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  • Muere Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en Estados Unidos

    Muere Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en Estados Unidos

    El pastor y exaspirante presidencial falleció a los 84 años; su legado marcó la política afroestadounidense antes de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca.

    El reverendo Jesse Jackson, figura emblemática del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, murió este martes a los 84 años, informó su familia. El histórico activista falleció “en paz y rodeado de sus seres queridos” y será homenajeado públicamente en Chicago, en fecha aún por definir.

    Cercano colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960, Jackson se convirtió en una de las voces más influyentes en la lucha contra la discriminación racial y la desigualdad. Fundó organizaciones clave como la Coalición Rainbow/PUSH, desde donde impulsó la justicia social y la participación política de la comunidad afroestadounidense.

    Durante los años 80, buscó en dos ocasiones la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, convirtiéndose —hasta la elección de Barack Obama en 2009— en el afroestadounidense con mayor proyección nacional en aspirar a la Casa Blanca.

    En 2017 reveló que padecía la enfermedad de Parkinson, y en meses recientes había sido hospitalizado por complicaciones relacionadas con un padecimiento neurodegenerativo.

    Diversas figuras políticas reaccionaron a su fallecimiento. El presidente Donald Trump expresó sus condolencias y lo describió como “una fuerza de la naturaleza”. Por su parte, el reverendo Al Sharpton afirmó que Estados Unidos perdió “una de sus mayores voces éticas”.

    Además de su activismo, Jackson actuó como mediador internacional, participó en gestiones para liberar rehenes en Medio Oriente y fue enviado especial a África durante la administración de Bill Clinton.

    Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jesse Jackson y recordó que tuvo la oportunidad de escucharlo en vivo durante la década de los noventa en Nueva York.

    “Fue un extraordinario orador, pacifista y defensor de los derechos civiles”, destacó la mandataria. Asimismo, subrayó que el movimiento de Movimiento Regeneración Nacional se inspira en la lucha pacífica y social de figuras históricas como Jackson.

  • FBI bloqueó indagatoria por asesinato de Renee Good a manos de ICE

    FBI bloqueó indagatoria por asesinato de Renee Good a manos de ICE

    Un informe revela que altos funcionarios federales intervinieron para frenar una investigación por derechos civiles, pese a inconsistencias entre la versión oficial y los videos del operativo.

    Altos funcionarios de la administración de Donald Trump, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, habrían intervenido para frenar una investigación federal por derechos civiles tras el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, Minnesota, en enero pasado, según revela un informe reciente.

    De acuerdo con la investigación, el mismo día del tiroteo el fiscal federal Joseph Thompson solicitó una orden judicial para registrar el vehículo de Good, con el objetivo de preservar evidencia clave y determinar si el uso de la fuerza fue legal. El procedimiento contemplaba la participación de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota para evaluar posibles violaciones a derechos civiles.

    No obstante, tras obtener autorización para documentar impactos de bala y rastros de sangre, agentes del FBI recibieron la instrucción directa de detener cualquier diligencia, según reportó The New York Times con base en fuentes internas. En lugar de investigar la actuación del agente de ICE, el Departamento de Justicia orientó a los investigadores a abrir una carpeta contra la propia víctima y su pareja, bajo el argumento de una posible agresión al agente Jonathan Ross.

    La demanda por derechos civiles nunca fue presentada, y autoridades estatales denunciaron que funcionarios federales bloquearon el acceso a expedientes y evidencia del caso. Hasta ahora, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han respondido a las solicitudes de comentario.

    El informe también señala que, tras el homicidio, la administración Trump difundió una versión oficial sin sustento probatorio, contradicha por videos del operativo. El propio Trump afirmó que Good embistió deliberadamente al agente, mientras que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó como “terrorista doméstica”.

    El manejo del caso ha provocado renuncias de funcionarios en Minnesota y reavivó el debate sobre abuso de poder, impunidad y el uso político de las agencias federales.

  • Trump intensifica control sobre voces críticas

    Trump intensifica control sobre voces críticas

    Una nueva directiva de seguridad nacional amplía el alcance del aparato antiterrorista. Activistas y ciudadanos temen que se use para vigilar opiniones políticas y creencias personales.

    Donald Trump presentó la NSPM-7 rodeado de asesores en la Oficina Oval. La medida encendió alarmas entre grupos defensores de derechos civiles.

    La directiva busca identificar y frenar lo que el presidente llama “violencia de izquierda radical”. Ordena a agencias federales y locales trabajar juntas contra quienes considere una amenaza política.

    En el documento, la administración define señales para detectar posibles actos violentos. Entre ellas, menciona actitudes contrarias al cristianismo, al capitalismo o a lo que llama “valores tradicionales estadounidenses”. También apunta a quienes critican las políticas migratorias, raciales o de género.

    El asesor Stephen Miller afirmó que el plan “inicia una estrategia nacional para actuar antes de que ocurra un ataque”. Para lograrlo, el Gobierno reorientará las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo del FBI hacia la vigilancia de grupos e individuos.

    Estas fuerzas reúnen más de 4 mil personas y funcionan en cooperación con policías locales y estatales. Su gran alcance permite investigar sin notificar de manera directa al Congreso o a los gobiernos estatales.

    En la NSPM-7, el Departamento de Justicia recibe la misión de vigilar redes, organizaciones y financiadores relacionados con acciones políticas violentas. La lista de delitos incluye doxing, swatting, disturbios, saqueos, allanamientos y daños a propiedad.

    Para críticos como activistas y periodistas, la directiva borra las líneas entre violencia real y libre expresión. No aparece ninguna referencia al derecho constitucional de protestar o de disentir.

    Sebastian Gorka, encargado antiterrorista de la Casa Blanca, defendió la medida. Dijo que “la izquierda se niega a dejar la retórica violenta” y que Trump actúa “para proteger a los estadounidenses de amenazas graves”.

    Voces opositoras advierten que esto puede convertirse en una herramienta para acallar críticas legítimas. Temen que se vigile a personas solo por sus ideas o por participar en movimientos sociales.

    La tensión crece. Entre discursos encendidos y medidas cada vez más duras, muchos ciudadanos miran con preocupación el futuro de la libertad de expresión en el país. (Con información de Ken Klippenstein).

  • Se mantiene orden de cierre del centro migratorio “Alligator Alcatraz”

    Se mantiene orden de cierre del centro migratorio “Alligator Alcatraz”

    La jueza Kathleen Williams rechazó la solicitud del Gobierno de Estados Unidos de suspender su propio fallo que ordenaba el cierre progresivo del centro de detención de inmigrantes en los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz, de acuerdo con información recopilada por El País. La decisión llega mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apela formalmente la orden.

    El pasado jueves, Williams determinó que la población del centro debía reducirse en 60 días, por lo que debían trasladar a los internos a otras instalaciones y desmontar cercas, torres de luz y generadores. Ambientalistas y la tribu Miccosukee, que presentaron la demanda, celebraron la resolución debido a los impactos medioambientales y culturales que implicaba el centro.

    El Gobierno defendió la operación de Alligator Alcatraz, alegando que su cierre afectaría la seguridad pública y el control fronterizo. Sin embargo, organizaciones ambientales y legisladores como Maxwell Frost señalaron que la instalación alberga apenas 300-350 personas, a pesar de contar con capacidad para 2 mil, y calificaron a los argumentos oficiales de ser exagerados e infundamentados.

    Paralelamente, varias demandas de derechos civiles han denunciado irregularidades graves y condiciones inhumanas: detenciones prolongadas sin cargos, obstáculos al acceso legal, condiciones precarias como inundaciones, plagas y exposición a la intemperie, y deportaciones forzadas con firmas de salida voluntaria sin representación legal.

    El caso de Alligator Alcatraz refleja la creciente tensión en la política migratoria de Florida. Mientras la batalla legal continúa, la Administración DeSantis planea abrir un segundo centro, llamado Deportation Depot, en una prisión estatal del norte del Estado.