La resolución ordena a autoridades garantizar suministro mínimo de agua a habitantes de “Los Kilómetros”, en Ciudad Juárez, incluso con medidas urgentes y apoyo de la fuerza pública si fuera necesario.
En un fallo histórico para los derechos humanos en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las personas que habitan en asentamientos irregulares también tienen derecho al acceso al agua potable, obligando a las autoridades a garantizar al menos un suministro mínimo del recurso para estas comunidades.
La resolución del máximo tribunal se dio al conceder un amparo a habitantes de la comunidad “Los Kilómetros”, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta zona, formada principalmente por población migrante desde la década de 1990, alberga actualmente a más de 300 mil personas, muchas de las cuales solo reciben agua mediante pipas cada 10 o 15 días, almacenándola en tambos para su uso cotidiano.
El proyecto fue presentado por el ministro Arístides Guerrero García y, tras una amplia discusión en el Pleno, fue aprobado por unanimidad, sentando un precedente jurídico inédito sobre el derecho humano al agua en México.
La sentencia establece que las autoridades deberán garantizar el suministro de agua a las personas que promovieron el amparo, incluso con el apoyo de la fuerza pública si fuera necesario, con el objetivo de proteger su integridad y asegurar el acceso al recurso básico.
Además, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez y la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua deberán implementar un programa de infraestructura intermedia, que incluya depósitos de almacenamiento y sistemas de distribución equitativa del agua en la zona.
Para cumplir con la resolución judicial, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua tendrá que garantizar recursos prioritarios dirigidos a Zonas de Atención Prioritaria, lo que permitirá avanzar en soluciones estructurales para comunidades históricamente marginadas del acceso al agua potable.
