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Etiqueta: Desvío millonario

  • ASF eleva a 8 mmdp el monto de irregularidades detectadas en gobierno de Cuauhtémoc Blanco

    ASF eleva a 8 mmdp el monto de irregularidades detectadas en gobierno de Cuauhtémoc Blanco

    Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación crecieron de casi 4 mil millones de pesos en 2024 a más de 8 mil 641 millones; la Fiscalía de Morelos mantiene investigaciones en curso.

    La Auditoría Superior de la Federación (ASF) actualizó el monto de las irregularidades detectadas durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos (2019-2024), el cual asciende a 8 mil 641 millones de pesos en recursos federales con observaciones. De acuerdo con los informes de fiscalización, el monto prácticamente se duplicó respecto a las primeras revisiones, mientras que gran parte del dinero señalado permanece sin ser comprobado o aclarado por la administración estatal.

    Las cifras muestran un crecimiento constante de las observaciones. En julio de 2024, la ASF reportaba 3 mil 998 millones de pesos; para octubre de 2025 la cifra aumentó a 5 mil 700 millones, y en la actualización más reciente alcanzó los 8 mil 641 millones de pesos. Según el órgano fiscalizador, el gobierno de Morelos no logró justificar el destino de una parte significativa de esos recursos públicos.

    La ASF documentó 185 anomalías relacionadas con el manejo de recursos provenientes de 20 fondos, programas y subsidios federales. Entre las principales observaciones destacan las correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), recursos destinados a fortalecer la seguridad en el estado.

    Además, las auditorías identificaron presuntas irregularidades en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el programa de Educación Tecnológica y de Adultos, el Programa Nacional de Inglés y, especialmente, en las participaciones federales destinadas a obras públicas, donde durante 2023 se concentraron los montos más elevados observados por los auditores.

    Por su parte, la Fiscalía Especial de Morelos mantiene abiertas investigaciones administrativas y penales relacionadas con presuntas irregularidades en dependencias como las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura y Desarrollo Económico. Hasta el momento, estos expedientes no han sido judicializados ni existe una determinación de responsabilidad penal directa contra Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente cuenta con fuero constitucional como diputado federal por Morena.

  • Señalan a la FIFA por encubrir un presunto desvío de 300 millones de dólares de la AFA

    Señalan a la FIFA por encubrir un presunto desvío de 300 millones de dólares de la AFA

    Una investigación periodística señala posibles omisiones en casos de violencia contra jugadoras y cuestiona el manejo financiero de la Asociación del Fútbol Argentino tras sus recientes éxitos deportivos.

    Una investigación del periodista francés Romain Molina expuso presuntas irregularidades dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y señaló que la FIFA habría brindado respaldo a dirigentes argentinos pese a denuncias por abusos y cuestionamientos financieros que involucran a la organización.

    De acuerdo con el reporte difundido en el canal de YouTube de Molina, la AFA se encuentra bajo investigación por supuestos esquemas de desvío y blanqueo de más de 300 millones de dólares, además de acusaciones relacionadas con el manejo de recursos obtenidos por la selección argentina.

    Uno de los casos más señalados ocurrió en 2021, cuando exjugadoras de las selecciones juveniles femeninas denunciaron a Diego Guachi, entonces entrenador, por presuntos malos tratos, acoso psicológico y comentarios de carácter sexual. Según la investigación, las denunciantes solicitaron protección a la FIFA, pero el organismo archivó el expediente por falta de pruebas y las víctimas quedaron expuestas al revelarse sus identidades.

    El informe también cuestiona la actuación de funcionarios de la FIFA, al señalar que existieron presuntas presiones internas para evitar que avanzaran las investigaciones contra la AFA, debido a intereses políticos y deportivos dentro del futbol internacional.

    En el ámbito financiero, Molina documentó que días antes de la final del Mundial de Qatar 2022, la AFA habría otorgado a la empresa Tour Prodenteur la gestión exclusiva de derechos internacionales de la selección argentina. La compañía recibió recursos relacionados con premios del torneo y, según el reporte, habría retenido un porcentaje mientras el resto circulaba mediante empresas registradas en distintos países.

    La investigación sostiene que parte de esos recursos habrían sido utilizados para financiar bienes de lujo y operaciones privadas vinculadas a dirigentes argentinos, mientras la federación mantenía cuestionamientos sobre su transparencia financiera. Hasta ahora, la FIFA y la AFA no han emitido una postura pública sobre los señalamientos.

  • Vinculan a proceso a exfuncionaria de Cabeza de Vaca por desvío de 985 millones de pesos

    Vinculan a proceso a exfuncionaria de Cabeza de Vaca por desvío de 985 millones de pesos

    La exfuncionaria del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca es investigada por un presunto quebranto millonario relacionado con la compra de despensas; un amparo evitó su detención inmediata.

    Las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca continúan avanzando en Tamaulipas. Este viernes, un juez de control vinculó a proceso a Yahleel N, exsecretaria de Bienestar Social estatal, por su probable responsabilidad en el presunto desvío de 985 millones de pesos, recursos que habrían sido utilizados de manera irregular durante su gestión al frente de la dependencia.

    De acuerdo con la carpeta de investigación 733-2025, la exfuncionaria es señalada por irregularidades en la adquisición de despensas, operación que habría provocado un importante daño al patrimonio público. Tras una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en su contra.

    Aunque la jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva, esta no pudo ejecutarse debido a que la imputada promovió un amparo para evitar ser detenida mientras se desarrolla el procedimiento judicial. La defensa de Yahleel N también solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia fue aplazada y se reanudará el próximo 1 de julio.

    El caso representa uno de los expedientes más relevantes relacionados con presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Cabeza de Vaca, un sexenio que continúa bajo la lupa de las autoridades por diversos señalamientos de corrupción y manejo indebido de recursos públicos. La magnitud del presunto quebranto económico coloca este asunto entre los más significativos que enfrenta actualmente la justicia tamaulipeca.

    Yahleel N se convierte así en la segunda exintegrante del gabinete estatal panista en enfrentar un proceso penal. Previamente, Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de Tamaulipas, también fue procesado por presunto desvío de recursos públicos. Ambos casos alimentan las denuncias sobre posibles redes de corrupción que habrían operado durante el gobierno encabezado por García Cabeza de Vaca.

    Mientras las investigaciones avanzan, la sociedad tamaulipeca sigue exigiendo que cualquier acto de corrupción sea esclarecido y sancionado conforme a derecho, especialmente cuando se trata de recursos destinados a programas sociales y al bienestar de la población más vulnerable.

  • Vox desvió 13 millones de euros a la fundación de Abascal en seis años

    Vox desvió 13 millones de euros a la fundación de Abascal en seis años

    Las cuentas del partido de ultraderecha revelan millonarias transferencias a la Fundación Disenso, presidida por el propio Santiago Abascal, en un esquema que levanta cuestionamientos sobre posible uso discrecional de recursos públicos y privados.

    Las finanzas de Vox vuelven a quedar bajo escrutinio tras revelarse que, en los últimos seis años, el partido ha transferido cerca de 12.9 millones de euros a la Fundación Disenso, organización presidida por su líder, Santiago Abascal, lo que abre un evidente cuestionamiento sobre conflicto de interés y falta de transparencia interna.

    De acuerdo con las cuentas de 2025, la formación realizó un nuevo envío de 2 millones de euros a dicha fundación, suma que se agrega a transferencias previas que incluyen 2.5 millones en 2021, 2022 y 2023, además de otros montos menores desde 2020, año de creación del organismo. El patrón de financiamiento muestra una dependencia constante del partido hacia una estructura encabezada por su propio dirigente.

    Aunque Vox sostiene que la Fundación Disenso realiza actividades de “estudio, formación y divulgación”, en los documentos no se detalla con claridad el impacto real del gasto ni su justificación desagregada, lo que alimenta las dudas sobre si se trata de una plataforma paralela de propaganda política financiada desde el propio partido.

    El hecho de que la fundación tenga personalidad jurídica independiente no elimina el cuestionamiento central: el líder del partido preside la entidad que recibe millones de euros del mismo partido que dirige, una fórmula que expertos críticos consideran un diseño opaco que dificulta la rendición de cuentas efectiva.

    En paralelo, las cuentas también reflejan que Vox afirma depender en parte de aportaciones privadas y cuotas de afiliados, aunque solo alrededor de 33 mil de más de 71 mil afiliados estarían al corriente de pago, lo que pone en duda la fortaleza real de su base financiera activa.

    El partido también reportó la liquidación de un crédito millonario con un banco húngaro vinculado al entorno de Viktor Orbán, al que recurrió tras alegar falta de financiamiento en la banca española. Sin embargo, el uso de financiamiento extranjero y su posterior cambio de discurso no ha pasado desapercibido en el debate público.

    Las cuentas deberán ser sometidas a aprobación interna en la Asamblea General, en un proceso que ocurre bajo crecientes señalamientos sobre el uso de recursos, la concentración de decisiones financieras y la falta de claridad en el destino final de millones de euros dentro de la estructura política de Vox.

  • Niegan amparo a ex secretario de Seguridad de Michoacán; seguirá en prisión por presunta corrupción

    Niegan amparo a ex secretario de Seguridad de Michoacán; seguirá en prisión por presunta corrupción

    El ex funcionario ligado a la administración de Silvano Aureoles enfrenta cargos por peculado y lavado; el presunto daño supera los 3 mil 400 millones de pesos.

    José Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, continuará en prisión luego de que un tribunal federal le negó el amparo contra la prisión preventiva justificada que le fue impuesta por diversos delitos de corrupción.

    La resolución fue emitida por la secretaria en funciones de magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, Virginia Jácome Planté, quien determinó que los argumentos del ex funcionario para enfrentar su proceso en libertad son infundados.

    Bernal Bustamante fue detenido en marzo de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. De acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con un presunto quebranto patrimonial por 3 mil 412 millones de pesos, derivado de contratos irregulares para la construcción y arrendamiento de cuarteles de la Guardia Civil que, según las autoridades, no estaban edificados al momento de su contratación.

    El tribunal consideró que existe riesgo de fuga, ya que no se acreditó un domicilio fijo ni arraigo suficiente que garantice su comparecencia. Además, se valoró la gravedad de los delitos y las penas elevadas que podrían imponerse.

    En audiencias previas, la FGR sostuvo que el ex secretario formó parte del Poder Ejecutivo estatal, lo que podría implicar capacidad de influencia o presión sobre involucrados en el caso.

  • Justicia federal mantiene orden de captura contra ex secretario de Seguridad de Michoacán

    Justicia federal mantiene orden de captura contra ex secretario de Seguridad de Michoacán

    Una juez confirmó la validez de la orden de aprehensión por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a cuarteles policiales.

    El ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, continuará prófugo de la justicia luego de que una juez federal negó otorgarle un amparopara frenar la orden de aprehensión en su contra. Corona es señalado por el presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos, recursos que debían utilizarse para la construcción de siete cuarteles de policía, caso en el que cuatro excolaboradores ya fueron vinculados a proceso.

    El ex funcionario presentó su demanda ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia penal, donde también impugnó la orden de comparecencia. Sin embargo, la Fiscalía le atribuye delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, todos considerados de alto impacto.

    La juez Viridiana Berenice Quiroz declaró infundados los argumentos de Corona, quien acusaba violaciones a su legalidad y debido proceso. La juzgadora determinó que la orden de captura cumple con los requisitos de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la protección federal era improcedente.

    Además, la juez sostuvo que el ex secretario no ha sido localizado, pese a operativos de verificación en su domicilio y visitas periódicas de las autoridades. También se documentó que Corona tiene movilidad constante, con posibilidad de desplazarse a otros estados e incluso salir del país, apoyado en propiedades ubicadas en distintas entidades. Estas condiciones, afirmó, justifican la necesidad de cautela solicitada por la Fiscalía.

    La orden de aprehensión fue emitida en febrero por la jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, en contra de Corona Martínez, del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y de otros ex funcionarios que continúan bajo proceso por este presunto desfalco millonario.

  • Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, comparece por presunto desvío de 400 millones de pesos

    Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, comparece por presunto desvío de 400 millones de pesos

    El exgobernador priísta de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, compareció este jueves ante un juzgado estatal junto con sus ex secretarios de Gobierno y Finanzas, Arnoldo Ochoa González y Carlos Noriega García, respectivamente, por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos durante su administración (2016–2021).

    Una de las acusaciones más graves apunta al destino opaco de un crédito bancario por 500 millones de pesos solicitado en 2020, supuestamente para ampliar el presupuesto de la obra insignia de su sexenio: el C5i. De ese monto, 400 millones no han podido ser justificados. El dinero iba a ser destinado, además, a la remodelación del Palacio de Gobierno, pero no hay evidencia de que esa obra se haya concretado.

    Además, Peralta enfrenta una denuncia penal por ordenar el pago de casi mil millones de pesos a bancos —a unas semanas de concluir su gestión— mientras suspendía el pago de nómina a más de 5 mil trabajadores del gobierno estatal.

    A esto se suman señalamientos por haber otorgado de forma irregular bases laborales a más de 200 empleados en 2021, así como por la venta de un predio público en Villa de Álvarez, conocido como la Ecogranja, a un precio de 240 pesos por metro cuadrado, cuando su valor comercial era varias veces superior. El terreno era utilizado por el DIF estatal para actividades educativas con niñas y niños.

    En tanto, Arnoldo Ochoa está implicado por avalar los pagos a la banca en lugar de priorizar las obligaciones laborales del gobierno, y Carlos Noriega García ya fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 72 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado.

    Al salir de la audiencia, Peralta Sánchez se negó a dar declaraciones, argumentando respeto al debido proceso. “Estoy alejado de la política, viendo los toros desde la barrera”, dijo. Sin embargo, el proceso judicial sigue avanzando y podría marcar un nuevo caso emblemático de corrupción en la élite priísta del occidente del país.

    Exfuncionarios de Morelos enfrentan procesos por desvío de 81 millones de pesos