Un informe revela que altos funcionarios federales intervinieron para frenar una investigación por derechos civiles, pese a inconsistencias entre la versión oficial y los videos del operativo.
Altos funcionarios de la administración de Donald Trump, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, habrían intervenido para frenar una investigación federal por derechos civiles tras el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, Minnesota, en enero pasado, según revela un informe reciente.
De acuerdo con la investigación, el mismo día del tiroteo el fiscal federal Joseph Thompson solicitó una orden judicial para registrar el vehículo de Good, con el objetivo de preservar evidencia clave y determinar si el uso de la fuerza fue legal. El procedimiento contemplaba la participación de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota para evaluar posibles violaciones a derechos civiles.
No obstante, tras obtener autorización para documentar impactos de bala y rastros de sangre, agentes del FBI recibieron la instrucción directa de detener cualquier diligencia, según reportó The New York Times con base en fuentes internas. En lugar de investigar la actuación del agente de ICE, el Departamento de Justicia orientó a los investigadores a abrir una carpeta contra la propia víctima y su pareja, bajo el argumento de una posible agresión al agente Jonathan Ross.
La demanda por derechos civiles nunca fue presentada, y autoridades estatales denunciaron que funcionarios federales bloquearon el acceso a expedientes y evidencia del caso. Hasta ahora, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han respondido a las solicitudes de comentario.
El informe también señala que, tras el homicidio, la administración Trump difundió una versión oficial sin sustento probatorio, contradicha por videos del operativo. El propio Trump afirmó que Good embistió deliberadamente al agente, mientras que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó como “terrorista doméstica”.
El manejo del caso ha provocado renuncias de funcionarios en Minnesota y reavivó el debate sobre abuso de poder, impunidad y el uso político de las agencias federales.
