El ministro israelí reconoció que endureció las condiciones carcelarias para debilitar físicamente a los detenidos.
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, admitió públicamente que redujo el menú de comida en las prisiones donde permanecen miles de palestinos. El funcionario ultraderechista se jactó de que antes los detenidos entraban delgados y salían con sobrepeso, porque recibían platos como baklava, shawarma y cordero. Ahora, según sus propias palabras, busca revertir esa situación.
Las declaraciones surgieron durante una audiencia del Tribunal Supremo israelí. El máximo tribunal analizaba entonces una demanda contra el recorte alimentario impuesto a los reclusos palestinos. Organizaciones de derechos humanos calificaron los comentarios de racistas y exigieron una condena internacional inmediata. Advirtieron además que las palabras del ministro revelan una intención declarada de cometer un crimen contra miles de prisioneros.
Las cifras respaldan la gravedad del reclamo. Un reporte del portal israelí Walla documentó que al menos 110 palestinos murieron en cárceles israelíes desde que Ben Gvir asumió el cargo, a finales de 2022.En contraste, entre 1967 y 2007 fallecieron 178 detenidos en cuatro décadas. Las muertes se aceleraron año tras año: 32 en 2023, 47 en 2024 y al menos 31 durante 2025.
La justicia israelí intentó frenar esta política sin éxito. En septiembre pasado, el Tribunal Supremo ordenó mejorar las condiciones carcelarias tras determinar que el Estado incumplía las necesidades nutricionales básicas de los reclusos. Ben Gvir respondió con más rigidez todavía. El ministro insiste en ofrecer únicamente “lo mínimo indispensable” en las cárceles bajo su supervisión.
El acceso de observadores independientes también quedó bloqueado durante meses. El propio Ben Gvir se negó a autorizar el ingreso de inspectores del Ministerio de Justicia y de la Defensoría Pública, pese a que la lista fue presentada desde diciembre. Además, mantuvo cerrado el paso a representantes del Colegio de Abogados durante tres años seguidos. Finalmente, el 3 de junio, la Corte Suprema israelí anuló la prohibición general que impedía las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a los prisioneros de seguridad, al considerar que el gobierno nunca presentó una base legal sólida para sostenerla.
El bloque de derecha intentó revertir ese fallo por la vía legislativa, pero el intento fracasó. Un proyecto impulsado por Ben Gvir para impedir el ingreso de la Cruz Roja a las cárceles cayó en la Knéset por falta de mayoría, con 36 votos a favor y 41 en contra. Organismos palestinos denunciaron torturas, desnutrición y desapariciones dentro de los centros de detención, y pidieron a la ONU investigar el alto número de muertes registradas en el último año.
