Cuatro predios de la colonia resultaron con daño estructural grave tras la explosión cerca de la Taquería La Bajadita.
La Alcaldía Álvaro Obregón confirmó nuevos detalles sobre los inmuebles dañados por la explosión registrada junto a la Taquería La Bajadita. Los peritos revisaron los predios afectados y encontraron daño estructural severo en cuatro de ellos.
Este martes 15 de septiembre, a las 8:00 horas, comenzarán los trabajos de demolición controlada. El equipo derribará primero el inmueble con las afectaciones más graves. Los trabajadores realizarán la demolición de forma manual, paso a paso, para reducir riesgos y proteger las construcciones vecinas.
Cuando termine la demolición del predio principal, un corresponsable en seguridad estructural revisará los otros tres inmuebles. Esa evaluación determinará si esas construcciones necesitan una demolición completa o si todavía pueden reconstruirse. Los especialistas tomarán la decisión final según las condiciones que encuentren y los resultados de esta primera etapa.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) ya activó un apoyo económico mensual para renta. Este beneficio ayudará a las familias afectadas mientras las autoridades resuelven la situación de sus viviendas. Además, la alcaldía continúa coordinada con distintas instancias de gobierno para dar seguimiento puntual a las labores y acompañar a los vecinos durante este proceso.
Legisladores de Morena exigen el expediente completo de la demolición y responsabilizan a la alcaldía de Miguel Hidalgo por la falta de supervisión.
La bancada de Morena formalizó este martes una denuncia penal contra el alcalde Mauricio Tabe Echartea y el funcionario César Garrido. Los diputados Víctor Hugo Romo de Vivar y Paulo García acudieron a la Fiscalía CDMX para presentar el documento.
La denuncia señala cinco posibles delitos: ejercicio ilegal del servicio público, corrupción inmobiliaria, uso ilegal de atribuciones, abuso de autoridad y daño en propiedad. Todo por el colapso registrado durante la demolición de un inmueble en Minería 145.
El predio contaba con licencia vigente. La alcaldía conocía el proyecto desde enero, cuando Garrido sostuvo reuniones con los representantes del inmueble. Por eso, los legisladores insisten en que el permiso no exime a la autoridad de vigilar la obra.
“No basta con decir que había permiso”, plantearon los diputados. Ahora exigen precisar quién supervisó los trabajos y qué medidas de seguridad se aplicaron durante el proceso.
La denuncia pide varios elementos concretos. Entre ellos figuran el expediente completo del caso, las actas de verificación realizadas por la alcaldía y un peritaje técnico. Ese peritaje deberá establecer si el colapso pudo evitarse con mayor supervisión.
Paulo García fue más allá en sus declaraciones. El diputado calificó el hecho como una expansión del Cártel Inmobiliario hacia la demarcación de Miguel Hidalgo.
Los legisladores rechazan que la responsabilidad recaiga únicamente en el constructor. Además de investigar al Director Responsable de Obra, insisten en que también debe revisarse la actuación de los funcionarios públicos. Su exigencia es clara: que responda quien tenga que responder, sin distinción de cargo.
La Secretaría de Vivienda de la CDMX desmintió las acusaciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien aseveró que el responsable de la vigilancia y los permisos para la demolición del edificio de San Antonio Abad era el Gobierno de la Ciudad de México.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
En conferencia de prensa desde la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que, con el acuerdo de facilidades emitido por el Gobierno de la Ciudad de México para demoler edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se le eximía de otorgar autorizaciones y supervisar obras bajo este rubro.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
A pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre este tema, la alcaldesa argumentó, de manera despectiva, que para las personas que no entienden la ley, el acuerdo de facilidades facultaba al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para otorgar autorizaciones y supervisar demoliciones de estos edificios.
📹 #Vídeo | Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) se va contra medios independientes. Durante su conferencia de prensa, la alcaldía Cuauhtémoc permitió preguntar a nuestro reportero, Luis Piña (@luis_pinamac) pero con micrófono apagado; posteriormente le quitan el… pic.twitter.com/MqHLh6yKpE
“Lo dije muy claro, lo prevé la ley. Este régimen de facilidades es una excepción a la ley. ¿Qué pasa para la gente que no entiende estos tecnicismos? Si tiembla, se dan facilidades para derrumbar estos edificios que están en alto riesgo, y lamento mucho que tardaron 10 años para que no hayan terminado y sigan en riesgo mis vecinos. Pero este acuerdo de facilidades lo prevé la ley, todo está sujeto a lo que dice este acuerdo de facilidades”, aseguró Alessandra Rojo de la Vega.
De igual manera, la alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que el 20 de octubre la alcaldía había enviado un documento con 10 puntos de riesgo a la empresa; es decir, que sí había verificado la obra.
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Más tarde, desde el edificio de Gobierno, el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, ofreció una conferencia de prensa donde desmintió las acusaciones de la alcaldesa.
A pregunta expresa por #LosReporterosMX al secretario de Vivienda, Inti Muñoz (@IntiMunoz), sobre las declaraciones de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) sobre el régimen de excepción que implicaba el acuerdo de facilidad, el funcionario aseguró que no es… pic.twitter.com/5kWPT3MCeJ
A pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre si el acuerdo de facilidades es una excepción a la ley, el funcionario detalló que este solo prevé agilizar los procesos de demolición; sin embargo, no está por encima de la ley. Por ello, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 53, apartado B, fracción XVII, establece que las alcaldías tienen la facultad de registrar manifestaciones de obra. Asimismo, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías señala exclusivamente a las alcaldías como las únicas responsables de autorizar permisos de construcción y demolición.
A pregunta expresa por #LosReporterosMX sobre los 10 puntos de riesgo que presentó la alcaldía Cuauhtémoc enviados a la empresa encargada, el secretario de vivienda, Inti Muñoz (@IntiMunoz), explicó que el Gobierno de la CDMX no recibió nunca dicho documento y con este, la misma… pic.twitter.com/JJXtLWvf8J
“El acuerdo de facilidades no exime la jurisdicción de las alcaldías; este solo es un mecanismo que busca agilizar la demolición de edificios de alto riesgo estructural, pero no está por encima de ninguna disposición legal, como la Constitución Política de la CDMX y la Ley Orgánica de las alcaldías”, explicó Inti Muñoz.
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En el caso del documento con 10 puntos de riesgo que la alcaldesa presentó, el secretario de Vivienda aseguró que el Gobierno de la Ciudad nunca fue notificado de dicha revisión. Además, explicó que la alcaldía sí ha revisado obras que se encuentran dentro de este acuerdo de facilidades.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, era la responsable de supervisar la demolición del edificio que colapsó en Calzada de Tlalpan.
📹 #Vídeo | Esta mañana desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), ofrece una conferencia de prensa donde aseguró que del derrumbe del edificio de ayer en San Antonio Abad, fallecieron 3 trabajadores, además el trabajador… pic.twitter.com/Ui7kcd6sO1
Este 10 de marzo, durante una conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Jefa de Gobierno, , dio a conocer detalles sobre el derrumbe del inmueble ubicado en la zona de San Antonio Abad, en Calzada de Tlalpan, donde confirmó el fallecimiento de tres trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso.
La mandataria capitalina informó que se reforzarán los mecanismos de revisión y vigilancia por parte de las alcaldías. pic.twitter.com/d2NX7MDBE4
Durante su intervención, la mandataria capitalina explicó que, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de México y el reglamento de las alcaldías, la supervisión y verificación de las demoliciones corresponde a los gobiernos de cada demarcación. Asimismo, precisó que el inmueble era de propiedad privada, por lo que la contratación de la empresa encargada de los trabajos fue realizada directamente por el dueño del edificio.
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“A partir de los hechos que ocurrieron ayer en Tlalpan, primero quiero ofrecer mi solidaridad con los trabajadores afectados. Como saben, podemos confirmar tres lamentables fallecimientos y acompañamos a sus familias en este momento de dolor. El trabajador que fue rescatado con vida fue trasladado al hospital Rubén Leñero y, de acuerdo con los reportes médicos, muy pronto podría ser dado de alta. Le enviamos nuestros mejores deseos de recuperación y estaremos atentos a su proceso”, expresó la Jefa de Gobierno.
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Brugada también detalló que, desde el primer momento, el gobierno capitalino ha acompañado a las familias de las víctimas, quienes no residen en la Ciudad de México, brindándoles apoyo en temas de transporte y hospedaje.
Inti Muñoz (@IntiMunoz), aseguró que la constitución de la CDMX es clara entorno a las facultades de las alcaldías, como lo es la revisión de este tipo de demoliciones. pic.twitter.com/FKhcR3OpsY
“Las obras consistían en la demolición de un edificio que resultó afectado tras el sismo de 2017. Fue catalogado como de alto riesgo y desde 2018 se notificó a los propietarios que debía ser demolido”, explicó la mandataria.
Además, la Jefa de Gobierno señaló que solicitará a todas las alcaldías de la capital reforzar los mecanismos de supervisión y vigilancia en los procesos de demolición que se lleven a cabo en la ciudad.
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Por su parte, el secretario de Vivienda, explicó que, de acuerdo con la Ley de Reconstrucción, se otorgaron facilidades para realizar los trámites complementarios relacionados con este tipo de obras. No obstante, aclaró que esto no exime a los particulares de cumplir con los permisos correspondientes ni de atender las disposiciones en materia de Protección Civil.
“Al tratarse de una obra privada y financiada con recursos particulares, la ejecución y responsabilidad de los trabajos corresponde a quienes la contratan. Sin embargo, las alcaldías deben verificar que las obras cumplan con las normas y que se garantice la seguridad durante el proceso de demolición. Es facultad de las alcaldías realizar verificaciones e imponer medidas de seguridad en este tipo de obras”, explicó.
Inti Muñoz (@IntiMunoz), aseguró que la constitución de la CDMX es clara entorno a las facultades de las alcaldías, como lo es la revisión de este tipo de demoliciones. pic.twitter.com/FKhcR3OpsY
En ese sentido, el funcionario detalló que la Comisión para la Reconstrucción notificó mediante un oficio, fechado en octubre de 2025, a la alcaldía Cuauhtémoc que la solicitud presentada cumplía con los requisitos iniciales para llevar a cabo la demolición. En ese mismo documento se establecía que correspondía a la demarcación observar que la empresa cumpliera con todas las disposiciones necesarias para realizar los trabajos de forma segura.
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Así, la responsabilidad de verificar las condiciones de seguridad durante la demolición recaía en la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, instancia que debía vigilar que la obra se realizara conforme a la normativa y con las medidas preventivas necesarias, justamente para evitar riesgos como el colapso que terminó cobrando la vida de tres trabajadores.
Un edificio en proceso de demolición se desplomó en la Calzada San Antonio Abad, dejando varias personas atrapadas y una rescatada. Los servicios de emergencia ya están en el lugar.
Un edificio en remodelación colapsó este lunes en la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Este incidente ha dejado a tres personas atrapadas bajo los escombros. Hasta el momento, se ha logrado rescatar a una persona con vida, quien fue traslada al hospital Rubén Leñero.
Se ha confirmado el fallecimiento de un trabajador tras el colapso de una estructura, según Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. A pesar de que el cuerpo aún no ha sido recuperado, Urzúa afirmó que no se utilizará maquinaria pesada hasta que se complete el rescate de las personas atrapadas, ya sea que estén vivas o no, incluso si esto implica continuar durante la noche.
Las labores de búsqueda se enfocan en localizar a otros dos trabajadores que siguen atrapados. Urzúa detalló: “De los tres que estaban allí, uno ya ha sido encontrado, lamentablemente sin vida. Iniciaremos los procedimientos necesarios para retirar el cuerpo”.
La Secretaria de Protección Civil, Míriam Urzúa, indicó que siguen los trabajos de búsqueda de los otros dos trabajadores que se encontraban en el edificio y que las obras de búsqueda seguirán toda la noche. pic.twitter.com/95rhcVA10F
Los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajan arduamente en la zona para realizar los rescates. Las labores se llevan a cabo en medio de la preocupación de los vecinos y familiares de quienes se hallan desaparecidos. La situación se tornó más alarmante debido a que el edificio colapsado se encuentra cerca de la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió al lugar para informar sobre este inmueble privado. También mencionó que binomios caninos ayudarán en las labores de rescate y que debido al accidente habrá cortes viales, y no afecta el servicio del Metro de la Línea 2.
Los servicios de emergencias de la Ciudad de México han llegado rápidamente al lugar para asistir en el auxilio de los atrapados. Se espera que los rescatistas sigan trabajando de manera intensa para localizar a las personas restantes. La comunidad sigue atenta y espera recibir buenas noticias en medio de esta tragedia.
Un juzgado de Nayarit ha ordenado la suspensión provisional de la construcción de un estadio de fútbol en Tepic. Esta decisión llega después de la reciente demolición del complejo cultural Ciudad de las Artes. El fallo se produce en un contexto de fuerte oposición por parte de artistas, ambientalistas y gestores culturales.
El Juzgado Tercero de Distrito emitió la orden este martes, instando a las autoridades a abstenerse de realizar cualquier acto de demolición, destrucción o deforestación en la zona. Esta medida responde a la protesta del colectivo Movimiento en Defensa de la Ciudad de las Artes, que había interpuesto varios amparos contra el proyecto.
El gobernador Miguel Ángel Navarro, del partido Morena, había comenzado la demolición a principios de junio con el objetivo de construir un nuevo estadio. Este recinto, que llevará el nombre de Nicolás Álvarez Ortega, costará 300 millones de pesos y tendrá capacidad para 12,500 espectadores. A pesar de las promesas de instalaciones de primer nivel, la falta de un equipo de fútbol en Tepic genera dudas sobre su viabilidad.
Desde que se inició la demolición, grupos de artistas y ciudadanos han organizado protestas para evitar la destrucción del complejo. A pesar de sus esfuerzos, el centro fue demolido. Inclusive, una diputada de Morena, Beatriz Navarro, se ha manifestado en contra del proyecto, pidiendo la suspensión de las obras.
El fallo judicial representa un revés para el gobernador, que ha mantenido silencio ante la controversia. A pesar de organizar una manifestación para mostrar apoyo al estadio, muchos críticos argumentan que se trató de una movilización de funcionarios públicos.
El colectivo opositor ha calificado la decisión judicial como un hito en la defensa del patrimonio cultural y ambiental de Nayarit. Denuncian violaciones graves a derechos humanos y a la falta de consulta pública antes de la demolición.
Lissette Álvarez Cazola, vocera del colectivo, afirma que este logro representa una victoria en su lucha. Asegura que el movimiento continuará buscando justicia y que confían en que los próximos amparos también tendrán resultados favorables. “Vamos avanzando”, concluye la activista.
La ministra Yasmín Esquivel señaló que es “absurdo” el mensaje de Norma Piña quien recientemente aseguró que la reforma de la Cuarta Transformación demolerá al Poder Judicial, además Esquivel Mossa sostuvo que la presidenta de la Corte fue la que rompió con los canales de comunicación con los demás poderes.
En una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la ministra aseguró que las declaraciones de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son a “destiempo”, ya que el Poder Legislativo se encuentra discutiendo el dictamen de la reforma al Poder Judicial.
El mensaje de la ministra Norma Piña viene totalmente a destiempo, es un mensaje absurdo al señalar que hay una demolición al Poder Judicial por la forma de cambiar el nombramiento de jueces, magistrados y ministros.
Señaló Esquivel Mossa.
En ese sentido, Esquivel Mossa detalló que la “contrapropuesta“ a la Reforma Judicial, cuyo dictamen se discute en la Cámara de Senadores, y que fue presentada por Norma Piña, no fue consensuada con las ministras y los ministros de la SCJN.
📹 #Vídeo | La hipocresía del Poder Judicial: La ministra Yasmín Esquivel (@YasminEsquivel_) calificó como “incongruente” a Norma Piña, quien ahora pide diálogo con los demás Poderes de la Unión, cuando la presidenta de la @SCJN, con sus “discursos y actitudes”, ha roto con los… pic.twitter.com/scpbc0eAyP
Además, la ministra calificó de“incongruente” el llamamiento de Piña Hernández al diálogo con los demás Poderes de la Unión, cuando la presidenta de la SCJN fue quien, con sus actitudes y discursos, rompió con los puentes de comunicación con los demás Poderes, incluso Yasmín Esquivel señaló que Norma Piña no entabla comunicación con sus pares.
Desde que ella llegó [presidencia de la SCJN] rompió los puentes de entendimiento con los otros dos poderes, a través de sus conductas conocidas por los medios de comunicación, de sus discursos, de sus actitudes, ha roto con los puentes de diálogo que se pudieron haber dado desde el inicio de su administración.
Indicó Yasmín Esquivel.
Asimismo, la ministra Yasmín Esquivel expresó es necesaria la realización de una reforma al Poder Judicial, para democratizar con la elección popular de los jueces, magistrados y ministros de los órganos jurisdiccionales, además de fortalecer el sistema de justicia en el país,
La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, está comprometida con la conservación ambiental, por ello implementó un operativo en el ejido conocido como “Las Tablas”, cuyo objetivo es contener el crecimiento de la mancha urbana en Áreas Naturales Protegidas de la demarcación
El operativo estuvo a cargo de la alcaldía Tláhuac, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
De manera coordinada y con base en lo establecido en la ley, se procedió a la demolición de 48 casas que se construyeron de manera ilegal en áreas de reserva ecológica.
En un operativo que se ejecutó de manera pacífica, debido a que las personas reconocieron que estaba infligiendo la ley y permitieron que se realizarán los trabajos de demolición, tras esta acción se logró la recuperación de 296 hectáreas de suelo de conservación.
El gobierno de la demarcación destacó que para Berenice Hernández es de vital importancia frenar el crecimiento de la marcha urbano en Suelo de Conservación, ya que las Áreas Naturales Protegidas de la zona, debido a que representan un pulmón importante para Ciudad de México.
Ante este crecimiento irregular, la alcaldía de Tláhuac, ha tomado diversas acciones para prohibir la construcción de viviendas, la venta de lotes y la invasión de predios en áreas de reserva ecológica de la demarcación.
Durante el operativo, participaron la alcaldía Tláhuac con un despliegue de cinco camiones de volteo, una retroexcavadora, cuatro vehículos, ocho motocicletas y 24 elementos, de estos, seis pertenecen a la Policía Auxiliar; la Corenadr, con 500 elementos, 12 camiones de volteo, 10 camiones de redilas, 20 vehículos y dos retroexcavadoras, y la SSC con 300 elementos, 42 unidades, un costero y 30 binomios de la Policía Montada.
