El Senado avanza en una ley inédita para regular la Inteligencia Artificial, con sanciones clasificadas que van desde leves a “gravísimas”, creación de una nueva autoridad y un catálogo de prácticas prohibidas, especialmente para frenar la manipulación y violencia digital.
El Senado dio el primer paso a una regulación integral de la Inteligencia Artificial con una propuesta que marcará un antes y después: por primera vez se clasificarán las faltas como leves, graves y “gravísimas”, estas últimas con consecuencias que pueden llegar hasta la cárcel.
Se considerará “gravísimo” usar IA para manipular procesos políticos, electorales o sociales con fines ilícitos. Asimismo, se castigará el desarrollo de sistemas que causen daños graves a la salud, la seguridad o los derechos humanos, así como el uso de vigilancia masiva sin base legal o tecnologías diseñadas para fraude, suplantación de identidad o desinformación.
La propuesta se centra en la protección contra la violencia digital de género. También se prohíbe la creación y difusión de contenidos íntimos falsos -los llamados “deepfakes”- sin consentimiento, así como cualquier uso de IA para humillar, extorsionar o acosar a mujeres. En el uso de menores de edad, cualquier consentimiento será inválido, reforzando aún más las sanciones.
Además, se planteó la creación de nuevas instituciones clave, una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, una estrategia nacional, un fondo para su desarrollo así como un sistema de certificación con el fin de sostener el orden ante esta tecnología en el país.
Dentro de las infracciones graves se incluirán el incumplimiento de evaluaciones de riesgo, ocultar información técnica o el uso de sistemas sin certificación cuando sea obligatorio. Por otro lado, las leyes integrarán omisiones administrativas menores que no pongan en peligro la seguridad ni los derechos de las personas.
Asimismo, se prohíben las prácticas como la manipulación mental sin consentimiento, los sistemas de “puntuación social” discriminatoria y el reconocimiento de emociones en entornos laborales o educativos cuando afecte la dignidad de las personas.
