Por: Luis Piña
En medio de una creciente preocupación por el encarecimiento de la vivienda, la jefa de Gobierno, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca regular el mercado de alquiler en la capital y garantizar que vivir en la ciudad no sea un privilegio reservado para unos cuantos.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de vivienda para la capital del país, la cual contempla llevar a rango constitucional el aumento de rentas, la creación de un órgano gubernamental de defensoría de derechos inquilinarios, la compra de tierra y construcción por parte del INVI, así como el derecho al arraigo de la ciudadanía.
La propuesta, que será enviada al Congreso local, plantea establecer límites al incremento de las rentas, de modo que no puedan aumentar por encima de la inflación. Con ello, la administración capitalina busca dar un paso inédito para contener los costos de vivienda y atender una demanda que, durante años, ha sido impulsada por organizaciones sociales y vecinos afectados por el alza constante de precios.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria explicó que la intención es elevar estas medidas a rango constitucional, con el fin de que no dependan de decisiones sexenales, sino que se conviertan en una obligación permanente del Estado. Además, adelantó que esta reforma sería apenas el inicio de una estrategia más amplia que incluirá una nueva Ley de Rentas Justas.
El proyecto se sostiene en cuatro ejes principales. El primero busca poner un tope claro al aumento de alquileres; el segundo propone fortalecer la política de vivienda social, ampliando la oferta para sectores con menos recursos y jóvenes, además de incrementar la reserva territorial mediante la adquisición de suelo.
Un tercer punto contempla la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, que tendría como tarea orientar a arrendatarios y propietarios, así como mediar en conflictos. Finalmente, se plantea reconocer el derecho al arraigo comunitario, es decir, la posibilidad de que las personas permanezcan en sus barrios sin verse desplazadas por el encarecimiento de la zona.
La jefa de Gobierno subrayó que esta iniciativa no busca afectar la propiedad privada, sino equilibrar la relación entre quienes rentan y quienes ofrecen vivienda. También hizo un llamado al Congreso capitalino para analizar la propuesta y abrir el debate.
A pregunta expresa por Los Reporteros MX sobre como evitar que no se vulnere al rendatario o al arrendado sus derechos con una regulación sobre rentas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que esta propuesta busca darle más justicia a los dueños y a los que rentan, con la finalidad de que desaparezca las rentas irregulares.
“No queremos que haya más irregularidad en las rentas y en la propuesta que hoy hacemos de reforma constitucional nos da la base a la ley que también vamos a presentar, que haga un registro de todos los contratos de renta porque tenemos que tener los mecanismos que respete esta ley”, aseguró la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
El contexto no es menor. De acuerdo con datos presentados por el gobierno local, cerca de 2 millones de personas viven en renta en la ciudad, y en algunas zonas centrales más del 40 por ciento de sus ingresos se destina al pago de vivienda. En los casos más extremos, los hogares con menores ingresos pueden llegar a gastar hasta la mitad de lo que perciben.
Autoridades capitalinas señalaron que esta reforma también busca enfrentar fenómenos como la gentrificación y responder a una crisis habitacional que, a nivel global, afecta a miles de millones de personas.
De ser aprobada, la Ciudad de México se colocaría como una de las primeras en establecer límites constitucionales al aumento de rentas, marcando un precedente en la regulación del acceso a la vivienda en grandes urbes.
