Durante años, colectivos ambientales y organizaciones comunitarias hemos cargado con un estigma impuesto desde los grandes consorcios mediáticos y los intereses privados: se nos llamó “radicales”, “obstruccionistas del desarrollo”, “enemigos de la inversión”, “fabricantes de crisis”, y en últimas fechas, hasta “Huachicoleros del agua” pero a pesar de las calumnias, defendemos el agua desde la dignidad y desde la experiencia concreta de las comunidades que ven secar sus pozos mientras empresas e intermediarios lucran con un recurso que pertenece a la nación. Desde Peña Nieto, esa defensa la llevamos a cabo enfrentando campañas de desprestigio y mecanismos sofisticados de silenciamiento. Por esa razón, lo que afirmó ayer el director de CONAGUA al señalar sin rodeos y con toda responsabilidad pública que los opositores a la reforma en materia de agua “han acaparado durante años grandes cantidades del recurso al amparo del poder político y económico” es verdad, y para nosotros, esta declaración representa un parteaguas político y moral en el debate nacional sobre la alarmante crisis hídrica.
Su declaración confirma lo que colectivos como FUDEMAH hemos denunciado durante más de una década: el agua en México ha sido objeto de concentración, especulación y abuso. No se trata de paranoias ambientalistas ni de discursos apocalípticos, sino de una realidad documentada, vivida y padecida por miles de familias y como lo demuestran los cientos de concesiones “agrícolas” que terminaron irrigando parques industriales, desarrollos inmobiliarios, campos de golf o empresas transnacionales que encontraron en la opacidad institucional, un terreno fértil para convertir el agua en mercancía. Sin embargo, hoy la diferencia radica en que lo señala la autoridad federal desde la propia CONAGUA que, hasta el gobierno de Peña Nieto se replegó ante los poderosos.
En ese sentido, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, respaldamos la reforma hídrica que impulsa el gobierno, dado que no solo busca ordenar el uso del agua, sino que pretende romper con décadas de transmisión privada de concesiones y de redes clientelares que lucraron con permisos otorgados sin planeación territorial ni criterios de justicia social para por fin desmontar el modelo de corrupción que convirtió el agua de la nación en moneda de cambio. La respaldamos porque, con lo que hoy señala el titular de CONAGUA, termina por dar razón a las múltiples movilizaciones y quejas que hicimos desde 2017 pues se demuestra que la lucha por el agua no es un capricho, sino una defensa legítima del derecho humano y del patrimonio natural como parte fundamental de nuestra soberanía.
Por otra parte, tiene toda la razón Efraín Morales: lo que hoy defienden los opositores son los privilegios que nunca debieron existir, por lo tanto, no es casualidad la resistencia empresarial y mediática contra la reforma que, dicho sea de paso, para nada se trata del bien del campo o de la certeza jurídica, en realidad se quejan por la pérdida de un negocio multimillonario construido a costa de comunidades que no tienen agua para beber, mientras compañías llenan albercas o abastecen industrias con volúmenes que jamás les correspondieron.
Finalmente hay que señalar cómo la historia reciente nos deja un aprendizaje claro: la única garantía de un manejo justo del agua, por un lado es la organización social y, por el otro, la visión progresista del Estado, por lo tanto, lo que nos queda a los colectivos es vigilar que la reforma se implemente con rigor, que no se generen nuevas concentraciones, que el Estado no sustituya viejos vicios por otros, y que las comunidades sigan siendo el eje de la gestión del agua y en ese sentido, valga este espacio para reconocer a Claudia Sheinbaum y especialmente a Efraín Morales pues con este compromiso con la justicia ambiental se otorga un reconocimiento institucional a quienes se atreven a desafiar una poderosa fuerza dominante que pretende seguir lucrando con el agua.
- Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH
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