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Etiqueta: Cobro de piso

  • Ejército desmantela megalaboratorio de metanfetamina en Michoacán

    Ejército desmantela megalaboratorio de metanfetamina en Michoacán

    Fuerzas federales golpearon una de las mayores estructuras de producción de droga sintética del país en Carácuaro, con un decomiso valuado en más de tres mil millones de pesos.

    Autoridades federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino en el municipio de Carácuaro, Michoacán. Ahí aseguraron 620 kilos y 1,450 litros de metanfetamina lista para su distribución.

    El operativo formó parte de una serie de acciones ejecutadas entre el 24 y el 26 de julio dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército también encontraron 10,580 litros y 3,225 kilos de sustancias químicas usadas para fabricar la droga.

    Además, los equipos de seguridad decomisaron ocho reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores y 50 tanques de gas LP. Este equipo mostraba que el sitio operaba a escala industrial. Por eso, el Gabinete de Seguridad calculó una afectación económica de 3,224 millones de pesos para la delincuencia organizada.

    En el mismo estado, otra acción tuvo lugar en Contepec. Ahí, las fuerzas federales detuvieron a tres personas y les aseguraron cinco armas largas, 17 cargadores, 420 cartuchos y un vehículo.

    Sonora y Nuevo León también reportaron golpes de gran volumen

    Paralelamente, en San Luis Río Colorado, Sonora, la Guardia Nacional revisó un tractocamión y detuvo a un hombre que transportaba 406 kilos de metanfetamina y 19 kilos de fentanilo repartidos en 35 bultos.

    En Nuevo León, un cateo en Allende permitió asegurar 373,600 litros de hidrocarburo, 13 contenedores, un tractocamión y dos semirremolques. Asimismo, en Sabinas Hidalgo, agentes detuvieron a un hombre con 20 kilos de cocaína sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

    Por su parte, en Chihuahua se registraron dos operativos distintos. En Aldama, las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellas tres menores de edad, y les aseguraron dos ametralladoras y siete armas largas. En Turuachi, otras seis personas cayeron con cuatro armas largas y 20 kilos de marihuana.

    En Guanajuato, fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas en León y les aseguraron 10 armas de fuego y casi 500 cartuchos.

    La ofensiva alcanzó 18 estados del país

    De igual forma, el reporte incluyó cateos en Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y otras nueve entidades. En Durango, las autoridades aseguraron cuatro estaciones de servicio con más de 135 mil litros de combustible robado.

    En Nayarit, el Ejército localizó un inmueble con 12 armas largas y 527 kilos de marihuana. En Morelos, distintos cateos derivaron en la detención de seis personas ligadas a extorsión y cobro de piso.

    Finalmente, en Guerrero, la Marina inhabilitó dos artefactos explosivos improvisados en Técpan de Galeana, además de asegurar 185 kilos de marihuana en Olinalá.

  • Policía de Toluca detiene a sujetos que exigían dinero a comerciantes de la capital

    Policía de Toluca detiene a sujetos que exigían dinero a comerciantes de la capital

    El gobierno de Ricardo Moreno reafirmó su estrategia de seguridad tras la detención de sujetos que exigían dinero a diversos comerciantes en la capital mexiquense.

    Este 7 de julio de 2026, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca lograron la captura de presuntos delincuentes dedicados a la extorsión, quienes amedrentaban y exigían cuotas ilegales a los locatarios del municipio.

    La oportuna intervención policial se dio como parte de los operativos estratégicos instruidos por el alcalde Ricardo Moreno. Estas acciones buscan garantizar la paz social, erradicar el llamado “cobro de piso” y proteger la economía de cientos de familias que dependen de la actividad comercial local.

    De acuerdo con los reportes oficiales, los sospechosos fueron identificados mientras operaban en la zona, exigiendo la entrega de dinero en efectivo bajo amenazas. Tras su aseguramiento por parte de los uniformados, los individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

  • Detenidos siete miembros del CJNG en el Estado de México

    Detenidos siete miembros del CJNG en el Estado de México

    Entre los arrestados se encuentra “El Fresa”, presunto líder del grupo criminal, investigados por extorsión, secuestro y un feminicidio.

    El Estado de México se enfrenta a una nueva ola de violencia. La Secretaría de Seguridad del Estado informó sobre la detención de siete personas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo criminal operaba en municipios de la zona oriente del estado.

    Entre los arrestados destaca Kevin “N”, apodado “El Fresa”. Según las autoridades, él sería el posible líder de esta célula delictiva. Las capturas sucedieron en Tlalmanalco, donde la policía estatal y municipal realizaron dos operaciones de seguridad.

    En la primera acción, los agentes detectaron a varias personas en actitud sospechosa en la colonia Pueblo Nuevo. Estas personas intentaron huir en motocicletas al notar la presencia policial. Al ser detenidos, encontraron 72 bolsas con hierba con características a la marihuana y 374 envoltorios con una sustancia similar al cristal. En este grupo estaban Giovanni “N”, de 30 años; Jesús “N”, de 20; Víctor “N”, de 19, además de dos menores.

    Las autoridades detallaron que este grupo delictivo se dedica al narcomenudeo, cobro de piso y secuestro. También están siendo investigados por el homicidio de una mujer ocurrido el 4 de febrero.

    La segunda intervención tuvo lugar en la colonia Bella Vista. Allí, los policías lograron arrestar a “El Fresa” y a Aline “N”, de 26 años. Durante la detención, les encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador con cinco balas y 40 envoltorios de posible cristal.

    Según las investigaciones iniciales, “El Fresa” estaría implicado en el asesinato de la mujer mencionado anteriormente. Las autoridades creen que el crimen se originó por disputas por el control territorial delictivo. 

    Los siete detenidos, junto con las evidencias recogidas, fueron llevados a la Agencia del Ministerio Público en Chalco. Allí se abrirá una carpeta de investigación para determinar su situación legal. La lucha contra el crimen en la región continúa, mientras la comunidad espera más acciones efectivas de las autoridades.

  • Detienen a “Comandante Callejas”, presunto líder criminal buscado en Edomex por extorsión y cobro de piso

    Detienen a “Comandante Callejas”, presunto líder criminal buscado en Edomex por extorsión y cobro de piso

    El detenido es señalado como generador de violencia en varios municipios del Estado de México y presunto operador de una célula ligada a La Familia Michoacana.

    Autoridades federales y estatales detuvieron en Tlaxcala a José Armando “N”, alias “Comandante Callejas”, identificado como objetivo prioritario del Estado de México por delitos de extorsión y delincuencia organizada. La captura se realizó en el municipio de San Juan Totolac, tras un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad.

    De acuerdo con información oficial, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia derivados de una denuncia ciudadana, en la que se reportó que un individuo exigía pagos mensuales a un restaurante a cambio de no atacar al propietario ni dañar el establecimiento, una práctica conocida como cobro de piso.

    En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades de la Fiscalía y Policía del Estado de México. Tras su captura, al presunto criminal se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

    Las investigaciones señalan que “Comandante Callejas” lideraba una célula delictiva vinculada con un grupo criminal originario de Michoacán, con presencia en distintos municipios del Estado de México. Entre las localidades donde presuntamente operaba se encuentran Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

    Además de extorsión, al detenido se le relaciona con delitos contra la salud, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos, actividades que lo colocaban como generador de violencia en la región. Autoridades también lo vinculan con Josué Ramírez Carrera, alias “El Tuerto” o “Colibrí”, presunto operador financiero de los hermanos Hurtado Olascoaga, identificados como líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.

    Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México destacaron que la detención es resultado de la coordinación interinstitucional para combatir a grupos criminales, particularmente aquellos dedicados a extorsionar a comerciantes y transportistas, delitos que impactan directamente en la economía local y la seguridad de la población.

  • Gobierno federal activa plan nacional contra la extorsión y el cobro de piso rumbo a 2026

    Gobierno federal activa plan nacional contra la extorsión y el cobro de piso rumbo a 2026

    La nueva estrategia obliga a estados y fiscalías a armonizar leyes, protocolos y registros para enfrentar uno de los delitos de mayor impacto en el país.

    El gobierno federal publicó de manera oficial la estrategia nacional para combatir la extorsión y el cobro de piso, un delito de alto impacto que ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2019. El plan entrará en vigor en 2026 y busca homologar criterios legales, operativos y estadísticos en todo el país para fortalecer su persecución.

    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundió el acuerdo 01/LII/2025, aprobado durante la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada el 11 de diciembre pasado.

    Entre las medidas centrales, el Consejo emplazó a los gobernadores a presentar iniciativas de reforma ante los congresos locales para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva estrategia federal. Las entidades deberán informar al SESNSP, a más tardar el último día hábil de enero de 2026, sobre la presentación de dichas propuestas legislativas.

    Además, el acuerdo ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) elaborar y emitir un manual de operación que regule de forma unificada la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, tanto para fiscalías como para unidades especializadas. Las autoridades estatales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este protocolo.

    Con estas acciones, el gobierno federal pretende homologar los procesos jurídicos y operativos, mejorar la medición de la incidencia delictiva, y orientar recursos presupuestales específicos para combatir la extorsión en todo el territorio nacional.

    Asimismo, a partir de enero de 2026, las fiscalías estatales deberán registrar este delito conforme a los nuevos lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, lo que permitirá un seguimiento más preciso y transparente del fenómeno.

  • Extorsión desatada en la Cuauhtémoc: agresor abre fuego contra policías; cuatro detenidos y un herido

    Extorsión desatada en la Cuauhtémoc: agresor abre fuego contra policías; cuatro detenidos y un herido

    Una balacera la mañana de este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc vislumbró un panorama preocupante donde la extorsión y los robos están a la orden del día mientras su alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, prefiere hacer tiktoks mostrando como, supuestamente, arregla baches. 

    La mañana de este jueves, la colonia Juárez no despertó con el aroma del café de especialidad, sino con el olor a pólvora.

    Un operativo “quirúrgico” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para capturar a presuntos extorsionadores en la calle Río Ebro terminó en una balacera que dejó un policía herido y cuatro detenidos. 

    El mensaje es claro: en la Cuauhtémoc, los criminales ya no solo cobran piso, ahora también disparan.

    Mientras tanto, desde la oficina de la alcaldía se insiste en la narrativa de “limpiar el desastre heredado”, pero los datos duros no se editan como videos de 30 segundos. 

    De enero a octubre de este año, la Cuauhtémoc registró 614 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta de toda la capital, muy por encima del promedio de la Ciudad de México, que ronda los 274, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

    A ello se suman las denuncias recientes de locatarios del Mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero, quienes acusan cobros de piso de hasta 30 mil pesos de entrada, pagos mensuales de 5 mil y hasta un “aguinaldo” criminal de 15 mil pesos. 

    Una economía paralela que florece mientras la autoridad posa para la cámara.

    Rojo de la Vega ha sido señalada por priorizar su branding personal sobre una estrategia de seguridad real, territorial y permanente. Y la balacera de este jueves vuelve a evidenciar lo que ya se percibe a simple vista: a los delincuentes no les intimidan los discursos motivacionales ni los TikToks bien iluminados. 

    La ciudadanía de Cuauhtémoc reclama una alcaldesa que camine la calle y enfrente al crimen, no una que la use como escenografía para sus redes sociales.

  • García Harfuch emprende acciones contra extorsión en sector limonero de Michoacán

    García Harfuch emprende acciones contra extorsión en sector limonero de Michoacán

    Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se reunió con autoridades locales para abordar la extorsión que afecta a los productores de limón en Apatzingán. Se reforzarán las operaciones de seguridad y se buscará justicia por el asesinato de Bernardo Bravo.

    Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció nuevas medidas para proteger a los productores de limón en Michoacán. Esta decisión surge tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder del gremio de limoneros, un crimen que ha generado gran preocupación en la región. Durante una reunión en Apatzingán, García Harfuch, junto con el titular de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, escuchó las inquietudes de los agricultores.

    La extorsión y el cobro de piso son problemas graves que enfrentan los limoneros. En este contexto, García Harfuch destacó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la SSPC, la Fiscalía de Michoacán y otras autoridades locales. El objetivo es garantizar la seguridad de los productores y detener a quienes amenazan la paz en la región.

    El funcionario también mencionó que han realizado detenciones relacionadas con el crimen organizado,  acciones que son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia y la impunidad en Michoacán. La comunidad limonera ha mostrado resistencia ante las amenazas, organizándose para hacer frente a la extorsión.

    García Harfuch se comprometió a que el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune. Este caso es emblemático de una crisis más profunda que afecta a los agricultores en la región. Desde 2018, al menos siete líderes y productores han sido asesinados, lo que refleja la gravedad de la situación.

    La reunión en Apatzingán es un paso hacia la construcción de un entorno más seguro para los limoneros. Las autoridades buscan no solo escuchar, sino también implementar estrategias efectivas que frenen la violencia y protejan a quienes trabajan en el campo. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno es crucial para enfrentar este desafío.

  • Sheinbaum propone castigar la extorsión como delito grave en todo el país; envía reforma a Diputados

    Sheinbaum propone castigar la extorsión como delito grave en todo el país; envía reforma a Diputados

    La iniciativa presidencial busca unificar el tipo penal, permitir denuncias anónimas y sancionar también a cómplices, funcionarios y redes que faciliten el delito.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave y unificar su persecución en todo el país. La propuesta plantea reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que este ilícito se persiga de oficio y las víctimas puedan denunciar de forma anónima, protegiendo así su seguridad.

    El proyecto incluye también castigos más severos contra quienes cometan contrabando o emitan comprobantes fiscales falsos, prácticas que han crecido junto con el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.

    De aprobarse, la pena por extorsión iría de 6 a 15 años de prisión, con hasta 43 agravantes que endurecerían las sentencias según la modalidad del delito. Entre ellas se contempla el cobro de piso, la imposición de precios, el uso del sistema financiero para extorsionar o los ataques dirigidos a candidatos, migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

    La iniciativa también agrava las penas cuando se amenace la integridad física o emocional de la víctima, se utilice violencia o menores de edad, o cuando el responsable sea funcionario o exfuncionario público. Además, incluye sanciones para quienes encubran o colaboren logísticamente con los extorsionadores, obligando a una reparación integral del daño.

    En la exposición de motivos, Sheinbaum advierte que la extorsión es un delito en expansión gracias al uso de tecnologías telefónicas y electrónicas, lo que ha permitido su sofisticación y operación a distancia. Por ello, propone también fortalecer los centros penitenciarios con bloqueadores de señal de voz, datos e imagen, para impedir que desde las cárceles se sigan cometiendo estos actos.

    “La lucha contra la extorsión será integral y no habrá tolerancia frente a la complicidad, corrupción ni negligencia”, enfatizó la Presidenta en el documento enviado al Congreso. Con esta reforma, el Gobierno federal busca cerrar el círculo de impunidad y combatir no solo a los autores materiales, sino a toda la red que sostiene este delito.

  • Hasta 15 años de prisión por extorsión: Sheinbaum envía nueva ley al Congreso

    Hasta 15 años de prisión por extorsión: Sheinbaum envía nueva ley al Congreso

    La iniciativa busca que la extorsión se investigue de oficio, sin denuncia previa, y homologa su castigo en todo el país, con penas más altas en casos de cobro de piso o delitos cometidos desde prisión.

    El Gobierno de México envió al Congreso de la Unión la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de cárcel y multas de hasta 56 mil pesos para quienes cometan este delito.

    Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron que la iniciativa busca que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia, y que se unifiquen los criterios legales en todas las entidades del país.

    Godoy precisó que la propuesta incluye agravantes para casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o si el delito se comete desde centros penitenciarios. Además, prevé que los bienes usados en estos delitos sean confiscados mediante extinción de dominio.

    La consejera recordó que el pasado 9 de octubre se publicó una reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para emitir esta ley. Con ello, se busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reforzar la estrategia nacional contra la extorsión, que ya opera con la línea anónima 089.

    “Esta iniciativa consolida la política nacional para frenar el avance de la extorsión, un fenómeno que daña la economía y la tranquilidad de miles de familias”, afirmó Godoy. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

  • Los “seguros del narco”: así opera el nuevo negocio criminal que domina a empresarios en Veracruz

    Los “seguros del narco”: así opera el nuevo negocio criminal que domina a empresarios en Veracruz

    Cárteles como el del Noreste transformaron el cobro de piso en un “sistema de pólizas” que ofrece protección, préstamos y hasta beneficios funerarios, bajo una lógica empresarial que imita al capitalismo financiero.

    En Veracruz, cada fin de mes, pequeños empresarios pagan su “seguro del negocio”. No es una aseguradora formal ni un respaldo bancario: es el Cártel del Noreste, que convirtió la extorsión en un modelo de negocio similar a una compañía de seguros. A cambio de cuotas mensuales que rondan los 5 mil pesos, los comerciantes reciben “protección” contra robos, incendios o incluso inspecciones municipales, de acuerdo con una investigación de Óscar Balderas para Milenio. 

    El esquema, conocido por los criminales como el Departamento de Seguros del Cártel (DESEC), funciona con sorprendente organización: tiene promotores de pólizas, libretas de control y sanciones por incumplimiento. Los pagos son mensuales, con fechas fijas y castigos por mora que van desde el aumento de cuotas hasta la quema del negocio o el secuestro de empleados.

    Según el periodista Chris Dalby, autor del libro “CJNG: El cártel más peligroso de México”, los grupos criminales han perfeccionado la extorsión. El CJNG, el Cártel del Noreste y células locales como la Mafia Veracruzana aplican criterios empresariales para calcular las cuotas: revisan los ingresos, el tamaño y la ubicación del negocio para fijar montos “sostenibles” que no los quiebren, pero sí aseguren flujo constante de dinero.

    Los cárteles han convertido este sistema en una estructura financiera paralela, que incluso ofrece préstamos, permisos para vender en vía pública o acceso a mercados ilegales de alcohol, tabaco y vapeadores. Quien paga puntualmente puede recibir beneficios “de lealtad”, como ayuda funeraria o medicamentos, aunque rara vez se cumplen.

    El fenómeno, conocido entre economistas como “riesgo moral”, implica que los empresarios protegidos por estos “seguros criminales” asumen más riesgos. Algunos bares o ferreterías, amparados por el cártel, aceptan vender droga o contrabando para financiar sus cuotas. Así, la protección se convierte en una red de negocios ilícitos que refuerza la presencia del crimen en las comunidades.

    “Esto ya no es derecho de piso”, dice un comerciante de Tuxpan entrevistado por Milenio bajo anonimato. “Es capitalismo criminal. Yo pago mi seguro, ellos me cuidan… hasta que decidan lo contrario”.