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  • CDMX busca cárcel para quien haga apología del delito

    CDMX busca cárcel para quien haga apología del delito

    La diputada Elizabeth Mateos propone reformar el Código Penal capitalino para sancionar mensajes que exalten o justifiquen conductas ilícitas.

    La legisladora de Morena, Elizabeth Mateos, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para castigar la apología del delito y la provocación pública para cometer crímenes. La propuesta contempla penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 100 a 300 días, siempre que la conducta no termine en un delito consumado.

    El proyecto crea el artículo 366 dentro de un nuevo apartado del Código Penal capitalino, dedicado a los delitos contra la paz pública. Si el crimen sí llega a cometerse, quien haya provocado esa acción recibirá una sanción conforme a las reglas de autoría y participación ya existentes.

    Aunque el comunicado no lo dice de forma directa, la reforma apunta principalmente a los narcocorridos. Mateos argumenta que el Código Penal capitalino tiene un vacío legal, pues la provocación pública para delinquir y la apología del delito solo aparecen contempladas en el Código Penal Federal.

    Una sanción más dura que la actual

    La diputada explicó que la ley federal resulta insuficiente cuando el delito no se concreta, porque solo prevé trabajo comunitario como castigo. Por eso, su iniciativa cambia ese esquema y propone cárcel junto con una multa económica, buscando que la pena sea proporcional al daño que generan estos mensajes.

    Para Mateos, la apología del delito deja de ser libertad de expresión cuando los contenidos presentan el crimen como algo exitoso, deseable o socialmente aceptable. La propuesta también incluye la apología de “algún vicio” dentro de su redacción.

    Como ejemplo, la legisladora citó el concierto de Los Alegres del Barranco en marzo de 2025, en Zapopan, Jalisco. Durante esa presentación, el grupo proyectó imágenes de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mientras interpretaba un corrido que hace referencia al líder del CJNG.

    Además, Mateos mencionó declaraciones del conductor Pedro Sola en televisión, las cuales generaron denuncias por apología del maltrato animal. La iniciativa busca aplicarse a cualquier medio: impreso, audiovisual, digital o a través de redes sociales.

    Jóvenes, el principal blanco de estos contenidos

    La legisladora advirtió que las plataformas digitales facilitan la propagación de contenidos que romantizan la violencia y el crimen organizado. Según su exposición, niñas, niños y adolescentes son quienes más consumen este tipo de material en internet.

    Mateos resumió su preocupación al señalar que la inmediatez de la información y el alcance de las redes sociales exigen que el Estado refuerce sus mecanismos legales de prevención.

    La iniciativa se presentó el pasado 22 de julio durante la sesión de la Comisión Permanente. Ahora fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde será analizada antes de someterse a votación.

  • Lenia Batres lamenta que la SCJN haya invalidado una porción del artículo 256 del Código Penal de la CDMX; con ello se limita el combate a la corrupción

    Lenia Batres lamenta que la SCJN haya invalidado una porción del artículo 256 del Código Penal de la CDMX; con ello se limita el combate a la corrupción

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, se pronunció en contra de la decisión del pleno y lamentó que se determinara invalidar una porción del Artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, lo que limitaría el alcance del combate a la corrupción.

    A través de su cuenta de X, antes Twitter, la ministra del pueblo compartió una nota informativa en las que explica que dicha normativa permitía sancionar penalmente a directivos o administradores de las asociaciones civiles que incurran en irregularidades al manejar fondos, recursos o apoyos públicos.

    Al razonar su voto en contra del dictamen la ministra Lenia Batres, señaló que la Ley de Amparo reconoce que “los particulares pueden tener el carácter de autoridad”, hecho que es congruente con que puedan ser sancionados por corrupción. 

    En ese sentido, señaló que el artículo 108 de la Constitución Federal permite extender el concepto de servidor público a quienes no desempeñen un empleo, cargo o comisión dentro de la estructura del Estado.

    Asimismo, destaca que en ese mismo artículo se indica que las propias entidades federativas pueden definir, dentro de sus facultades constitucionales, el carácter de servidores públicos. 

    Además, de que la propia Constitución de la Ciudad de México en su “artículo 64 otorga la posibilidad de imponer responsabilidades no sólo a los funcionarios sino también a personas que ejerzan actos de autoridad”.

    Cabe mencionar que el proyecto elaborado por el ministro Javier Laynez fue aprobado por mayoría por el que se invalidan porciones del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad México, materia de combate a la corrupción. 

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