El Gobierno capitalino acusa omisiones graves en el reporte internacional y defiende avances históricos en la atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.
El Gobierno de la Ciudad de México respaldó de manera firme la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU presenta omisiones relevantes y conclusiones cuestionables al basarse principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, sin reflejar la realidad actual del país.
En su posicionamiento, la administración capitalina subrayó que no se reconocen los avances significativos implementados desde 2019, especialmente en materia de seguridad y atención a víctimas. Además, criticó que el informe no distingue adecuadamente entre desapariciones cometidas por el Estado y las perpetradas por grupos criminales, lo que distorsiona el análisis del fenómeno en México.
El documento también recuerda que durante gobiernos anteriores se registró una represión sistemática que derivó en miles de casos de desaparición forzada, en un contexto marcado por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En contraste, se afirma que el actual gobierno no reprime ni desaparece, sino que impulsa una política integral centrada en los derechos humanos.
Asimismo, se destacaron acciones como la creación de comisiones de búsqueda en todo el país, el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y el incremento sustancial del presupuesto destinado a localizar personas. También se resaltó la transparencia en los registros y la implementación de protocolos homologados de búsqueda.
A nivel local, la Ciudad de México ha priorizado la atención a víctimas mediante la instalación de un gabinete permanente, la creación de un centro de atención integral y un centro de resguardo temporal para personas fallecidas no identificadas, además de duplicar los recursos destinados a estas tareas.
Finalmente, el gobierno capitalino rechazó lo que calificó como narrativas infundadas que buscan vincular al Estado con el crimen organizado, y reiteró su compromiso de acompañar a las familias, escuchar a las víctimas y fortalecer una política pública más humana, eficaz e integral.
