El Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma presentada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, con la que se garantiza el acceso a la vivienda a los capitalinos y se establece un tope máximo del pago por la renta de casas o departamentos en la capital del país.
Durante una sesión extraordinaria y con 50 votos a favor se avaló, en lo general y particular, la modificación al Código Civil y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, para que el incremento del costo de la renta no sea mayor al de la inflación, reportada por el Banco de México.
Además de crear un registro digital de contratos de arrendamiento, que estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, en un periodo máximo de treinta días los arrendadores deberán de presentarlo.
Asimismo, establece que la administración capitalina deberá garantizar la construcción de vivienda asequible y digna a los habitantes de la ciudad, en especial a las personas que menos tienen, como lo son madres solteras y los jóvenes entre 18 y 35 años.
Los legisladores y legisladoras locales electos de Morena en la Ciudad de México designaron a Xóchitl Bravo como la coordinadora de la bancada guinda en el Congreso capitalino, así como a Brenda Ruiz como vicecoordinadora.
Durante la sesión Constitutiva y Ejecutiva del Grupo Parlamentario de Morena para la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, determinaron por unanimidad a sus próximas lideresas de bancada y quienes serán las encargadas de coordinar la agenda legislativa con la futura Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
En ese sentido, Bravo Espinosa destacó que el grupo parlamentario llega en unidad y fuerte al constituyente capitalino, además estar comprometidos con impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación y defender los derechos de los habitantes de la capital del país.
Lo prioritario es el proyecto, el segundo piso de la transformación. Hay un proyecto de nación y de ciudad y un grupo parlamentario fuerte para defender los derechos de los habitantes de la ciudad.
Indicó Xóchitl Bravo.
Además, de asegurar que encabezará una bancada responsable y siempre abierta al diálogo, con el objetivo de construir a favor de los capitalinos y capitalinas, esto a pesar de abierta cerrazón de la bancada del PAN. Aunque sostuvo que tendrá como prioridad la agenda de Brugada Molina y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Cabe mencionar que, Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México tienen 43 diputaciones, una cifra que supera la mayoría simple aunque no logran la mayoría calificada para lograr cambios constitucionales o designaciones que requieran las dos terceras partes del parlamento.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó al dictamen que introduce el delito de “corrupción inmobiliaria” en el código penal local, siguiendo una propuesta enviada por el jefe de gobierno, Martí Batres. Esta medida se aprobó unánimemente con 47 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, marcando un paso significativo en la lucha contra las prácticas corruptas en el sector inmobiliario.
El @Congreso_CdMex aprobó las iniciativas que envié para regular el hospedaje tipo airbnb y para establecer el delito de corrupción inmobiliaria. Mi agradecimiento a l@s legislador@s. Será para bien de la ciudadanía.
La reforma incluye la adición del artículo 276 al código penal:
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”
Antes de la votación, Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, hizo uso de la palabra en la tribuna, afirmando: “Estoy segura de que hoy saldaremos un importante tema pendiente con la sociedad”.
Además, destacó la problemática relacionada con el Cártel Inmobiliario y el tráfico de influencias, subrayando la importancia de esta reforma para abordar estos asuntos: “Hoy nos corresponde combatir la corrupción inmobiliaria, para combatir la formación de redes de tráfico de influencias entre servidores públicos, empresarios y notarios”, mencionó también que es necesario atender “sobre todo en lo que hace a las violaciones a la ley para la construcción de pisos excedentes a los autorizados por la norma”.
En cuanto a la reforma que se propone regular el hospedaje tipo Airbnb, Batres había mencionado:
“Nos interesa mucho como gobierno, la tranquilidad de los vecinos de las distintas colonias; que no sientan los vecinos que hay una situación de desplazamiento, gentrificación, que van siendo expulsados por dinámicas económicas nuevas de sus hogares, que no exista competencia desigual que quien vaya a desarrollar una labor en la industria hotelera y que tenga mismas obligaciones, que no haya simulaciones que no se presente como un alojamiento temporal, pero en la realidad es un hotel”
Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
El objetivo de esta reforma a la ley es contar con un padrón por primera vez de la oferta y la demanda de este sector con la ciudad.
Este jueves 8 de febrero, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Malena” con el fin de tipificar la violencia ácida y otras sustancias químicas corrosivas, para ser considerada como tentativa de feminicidio.
En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Género y la de Administración y Procuración de Justicia. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que instruya su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Se indica tras la votación.
Con 42 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, las y los legisladores capitalinos dieron luz verde para modificar la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México”, así como la modificación del Código Penal local.
En ese sentido, se establece que las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivos, serán sancionados con ocho y hasta 12 años de prisión. Además se establece que si las agresiones son cometidas contra de una mujer por razón de género aumentarán en la mitad de la pena establecida.
📹 #Vídeo | El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, la #LeyMalena, contra ataques de ácido.
Con esta reforma se tipifican los ataques con ácido y otras sustancias químicas corrosivas por razones de género, como tentativa de #feminicidio y serán sancionadas con… pic.twitter.com/pbEENh82cJ
Asimismo, las mujeres que hayan sido víctimas de este tipo de delito, tendrán acceso a los servicios médicos en instancias del Gobierno Federal y en la Ciudad de México o en su caso podrán ser trasladadas a un hospital privado.
Con esta ley que garantiza a las mujeres tener una vida libre de violencia, la Ciudad de México se suma a entidades como Puebla, Oaxaca y Baja California que han legislado sobre el tema
Cabe mencionar que esta fue nombrada “Ley Malena” en respuesta al ataque que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, que presuntamente fue ordenado por Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado local del PRI en Oaxaca.
Las diputadas y diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunciaron que Santiago Taboada tiene la intención de instaurar un régimen represor y violatorio de los derechos humanos al haber sumado a Manuel Mondragón y Kalb a su equipo.
A través de un comunicado, el grupo parlamentario de Morena, señaló que “Manuel Mondragón y Kalb ha demostrado con creces su talante autoritario en cada encargo público que se le ha encomendado”.
Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México [Manuel Mondragón y Kalb] el 1 de diciembre de 2012, encabezó un operativo que tuvo como consecuencia la detención arbitraria de cientos de jóvenes por participar en diversas manifestaciones, así como el fallecimiento de una persona y la pérdida de un ojo para otra.
Señala el comunicado.
En ese sentido, señalan que como Comisionado Nacional de Seguridad Pública, en septiembre de 2013, Manuel Mondragón encabezó el violento desalojo para sacar a cientos de maestras y maestros que se manifestaban en el Zócalo en contra de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto.
Manuel Mondragón no es el cambio. Su incorporación al frente opositor es la evidencia de que la derecha apuesta por regresar al pasado autoritario, por instaurar un estado policiaco de represión contra las disidencias y por la intolerancia a la libertad de expresión.
Señala el comunicado.
Asimismo, las y los legisladores morenistas expresaron que la “única propuesta en materia de seguridad”, son estrategias que han mostrado ser violatorias de derechos humanos, autoritarias y represivas en contra de la población.
Ante esto, destacaron que Morena impulsa políticas integrales para el combate a la delincuencia, “las cuales han favorecido la disminución en más de un 58% de la incidencia delictiva en la Ciudad de México entre 2018 y 2023”.
Pasado el mediodía de este lunes, el Congreso de la Ciudad de México realizó sesión para buscar la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la cual fue impedida debido a la negativa de las bancadas de la derecha, algunos de ellos ligados al llamado “cártel inmobiliario” del PAN en la Benito Juárez.
Fue con 41 voto a favor y 25 en contra, que se rechazó la ratificación de Godoy por un periodo más de años al frente de la institución de impartición de justicia, por lo que ahora el Jefe de Gobienro, Martí Batres, deberá enviar una nueva terna al Congreso de la capital.
Apenas hace algunas horas, los líderes del PAN y PRI, Marko Cortés y Alejandro Moreno, respectivamente, compartieron públicamente que sus bancadas en el Congreso de la Ciudad de México, votarían en contra de la ratificación de Godoy, mientras que usuarios de redes acusan que los conservadores temen que sigan las investigaciones contra el cártel inmobiliario del blanquiazul y las redes de trata del tricolor.
La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy instó al Congreso capitalino someter a votación su ratificación para seguir al frente de la Fiscalía CDMX por cuatro años más.
A través de su cuenta oficial de X, la fiscal dio a conocer lo anterior: “Por este medio, les informo que he solicitado de manera respetuosa a la Mesa Directiva del @Congreso_CdMex, que se someta a votación del Pleno, lo más pronto posible, mi ratificación como Fiscal General de Justicia de la #CDMX en el periodo de 2024-2028”, escribió.
Godoy envío una carta a la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, donde señaló que su gestión finaliza el 9 de enero, por lo que solicitó desahogar el dictamen.
“Considerando que el día nueve de enero de 2024 fenece el encargo que me fue conferido, y toda vez que resulta necesario garantizar la continuidad en las funciones de procuración de justicia, asimismo teniendo presente que someterme al proceso de ratificación es un derecho que me asiste y que corresponde a ese Órgano soberano pronunciarse sobre la opinión que emitieron el Consejo Judicial Ciudadano y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, es que comparezco respetuosamente a fin de solicitar a ustedes que, en el ámbito de la normatividad que rige a ese H. Congreso, tengan a bien disponer lo conducente a efecto de que el dictamen aprobado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia”, se indica.
Por este medio, les informo que he solicitado de manera respetuosa a la Mesa Directiva del @Congreso_CdMex, que se someta a votación del Pleno, lo más pronto posible, mi ratificación como Fiscal General de Justicia de la #CDMX en el periodo de 2024-2028.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó elevar a rango constitucional la Ley 3 de 3 contra la violencia, con la cual se impedirá que aquellas personas que sean señaladas por actos de violencia contra mujeres, que tengan deudas alimentarias no sean elegibles para ocupar cargos en elecciones populares.
Con 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobaron estas modificaciones al Art. 10, apartado C, adicionando una fracción 11 a la Constitución Política de la CDMX, en donde se establece que ningún violentador podrá ejercer un empleo cargo o comisión en el servicio público ni podrá registrarse a cargos de elección popular.
Asimismo, se prohíbe a aquellos con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en todas sus modalidades, emplear un cargo público.
📹 | #Video: Por unanimidad de votos, el pleno del Congreso de la CDMX determinó elevar a rango constitucional la Ley 3 de 3, para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar pueda obtener un empleo, cargo en el… pic.twitter.com/KEcZM4rgsm
También se aprobó la modificación Artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción primera, y se añadió un nuevo párrafo que establece la obligación de los partidos políticos de implementar mecanismos para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos internos.
Tras la aprobación de estas reformas a nivel local, todas las fueras políticas celebraron esto. Por su parte, la diputada Morena, Martha Ávila, destacó el papel de activistas y colectivas en el acompañamiento del proceso legislativo; y recalcó el avance al impedir que agresores sexuales y deudores alimentarios accedan a cargos públicos.
Este próximo 7 de mayo se realizará la votación del presupuesto participativo 2023 y 2024 , el cual tiene objetivo principal realizar acciones en beneficio de las colonias que corresponden a las 16 alcaldías, sin embargo, legisladores de la Ciudad de México indicaron que el alcalde del PAN, Mauricio Tabe, de la demarcación Miguel Hidalgo, habría buscado incidir en el ejercicio ciudadano.
Ante esto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo en donde se exhorta al panista que evite comprometer dichos recursos de la alcaldía para lograr que se vote por proyectos del presupuesto participativo en materia de servicios e infraestructura urbana.
El abogado y exfuncionario de Miguel Hidalgo, Gustavo García, precisó que esta injerencia en el presupuesto participativo constituye una violación a las normas del ejercicio ciudadano.
“El alcalde no comprende que es una conquista social en la Ciudad de México y ahora busca que se comprometa el recurso del presupuesto participativo para algo que por derecho le corresponde que son los servicios públicos”, apuntó.
Causó polémica en redes
Mediante una publicación en las redes oficiales de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien es alcalde de la demarcación, invitó a los vecinos para que participen en la convocatoria para el presupuesto participativo, sin embargo, fue fuertemente criticado por diversos actores políticos y vecinos por buscar incidir en el ejercicio.
“Vamos a duplicar los recursos para tu colonia, por cada peso del presupuesto participativo que inviertan en alumbrado, reencarpetamiento y banquetas, nosotros (la alcaldía) vamos asumir el compromiso poner un peso más del presupuesto 2024”, dijo el alcalde Mauricio Tabe a través de sus redes sociales, mismo que fue borrado tras la polémica.
El Congreso busca frenarlo
El pasado 12 de abril, el pleno del Congreso de la capital del país dio luz verde a un punto de acuerdo que solicita que el alcalde en Miguel Hidalgo no induzca el sentido de votación de los vecinos de la demarcación sobre el presupuesto participativo.
El diputado morenista Martín Padilla, reiteró que son los ciudadanos quienes deben decidir sobre los recursos destinados a su colonia y que no deberían “apoyar” al gobierno a hacer lo que le corresponde.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio inicio a un procedimiento ordinario sancionador contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como contra el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, promovidos por la diputada Martha Avila, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
En el primer caso, el organismo encontró elementos suficientes de la probable comisión de la conducta consistente en uso indebido de recursos para obtener un posicionamiento indebido, derivado de la queja IECM-QNA/017/2023.
Lo anterior respecto a la existencia de presunta propaganda en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, consistente en volantes y lonas con expresiones contra la Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Además de la publicación y difusión en las redes sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la Alcaldesa de dicha propaganda; el presunto uso de recursos públicos con el fin de instrumentar una campaña sucia y negra contra la mandataria local, al “crear una red local para la confección, diseño, elaboración, impresión, almacenamiento, resguardo y distribución de propaganda político- electoral contra la Jefa de Gobierno”, según consta en el expediente IECM-QCG/PO/026/2023. Cuevas deberá ser notificada personalmente por el IECM.
Mientras que en el caso de Santiago Taboada el procedimiento ordinario sancionador, promovido por la líder de Morena en el Legislativo local, le fue iniciado por el uso de recursos públicos con fines de promoción personalizada, derivado de anuncios que se transmitían previamente a la exhibición de películas en salas de la cadena Cinemex en la alcaldía Benito Juárez.
Bajo el expediente IECM-QCG/PO/028/2023 se da cuenta que el 12 de noviembre de 2022, el alcalde Santiago Taboada y Cinemex firmaron un convenio para visibilizar los llamados Puntos Violeta en la alcaldía Benito Juárez con la proyección en siete de sus complejos de un cineminuto previo a cada función.
Cabe señalar que los hechos denunciados fueron cometidos por un servidor público en su carácter de alcalde, transgrediendo con ello el artículo 134 constitucional, al hacer uso de recursos públicos con fines de promoción personalizada, por lo que el IECM encontró elementos suficientes para iniciar el procedimiento sancionador respectivo.
El IECM deberá emplazar a Taboada como probable responsable, para que, dentro de un plazo de cinco días, a partir de que sea notificado, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes.
