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Etiqueta: Desvío de recursos

  • Caen seis funcionarios y exfuncionarios en Chiapas por corrupción y desvío de recursos

    Caen seis funcionarios y exfuncionarios en Chiapas por corrupción y desvío de recursos

    Las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos derivaron en seis detenciones; durante un cateo también fueron aseguradas más de 2 mil 500 tarjetas de un programa estatal.

    La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó la detención de seis funcionarios y exfuncionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos durante 2025. Las capturas son resultado de investigaciones realizadas en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado, tras detectarse diversas irregularidades administrativas que derivaron en denuncias penales.

    Entre los detenidos se encuentran Rosario Esmeralda “N”, exdirectora de Infraestructura de la Secretaría de Salud de Chiapas y excandidata del PVEM a la alcaldía de Tuxtla Chico; Sinar Rodrigo “N”, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Federales; además de Cleofas “N” y Sonely “N”, quienes ocuparon cargos en las áreas de Servicios Generales y Recursos Materiales de la misma dependencia.

    De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones revelaron falta de cuadros comparativos, ausencia de dictámenes económicos y técnicos, carencia de evidencia documental sobre la ejecución de servicios e insuficiente documentación comprobatoria, irregularidades que podrían configurar delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.

    Asimismo, fueron detenidos Luis Manuel “N”, jefe del Departamento de Planeación del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), y Lidia “N”, servidora pública de esa institución, ambos investigados por presuntas anomalías en procesos de contratación y manejo de recursos, particularmente en la asignación de proveedores de servicios.

    Durante los cateos realizados como parte de las diligencias, las autoridades localizaron más de 2 mil 500 tarjetas de beneficiarios del programa estatal “Chiapas Puede” en uno de los inmuebles inspeccionados, hallazgo que ahora forma parte de la carpeta de investigación. Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas y deslindar responsabilidades por el presunto desvío de recursos públicos.

  • Detienen a exalcaldesa de Múzquiz por desvío de recursos

    Detienen a exalcaldesa de Múzquiz por desvío de recursos

    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nuevo León capturaron a Tania Flores Guerra, quien gobernó el municipio coahuilense entre acusaciones de irregularidades administrativas.

    Autoridades detuvieron a la exalcaldesa de Múzquiz y exdiputada local de Morena, Tania Flores Guerra, durante la madrugada del sábado en San Pedro Garza García, Nuevo León. La captura respondió a una orden de aprehensión girada por un juez penal de Coahuila.

    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nuevo León ejecutaron el mandamiento judicial que giraron autoridades coahuilenses. La Fiscalía General de Coahuila confirmó los detalles de la operación a través de fuentes cercanas al caso.

    La exfuncionaria enfrenta múltiples investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante su administración al frente del ayuntamiento de Múzquiz. Los señalamientos incluyen posibles desvíos de recursos públicos y actos vinculados con abuso de autoridad.

    Actualmente, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos 11 carpetas de investigación en contra de Flores Guerra. Cada expediente corresponde a hechos distintos presuntamente ocurridos durante su gestión municipal.

    Las autoridades trasladarán a la detenida hacia Coahuila, donde permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social de Saltillo. Ahí enfrentará el proceso judicial derivado de las carpetas abiertas en su contra.

  • Castigan con 777 millones de pesos a exfuncionarios de Segalmex por desvío de recursos

    Castigan con 777 millones de pesos a exfuncionarios de Segalmex por desvío de recursos

    La sanción incluye inhabilitación por 10 años para cuatro exservidores públicos señalados por el uso indebido de recursos destinados a programas alimentarios y de apoyo al campo.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impusieron una sanción histórica de 777.8 millones de pesos e inhabilitación por una década a cuatro exfuncionarios de Segalmex, hoy denominada Alimentación para el Bienestar (AliBien), por irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos federales.

    De acuerdo con las investigaciones, los exservidores públicos María G., René G., Miguel C. y Juan R., quienes desempeñaban funciones en áreas de Planeación, Precios de Garantía, Estímulos y Administración y Finanzas, incurrieron en el uso indebido de recursos durante 2019. Las autoridades determinaron que se destinaron fondos del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos operativos y para financiar el Programa de Fertilizantes, contraviniendo la normatividad vigente.

    La dependencia federal destacó que esta es una de las sanciones económicas más relevantes derivadas de las acciones emprendidas para combatir la corrupción en el servicio público. Además, informó que otros 23 funcionarios federales fueron sancionados por diversas faltas graves y no graves en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pemex, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

    Entre los casos señalados destaca la inhabilitación de un trabajador de la CFE en Torreón por recibir dinero a cambio de eliminar adeudos de energía eléctrica; así como sanciones a empleados del IMSS, Pemex y el INM por conductas que incluyeron uso indebido de bienes públicos, faltas administrativas, falsificación de documentos y comportamientos contrarios a la normatividad institucional.

    La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas acreditadas. Asimismo, recordó que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones ante las instancias correspondientes, aunque aseguró que defenderá cada caso con base en las pruebas y procedimientos legales que sustentaron las sanciones.

    Con estas acciones, el Gobierno de México reafirmó su estrategia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad cometida por servidores públicos a través de los mecanismos oficiales. La dependencia sostuvo que el fortalecimiento de la ética y la legalidad es fundamental para consolidar la confianza de la población en las instituciones del Estado.

  • Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones

    Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones

    El antiguo coordinador de penales enfrenta cargos por presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos. Su captura revela conexiones con redes criminales.

    Antonio Molina Díaz, excoordinador de prisiones federales, fue arrestado en la Ciudad de México. La captura, llevada a cabo por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, responde a una orden judicial que investiga su vinculación con un escándalo de corrupción.

    Molina ejerció su cargo durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, formó parte de una red delictiva dirigida por Genaro García Luna. Se alega que esta red orquestó el desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de contratos falsos para la construcción de ocho centros penitenciarios.

    Los fiscales han revelado que entre 2013 y 2018, Molina habría suscrito numerosos contratos con empresas que operaban como fachadas. Estos contratos eran utilizados para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

    Durante su arresto, las autoridades encontraron en su poder dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos. Además, se aseguraron identificaciones falsas y varios teléfonos celulares, lo que indica un intento de ocultar su identidad.

    Molina fue trasladado al Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, donde enfrentará un proceso legal por los delitos que se le imputan. La captura de este exfuncionario pone de manifiesto una vez más el problema de la corrupción en altos niveles del gobierno.

  • Vinculan a proceso a exgobernador priista de Colima por presunto desvío millonario

    Vinculan a proceso a exgobernador priista de Colima por presunto desvío millonario

    La Fiscalía mantiene investigaciones por irregularidades en obras públicas, pagos indebidos y presuntos daños al erario durante el gobierno de Ignacio Peralta.

    El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que un juez encontrara elementos suficientes para continuar las investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración priista de 2016 a 2021.

    La resolución judicial establece que ambos ex funcionarios enfrentarán el proceso en libertad, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de hasta cinco meses. Durante ese periodo, tanto la defensa como la parte acusadora podrán presentar pruebas adicionales relacionadas con las irregularidades detectadas en auditorías y revisiones financieras realizadas por el gobierno estatal.

    Entre las principales acusaciones destacan presuntas anomalías por casi 100 millones de pesos destinados a la construcción del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y a la remodelación del Palacio de Gobierno de Colima. De acuerdo con las investigaciones, la administración encabezada por Peralta Sánchez adquirió una deuda superior a los 500 millones de pesos para ambas obras, aunque las auditorías únicamente lograron justificar alrededor de 400 millones.

    Las autoridades también detectaron pagos presuntamente irregulares por asesorías inexistentes durante 2018. Según las investigaciones, el gobierno estatal habría pagado cerca de 97 millones de pesos a una empresa por servicios de consultoría, pese a que un año antes se destinó apenas un millón de pesos al mismo concepto. Estas inconsistencias forman parte de las denuncias presentadas por la actual administración estatal encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

    Por su parte, Carlos Noriega García ya enfrenta una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos en Colima, debido a acusaciones relacionadas con un presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones. Además, existe otra denuncia penal contra Ignacio Peralta por ordenar en 2021 el pago anticipado de casi mil millones de pesos a bancos derivados de un empréstito de corto plazo, mientras se anunciaba la suspensión del pago de nómina a miles de trabajadores estatales.

    Tras la audiencia, Ignacio Peralta aseguró que el proceso “era algo esperado” y sostuvo que demostrará haber actuado conforme a la ley durante su gestión. Sin embargo, el caso representa uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes en la historia reciente de Colima y mantiene bajo escrutinio el manejo financiero del anterior gobierno priista.

  • Tere Jiménez apuesta millones a la FNSM mientras Aguascalientes se hunde en inseguridad

    Tere Jiménez apuesta millones a la FNSM mientras Aguascalientes se hunde en inseguridad

    Mientras la percepción de inseguridad aumenta hasta alcanzar más del 60% de la población y delitos como homicidios, robos y extorsiones van hacia arriba, el gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel destina cerca de 300 millones de pesos a la Feria Nacional de San Marcos 2026, con pagos millonarios a artistas internacionales y nacionales. 

    La administración estatal presume la organización de la Feria Nacional de San Marcos 2026 como un evento de talla internacional, pero detrás del espectáculo se encuentra un dato importante: la inseguridad aumenta en 40%, y cada vez más habitantes dicen sentirse vulnerables en su propia entidad, a lo que surge un cuestionamiento ¿la prioridad es una fiesta o la seguridad?

    El gasto destinado al “Foro de las Estrellas” exhibe la apuesta del gobierno. Se trata de un presupuesto cerca de los 300 millones de pesos, en un escenario donde los reportes de la ciudadanía advierten un incremento en robos, asaltos, homicidios, extorsiones así como presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. La línea entre el gasto festivo y la realidad ciudadana es difícil de ignorar. 

    La lista de artistas confirma el nivel de derroche, desde los 2.5 millones de pesos para artistas como Luis Ángel “El Flaco” y el Mimoso, hasta cifras mucho más elevadas como los 8.9 millones de pesos J Balvin o los 30 millones de pesos destinados a Devid Guetta. A ello se suman artistas como Goo Goo Dolls, Grupo Frontera, Lila Downs, Empire Of The Sun, que van desde los 3 millones,7 millones y 8.5 millones de pesos. 

    La percepción de inseguridad se ha elevado a más de 40% a cerca del 60% de la población, con reportes constantes de delitos afectando directamente a las familias. A eso se agrega la presencia operativa de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, quienes llevan a cabo prácticas ilícitas en Aguascalientes. 

    Asimismo, la figura de Tere Jiménez tampoco está exenta de cuestionamientos. A los señalamientos actuales se suman antecedentes de presuntos desvío de recursos públicos durante su gestión, lo que refuerza la crítica sobre el manejo financiero para la seguridad 

    del estado. 

    Al final, la feria brilla entre su difusión en diferentes medios, así como en su gran inauguración durante este fin de semana, pero la sombra de la inseguridad se expande entre conciertos de millones de pesos y ciudadanos que viven con miedo.

  • Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

    Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

    El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes.

    Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a nombrar “coordinadores estatales” que, en los hechos, perfilan a sus candidatos para 2027, adelantando la contienda con una estrategia que durante años cuestionó a Morena.

    Este experimento arrancó en Michoacán con Alfonso Martínez Alcázar, quien actualmente funge como presidente municipal de Morelia, nombrándolo “coordinador del cambio y defensa de la familia”. El cargo suena a una etiqueta para desviar una campaña hacia lo que ya opera como promoción rumbo a junio de 2027.

    Pero, ¿quién es Alfonso Martínez Alcázar?

    La figura política no llega limpia, puesto que el alcalde arrastra señalamientos por presunto uso de recursos públicos para apuntalar su aspiración, así como críticas constantes por el deterioro de Morelia, como baches, servicios irregulares y una percepción de inseguridad que no cede.

    Las acusaciones más graves hablan de una red de influencias. De acuerdo con denuncias presentadas por actores políticos, su administración habría asignado 154 contratos de obra pública por adjudicación directa, a lo que llamaron “Cártel de la Construcción”, acumulando una inversión de más de 576 millones de pesos en manos de allegados.

    El caso escaló hasta instancias federales y estatales, ya que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos delitos que van desde abuso hasta lavado de dinero.

    A esto se añade un hecho que intensificó la sospecha: la presunta eliminación de contratos y documentos de portales oficiales de transparencia, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades. Aunque se asegura que las pruebas fueron certificadas previamente, el daño a la credibilidad quedó marcado.

    El adelanto de la contienda y la protección política bajo nuevas etiquetas no borran los señalamientos ni mejoran la realidad en las calles. Por el contrario, exhiben a un PAN que apuesta por reciclar prácticas que antes condenaba, mientras uno de sus perfiles principales en Michoacán avanza cargando cifras, denuncias y una gestión cuestionada que pesa más que cualquier discurso.

  • Estudiantes del IPN toman Canal Once; denuncian desvío de recursos en transmisión en vivo

    Estudiantes del IPN toman Canal Once; denuncian desvío de recursos en transmisión en vivo

    Alumnos de varias escuelas del Politécnico irrumpieron en la televisora para visibilizar irregularidades financieras y exigir transparencia a las autoridades.

    Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpieron en las instalaciones de Canal Once en la Ciudad de México, donde, en plena transmisión, denunciaron un presunto mal manejo de recursos públicos y la crisis interna que, aseguran, afecta a la institución.

    Los jóvenes, provenientes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), la Escuela Superior de Economía (ESE) y la Escuela Superior de Medicina (ESM), señalaron que el IPN enfrenta un deterioro estructural, agravado por la eliminación de fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura con la Fundación Politécnico.

    Durante la lectura de su posicionamiento, también cuestionaron la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco, al considerar que forma parte de un esquema opaco. En ese contexto, llamaron a la comunidad estudiantil a organizarse y exigir una educación de calidad, libre de corrupción.

    De acuerdo con los propios estudiantes, la acción se definió tras una asamblea en la ENCB, donde concluyeron que su mensaje debía trascender el ámbito interno. Por ello, decidieron acudir a la televisora pública para amplificar su denuncia a nivel nacional.

    El ingreso ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de alumnos forzó uno de los accesos, mientras que el pronunciamiento se realizó cerca de las 18:08 horas. La acción se desarrolló sin que, hasta el momento, se reporten confrontaciones.

    Hasta ahora, autoridades del IPN no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos ni sobre la toma de las instalaciones, lo que mantiene la tensión entre la comunidad estudiantil y la administración.

  • ASF “perdona” más de 2,700 mdp a Alito Moreno tras irregularidades en Campeche

    ASF “perdona” más de 2,700 mdp a Alito Moreno tras irregularidades en Campeche

    Por Nathael Pérez

    Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la Auditoría Superior de la Federación terminó por justificar más de 2 mil 700 millones de pesos observados al gobierno de Alejandro Moreno en Campeche, pese a que durante años permanecieron como posibles desvíos.

    Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expone que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó por dar por solventadas irregularidades millonarias detectadas durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. En total, más de 2 mil 700 millones de pesos que habían sido observados como faltantes o posibles desvíos fueron finalmente justificados entre 2022 y 2024.

    De acuerdo con la investigación, en 2018 —el año con más irregularidades— la ASF detectó posibles desvíos por más de 3 mil 400 millones de pesos en recursos federales ejercidos por la administración estatal. Para 2022, el 98% de ese monto seguía sin aclararse, lo que mantenía abiertas observaciones por más de 3 mil 300 millones de pesos.

    Sin embargo, dos años después, la mayor parte de esos recursos fue “solventada”. Entre los casos más relevantes destaca una solicitud de aclaración por 2 mil 443 millones de pesos, en la que no existía documentación que respaldara contratos de obra y adquisiciones; aun así, el monto completo fue validado como justificado. También se redujo una observación por 457.9 millones de pesos a solo 130.7 millones pendientes, además de otros montos menores prácticamente cerrados.

    La investigación señala que parte de estas revisiones pasó por la Dirección General de Seguimiento C de la ASF, encabezada en ese momento por un funcionario vinculado políticamente a Pablo Angulo, cercano a Moreno. Este órgano es clave, ya que determina si las observaciones por irregularidades quedan solventadas o no, lo que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el proceso.

    Alito Moreno, quien gobernó Campeche de 2015 a 2019 y actualmente es dirigente nacional del PRI y senador, dejó el cargo con miles de millones de pesos bajo observación. No obstante, con el paso del tiempo, la mayoría de esos recursos terminó siendo “perdonada” o justificada, lo que ha generado críticas sobre la actuación de la ASF y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

  • ¿Quién es Karime Macías y de qué se le acusa? El escándalo de corrupción que marcó a Veracruz

    ¿Quién es Karime Macías y de qué se le acusa? El escándalo de corrupción que marcó a Veracruz

    La ex presidenta del DIF de Veracruz es señalada por el presunto desvío de 112 millones de pesos; fue detenida en Londres y enfrentó un proceso de extradición impulsado por la FGR.

    El nombre de Karime Macías Tubilla quedó ligado a uno de los mayores escándalos de corrupción en Veracruz durante el gobierno de su entonces esposo, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador hoy en prisión.

    Aunque oficialmente ocupó un cargo honorario al frente del DIF estatal, la Fiscalía sostiene que habría participado en el presunto desvío de recursos públicos destinados a programas sociales.

    La acusación central señala un fraude por 112 millones de pesos, que habrían sido transferidos a empresas fantasma durante la administración de Duarte (2010-2016). La investigación forma parte del entramado de irregularidades que también salpicó a la llamada “Estafa Maestra”, esquema documentado por organizaciones civiles y medios nacionales.

    El caso tomó relevancia internacional cuando Karime Macías fue detenida en Londres en octubre de 2019. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza tras pagar 150 mil libras esterlinas, mientras México solicitaba su extradición. La Fiscalía General de la República (FGR) buscó llevarla a juicio por el presunto daño al erario veracruzano.

    Uno de los episodios más mediáticos fue el hallazgo de libretas donde escribió repetidamente la frase “Sí merezco abundancia”, además de anotar cuentas bancarias y propiedades. Las autoridades señalaron que dichos bienes habrían sido adquiridos con recursos públicos, aunque su defensa ha insistido en que no ocupó un cargo formal con manejo presupuestal y que no existe prueba directa de responsabilidad penal.

    Testimonios de excolaboradores apuntaron que Macías participaba en reuniones de gabinete y tenía influencia en decisiones administrativas, versión rechazada por su equipo legal. Mientras tanto, el sexenio de Duarte quedó marcado por acusaciones de empresas fantasma, desvío millonario de recursos y graves violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones y asesinatos de periodistas.

    El caso de Karime Macías continúa siendo símbolo del saqueo institucional que golpeó a Veracruz y uno de los expedientes más polémicos del combate a la corrupción en México.