Consejeros electorales aprobaron lineamientos que permiten a los partidos solicitar revisiones directas ante fiscalías estatales antes de los comicios 2027.
El Instituto Nacional Electoral dio un paso inédito este lunes. Por primera vez en la historia electoral del país, la institución instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Su tarea principal consiste en detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y el crimen organizado.
Los consejeros ya aprobaron los lineamientos de trabajo. Estos documentos permiten a la comisión enviar peticiones directas a las fiscalías estatales sobre cualquier candidato o candidata, incluyendo a los suplentes. La medida busca cerrar espacios que la delincuencia organizada podría aprovechar durante el proceso electoral 2027.
Arturo Chávez López preside esta nueva instancia. El consejero explicó que la comisión pretende fortalecer la democracia mexicana desde la raíz. Según sus palabras, el crimen organizado no distingue colores partidistas y busca infiltrarse donde encuentre oportunidad.
Chávez también señaló un problema recurrente en la política nacional. Diputados, senadores y dirigentes partidistas se acusan constantemente de operar “narcopartidos” o “narcogobiernos”. Además, mencionan casos de gobernantes vinculados a distintos delitos en diferentes niveles de gobierno.
Esta situación motivó la creación de la comisión. El antecedente más grave ocurrió en 2024, cuando el proceso electoral registró el mayor número de víctimas de violencia política y criminal en la historia reciente del país.
La comisión quedó integrada por tres consejeros. Norma De La Cruz Magaña participa como integrante, mientras Uuc-kib Espadas Ancona aclaró un punto clave sobre su funcionamiento. La instancia solo actuará cuando los partidos políticos lo soliciten formalmente.
Espadas fue claro al respecto. Sin una petición expresa, la comisión no puede actuar por iniciativa propia. Aun así, anticipó que llegarán solicitudes que incluyan a planillas completas de candidatos, y en esos casos no rechazarán ninguna petición.
Chávez reforzó esta postura durante la instalación. Explicó que su labor debe limitarse estrictamente a las solicitudes de parte interesada. También subrayó la importancia de garantizar el consentimiento previo, libre e informado de cada persona investigada.
La creación de esta comisión responde a un mandato legal específico. El artículo segundo transitorio de la reforma electoral en materia de integridad de candidaturas exige su instalación antes de que arranque el proceso electoral 2027.
