el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Raúl Guerra Álvarez, hace al o la Jefa de Gobierno en turno.
No obstante, las decisiones de los jueces locales dejan mucho que desear. Hace unos días, un joven identificado como Diego ‘N’ fue detenido con miles de fotografías de compañeras estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, las cuales habían sido alteradas con inteligencia artificial para convertirlas en material íntimo y poder comercializarlas. A pesar de las miles de evidencias, un juez decidió absolver al agresor, argumentando que no había elementos suficientes.
Este caso pone en evidencia una falla en el sistema judicial que, aunque cuenta con la Ley Olimpia y con la perspectiva de género que los impartidores de justicia deberían tener, enfrenta vacíos legales. Si bien el Código Penal no contempla específicamente este tipo de delitos cibernéticos, los jueces tienen la responsabilidad de sentar precedentes que protejan a las víctimas y eviten que este tipo de abusos continúen.
Ante esta situación, tuve la oportunidad de cuestionar a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien detalló que el gobierno capitalino debe revisar y actualizar las leyes conforme avanza la tecnología y lamentó la decisión judicial. Sin embargo, para ser honesto, esperaba una reacción más contundente contra el PJCDMX, que absolvió al agresor. confió en que, respetando la independencia de dicho órgano, la Jefa de Gobierno dialogara con el magistrado Guerra para tener una aclaración más seria.
El tema, no obstante, no termina ahí. El pasado 4 de diciembre, una mujer atropelló a un repartidor de plataformas al circular en supuesto estado de ebriedad, a alta velocidad y dar una vuelta inapropiada. El resultado de este accidente fue la muerte del repartidor. Al ser detenida, un juez local le concedió la libertad, a pesar de ser acusada de homicidio culposo.
Todo esto podría parecer un caso más de impunidad del PJCDMX, sin embargo, el problema se agrava cuando se conoce el contexto. La involucrada es hija de un alto ejecutivo de Televisa, una de las televisoras más influyentes de habla hispana. Este dato desató un escándalo en las redes sociales, que no dejaron pasar el hecho. La presión generada por la indignación popular obligó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a emitir un comunicado anunciando que se había girado una orden de aprehensión contra la acusada.
Este tipo de casos no solo reflejan la fragilidad de nuestro sistema judicial local y la necesidad de un verdadero liderazgo gubernamental, sino también la distancia entre la justicia y quienes tienen poder en este país. La falta de responsabilidad y consecuencias para aquellos que abusan de su posición y de las leyes es una de las principales razones de la crisis de impunidad que enfrentamos. Las y los ciudadanos, ante la apatía de las instituciones, debemos alzar la voz y exigir que quienes impartan justicia realmente actúen conforme a la ley y a la ética.
En la Ciudad de México, hoy más que nunca, se debe unir para demandar que se respeten los derechos de las víctimas y se castigue a quienes violan la ley. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos, sino un derecho universal. Es tiempo de que el sistema judicial se ponga al servicio del pueblo, no solo en el órgano federal, si no, en la capital del país, sin favoritismos ni distinciones. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo la norma y no la excepción. Ya lo hizo Andrés Manuel López Obrador y lo continuó Claudia Sheinbaum a nivel federal, ahora Clara Brugada, al frente del gobierno capitalino debe hacer lo propio con el órgano local.
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