El conflicto entre el gobierno estatal oaxaqueño y el Partido del Trabajo se elevó tras un desalojo violento de manifestantes, evidenciando tensiones políticas, acusaciones de autoritarismo y un incremento desgaste en la relación con grupos sociales.
El gobierno de Salomón Jara enfrentó un nuevo evento de confrontación política tras el desalojo violento de una protesta en la capital de Oaxaca, un hecho que no sólo exhibe el control de represión de la inconformidad social, sino que también profundiza su ruptura con el Partido del Trabajo (PT), la cual debería ser aliada dentro del mismo entorno político.
La movilización, originada por obras inconclusas de infraestructura hidráulica y pavimentación, terminó siendo un operativo policial que dejó personas heridas así como abusos contra ciudadanos, entre ellos adultos mayores. En vez de resolver una demanda validada, la resolución del gobierno fue el uso de la fuerza, reforzando el poder que resuelve mediante la intimidación en lugar de soluciones.
Legisladoras del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez y Margarita García han señalado un entorno de fastidio social reforzado por promesas incumplidas, obras mal ejecutadas y una gestión que, en vez de rendir cuentas, recurre a la represión y abusos. La exigencia de transparencia sobre las empresas responsables de los trabajos inconclusos quedó sin respuesta, lo que empeora las sospechas sobre posibles irregularidades.
A esto se suma el señalamiento directo contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, acusado de operar bajo lógicas de nepotismo y acuerdos políticos separados de las demandas sociales. La falta de diálogo con organizaciones que no forman parte de su círculo cercano refuerza la idea de un gobierno selectivo, que prioriza a quienes comparten sus ideas y limitando al resto.
El conflicto escala aún más con la aparición de mensajes intimidatorios contra legisladores del PT, a quienes se les ha señalado públicamente tras votar en contra de una reforma electoral, por lo que no sólo intensifica la relación entre fuerzas aliadas, sino que da pauta un estado que destaque por la conflictos políticos-sociales.
El caso evidencia un rumbo que preocupa a la administración de Salomón Jara, de un discurso “cercano al pueblo” a una realidad que utiliza viejos métodos de control político. La represión de protestas, la falta de transparencia y el enfrentamiento con aliados demuestran un gobierno que, en vez de consolidarse, comienza a debilitar el respaldo que sostiene su autoridad.
