Por: Luis Piña
La Secretaría de Vivienda de la CDMX desmintió las acusaciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien aseveró que el responsable de la vigilancia y los permisos para la demolición del edificio de San Antonio Abad era el Gobierno de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa desde la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que, con el acuerdo de facilidades emitido por el Gobierno de la Ciudad de México para demoler edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se le eximía de otorgar autorizaciones y supervisar obras bajo este rubro.
A pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre este tema, la alcaldesa argumentó, de manera despectiva, que para las personas que no entienden la ley, el acuerdo de facilidades facultaba al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para otorgar autorizaciones y supervisar demoliciones de estos edificios.
“Lo dije muy claro, lo prevé la ley. Este régimen de facilidades es una excepción a la ley. ¿Qué pasa para la gente que no entiende estos tecnicismos? Si tiembla, se dan facilidades para derrumbar estos edificios que están en alto riesgo, y lamento mucho que tardaron 10 años para que no hayan terminado y sigan en riesgo mis vecinos. Pero este acuerdo de facilidades lo prevé la ley, todo está sujeto a lo que dice este acuerdo de facilidades”, aseguró Alessandra Rojo de la Vega.
De igual manera, la alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que el 20 de octubre la alcaldía había enviado un documento con 10 puntos de riesgo a la empresa; es decir, que sí había verificado la obra.
Más tarde, desde el edificio de Gobierno, el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, ofreció una conferencia de prensa donde desmintió las acusaciones de la alcaldesa.
A pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre si el acuerdo de facilidades es una excepción a la ley, el funcionario detalló que este solo prevé agilizar los procesos de demolición; sin embargo, no está por encima de la ley. Por ello, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 53, apartado B, fracción XVII, establece que las alcaldías tienen la facultad de registrar manifestaciones de obra. Asimismo, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías señala exclusivamente a las alcaldías como las únicas responsables de autorizar permisos de construcción y demolición.
“El acuerdo de facilidades no exime la jurisdicción de las alcaldías; este solo es un mecanismo que busca agilizar la demolición de edificios de alto riesgo estructural, pero no está por encima de ninguna disposición legal, como la Constitución Política de la CDMX y la Ley Orgánica de las alcaldías”, explicó Inti Muñoz.
En el caso del documento con 10 puntos de riesgo que la alcaldesa presentó, el secretario de Vivienda aseguró que el Gobierno de la Ciudad nunca fue notificado de dicha revisión. Además, explicó que la alcaldía sí ha revisado obras que se encuentran dentro de este acuerdo de facilidades.
