Una nueva directiva de seguridad nacional amplía el alcance del aparato antiterrorista. Activistas y ciudadanos temen que se use para vigilar opiniones políticas y creencias personales.
Donald Trump presentó la NSPM-7 rodeado de asesores en la Oficina Oval. La medida encendió alarmas entre grupos defensores de derechos civiles.
La directiva busca identificar y frenar lo que el presidente llama “violencia de izquierda radical”. Ordena a agencias federales y locales trabajar juntas contra quienes considere una amenaza política.
En el documento, la administración define señales para detectar posibles actos violentos. Entre ellas, menciona actitudes contrarias al cristianismo, al capitalismo o a lo que llama “valores tradicionales estadounidenses”. También apunta a quienes critican las políticas migratorias, raciales o de género.
El asesor Stephen Miller afirmó que el plan “inicia una estrategia nacional para actuar antes de que ocurra un ataque”. Para lograrlo, el Gobierno reorientará las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo del FBI hacia la vigilancia de grupos e individuos.
Estas fuerzas reúnen más de 4 mil personas y funcionan en cooperación con policías locales y estatales. Su gran alcance permite investigar sin notificar de manera directa al Congreso o a los gobiernos estatales.
En la NSPM-7, el Departamento de Justicia recibe la misión de vigilar redes, organizaciones y financiadores relacionados con acciones políticas violentas. La lista de delitos incluye doxing, swatting, disturbios, saqueos, allanamientos y daños a propiedad.
Para críticos como activistas y periodistas, la directiva borra las líneas entre violencia real y libre expresión. No aparece ninguna referencia al derecho constitucional de protestar o de disentir.
Sebastian Gorka, encargado antiterrorista de la Casa Blanca, defendió la medida. Dijo que “la izquierda se niega a dejar la retórica violenta” y que Trump actúa “para proteger a los estadounidenses de amenazas graves”.
Voces opositoras advierten que esto puede convertirse en una herramienta para acallar críticas legítimas. Temen que se vigile a personas solo por sus ideas o por participar en movimientos sociales.
La tensión crece. Entre discursos encendidos y medidas cada vez más duras, muchos ciudadanos miran con preocupación el futuro de la libertad de expresión en el país. (Con información de Ken Klippenstein).
