Etiqueta: DEA

  • EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    Una evaluación interna de la DEA, revelada por The Washington Post, confirma que 67 ataques y 221 muertos no cambiaron ni el precio ni la disponibilidad de la droga en territorio estadounidense.

    La Administración para el Control de Drogas reconoció, en un informe que aún no se hace público, que su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico oriental fracasó en su objetivo principal. El documento, filtrado a The Washington Post este lunes, muestra que los bombardeos contra embarcaciones no redujeron el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

    La operación, llamada Lanza del Sur, arrancó en septiembre de 2025. Desde entonces suma 67 ataques y 221 personas muertas. Pese a ese saldo, el suministro de droga se mantuvo intacto, según las propias cifras de la DEA.

    Funcionarios del Pentágono confirmaron la misma conclusión ante legisladores durante una reunión reservada. El precio del kilogramo en Florida bajó hasta ubicarse entre 13 mil y 15 mil dólares. Esa caída revela que la droga sigue llegando sin dificultad.

    Oferta, precio y pureza son las tres variables que Washington usa para medir el éxito de cualquier estrategia antidrogas. Ninguna se movió en la dirección que prometió la Casa Blanca. Donald Trump había asegurado en varias ocasiones que su ofensiva golpeó con fuerza al narcotráfico marítimo.

    Las rutas se trasladaron al aire

    Los grupos criminales cambiaron de método ante la presión naval. Las lanchas rápidas prácticamente desaparecieron de aguas internacionales. En su lugar, los cargamentos ahora viajan en embarcaciones más grandes que navegan pegadas a la costa, donde el riesgo de un ataque baja.

    Al mismo tiempo, creció el uso de aviones que despegan desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos vuelos avanzan hacia el este, sobrevuelan Guyana y Surinam, y evitan así el despliegue naval estadounidense.

    Un funcionario de la DEA, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó la lógica del fenómeno al periódico. Comparó la situación con un globo: cuando se aprieta por un lado, el aire se desplaza hacia el otro. Las redes criminales, agregó, detectan los puntos débiles y los explotan de inmediato.

    El Pentágono defiende la estrategia

    El vocero del Pentágono, Sean Parnell, insistió en que Lanza del Sur cumple su función. Argumentó que las organizaciones criminales llevan décadas ajustando sus tácticas frente a cualquier presión externa. Definió el impacto de la campaña como una “fricción sistémica” sobre el narcotráfico.

    La ofensiva también sirvió para presionar a Nicolás Maduro. Fuerzas estadounidenses lo detuvieron en Caracas y lo trasladaron a un centro de reclusión en Nueva York a comienzos de enero. Seis meses después de esa captura, los ataques contra embarcaciones continúan sin pausa.

    Naciones Unidas denuncia ejecuciones extrajudiciales

    Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos calificaron los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas hay pescadores y contrabandistas de combustible. Washington nunca presentó ante un tribunal pruebas de que esas tripulaciones cometieran delitos.

    Human Rights Watch alertó la semana pasada a los gobiernos latinoamericanos sobre las graves consecuencias de sumarse a este tipo de operativos. La organización recordó que eliminar las garantías judiciales no reduce al crimen organizado.

    Esa advertencia llega justo cuando la estructura militar liderada por Estados Unidos sigue creciendo. El 7 de marzo, en el complejo Trump National Doral de Miami, el mandatario reunió a 12 jefes de Estado de la región. Ahí firmaron la Carta de Doral y crearon la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Representantes de 17 países se sumaron con el compromiso de usar fuerza militar letal contra el narcotráfico. México no forma parte del bloque.

    Trinidad y Tobago, ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, albergó maniobras de la Marina estadounidense. En Puerto Rico volvió a funcionar parte del aeropuerto de Roosevelt Roads, cerrado desde 2004. El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, viajó a Ecuador el 14 de julio para coordinar la cooperación contra el narcotráfico.

    Colombia se unirá a la coalición el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia. Su antecesor, Gustavo Petro, había denunciado en marzo un ataque estadounidense en territorio colombiano y exigió respeto a la soberanía nacional.

  • Terry Cole acusa relación entre México y narcotráfico sin presentar pruebas mientras DEA carga con historial de corrupción

    Terry Cole acusa relación entre México y narcotráfico sin presentar pruebas mientras DEA carga con historial de corrupción

    El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo que los cárteles mexicanos y el Gobierno de México “son inseparables”. Sin embargo, el funcionario no presentó pruebas que respalden una acusación de tal magnitud.

    De hecho, las palabras de Cole contrastan con el propio historial de la DEA, una agencia que en los últimos años ha enfrentado diversos casos documentados de corrupción interna, que se han expuesto en Los Reporteros Mx, con trabajo de Ricardo Sevilla. Uno de los más conocidos fue el revelado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que documentó que agentes de la DEA participaron entre 2001 y 2012 en fiestas con prostitutas financiadas por integrantes de cárteles de la droga en Colombia

    El informe señaló que algunos funcionarios recibieron regalos, dinero e incluso armas de organizaciones criminales. El escándalo derivó en fuertes cuestionamientos del Congreso estadounidense y precedió a la salida de la entonces administradora de la DEA, Michele Leonhart, en 2015.

    Otro de los episodios más graves fue el protagonizado por el exagente especial José Irizarry, quien se declaró culpable de múltiples delitos federales tras desviar millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas de lavado de dinero para financiar un estilo de vida de lujo. En 2020 fue condenado a 12 años de prisión. Durante entrevistas posteriores, Irizarry describió la llamada guerra contra las drogas como “un juego divertido” y aseguró que las irregularidades dentro de las investigaciones eran más amplias de lo que públicamente se reconocía.

    A estos antecedentes se suma la condena del exagente Joseph Bongiovanni, declarado culpable por filtrar información confidencial a narcotraficantes en Buffalo, así como las investigaciones administrativas contra Nicholas Palmeri, exdirector de la DEA en México, por mantener relaciones inapropiadas con abogados de presuntos narcotraficantes y por el uso indebido de recursos públicos. Estos casos, documentados por autoridades estadounidenses y diversos medios de comunicación, muestran que la propia DEA ha enfrentado problemas de corrupción al más alto nivel.

    En ese contexto, las declaraciones de Terry Cole han sido recibidas con escepticismo por distintos sectores, que consideran que acusaciones de esa magnitud deben ir acompañadas de pruebas públicas. Más aún cuando la propia DEA ha tenido que reconocer, investigar y sancionar durante años a funcionarios que terminaron colaborando o beneficiándose de las mismas organizaciones criminales que la agencia asegura combatir.

  • Fiscalía de EUA acusa de narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”

    Fiscalía de EUA acusa de narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”

    La Fiscalía del Distrito Sur de California presentó siete cargos federales contra Carlos Páez Pereda, señalado como líder de un grupo armado ligado a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

    La justicia estadounidense formalizó este martes 7 de julio una acusación contra Carlos Alberto Páez Pereda, conocido como “Carlitos Rugrats”. Los fiscales lo señalan como presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa.

    El acusado tiene 30 años y residía en Laguna Colorada, Sinaloa. Enfrenta siete cargos federales que incluyen narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico a gran escala. Las penas van de 20 años de prisión hasta cadena perpetua.

    La acusación surgió de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado confirmó esa designación el 20 de febrero de 2025. Meses después, en septiembre de 2025, el Tesoro ya había sancionado a Páez Pereda a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

    Una red de tráfico y lavado de dinero

    Según los fiscales, Páez Pereda dirigió durante una década una red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína. La organización habría importado decenas de miles de kilogramos de droga hacia Estados Unidos. Además, lavó cientos de millones de dólares provenientes de esas actividades.

    El grupo también controlaba rutas de transporte desde Sinaloa hasta Tijuana y municipios cercanos. Esa logística facilitaba la entrada de droga al Distrito Sur de California y otras regiones del país.

    Violencia armada para proteger el negocio

    Los fiscales detallaron que “Los Rugrats” recurrieron a asesinatos, secuestros y otros actos violentos para reforzar el control territorial de “Los Mayos” en Sinaloa y Tijuana. Durante el enfrentamiento entre esa facción y “Los Chapitos”, Páez Pereda habría aportado combatientes, armas y dinero al bando de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

    El agente especial de la DEA, James Nunnallee, explicó que la organización usaba sicarios armados para mantener su poder. Por su parte, el agente especial del FBI en San Diego, Mark Remily, afirmó que el grupo alimentó violencia extrema en México con impacto directo en comunidades estadounidenses.

    La Policía Nacional de República Dominicana también activó en julio de 2025 una orden de arresto internacional contra Páez Pereda. La orden incluye a su hermano, Luis Alfonso Páez Pereda, y otros dos presuntos miembros del grupo.

    Un apodo tomado de una caricatura

    El nombre de la célula proviene del apodo de su líder, inspirado en el personaje infantil de Nickelodeon. Los sicarios adoptaron esa imagen como sello distintivo: empuñaduras de pistolas con diamantes muestran la figura de Carlitos con un sombrero marcado con las siglas “MZ”, en referencia a Ismael “El Mayo” Zambada.

    El fiscal federal Adam Gordon resumió el caso con una frase directa sobre el apodo: aseguró que un personaje de caricatura no puede ser capturado, pero un narcoterrorista sí.

    La investigación fue resultado del trabajo conjunto entre el FBI, la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Policía de Chula Vista y las Zonas de Alta Intensidad de Narcotráfico. Los fiscales federales Joshua Mellor y Peter Horn quedaron a cargo del caso.

  • Caro Quintero comparece en Brooklyn; fiscalía y defensa exploran posible acuerdo previo a juicio

    Caro Quintero comparece en Brooklyn; fiscalía y defensa exploran posible acuerdo previo a juicio

    El proceso contra Quintero avanzó en la revisión de pruebas y  manejo de evidencia, mientras fiscales y defensa analizan la posibilidad de un acuerdo. 

    Rafael Caro Quintero compareció en una nueva audiencia de procedimiento en el tribunal federal del distrito este en Brooklyn, Nueva York, dentro del proceso que podría llevarlo a juicio por cargos por narcotráfico y otros delitos federales. En esta etapa, el caso continúa en preparación y aún no se descarta un eventual cambio en su declaración inicial de no culpable.

    La audiencia ante el juez federal Frederic Block se centró en la administración de pruebas y documentos clasificados como confidenciales, así como en las reglas para su intercambio entre la fiscalía y la defensa. También se discutió la posibilidad de que, en un eventual juicio, se utilice un jurado anónimo.

    Caro Quintero compareció vestido con uniforme de reo color café claro y camiseta naranja, al igual que su sobrino Ismael Quintero Arellano, quien también está incluido en el proceso. El acusado enfrenta cuatro cargos criminales y podría recibir cadena perpetua si es hallado culpable; sin embargo, el caso está estrechamente vinculado al asesinato del agente antinarcóticos de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, hecho que las autoridades estadounidenses atribuyen al propio Caro Quintero.

    Durante la audiencia, los fiscales informaron que podrían sostener conversaciones con la defensa para explorar un posible acuerdo que evite el juicio, lo que implicaría modificar la declaración de no culpable. No obstante, precisaron que hasta ahora no existe una propuesta formal. El juez Block fijó la siguiente audiencia para el 1 de octubre y mantiene programado el inicio del juicio para el 8 de marzo de 2027.

  • Torre Centinela de Maru Campos: 4,700 mdp, dos años de retraso y un piso para agencias de EUA

    Torre Centinela de Maru Campos: 4,700 mdp, dos años de retraso y un piso para agencias de EUA

    La Torre Centinela, el proyecto de seguridad más ambicioso y costoso del gobierno de Maru Campos, acumula irregularidades que van desde opacidad contractual y sobrecostos hasta vínculos directos con el escándalo de la CIA que sacudió a Chihuahua desde abril.

    El inmueble, concebido como centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, con tecnología de inteligencia artificial para recabar y sistematizar datos contra el crimen organizado, lleva más de dos años de retraso. Aunque la construcción arrancó el 10 de agosto de 2022, el ayuntamiento de Ciudad Juárez no otorgó la licencia de uso de suelo sino hasta el 11 de marzo de 2026, y la licencia de construcción del edificio de 20 pisos apenas se expidió el 19 de mayo pasado, casi cuatro años después de iniciadas las obras, de acuerdo con La Jornada.

    El contrato fue entregado de forma directa a la empresa israelí Seguritech Privada. El monto pactado asciende a 4 mil 700 millones de pesos, y la obra debió estar concluida en enero de 2024. La Auditoría Superior del Estado (ASE) sancionó a Seguritech con una multa de 112.3 millones de pesos por incumplimiento del contrato, sobreprecios y servicios no prestados. La SSP suspendió pagos a la empresa desde el 12 de marzo de 2025, aunque tras 15 audiencias de conciliación acordó emitir un convenio modificatorio que incluye el pago de esa multa. La ASE no precisó si el nuevo acuerdo establece un plazo definitivo para concluir la torre. 

    Además, el propio titular de la SSP chihuahuense, Gilberto Loya Chávez, reveló un detalle que encendió las alarmas. El piso 18 completo está destinado a funcionar como búnker de agentes estadounidenses: DEA, FBI, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La revelación se produce en el marco del mismo escándalo que derivó en acusaciones de traición a la patria contra Campos, luego de que cuatro agentes de la CIA murieran en un accidente vial al regresar de un operativo antidrogas en el municipio de Morelos.

    Una investigación periodística publicada en Texas Observer reveló además que la Plataforma Centinela  incluye un sistema de vigilancia masiva con inteligencia artificial utilizado para dar seguimiento a la población migrante, y que la gobernadora ofreció compartir la información recolectada con el gobierno federal de Estados Unidos y el gobierno estatal de Texas.

    Con información de La Jornada y Aristegui Noticias.

  • Maru Campos convierte citario en excusa para no dar la cara ante FGR

    Maru Campos convierte citario en excusa para no dar la cara ante FGR

    La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, intenta convertir su citatorio en la excusa perfecta para no dar la cara ante la FGR y comparecer por sus señalamientos de violación a la soberanía al llevar a cabo operaciones de agencias estadounidenses en territorio estatal, diciendo que tiene “errores”.

    La gobernadora chihuahuense, Maru Campos, parece haber encontrado un pretexto para no aparecer y comparecer ante la Fiscalía General de la República, puesto que asegura que el citatorio que recibió hace un par de días está “mal hecho”. En lugar de asistir para aclarar los hechos y enfrentar el tema públicamente, la edil panista decidió esconderse y victimizarse.

    El asunto tomó fuerza después de que surgieran dudas tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una imputación formal contra Maru, la reacción de la gobernadora reforzó las dudas. Lejos de mostrarse dispuesta a colaborar, convirtió todo en una batalla política para intentar desviar la atención. 

    Roberto Gil Zuarth aseguró que dicho citatorio contiene “contradicciones” porque la gobernadora aparecía como testigo, pero se hacía mención de artículos relacionados con personas investigadas. Bajo ese argumento, buscan elaborar una narrativa de “persecución”, aunque el mensaje que transmiten es el miedo a enfrentar sus señalamientos.

    Mientras Campos y su gente preparan una supuesta denuncia contra la misma FGR por “irregularidades” en el procedimiento así como discursos de victimización, las y los chihuahuenses así como la ciudadanía nacional, siguen esperando explicaciones y respuestas claras.

    Si en realidad Maru Campos no tiene nada que ocultar, entonces resulta difícil entender por qué su prioridad parece ser atacar el documento y no esclarecer el tema de fondo. 

    En Chihuahua crece la percepción de que el gobierno estatal intenta manejar la crisis como asunto de imagen y no de transparencia. Cada declaración de la mandataria refuerza más las sospechas. Días antes de recibir el documento, en su gira de medios chayoteros reconoció tener conocimiento de operaciones y presencia de corporaciones como la DEA.

    Su estrategia parece diseñada para ganar tiempo y convertir un asunto delicado en una disputa política, y su enfoque es la insistencia en errores administrativos, en vez de asumir una postura firme y abierta ante la investigación.

  • El Policía panista, Loya Chávez busca gobernar Chihuahua

    El Policía panista, Loya Chávez busca gobernar Chihuahua

    Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad y militante del PAN, quiere suceder a Maru Campos como gobernador. Su gestión abrió las puertas a agencias estadounidenses como la CIA, ICE y DEA. Mientras llena la ciudad de propaganda, crece la distancia con otros líderes panistas.

    Gilberto Loya Chávez decidió competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027. El actual secretario de Seguridad impulsa su imagen con miles de espectaculares y bardas que muestran su rostro y el lema “Gobernar con seguridad para todo Chihuahua”.

    Loya conversa ya con distintos sectores políticos. También ha platicado sus planes directamente con la gobernadora Maru Campos. Su aspiración genera opiniones divididas entre los ciudadanos.

    Durante su paso por la secretaría, Loya permitió que agentes de la CIA, ICE y DEA operaran en suelo chihuahuense. Estas agencias realizan trabajo de inteligencia sin la supervisión constante de las fuerzas federales mexicanas.

    Él mismo promovió que el piso 18 de la Torre Centinela funcionara como Centro Internacional de Fusión de Inteligencia. Ahí reciben a personal del FBI, DEA y CBP de manera permanente o temporal. Muchos vecinos se preguntan si estas facilidades benefician primero a los chihuahuenses o a intereses extranjeros.

    Loya proviene de las filas policiales del PAN. Su figura genera confianza en algunos por su discurso de mano dura. Sin embargo, otros ciudadanos ven riesgos en ceder tanto control a agencias de otro país.

    Al mismo tiempo, la relación entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se enfría. Fuentes cercanas indican que Bonilla ya no es el favorito de la mandataria. Un incidente durante el desfile de la Revolución Mexicana aumentó las tensiones.

    Maru Campos recordó públicamente que “no son los tiempos” para ciertas actitudes. Sus palabras sonaron como un llamado a respetar la jerarquía y los tiempos institucionales.

    Los chihuahuenses observan con atención estos movimientos. La seguridad diaria, el empleo y el futuro de sus familias siguen siendo sus principales preocupaciones. Mientras los políticos arman sus estrategias, la gente común espera respuestas concretas a sus necesidades reales.

  • EUA: el imperio de la hipocresía y la guarida de la impunidad

    EUA: el imperio de la hipocresía y la guarida de la impunidad

    Por Nathael Pérez

    Estados Unidos tiene un sistema profundamente podrido, donde el discurso antidrogas se desmorona frente a indultos vergonzosos, complicidades descaradas y redes de poder que operan con total cinismo. El gobierno de Donald Trump se  compone de abusos, favores políticos y decisiones que parecen responder más a intereses que a cualquier principio democrático. Indultos a criminales, respaldo a figuras cuestionadas, corrupción dentro de agencias como la DEA y un desfile de funcionarios que derrochan recursos públicos sin consecuencias reales: todo apunta a encubrimientos y carencia de moral. 

    Aquí una recopilación de casos para  entender hasta dónde llega la impunidad, el cinismo y la corrupción del gobierno estadounidense.

    Injerencia en Honduras

    Audios filtrados evidencian un maquiavélico plan para imponer y sostener en el poder a figuras vinculadas al narcotráfico, con el respaldo directo de Donald Trump y actores ligados al estado genocida de Israel, en una clara violación a la soberanía del país. Las grabaciones apuntan a acuerdos oscuros, amenazas como el uso de remesas como presión política, indultos con tintes de pago de favores y una estrategia sistemática para controlar instituciones, debilitar a la oposición y convertir a Honduras en un enclave al servicio de intereses externos.

    Indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández

    Donald Trump otorgó indulto a Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño condenado por narcotráfico en EUA, lo cual demuestra hipocresía flagrante en el discurso antidrogas estadounidense: mientras el país presume una lucha frontal contra el crimen, se libera a un político hallado culpable de conspirar para traficar cocaína, lo que pone en duda la credibilidad del sistema judicial. La decisión minimiza el daño causado en Honduras y deja claro que la justicia puede ser negociable.

    El exdirector que se codeaba con los abogados de los capos

    Nicholas Palmeri, exdirector de la DEA en México, es algo más que un grave caso aislado: la podredumbre dentro de una agencia que presume combatir el narcotráfico mientras algunos de sus altos mandos convivían y brindaban con los abogados de los capos, además de desviar recursos públicos para lujos personales. El sistema de Estados Unidos está lleno de de instituciones que toleran y protegen la corrupción que dicen perseguir.

    El agente de la DEA que protegía narcotraficantes

    El agente de la DEA Joseph Bongiovanni operó como protector directo del narcotráfico en Buffalo, usando información confidencial para alertar criminales, desviar investigaciones y garantizar el flujo de droga sin intervención federal. Pese a la gravedad del asunto, el sistema en EUA lo condenó a solo diez años de prisión, demostrando complicidad y encubrimiento por parte de toda la institución y el sistema.

    Respaldo de Trump a Noboa

    El respaldo de Donald Trump a Daniel Noboa resulta problemático luego de que se revelara que el presidente ecuatoriano está vinculado a una estructura ligada a una exportadora de plátanos en cuyos envíos se han detectado cargamentos de cocaína en múltiples ocasiones. Curiosamente, él y su familia controlan toda la cadena de producción. Además, estas empresas radican en paraísos fiscales, todo bajo el respaldo público de Washington.

    José Irizarry, el agente que desviaba y lavaba los botines incautados

    Un escándalo que exhibe la podredumbre interna de la DEA es el caso de José Irizarry, un agente de élite que convirtió la “guerra contra las drogas” en una ganancia personal al  desviar al menos 9 millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas para financiar una vida de lujos y excesos. Este caso evidenció el fracaso estructural de la DEA, una agencia que, mientras presume combatir al narcotráfico, permitió que uno de los suyos actuara como parte del mismo sistema criminal que decía perseguir.

    Orgías en oficias de la DEA financiados por cárteles

    Otro caso que exhibe lo peor de la DEA. Entre 2001 y 2012, al menos 10 agentes, incluyendo altos mandos, participaron en orgías financiadas por los mismos cárteles que debían combatir. Utilizaban instalaciones oficiales para estas “fiestas” y presumir dinero, regalos e incluso armas provenientes del narco. De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia, pese a la gravedad de los hechos, los castigos fueron ridículamente leves, como suspensiones de días o abstenciones, dejando en claro el nivel de impunidad.

    Derroche de Kristi Noem

    Kristi Noem autorizó el gasto de 172 millones de dólares en jets de lujo con dinero público: mientras imponía controles estrictos para gastos menores, avalaba desembolsos millonarios y priorizaba el privilegio. Bajo el argumento de “seguridad”, se adquirieron aeronaves con características de lujo que poco tienen que ver con la austeridad que exigía su propio discurso.

    La renuncia de Chavez-DeRemer

    La salida de Lori Chavez-DeRemer del Departamento de Trabajo no fue solo una renuncia, sino otra consecuencia del desorden y encubrimiento dentro del gobierno de Donald Trump, donde las investigaciones por abuso de poder, uso indebido de recursos y conductas inapropiadas se tapan con el pretexto de irse al “sector privado”.

    Escándalos de Tom Price

    El exsecretario de Salud de EUA, Tom Price, terminó forzado a renunciar tras revelarse que despilfarró más de 400 mil dólares en vuelos privados financiados con dinero de los contribuyentes. Aunque intentó maquillar el escándalo ofreciendo reembolsos mínimos, la presión pública y política dejó al descubierto que la élite gubernamental predica austeridad mientras vive con lujos pagados por la ciudadanía.

    La impunidad de Ryan Zinke

    El caso de Ryan Zinke exhibe con crudeza la corrupción y el cinismo dentro del gobierno de Donald Trump, luego de que un informe oficial evidenciara que el exsecretario del Interior siguió operando y beneficiándose de un proyecto inmobiliario en Montana mientras ocupaba el cargo público, violando abiertamente las leyes. Cuando fue cuestionado, mintió y ocultó información, intentando minimizar su participación pese a pruebas contundentes como correos y reuniones documentadas. A pesar de ello, el Departamento de Justicia decidió no proceder penalmente.

    Howard Lutnick visitó la isla de Epstein

    Howard Lutnick, secretario de economía de Donald Trump, admitió que visitó la isla privada de Jeffrey Epstein incluso después de que este fuera condenado por delitos sexuales, contradiciendo su propia versión de haber roto relación desde años antes. De cierta manera esto revela la tolerancia, e incluso complicidad, del poder con figuras vinculadas a abusos sexuales.

    Michael Flynn, otro indultado de Trump

    El caso de Michael Flynn es uno de los episodios más graves de corrupción y vulnerabilidad en la seguridad de EUA. Flynn tenía acceso a información altamente sensible  y mantuvo vínculos opacos con gobiernos extranjeros como Turquía y Rusia, recibía pagos y realizaba cabildeo sin transparencia. Pese a declararse culpable, terminó siendo indultado por Donald Trump. ¡Qué sorpresa!

    Marco Rubio, con familia en el cartel de Medellín

    Marco Rubio es un ejemplo de la hipocresía que atraviesa la política antidrogas de EUA, al mantener un discurso agresivo contra países latinoamericanos mientras su propio entorno familiar estuvo vinculado al narcotráfico: un cuñado condenado por nexos con el Cártel de Medellín. Su carrera política fue impulsada por financiamiento relacionado con esquemas fraudulentos y presunto lavado de dinero. Quienes dictan sanciones y condenas internacionales cargan con sombras igual o más graves que las que dicen combatir.

    Casa de Moneda se abastece de oro proveniente de cárteles

    La Casa de la Moneda de EUA estaría alimentando su cadena de suministro con oro proveniente de minas ilegales controladas por cárteles latinoamericanos, mientras sigue vendiendo monedas como si fueran “100 % estadounidenses”. Mientras EUA presume combate al narcotráfico, su propia infraestructura financiera estaría beneficiándose indirectamente de él.

  • El agente VIP del narcotráfico en la DEA

    El agente VIP del narcotráfico en la DEA

    Por Ricardo Sevilla

    Una de las grietas más profundas en la estructura de la DEA la produjo, sin duda, José Irizarry.

    Tarde se dieron cuenta las autoridades estadounidenses de que Irizarry no era un agente cualquiera, sino un elemento de élite que utilizó su posición para ejecutar operaciones de lavado de dinero internacional.

    Y es que Irizarry y sus cómplices desviaron al menos 9 millones de dólares provenientes de investigaciones encubiertas de lavado de dinero.

    Una investigación periodística de Jim Mustian y Joshua Goodman reveló que José Irizarry utilizaba “cuentas de transferencia” de la DEA para interceptar fondos antes de que llegaran a las arcas gubernamentales.

    A través de una serie de entrevistas directas con el propio Irizarry antes de ingresar a prisión, llama la atención que él mismo describía la guerra contra las drogas como un “juego divertido”.

    Irizarry utilizó el dinero para adquirir una casa de lujo en Cartagena, vehículos deportivos, joyas costosas y financiar un estilo de vida de “jet-set” que incluía viajes de placer por todo el mundo, a menudo disfrazados de misiones oficiales.

    Los detalles del su estilo de vida incluían fiestas en yates, viajes a ver al equipo de futbol Real Madrid e incluso el consumo de prostitución.

    José Irizarry cedió al lujo y la opulencia de los narcotraficantes que perseguía, y terminó, incluso, adoptando sus valores, estéticas y códigos de consumo.

    Lo cierto es que Irizarry no actuó solo. El agente no solo se declaró culpable de 19 cargos federales, sino que habló de toda una red de informantes, familiares y otros agentes en una conspiración que duró casi una década.

    Algo llama poderosamente la atención; que Irizarry fue contratado por la DEA a pesar de haber fallado un polígrafo y tener deudas previas.

    De acuerdo con los comunicados oficiales de la Oficina de Asuntos Públicos y del Distrito Medio de Florida, la jueza Charlene E. Honeywell terminó condenando a José Irizarry a 144 meses (12 años) en una prisión federal, una de las condenas más severas para un agente de su rango.

    El agente Irizarry no perseguía a los líderes del crimen organizado, sino que utilizó el dinero incautado para su propio beneficio.

    Lejos de lo que el gobierno de Estados Unidos quisiera hacernos creer, la caída de este delincuente no fue un éxito de la DEA, sino un terrible síntoma de su fracaso interno.