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  • Colapso de edificio de San Antonio Abad, exhibe fallas de supervisión en la alcaldía Cuauhtémoc de Alessandra Rojo de la Vega

    Colapso de edificio de San Antonio Abad, exhibe fallas de supervisión en la alcaldía Cuauhtémoc de Alessandra Rojo de la Vega

    Por Luís Piña

    El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, era la responsable de supervisar la demolición del edificio que colapsó en Calzada de Tlalpan.

    Este 10 de marzo, durante una conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Jefa de Gobierno, , dio a conocer detalles sobre el derrumbe del inmueble ubicado en la zona de San Antonio Abad, en Calzada de Tlalpan, donde confirmó el fallecimiento de tres trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso.

    Durante su intervención, la mandataria capitalina explicó que, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de México y el reglamento de las alcaldías, la supervisión y verificación de las demoliciones corresponde a los gobiernos de cada demarcación. Asimismo, precisó que el inmueble era de propiedad privada, por lo que la contratación de la empresa encargada de los trabajos fue realizada directamente por el dueño del edificio.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez

    “A partir de los hechos que ocurrieron ayer en Tlalpan, primero quiero ofrecer mi solidaridad con los trabajadores afectados. Como saben, podemos confirmar tres lamentables fallecimientos y acompañamos a sus familias en este momento de dolor. El trabajador que fue rescatado con vida fue trasladado al hospital Rubén Leñero y, de acuerdo con los reportes médicos, muy pronto podría ser dado de alta. Le enviamos nuestros mejores deseos de recuperación y estaremos atentos a su proceso”, expresó la Jefa de Gobierno.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez

    Brugada también detalló que, desde el primer momento, el gobierno capitalino ha acompañado a las familias de las víctimas, quienes no residen en la Ciudad de México, brindándoles apoyo en temas de transporte y hospedaje.

    “Las obras consistían en la demolición de un edificio que resultó afectado tras el sismo de 2017. Fue catalogado como de alto riesgo y desde 2018 se notificó a los propietarios que debía ser demolido”, explicó la mandataria.

    Además, la Jefa de Gobierno señaló que solicitará a todas las alcaldías de la capital reforzar los mecanismos de supervisión y vigilancia en los procesos de demolición que se lleven a cabo en la ciudad.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez


    Por su parte, el secretario de Vivienda, explicó que, de acuerdo con la Ley de Reconstrucción, se otorgaron facilidades para realizar los trámites complementarios relacionados con este tipo de obras. No obstante, aclaró que esto no exime a los particulares de cumplir con los permisos correspondientes ni de atender las disposiciones en materia de Protección Civil.

    “Al tratarse de una obra privada y financiada con recursos particulares, la ejecución y responsabilidad de los trabajos corresponde a quienes la contratan. Sin embargo, las alcaldías deben verificar que las obras cumplan con las normas y que se garantice la seguridad durante el proceso de demolición. Es facultad de las alcaldías realizar verificaciones e imponer medidas de seguridad en este tipo de obras”, explicó.

    En ese sentido, el funcionario detalló que la Comisión para la Reconstrucción notificó mediante un oficio, fechado en octubre de 2025, a la alcaldía Cuauhtémoc que la solicitud presentada cumplía con los requisitos iniciales para llevar a cabo la demolición. En ese mismo documento se establecía que correspondía a la demarcación observar que la empresa cumpliera con todas las disposiciones necesarias para realizar los trabajos de forma segura.

    Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez

    Así, la responsabilidad de verificar las condiciones de seguridad durante la demolición recaía en la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, instancia que debía vigilar que la obra se realizara conforme a la normativa y con las medidas preventivas necesarias, justamente para evitar riesgos como el colapso que terminó cobrando la vida de tres trabajadores.

  • La eutanasia puede ser una realidad en CDMX, se impulsa el debate al respecto

    La eutanasia puede ser una realidad en CDMX, se impulsa el debate al respecto

    La Ciudad de México podría abrir un nuevo capítulo en su historia de derechos y libertades,así lo adelantó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al proponer que se inicie un debate público sobre la eutanasia, un tema que, aseguró, debe abordarse desde el derecho constitucional a una muerte digna.

    Durante conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria recordó que la Constitución de la Ciudad de México ya reconoce el derecho a una muerte digna, pero consideró necesario avanzar hacia una discusión más amplia que permita su regulación de manera concreta.

    “Sobre la ley de eutanasia que se aprobó en Uruguay, aquí en la Ciudad de México tenemos, a nivel constitucional, justamente el derecho a una muerte digna, y me parece que es momento de que se construya un debate de todas y todos en esta gran ciudad sobre este tema”, señaló Brugada Molina.

    La Jefa de Gobierno destacó que la capital ha sido punta de lanza en la agenda de derechos en México, pues ha impulsado políticas progresistas como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las identidades de género. En ese mismo sentido, aseguró, es momento de abrir un diálogo sobre la eutanasia que coloque nuevamente a la Ciudad de México a la vanguardia del respeto a las libertades individuales.

    “Eso pondría a la Ciudad de México como una ciudad de derechos y libertades, y me parece que este tema ha quedado pendiente; es un asunto en el que tenemos que trabajar”, subrayó la mandataria capitalina.

    Brugada anunció que su gobierno promoverá las condiciones necesarias para que este debate se desarrolle con pluralidad y participación ciudadana, con el fin de construir consensos que permitan avanzar hacia un marco legal que garantice el derecho a decidir sobre el final de la vida con dignidad.