El día 21 de junio, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, lanzó un comunicado en donde se indica que el Ministro Instructor, Javier Laynez Potisek, pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambie criterios en el Plan B electoral con la finalidad de favorecer a la oposición.
En el comunicado, se indica que el Ministro Instructor “se está contradiciendo nuevamente ya que considera que la dispensa de trámite legislativo da lugar a invalidar las leyes del Congreso de la Unión”. Se asegura que la democracia se vulneraría si se aceptan los criterios con carga de subjetividad del ministro Javier Laynez.
Se asegura que el ministro Laynez, está integrando un elemento no invocado por la oposición con la única finalidad de invalidar el Plan B electoral, este suceso vulnera el principio de imparcialidad que se debe regir en los órganos jurisdiccionales, según el artículo 17 constitucional. Además de que en el comunicado se asegura que el ministro, tiene como propuesta declarar la invalidez del decreto impugnado sin hacer un verdadero estudio de las normas en cuestión. Esto tiene como consecuencia un retraso injustificado en la transformación del sistema electoral, que es lo contrario a lo que se busca en el Plan B.
Asimismo, en el comunicado se indica que el ministro mencionó una confusión, esta fue causante de que los diputados de las minorías no sabían con exactitud de que propuesta se estaba hablando. Sin embargo, se menciona que esta confusión que asegura que existió el ministro, es únicamente un sesgo personal que no debería de estar presente en el análisis de la toma de estas decisiones. Si los diputados no pusieron la debida atención que se requiere en estas discusiones no es una razón suficientemente fuerte para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión.
Se menciona que “el ministro Laynez Potisek convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado.”
Para concluir el comunicado, se indica que de validar el proyecto del ministro, la SCJN se estaría convirtiendo en una “oficina de verificación” que solo hace caso a las minorías y renunciaría a lo que debería ser su papel “revisor constitucional de las normas” ya que estaría anulando la voluntad de la mayoría de la población “que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
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