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  • Congreso de EUA investiga a la DEA por dejar avanzar cargamentos de fentanilo

    Congreso de EUA investiga a la DEA por dejar avanzar cargamentos de fentanilo

    Legisladores republicanos exigen documentos al Departamento de Justicia tras conocerse que agentes vigilaron envíos masivos de la droga sin detenerlos de inmediato.

    El Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre la Administración de Control de Drogas (DEA). Los legisladores quieren saber si agentes federales dejaron circular grandes cargamentos de fentanilo mientras armaban casos contra redes criminales.

    James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió al Departamento de Justicia entregar documentos sobre esta práctica. La petición llegó después de que una investigación periodística reveló que agentes permitieron que la droga llegara a las calles durante meses.

    En la red social X, Comer criticó directamente al expresidente Joe Biden. Aseguró que la DEA de su gobierno sabía del problema y no actuó a tiempo. Según Comer, esa inacción costó vidas estadounidenses.

    El legislador también difundió cifras concretas a través de su comité. Afirmó que la agencia permitió el paso de hasta 100 mil pastillas de fentanilo mientras los agentes solo observaban. Comer relacionó esa decisión con un aumento del 21% en las muertes por fentanilo en Nuevo México.

    La estrategia bajo la lupa se conoce informalmente como “dejar caminar” las drogas. Consiste en vigilar los cargamentos sin incautarlos de inmediato. El objetivo es identificar a más integrantes de las organizaciones criminales para futuras acusaciones.

    Esta polémica coincide con una demanda del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. El funcionario busca acceder a registros sobre las operaciones de la DEA en su estado.

    Comer calificó de inconcebible permitir la circulación de cargamentos con cientos de miles de pastillas. En su carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, advirtió sobre las consecuencias de esta política.

    Las reglas federales de 2017 exigían a los agentes incautar el fentanilo tan pronto fuera posible. En 2024, el Departamento de Justicia cambió esas normas. Desde entonces, las fuerzas policiales tienen más margen para seguir investigando antes de intervenir.

    Una investigación de Associated Press documentó el uso de esta estrategia en Nuevo México entre 2023 y 2025. En algunos casos, los agentes observaron movimientos de hasta 100 mil pastillas sin actuar de inmediato.

    La práctica continuó incluso antes del mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA. Ese operativo, presentado en mayo de 2025, incautó cerca de 3 millones de pastillas.

    Ahora, el Departamento de Justicia revisa si otras oficinas federales usaron métodos similares en sus investigaciones sobre narcotráfico.

    Terry Cole, administrador de la DEA, defendió el trabajo de la agencia. Dijo que las investigaciones son de largo plazo y complejas. Añadió que se realizan siempre bajo la guía de la ley.

    Hasta el cierre de esta nota, la DEA no respondió a las solicitudes de comentarios del Congreso.

  • Jurado en EUA declara culpable a texano por tráfico de piezas para 5 mil 700 rifles destinados a México

    Jurado en EUA declara culpable a texano por tráfico de piezas para 5 mil 700 rifles destinados a México

    Chandler Britain Bradford enfrenta más de 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de contrabando de armas y lavado de dinero.

    Un jurado federal en Texas encontró culpable al ciudadano estadunidense Chandler Britain Bradford por traficar piezas suficientes para armar 5 mil 700 rifles semiautomáticos con destino a México. El Departamento de Justicia confirmó el veredicto este martes.

    Bradford, de 37 años y residente de New Braunfels, enfrentó siete cargos ante la corte del Distrito Oeste de Texas. La lista incluyó conspiración para contrabandear mercancías, transferencia de armas para delitos graves y lavado de dinero. La pena podría superar los 20 años de prisión.

    Según los documentos judiciales, el acusado recibió más de 3.5 millones de dólares por la operación ilegal. Vendió piezas, herramientas y asesoría sin licencia a un comprador mexicano radicado en Monterrey, Nuevo León, quien fabricaba las armas con ese material.

    Para mover la mercancía, Bradford usó bodegas en Laredo y el Valle del Río Grande. Ahí almacenaba los componentes antes de enviarlos a territorio mexicano. Además, llevó registros de ventas, intercambió mensajes de texto y realizó transferencias bancarias hacia empresas mexicanas.

    El fiscal federal Justin R. Simmons señaló que Bradford conocía el destino final de las armas. Las piezas terminaban en manos de organizaciones del narcotráfico, que las usaban para controlar territorios y rutas de droga hacia Estados Unidos.

    El caso ya dejó otras condenas. José Francisco García-Cervantes y Ricardo Rodríguez-Sotelo recibieron en enero de 2025 penas de 57 y 78 meses, respectivamente. Troy Vernon Erbe y Jesús Guzmán-Delgado se declararon culpables por su participación.

    Las autoridades estadunidenses todavía buscan a dos prófugos: Julio César Gómez-Mendoza y Octavio Javier Quiroga-Treviño. Ambos permanecen fuera del alcance de la justicia hasta el momento.

  • Trump coloca a su exabogado al frente del Departamento de Justicia de EUA

    Trump coloca a su exabogado al frente del Departamento de Justicia de EUA

    Todd Blanche fue confirmado por un margen mínimo en el Senado, mientras demócratas cuestionan que un antiguo abogado personal de Trump dirija ahora la principal institución encargada de aplicar la ley federal.

    El Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche como fiscal general con una votación de 50 a 49, en una decisión que refuerza la influencia de Donald Trump sobre el Departamento de Justicia. Dos republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se sumaron a los demócratas para rechazar el nombramiento.

    Blanche ya ocupaba el cargo de fiscal general interino y antes de incorporarse al gobierno fue abogado personal de Trump en varios procesos penales. Tras su confirmación, agradeció públicamente al presidente por la confianza para encabezar el Departamento de Justicia, mientras Trump lo ha descrito como una “estrella”.

    El nombramiento generó fuertes críticas entre los demócratas, quienes acusaron a Trump de politizar el Departamento de Justicia y utilizarlo en beneficio de sus intereses. El senador Dick Durbin señaló que el fiscal general debería actuar como abogado del pueblo y cuestionó que Blanche continúe comportándose como el representante legal de un solo cliente: el presidente.

    La confirmación tampoco estuvo exenta de polémica dentro del propio Partido Republicano. La Casa Blanca tuvo que convencer a legisladores que mantenían reservas sobre el nombramiento para conseguir los votos suficientes en un Senado donde los republicanos tienen una mayoría estrecha.

    Entre los principales cuestionamientos estuvo la propuesta de Blanche para crear un fondo de mil 800 millones de dólares destinado a personas que Trump considera víctimas de persecución judicial. El proyecto podría beneficiar a simpatizantes del mandatario involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando intentaron impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

    Otro punto controvertido fue una propuesta para otorgar inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales. Con su confirmación, Blanche queda al frente del Departamento de Justicia en medio de un creciente debate sobre la independencia de las instituciones encargadas de investigar y aplicar la ley en Estados Unidos.

  • EUA desmiente orden de captura contra Adán Augusto López

    EUA desmiente orden de captura contra Adán Augusto López

    La embajada estadounidense en México calificó como falsa la versión que circuló en redes sociales sobre un supuesto documento judicial contra el senador.

    La Embajada de Estados Unidos en México salió al paso este jueves de una publicación del mitómano de Simón Levy, que generó revuelo entre usuarios de redes sociales. La representación diplomática marcó como falso el contenido que atribuía una orden de arresto al senador Adán Augusto López Hernández.

    El mensaje original provino de la cuenta de Simón Levy. Él compartió lo que describió como el previo de una orden de aprehensión internacional emitida por el Departamento de Justicia estadounidense. Según su publicación, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el propio senador ya conocían el documento.

    Levy aseguró que el semanario El Sol de México obtuvo el material primero. También afirmó que un despacho legal identificado como Grupo “Sol” de México tradujo los datos y las especificaciones del formulario. Su publicación acumuló más de 226 mil visualizaciones en pocas horas.

    La embajada respondió con una imagen del mismo documento, pero marcada con un sello rojo que decía “Falso”. La cuenta oficial @USEmbassyMEX no ofreció mayores detalles sobre por qué consideró apócrifo el papel. Tampoco explicó qué elementos del formato judicial resultaron irregulares.

    El desmentido llegó horas después de que la publicación de Levy se difundiera ampliamente. Usuarios y otros medios digitales retomaron la versión sin verificación adicional. La respuesta institucional buscó frenar la propagación de una noticia sin sustento oficial.

    Este episodio se suma a una serie de rumores similares que han circulado en meses recientes. Otras versiones no confirmadas también han vinculado a funcionarios cercanos al movimiento de la Cuarta Transformación con supuestas investigaciones en Estados Unidos. Ninguna autoridad competente, ni en México ni en territorio estadounidense, ha confirmado hasta ahora la existencia de una orden de aprehensión formal contra López Hernández.

  • EUA ofrece más de 100 mdd por líderes del CJNG tras caída de “El Mencho”

    EUA ofrece más de 100 mdd por líderes del CJNG tras caída de “El Mencho”

    El Departamento de Justicia estadounidense busca información que permita capturar a seis integrantes de la cúpula del cártel, a quienes acusa de controlar rutas de fentanilo hacia su territorio.

    El Gobierno de Estados Unidos lanzó una ofensiva contra la nueva estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al ofrecer más de 100 millones de dólares en recompensas por información que lleve a la captura de sus principales líderes.

    El Departamento de Justicia de EU señaló que los integrantes de la organización criminal son responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Las investigaciones fueron abiertas en tribunales de Nueva York y Washington D.C., de acuerdo con autoridades estadounidenses.

    Entre los objetivos principales se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, a quien Estados Unidos identifica como uno de los nuevos líderes del CJNG tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Por información que permita su captura, Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.

    Además, la lista incluye a Julio Alberto Castillo Rodríguez, exyerno de “El Mencho”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripas”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.

    Las autoridades estadounidenses acusan a estos integrantes del CJNG de delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas de fuego, además de formar parte de la estructura que habría asumido el control del grupo criminal tras la muerte de su antiguo líder.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había identificado a varios de estos operadores como piezas clave del cártel. Ahora, con la millonaria recompensa, Washington busca debilitar la nueva cúpula del CJNG y frenar el envío de drogas hacia su territorio.

  • CJNG construye túnel para contrabando de drogas

    CJNG construye túnel para contrabando de drogas

    Cuatro personas detenidas en un operativo pero el CJNG continúa operando con millones de dólares en cocaína asegurados.

    El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es responsable de un complejo túnel que conecta México con Estados Unidos, según las autoridades estadounidenses. Este túnel se usaba para el contrabando de drogas y su descubrimiento ha llevado a la detención de cuatro miembros del grupo criminal.

    El Departamento de Justicia explicó que, a finales de mayo, se identificó un intento de contrabando que culminó en una operación significativa. Así, millones de dólares en cocaína fueron incautados. Este operativo es resultado de una larga investigación por parte de varias agencias de seguridad.

    Las autoridades reportaron que el túnel tenía 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad. Se localizó en una vivienda de Tijuana, Baja California, que se usaba para el almacenamiento y tráfico de drogas. Durante la revisión del túnel, los agentes encontraron soporte de madera, iluminación y tuberías, además de narcóticos.

    La incautación más reciente incluye más de una tonelada de cocaína, valorada en 45 mil millones de dólares. En comparación, la cocaína tiene un precio mucho mayor que la metanfetamina y el fentanilo en la región de San Diego. Este aumento en el valor ha motivado a los cárteles a intensificar sus operaciones de contrabando.

    Las cuatro personas detenidas enfrentan serias acusaciones. Uno de ellos, Gregorio Epifanio Hernández López, enfrenta cargos por conspirar para usar el túnel y distribuir cocaína. Los otros tres acusados son José Jiménez, Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez.

    La captura de estos individuos representa un duro golpe para las operaciones del CJNG. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar las redes de narcotráfico que afectan a ambas naciones.

  • Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se declara no culpable en Nueva York

    Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se declara no culpable en Nueva York

    Gerardo Mérida Sánchez enfrenta graves acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. Se declaró no culpable y el proceso judicial comienza en Manhattan.

    El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció ante la corte federal de Manhattan. En un momento crucial, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que le imputa la fiscalía de Estados Unidos. Esta situación marca un capítulo oscuro en su carrera, vinculada a operaciones delictivas de gran envergadura.

    Mérida está acusado de estar relacionado con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Además, se le imputan cargos por posesión y uso de armas de fuego. El exfuncionario llegó a Estados Unidos tras entregarse a las autoridades, cruzando desde Hermosillo, Sonora, a través de la Garita de Nogales hacia Arizona.

    La Fiscalía estadounidense ha vinculado a Mérida con “Los Chapitos”, una célula del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la investigación, durante su gestión entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, recibió alrededor de 100 mil dólares mensuales para facilitar actividades criminales.

    Además, el Departamento de Justicia señala que varios funcionarios de su gobierno, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, están bajo sospecha de colaborar con los narcotraficantes. La acusación destaca que Mérida alertó a “Los Chapitos” sobre al menos diez operativos de las autoridades, permitiéndoles actuar sin interferencias.

    El caso de Gerardo Mérida Sánchez resalta la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en México y la colaboración internacional en la investigación de estos delitos. La presión sobre los funcionarios actuales y anteriores se intensifica a medida que las autoridades buscan erradicar estas prácticas perjudiciales. El seguimiento de este proceso judicial será clave para entender más a fondo la corrupción en la seguridad pública y los vínculos con el crimen organizado.

  • Agentes de la DEA apapachados por narco y prostitutas

    Agentes de la DEA apapachados por narco y prostitutas

    Por Ricardo Sevilla

    Entre 2001 y 2012, mientras la expansión del narcotráfico alcanzaba sus picos más violentos en Colombia y México, un grupo de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) participaba en “fiestas sexuales” y orgías financiadas por los carteles que supuestamente debían combatir.

    De acuerdo con el Informe del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los agentes utilizaban apartamentos alquilados por el gobierno para realizar orgías con trabajadoras sexuales locales.

    Entre estos 10 agentes se encontraban un director regional asistente y nueve agentes especiales.

    De esos 10, 7 agentes admitieron haber asistido a las fiestas después de las investigaciones iniciales.

    Los hechos son expuestos detalladamente en un documento titulado “The Handling of Sexual Harassment and Misconduct Allegations in the Department’s Law Enforcement Components”. Este informe de 131 páginas describe puntualmente cómo los agentes de la DEA participaron, con entusiasmado desenfreno, en fiestas con prostitutas en el extranjero.

    Sin embargo, lo que más indignó al Congreso de EUA y a la opinión pública no fue solo el número, sino la levedad de los castigos impuestos.

    Siete agentes, por ejemplo, únicamente recibieron suspensiones de solo 2 a 10 días.

Un agente fue absuelto de toda responsabilidad.

Y tres de ellos, descritos como agentes especiales de supervisión, fueron señalados específicamente por recibir dinero, regalos costosos y armas de parte de miembros de carteles de la droga.

    Y, efectivamente, al revisar el informe de la OIG se pudo confirmar que las fiestas fueron pagadas por miembros de carteles de la droga (incluyendo servicios, comida y costosos regalos).

    En 2015, legisladores de los partidos Demócrata y Republicano cuestionaron severamente a Michele Leonhart por la falta de castigo a los agentes involucrados.

    Leonhart, hasta ese momento, era considerada una figura histórica dentro de la aplicación de la ley en Estados Unidos. Michele, que era la segunda mujer en dirigir la DEA (2007-2015), terminó una carrera de 35 años debido a este escándalo.

    El argumento más fuerte en su contra fue que, al no castigarlos, evidenció que los agentes de la DEA podían ser comprados con “placeres” por los mismos carteles que, en teoría, perseguían.

    Es importante destacar que, aunque el foco estuvo en estos 10 agentes, el reporte de la OIG analizó un periodo de cuatro años (2009-2012) y encontró un patrón más extenso. Y es que se registraron un total de 26 acusaciones de solicitud de servicios sexuales en el extranjero vinculadas a agencias del Departamento de Justicia.

  • Trump se blinda: le permiten quedarse con documentos oficiales después de su mandato

    Trump se blinda: le permiten quedarse con documentos oficiales después de su mandato

    El aval del Departamento de Justicia rompe con normas surgidas tras Watergate y enciende críticas por riesgo a la transparencia en EUA.

    El gobierno de Donald Trump vuelve a colocarse en el centro de la polémica. El Departamento de Justicia (DOJ) autorizó una nueva interpretación legal que le permitiría conservar documentos oficiales al dejar el cargo, rompiendo con décadas de normas establecidas tras el escándalo de Watergate.

    El dictamen sostiene que la Ley de Registros Presidenciales de 1978 excede las facultades del Congreso y limita la autonomía del Ejecutivo. Con ello, el mandatario ya no estaría obligado a entregar archivos clave a la Administración Nacional de Archivos, lo que ha sido señalado como un golpe directo a la rendición de cuentas en Estados Unidos.

    Organizaciones de vigilancia y expertos en transparencia alertaron que esta decisión abre la puerta a ocultar información sensible sobre decisiones gubernamentales, debilitando los mecanismos democráticos. Las críticas resurgen especialmente por los antecedentes del propio Trump, quien en 2023 enfrentó आरोपaciones por el manejo indebido de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago.

    Además, el movimiento se da en medio de ajustes estratégicos dentro del DOJ, donde la Casa Blanca evalúa cambios en puestos clave que podrían influir en investigaciones y decisiones legales. Entre los cargos en revisión se encuentran altos funcionarios como el fiscal general adjunto y la división de derechos civiles.

    En paralelo, Trump también firmó una orden para garantizar salarios a empleados del Departamento de Seguridad Interior durante un eventual cierre parcial del gobierno, lo que forma parte de su narrativa de confrontación política con el Congreso.

    La nueva postura del DOJ no sólo redefine el manejo de documentos presidenciales, sino que reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos y el futuro de la transparencia institucional en una de las democracias más influyentes del mundo.

  • Trump destituye a la fiscal general Pam Bondi

    Trump destituye a la fiscal general Pam Bondi

    La decisión de Trump busca un liderazgo más agresivo en su administración. La gestión de Bondi en el caso Epstein no satisfizo al presidente.

    Donald Trump destituye a Pam Bondi de su cargo como fiscal general. Esta decisión llega tras la frustración del presidente con su liderazgo en el Departamento de Justicia y su gestión de los archivos del caso Epstein. Trump ha señalado que quería una mayor agresividad en la persecución de sus adversarios.

    El miércoles, Trump elogió a Bondi al hablar con el New York Times. “Es una persona maravillosa y está realizando un buen trabajo”, afirmó. Sin embargo, trascendió que el presidente no estaba conforme con su desempeño y que este descontento lo llevó a tomar la decisión de despedirla.

    Este cese se produce poco después de la destitución de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional. Ambos cambios han generado preocupación sobre el respeto a la independencia de las agencias federales. Críticos han señalado que Trump parece más interesado en ajustar cuentas que en cumplir con las normas establecidas.

    Desde su reelección en 2024, Trump ha intensificado su enfoque en sus oponentes. Ha presionado al Departamento de Justicia para que actúe contra figuras como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Esta búsqueda de represalias ha sido vista como un acto de venganza más que como un esfuerzo por hacer justicia.

    La situación de Bondi podría no ser única. Según el diario británico The Guardian, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, también podría enfrentar despido. Trump ha expresado dudas sobre su liderazgo, lo que haría que tres mujeres quedaran fuera de su gabinete.

    La destitución de Bondi refleja un cambio en la administración de Trump. El presidente busca aliados que compartan su visión y que estén dispuestos a actuar de manera más agresiva. Mientras se configura su equipo, muchos observan atentamente cómo estos cambios afectarán a su gobierno y a la justicia en el país.