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Etiqueta: Desvío de recursos

  • Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones

    Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones

    El antiguo coordinador de penales enfrenta cargos por presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos. Su captura revela conexiones con redes criminales.

    Antonio Molina Díaz, excoordinador de prisiones federales, fue arrestado en la Ciudad de México. La captura, llevada a cabo por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, responde a una orden judicial que investiga su vinculación con un escándalo de corrupción.

    Molina ejerció su cargo durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, formó parte de una red delictiva dirigida por Genaro García Luna. Se alega que esta red orquestó el desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de contratos falsos para la construcción de ocho centros penitenciarios.

    Los fiscales han revelado que entre 2013 y 2018, Molina habría suscrito numerosos contratos con empresas que operaban como fachadas. Estos contratos eran utilizados para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

    Durante su arresto, las autoridades encontraron en su poder dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos. Además, se aseguraron identificaciones falsas y varios teléfonos celulares, lo que indica un intento de ocultar su identidad.

    Molina fue trasladado al Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, donde enfrentará un proceso legal por los delitos que se le imputan. La captura de este exfuncionario pone de manifiesto una vez más el problema de la corrupción en altos niveles del gobierno.

  • Vinculan a proceso a exgobernador priista de Colima por presunto desvío millonario

    Vinculan a proceso a exgobernador priista de Colima por presunto desvío millonario

    La Fiscalía mantiene investigaciones por irregularidades en obras públicas, pagos indebidos y presuntos daños al erario durante el gobierno de Ignacio Peralta.

    El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que un juez encontrara elementos suficientes para continuar las investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración priista de 2016 a 2021.

    La resolución judicial establece que ambos ex funcionarios enfrentarán el proceso en libertad, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de hasta cinco meses. Durante ese periodo, tanto la defensa como la parte acusadora podrán presentar pruebas adicionales relacionadas con las irregularidades detectadas en auditorías y revisiones financieras realizadas por el gobierno estatal.

    Entre las principales acusaciones destacan presuntas anomalías por casi 100 millones de pesos destinados a la construcción del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y a la remodelación del Palacio de Gobierno de Colima. De acuerdo con las investigaciones, la administración encabezada por Peralta Sánchez adquirió una deuda superior a los 500 millones de pesos para ambas obras, aunque las auditorías únicamente lograron justificar alrededor de 400 millones.

    Las autoridades también detectaron pagos presuntamente irregulares por asesorías inexistentes durante 2018. Según las investigaciones, el gobierno estatal habría pagado cerca de 97 millones de pesos a una empresa por servicios de consultoría, pese a que un año antes se destinó apenas un millón de pesos al mismo concepto. Estas inconsistencias forman parte de las denuncias presentadas por la actual administración estatal encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

    Por su parte, Carlos Noriega García ya enfrenta una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos en Colima, debido a acusaciones relacionadas con un presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones. Además, existe otra denuncia penal contra Ignacio Peralta por ordenar en 2021 el pago anticipado de casi mil millones de pesos a bancos derivados de un empréstito de corto plazo, mientras se anunciaba la suspensión del pago de nómina a miles de trabajadores estatales.

    Tras la audiencia, Ignacio Peralta aseguró que el proceso “era algo esperado” y sostuvo que demostrará haber actuado conforme a la ley durante su gestión. Sin embargo, el caso representa uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes en la historia reciente de Colima y mantiene bajo escrutinio el manejo financiero del anterior gobierno priista.

  • Tere Jiménez apuesta millones a la FNSM mientras Aguascalientes se hunde en inseguridad

    Tere Jiménez apuesta millones a la FNSM mientras Aguascalientes se hunde en inseguridad

    Mientras la percepción de inseguridad aumenta hasta alcanzar más del 60% de la población y delitos como homicidios, robos y extorsiones van hacia arriba, el gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel destina cerca de 300 millones de pesos a la Feria Nacional de San Marcos 2026, con pagos millonarios a artistas internacionales y nacionales. 

    La administración estatal presume la organización de la Feria Nacional de San Marcos 2026 como un evento de talla internacional, pero detrás del espectáculo se encuentra un dato importante: la inseguridad aumenta en 40%, y cada vez más habitantes dicen sentirse vulnerables en su propia entidad, a lo que surge un cuestionamiento ¿la prioridad es una fiesta o la seguridad?

    El gasto destinado al “Foro de las Estrellas” exhibe la apuesta del gobierno. Se trata de un presupuesto cerca de los 300 millones de pesos, en un escenario donde los reportes de la ciudadanía advierten un incremento en robos, asaltos, homicidios, extorsiones así como presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. La línea entre el gasto festivo y la realidad ciudadana es difícil de ignorar. 

    La lista de artistas confirma el nivel de derroche, desde los 2.5 millones de pesos para artistas como Luis Ángel “El Flaco” y el Mimoso, hasta cifras mucho más elevadas como los 8.9 millones de pesos J Balvin o los 30 millones de pesos destinados a Devid Guetta. A ello se suman artistas como Goo Goo Dolls, Grupo Frontera, Lila Downs, Empire Of The Sun, que van desde los 3 millones,7 millones y 8.5 millones de pesos. 

    La percepción de inseguridad se ha elevado a más de 40% a cerca del 60% de la población, con reportes constantes de delitos afectando directamente a las familias. A eso se agrega la presencia operativa de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, quienes llevan a cabo prácticas ilícitas en Aguascalientes. 

    Asimismo, la figura de Tere Jiménez tampoco está exenta de cuestionamientos. A los señalamientos actuales se suman antecedentes de presuntos desvío de recursos públicos durante su gestión, lo que refuerza la crítica sobre el manejo financiero para la seguridad 

    del estado. 

    Al final, la feria brilla entre su difusión en diferentes medios, así como en su gran inauguración durante este fin de semana, pero la sombra de la inseguridad se expande entre conciertos de millones de pesos y ciudadanos que viven con miedo.

  • Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

    Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

    El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes.

    Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a nombrar “coordinadores estatales” que, en los hechos, perfilan a sus candidatos para 2027, adelantando la contienda con una estrategia que durante años cuestionó a Morena.

    Este experimento arrancó en Michoacán con Alfonso Martínez Alcázar, quien actualmente funge como presidente municipal de Morelia, nombrándolo “coordinador del cambio y defensa de la familia”. El cargo suena a una etiqueta para desviar una campaña hacia lo que ya opera como promoción rumbo a junio de 2027.

    Pero, ¿quién es Alfonso Martínez Alcázar?

    La figura política no llega limpia, puesto que el alcalde arrastra señalamientos por presunto uso de recursos públicos para apuntalar su aspiración, así como críticas constantes por el deterioro de Morelia, como baches, servicios irregulares y una percepción de inseguridad que no cede.

    Las acusaciones más graves hablan de una red de influencias. De acuerdo con denuncias presentadas por actores políticos, su administración habría asignado 154 contratos de obra pública por adjudicación directa, a lo que llamaron “Cártel de la Construcción”, acumulando una inversión de más de 576 millones de pesos en manos de allegados.

    El caso escaló hasta instancias federales y estatales, ya que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos delitos que van desde abuso hasta lavado de dinero.

    A esto se añade un hecho que intensificó la sospecha: la presunta eliminación de contratos y documentos de portales oficiales de transparencia, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades. Aunque se asegura que las pruebas fueron certificadas previamente, el daño a la credibilidad quedó marcado.

    El adelanto de la contienda y la protección política bajo nuevas etiquetas no borran los señalamientos ni mejoran la realidad en las calles. Por el contrario, exhiben a un PAN que apuesta por reciclar prácticas que antes condenaba, mientras uno de sus perfiles principales en Michoacán avanza cargando cifras, denuncias y una gestión cuestionada que pesa más que cualquier discurso.

  • Estudiantes del IPN toman Canal Once; denuncian desvío de recursos en transmisión en vivo

    Estudiantes del IPN toman Canal Once; denuncian desvío de recursos en transmisión en vivo

    Alumnos de varias escuelas del Politécnico irrumpieron en la televisora para visibilizar irregularidades financieras y exigir transparencia a las autoridades.

    Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpieron en las instalaciones de Canal Once en la Ciudad de México, donde, en plena transmisión, denunciaron un presunto mal manejo de recursos públicos y la crisis interna que, aseguran, afecta a la institución.

    Los jóvenes, provenientes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), la Escuela Superior de Economía (ESE) y la Escuela Superior de Medicina (ESM), señalaron que el IPN enfrenta un deterioro estructural, agravado por la eliminación de fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura con la Fundación Politécnico.

    Durante la lectura de su posicionamiento, también cuestionaron la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, al considerar que forma parte de un esquema opaco. En ese contexto, llamaron a la comunidad estudiantil a organizarse y exigir una educación de calidad, libre de corrupción.

    De acuerdo con los propios estudiantes, la acción se definió tras una asamblea en la ENCB, donde concluyeron que su mensaje debía trascender el ámbito interno. Por ello, decidieron acudir a la televisora pública para amplificar su denuncia a nivel nacional.

    El ingreso ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de alumnos forzó uno de los accesos, mientras que el pronunciamiento se realizó cerca de las 18:08 horas. La acción se desarrolló sin que, hasta el momento, se reporten confrontaciones.

    Hasta ahora, autoridades del IPN no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos ni sobre la toma de las instalaciones, lo que mantiene la tensión entre la comunidad estudiantil y la administración.

  • ASF “perdona” más de 2,700 mdp a Alito Moreno tras irregularidades en Campeche

    ASF “perdona” más de 2,700 mdp a Alito Moreno tras irregularidades en Campeche

    Por Nathael Pérez

    Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la Auditoría Superior de la Federación terminó por justificar más de 2 mil 700 millones de pesos observados al gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, pese a que durante años permanecieron como posibles desvíos.

    Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó por dar por solventadas irregularidades millonarias detectadas durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. En total, más de 2 mil 700 millones de pesos que habían sido observados como faltantes o posibles desvíos fueron finalmente justificados entre 2022 y 2024.

    De acuerdo con la investigación, en 2018 —el año con más irregularidades— la ASF detectó posibles desvíos por más de 3 mil 400 millones de pesos en recursos federales ejercidos por la administración estatal. Para 2022, el 98% de ese monto seguía sin aclararse, lo que mantenía abiertas observaciones por más de 3 mil 300 millones de pesos.

    Sin embargo, dos años después, la mayor parte de esos recursos fue “solventada”. Entre los casos más relevantes destaca una solicitud de aclaración por 2 mil 443 millones de pesos, en la que no existía documentación que respaldara contratos de obra y adquisiciones; aun así, el monto completo fue validado como justificado. También se redujo una observación por 457.9 millones de pesos a solo 130.7 millones pendientes, además de otros montos menores prácticamente cerrados.

    La investigación señala que parte de estas revisiones pasó por la Dirección General de Seguimiento C de la ASF, encabezada en ese momento por un funcionario vinculado políticamente a Pablo Angulo, cercano a Moreno. Este órgano es clave, ya que determina si las observaciones por irregularidades quedan solventadas o no, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el proceso.

    Alito Moreno, quien gobernó Campeche de 2015 a 2019 y actualmente es dirigente nacional del PRI y senador, dejó el cargo con miles de millones de pesos bajo observación. No obstante, con el paso del tiempo, la mayoría de esos recursos terminó siendo “perdonada” o justificada, lo que ha generado críticas sobre la actuación de la ASF y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

  • ¿Quién es Karime Macías y de qué se le acusa? El escándalo de corrupción que marcó a Veracruz

    ¿Quién es Karime Macías y de qué se le acusa? El escándalo de corrupción que marcó a Veracruz

    La ex presidenta del DIF de Veracruz es señalada por el presunto desvío de 112 millones de pesos; fue detenida en Londres y enfrentó un proceso de extradición impulsado por la FGR.

    El nombre de Karime Macías Tubilla quedó ligado a uno de los mayores escándalos de corrupción en Veracruz durante el gobierno de su entonces esposo, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador hoy en prisión.

    Aunque oficialmente ocupó un cargo honorario al frente del DIF estatal, la Fiscalía sostiene que habría participado en el presunto desvío de recursos públicos destinados a programas sociales.

    La acusación central señala un fraude por 112 millones de pesos, que habrían sido transferidos a empresas fantasma durante la administración de Duarte (2010-2016). La investigación forma parte del entramado de irregularidades que también salpicó a la llamada “Estafa Maestra”, esquema documentado por organizaciones civiles y medios nacionales.

    El caso tomó relevancia internacional cuando Karime Macías fue detenida en Londres en octubre de 2019. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza tras pagar 150 mil libras esterlinas, mientras México solicitaba su extradición. La Fiscalía General de la República (FGR) buscó llevarla a juicio por el presunto daño al erario veracruzano.

    Uno de los episodios más mediáticos fue el hallazgo de libretas donde escribió repetidamente la frase “Sí merezco abundancia”, además de anotar cuentas bancarias y propiedades. Las autoridades señalaron que dichos bienes habrían sido adquiridos con recursos públicos, aunque su defensa ha insistido en que no ocupó un cargo formal con manejo presupuestal y que no existe prueba directa de responsabilidad penal.

    Testimonios de excolaboradores apuntaron que Macías participaba en reuniones de gabinete y tenía influencia en decisiones administrativas, versión rechazada por su equipo legal. Mientras tanto, el sexenio de Duarte quedó marcado por acusaciones de empresas fantasma, desvío millonario de recursos y graves violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones y asesinatos de periodistas.

    El caso de Karime Macías continúa siendo símbolo del saqueo institucional que golpeó a Veracruz y uno de los expedientes más polémicos del combate a la corrupción en México.

  • Juez definirá hoy situación jurídica de Javier Duarte; enfrenta nueva acusación por peculado

    Juez definirá hoy situación jurídica de Javier Duarte; enfrenta nueva acusación por peculado

    La Fiscalía Anticorrupción busca una condena de 21 años de prisión por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en Veracruz.

    Este martes, un juez federal determinará la situación jurídica de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado agravado relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a obras de salud en 2012.

    La audiencia se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, bajo la conducción del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor. En esta etapa procesal, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) solicitará una pena de 21 años de prisión contra el exmandatario priista.

    De acuerdo con la imputación presentada la semana pasada —diligencia que se extendió por más de siete horas— la autoridad ministerial expuso 38 datos de prueba, entre ellos transferencias bancarias realizadas desde cuentas que administraban recursos federales. Según la acusación, la Secretaría de Salud federal transfirió 10 millones de pesos para la construcción y mejora de dos centros de atención: uno para niños y otro para personas adultas mayores en Veracruz; sin embargo, solo se habrían aplicado 5 millones, mientras que el resto fue presuntamente desviado.

    El expediente fue judicializado a finales de 2025, derivado de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2016, relacionadas con múltiples desvíos de recursos federales en el sector salud y obra pública durante la administración de Duarte.

    Mientras avanza este nuevo proceso penal, Javier Duarte permanecerá en prisión preventiva justificada, a la espera de que el juez resuelva si lo vincula a proceso por este nuevo cargo.

  • ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    ¿No sale de prisión? FGR presentará nueva acusación por peculado contra Javier Duarte

    La FGR busca frenar la liberación del exgobernador de Veracruz con una nueva imputación por el presunto desvío de recursos federales destinados a personas con discapacidad.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto delito de peculado, relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos en subsidios federales durante su administración.

    De avanzar esta imputación y ser vinculado a proceso, Duarte podría permanecer en prisión más allá de abril, fecha en la que concluiría la sentencia de nueve años que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa. El caso quedó en manos del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien citó a audiencia inicial el próximo 12 de febrero a las 09:00 horas.

    La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y se refiere al presunto desvío de recursos destinados al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, correspondiente al año 2012.

    No obstante, la audiencia celebrada este lunes no avanzó luego de que Duarte solicitara un aplazamiento, argumentando que sus abogados se encuentran hospitalizados. Ante ello, la FGR acusó a la defensa del exmandatario de recurrir a “prácticas dilatorias”, recordando que en ocasiones anteriores el proceso ya había sido pospuesto por motivos similares.

    El juez recordó que no es la primera vez que se difiere una audiencia por inasistencias o razones de salud, por lo que determinó reprogramarla en el transcurso de esta semana.

    De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de peculado contempla penas de hasta 14 años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que podría impedir cualquier beneficio de libertad anticipada.

    Cabe recordar que Duarte también enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, lo que previamente ya frenó su intento de obtener libertad anticipada. A ello se suma que, según una resolución judicial, no cumplió con los requisitos legales para acceder a dicho beneficio, entre ellos el plan de actividades dentro del reclusorio.

  • Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

    Detenido tras casi un año prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez enfrenta cargos por peculado agravado y abuso de funciones, en un caso que revive la herencia de corrupción del sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

    Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018–2024), fue presentado ante un Juez de Control tras su detención en Cuautla, acusado de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. La captura fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de once meses prófugo.

    De acuerdo con las investigaciones, Álvarez habría encabezado un esquema de simulación de pagos, facturación de servicios y eventos inexistentes, así como la venta irregular de predios en la zona del Lago de Tequesquitengo, conocido como el “Mar de Morelos”, provocando un daño patrimonial millonario al fideicomiso y a ejidos locales.

    Las indagatorias señalan que terrenos fueron vendidos por debajo de su valor comercial a funcionarios y excolaboradores cercanos al exgobernador, lo que refuerza la tesis de un entramado de corrupción institucionalizada. Entre los nombres mencionados figuran Sandra Anaya Villegas, Mónica Boggio Tomasaz Merino, Gerardo Becerra Chávez Ita y Edgar Riou Pérez, todos con vínculos directos con la pasada administración estatal.

    Además, una línea paralela apunta a un presunto desvío adicional de 20 millones de pesos durante su paso como tesorero municipal de Cuautla. En marzo de 2025, la FECC incluso ofreció recompensa para su localización.

    El caso se agravó cuando, en un cateo a un inmueble ligado al exfuncionario en Cuernavaca, autoridades localizaron restos humanos y objetos rituales, lo que abrió una nueva carpeta por desaparición forzada. Aunque el proceso actual es administrativo-financiero, el hallazgo amplía el alcance penal del expediente.

    La detención de Álvarez reactiva los señalamientos contra el legado de Cuauhtémoc Blanco, marcado por opacidad, redes de protección y presuntos saqueos al erario. En Morelos, la rendición de cuentas sigue llegando tarde, pero llega.