Conductores de aplicaciones hacen base durante horas en zonas de la Juárez, Roma e Hipódromo, mientras vecinos denuncian riesgos, ruido y basura.
La falta de espacios para estacionar motocicletas ha llevado a repartidores de comida por aplicación a ocupar banquetas, plazas, camellones y zonas peatonales en colonias como Juárez, Roma e Hipódromo. Algunos permanecen hasta 12 horas en estos puntos para mantenerse cerca de los restaurantes y esperar nuevos pedidos.
Vecinos señalan que la presencia de las motos reduce el espacio para peatones y genera riesgos, además de problemas por ruido, basura y hasta consumo de bebidas alcohólicas. Los repartidores, por su parte, aseguran que los cajones de estacionamiento son insuficientes y que las llamadas zonas delivery no funcionan de manera adecuada.
Entre enero y agosto de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicó 8 mil 257 sanciones a motociclistas por ocupar espacios peatonales. De ellas, 8 mil 169 fueron por estacionarse en banquetas o vías peatonales y 88 por circular sobre las aceras, aunque la dependencia no cuenta con datos para determinar cuántas corresponden a repartidores de aplicaciones.
Ante las quejas, vecinos de la colonia Hipódromo señalaron que han solicitado durante meses una solución a las autoridades de movilidad de la alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa, acudieron a la Secretaría de Movilidad, donde se comprometieron a revisar la distribución de los espacios de estacionamiento y buscar una solución al conflicto.
La alcaldía argumenta una remodelación, pero usuarios y talleristas cuestionan que el espacio cultural termine en manos de la Fundación del Dr. Simi para instalar consultorios y un comedor.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ordenó el cierre de la Casa de Cultura Alfonso Reyes, en la colonia Vista Alegre, bajo el argumento de que será remodelada. Sin embargo, vecinos, usuarios y talleristas cuestionaron la decisión y denunciaron que el inmueble sería destinado a un comedor comunitario y consultorios de la Fundación del Dr. Simi.
El cierre ocurrió de manera repentina el pasado lunes, cuando una trabajadora recibió la instrucción de suspender actividades pese a que había clases, exposiciones y eventos programados. La explicación oficial fue que se realizarían trabajos de remodelación, aunque hasta ahora, señalaron los inconformes, no existe información por escrito sobre el proyecto.
La situación resulta todavía más peculiar: una semana antes del cierre, representantes de la Fundación del Dr. Simi acudieron al inmueble para recorrer los espacios y tomar medidas con miras a instalar el nuevo centro. Incluso revisaron la ubicación de mobiliario, refrigeradores y otras adecuaciones, pese a que trabajadores advirtieron que los salones y la galería no están acondicionados para consultorios ni comedor.
La decisión provocó la molestia de habitantes de la zona, quienes acudieron al inmueble para impedir el cierre y exigieron la intervención del Gobierno de la Ciudad de México. Los vecinos recordaron que la Casa de Cultura Alfonso Reyes funciona desde hace 52 años y cuestionaron que un espacio dedicado a actividades culturales pueda ser sustituido sin una explicación clara.
Mientras tanto, la alcaldía difundió una tarjeta informativa en chats vecinales para señalar que el recinto permanecerá cerrado temporalmente por remodelación, pero omitió mencionar la presencia de representantes de la Fundación del Dr. Simi y el posible cambio de uso del inmueble. Así, entre remodelaciones sin proyecto público y espacios culturales que cambian de vocación, la administración de Rojo de la Vega vuelve a quedar bajo cuestionamientos de los vecinos.
El Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX determinó que la exalcaldesa de Cuauhtémoc incurrió en faltas graves durante el operativo, aunque todavía puede impugnar la resolución.
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) impuso una inhabilitación de un año para ejercer cualquier cargo público a Sandra Cuevas, al determinar que incurrió en abuso de funciones durante el llamado Operativo Diamante, implementado cuando encabezaba la alcaldía Cuauhtémoc.
La resolución, identificada como TE/I-22616/2023, fue emitida el pasado 29 de junio y la exalcaldesa fue notificada el 17 de agosto. De acuerdo con el fallo, Cuevas Nieves y su equipo incurrieron en faltas graves durante la ejecución del operativo, por lo que el Tribunal determinó aplicar las sanciones correspondientes.
El Operativo Diamante tenía como objetivo retirar objetos que obstruían la vía pública en distintas zonas de la alcaldía. Sin embargo, durante su implementación se acumularon reportes y denuncias ciudadanas por presuntos abusos de autoridad, situación que derivó en una investigación por parte de los magistrados.
Pese a la resolución, la sanción todavía no es firme ni definitiva. Sandra Cuevas se encuentra dentro del plazo legal para presentar los medios de impugnación contemplados en la legislación, por lo que el fallo podría ser revisado por las instancias correspondientes.
Cabe recordar que no es la primera vez que la exalcaldesa enfrenta una sanción de este tipo. En 2022, el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX ordenó su destitución por abuso de funciones, luego de que cerrara el Deportivo Guelatao tras asumir el cargo. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que posteriormente suspendió dicha inhabilitación.
Evelyn Angélica García Mejía fue detenida en mayo junto a presuntos integrantes de La Unión Tepito con marihuana, cocaína, cristal, dinero y teléfonos; ahoratrabaja para la alcaldesa de Cuauhtémoc.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que se señalara que Evelyn Angélica García Mejía, quien recientemente habría salido del Reclusorio Femenil y es señalada por extorsión y despojo de locales en Tepito y la colonia Centro, actualmente forma parte de su equipo de trabajo.
El señalamiento cobra mayor relevancia por los antecedentes recientes de García Mejía. El 29 de mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Emilio Carranza a tres mujeres identificadas como presuntas integrantes de La Unión Tepito, entre ellas Evelyn Angélica García Mejía, de 41 años.
Durante la detención, los agentes localizaron en el vehículo en el que viajaban un arma de fuego, 38 bolsas con marihuana, 80 paquetes con una sustancia cristalina y 77 bolsitas con una sustancia blanca, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. La SSC informó que las mujeres fueron detenidas por su presunta relación con actividades delictivas.
García Mejía, además, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por lesiones calificadas en 2004, de acuerdo con la información difundida tras aquella detención. A ello se suman los señalamientos sobre su presunta participación en extorsiones y despojos en una de las zonas con mayor presencia de grupos criminales de la capital.
Una investigación de Los Reporteros MX detectó que Erika Yazmín Rodríguez Guzmán, jefa de la Oficina de la Alcaldía Cuauhtémoc, publica en TikTok videos para destacar el trabajo de su jefa, Alessandra Rojo de la Vega. En uno de estos materiales se observa a Evelyn García Mejía acompañándolas durante un recorrido, lo que evidencia su cercanía con integrantes del círculo de la alcaldesa.
Además, al consultar el Portal de Transparencia, pudimos constatar que García Mejía figuraba en la plantilla de personal de la alcaldía hasta marzo de 2024, meses antes de que Alessandra Rojo de la Vega asumiera el gobierno de la demarcación. En ese entonces, aparecía con el cargo de Administrativo Asignado-PR “A”, con un sueldo neto de 6 mil 699.49 pesos.
Ahora bien, resulta contradictorio que una persona con los antecedentes señalados y presuntos vínculos con actividades delictivas forme parte del equipo cercano de Alessandra Rojo de la Vega, quien tendría mucho que explicar al respecto.
No se trata de una contratación cualquiera. La alcaldesa debería aclarar qué filtros se aplicaron, quién autorizó su incorporación y qué funciones desempeña actualmente dentro de la administración.
Resultaría particularmente grave que un gobierno que presume combatir la inseguridad termine manteniendo en su estructura a personas señaladas por su presunta relación con actividades delictivas. La ciudadanía merece una explicación clara y, sobre todo, transparencia.
La alcaldesa atribuyó a un supuesto “narco gobierno” el daño a juegos recién instalados, pero no mostró evidencia que sustente su señalamiento y anunció que serán rehabilitados.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, arremetió contra Morena luego de que juegos infantiles recientemente instalados fueran vandalizados. A través de redes sociales, la funcionaria cuestionó quién podría estar detrás de los daños y lanzó una acusación directa contra el partido, aunque no presentó pruebas que relacionen a militantes o gobiernos morenistas con el vandalismo.
“Poner juegos nuevos y que los vandalicen al día siguiente. Denme una sola razón para no pensar que fue este narco gobierno de mierda”, escribió Rojo de la Vega, quien aseguró que los actos afectan directamente a las y los vecinos de la demarcación.
Sin embargo, la alcaldesa pasó de denunciar un hecho de vandalismo a atribuirlo políticamente sin aportar elementos que permitan identificar a los responsables. El razonamiento de que los daños ocurrieron poco después de la instalación no demuestra quién los cometió ni permite establecer una responsabilidad partidista.
La acusación resulta particularmente cuestionable porque vandalizar infraestructura pública no identifica por sí mismo a sus responsables, por lo que cualquier señalamiento debería estar acompañado de investigaciones, evidencia o información de las autoridades competentes. Hasta el momento, Rojo de la Vega no ha presentado datos que sustenten su versión.
Mientras lanza la acusación contra Morena, la alcaldesa informó que el gobierno de la demarcación procederá a rehabilitar los juegos. De esta manera, el problema para los habitantes permanece: infraestructura recién instalada deberá ser reparada, mientras el señalamiento político de la alcaldesa continúa sin pruebas públicas que lo respalden.
Las imágenes del supuesto ataque contra la entonces candidata de la alianza PRI-PAN-PRD muestran contradicciones con el propio relato de la alcaldesa.
El video del supuesto atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa del PRI, PAN y PRD de la alcaldía Cuauhtémoc, deja más preguntas que certezas. En las imágenes se observa a un hombre acercarse caminando, sacar un arma y dispararal menos cinco veces contra la parte trasera de la camioneta, que permaneció detenida durante las detonaciones. No hubo personas heridas y los daños se concentraron en el vehículo. Hasta ahí, los hechos son graves, pero el problema aparece cuando se contrastan las imágenes con la versión pública de la candidata.
Rojo de la Vega declaró ante Ciro Gómez Leyva que, al comenzar los disparos, ella se agachó y que su chofer arrancó a toda velocidad para escapar del lugar. Sin embargo, el video difundido contradice esa parte de su relato: la camioneta permanece en el sitio mientras se escuchan los disparos. Esa diferencia no es un detalle menor. Cuando una política denuncia un ataque armado en plena campaña electoral, su testimonio debería coincidir con las evidencias disponibles, especialmente cuando el hecho es utilizado políticamente para denunciar una supuesta persecución.
Por eso, antes de convertir el episodio en una bandera política, resulta indispensable responder una pregunta básica: ¿qué ocurrió realmente esa noche? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar quién disparó, por qué lo hizo y si existió una agresión real contra la candidata. Las contradicciones alimentan la hipótesis de que pudo tratarse de un autoatentado o un montaje para generar un beneficio político.
Lo que sí resulta cuestionable es la rapidez con la que Rojo de la Vega y dirigentes como Alejandro Moreno y Xóchitl Gálvez utilizaron el episodio para construir un discurso de victimización política antes de que terminara la investigación. Un ataque armado no debe minimizarse, pero tampoco puede utilizarse para fabricar una narrativa electoral. Si fue un atentado, todo el peso a los responsables; si fue un autoatentado, que también se conozca la verdad. En ambos casos, la ciudadanía merece pruebas y no propaganda.
La alcaldía Cuauhtémoc no programó recursos para infraestructura de drenaje en 2026, pese a que la demarcación acumula numerosos reportes ciudadanos por inundaciones y encharcamientos.
Las lluvias del año pasado exhibieron las deficiencias del sistema de drenaje en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega. Sin embargo, lejos de reforzar la infraestructura ante la temporada de tormentas, la administración de oposición reportó que para 2026 no se han programado recursos destinados específicamente a obras de drenaje. Eso sí, para las fotos y los discursos parece que sí alcanza.
De acuerdo con información entregada por la Dirección de Presupuesto y Finanzas de Cuauhtémoc mediante solicitudes de información, el presupuesto para infraestructura de drenaje en 2026 es de cero pesos. La dependencia precisó que, “al día de hoy”, no existen recursos programados para este rubro, pese a los antecedentes de afectaciones por lluvias en distintas zonas de la demarcación.
El recorte contrasta con los recursos destinados en años anteriores. En 2024, la administración anterior asignó 2 millones 500 mil pesos para infraestructura de drenaje, mientras que en 2025, ya durante el gobierno de Rojo de la Vega, el monto disminuyó a 2 millones 281 mil 357 pesos. Para 2026, el presupuesto simplemente desapareció del mapa. Ni para el drenaje hubo espacio en la cartera de prioridades de la alcaldesa.
Como alternativa, la Dirección de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público informó que la estrategia contra encharcamientos e inundaciones consiste en aplicar el Programa Anual de Limpieza y Desazolve 2026, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en las 33 colonias de la alcaldía. Es decir, ante la falta de inversión en infraestructura, la solución pasa principalmente por limpiar lo que ya existe.
El problema es que los reportes ciudadanos no parecen coincidir con la tranquilidad presupuestal de la administración. El Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) ubica a Cuauhtémoc como la segunda alcaldía con más reportes relacionados con estas afectaciones. Mientras las lluvias ponen a prueba al drenaje, Rojo de la Vega parece haber encontrado una solución presupuestal bastante sencilla: dejarlo en cero.
La alcaldesa de Cuauhtémoc acusó un supuesto “linchamiento mediático” contra la abogada panista, mientras el Gobierno federal rechazó que exista censura.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, defendió públicamente a la abogada panista Natalia Torres, luego de que ésta propusiera limitar el derecho al voto y aseguró que una “buena dictadura” podría ser preferible a una “mala democracia”.
A través de X, la edil acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar “toda la fuerza del Estado” para atacar a una ciudadana por expresar su opinión, en lo que calificó como un “abuso de poder”. En su publicación, Rojo de la Vega también afirmó, sin presentar pruebas, que existe un “linchamiento mediático”, con lo que centró la discusión en una supuesta persecución, en lugar de abordar el fondo de la controversia: la postura de Natalia Torres contra un derecho protegido por la Constitución.
Que la mujer más poderosa del país use toda la fuerza del Estado y los medios a su servicio para aplastar a una ciudadana por dar su opinión —te guste o no lo que dijo— no es fortaleza. Es abuso de poder.
El fondo de todo es perverso, promover un linchamiento mediático,…
— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 23, 2026
No obstante tuvo respuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, quien rechazó la versión de un ataque orquestado:“La libertad de expresión protege el derecho a opinar, no el derecho a quedar exenta de la respuesta social. Háganse cargo de sus dichos”, escribió la funcionaria, al subrayar que quienes participan en el espacio público deben asumir las reacciones que generan sus planteamientos.
Presenten pruebas del “ataque orquestado” si están tan seguros de que hubo una orden.
Hubo un debate público y una respuesta obvia y legítima de quienes pensamos que el derecho al voto es una conquista histórica irrevocable.
La controversia se originó luego de que Natalia Torres propusiera condicionar el derecho al voto a la aprobación de un examen de conocimientos cívicos y posteriormente afirmara que, bajo ciertas circunstancias, una dictadura podría ser preferible a una democracia. Ambas declaraciones fueron ampliamente criticadas por especialistas, académicos y políticos al considerar que contradicen el artículo 35 de la Constitución, que garantiza el sufragio universal como un derecho de todas las personas ciudadanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum también calificó estas propuestas como “profundamente antidemocráticas” y recordó que el voto universal es una conquista histórica del pueblo mexicano y, en particular, de las mujeres. En ese contexto, el respaldo de Alessandra Rojo de la Vega a Natalia Torres no es novedad, ya que en lugar de proclamarse a favor del derecho al voto, utiliza la situación para golpear a Morena, con una una narrativa de presunta censura que, hasta ahora, no ha sido sustentada con pruebas.
La alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, presume en redes sociales la “recuperación” de espacios públicos. Sin embargo la cancha Milkman, permanece cerrada con candado la mayor parte del tiempo, negando a los vecinos el uso de un espacio que les pertenece.
La alcaldía gobernada por la derecha organiza eventos, corta el listón, toma la fotografía para redes sociales y anuncia que “el sitio ya está listo para los habitantes”. Meses después, el espacio está enrejado, disponible solo en horarios intermitentes que ni vecinos ni usuarios logran predecir.
La pregunta es a quién beneficia realmente esta lógica de gestión, ¿a la comunidad que reclama la cancha, o a la narrativa de una administración que necesita inauguraciones vistosas para disfrazar la falta de soluciones?
Frente a las quejas vecinales, la respuesta de la funcionaria Mariana Gálvez, cercana a Rojo de la Vega, fue pasar la responsabilidad hacia quienes usan el espacio de noche, personas en situación de calle y consumo de alcohol.
Es el manual de la derecha ante la falta de política social real: en lugar de invertir en programas de atención a poblaciones vulnerables, seguridad comunitaria o mantenimiento constante, se opta por enrejar, poner candados y culpar a los sectores más precarizados de “hacer perder” el espacio.
Resulta contradictorio que, mientras en la cancha Milkman el acceso se restringe bajo el argumento de “seguridad” e “intermitencia”, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, durante la entrega de la Plaza Giordano Bruno, haya presumido la asociación entre sector público y privado como modelo para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Vecinos y usuarios llevan meses documentando en redes la intermitencia del acceso al espacio público, sin que la alcaldía ofrezca un horario claro ni un plan de mantenimiento continuo.
La rehabilitación de espacios públicos no puede reducirse a solo un evento de inauguración; si la cancha permanece cerrada la mayor parte del tiempo, la “recuperación” es letra muerta y el discurso de cercanía con la comunidad, una fachada.
El concejal de Morena, Emilio Villar, denunció cobros ilegales a vendedores ambulantes y acusó a la administración de la alcaldesa.
El concejal de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, Emilio Villar, acusó al gobierno encabezado por Alessandra Rojo de la Vega de mantener un esquema de extorsiones contra comerciantes en la vía pública, mediante cobros que irían de 100 a mil pesos diarios o semanales para permitirles trabajar a cientos de familias que dependen del comercio informal para obtener ingresos.
De acuerdo con Villar, durante un recorrido por la demarcación una comerciante le confirmó que debía entregar una cuota de 100 pesos para conservar su espacio, además de señalar que la colocación de carpas color rosa respondía a instrucciones recibidas. El concejal sostuvo que, lejos de brindar certeza y orden al comercio en el espacio público, la administración de Rojo de la Vega habría permitido un sistema de cobros irregulares que beneficia a operadores ligados al gobierno local.
El morenista también denunció que algunos vendedores le aseguraron haber sido presionados para conseguir credenciales de elector de vecinos con el propósito de favorecer al Partido Acción Nacional en futuros procesos electorales. De comprobarse, señaló, estos hechos representan un uso político de la necesidad económica de los comerciantes, por lo que exigió la intervención de las autoridades competentes para investigar las denuncias.
Villar lanzó un llamado directo a la alcaldesa para que atienda las denuncias y deje de permitir presuntas prácticas de corrupción y extorsión en la demarcación. “Es momento de que se dedique a gobernar y no a cobrar derecho de piso. Deje de ser una extorsionadora”, declaró. Hasta el momento, la alcaldía Cuauhtémoc no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por el concejal.
