La alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresiones tras un operativo de reordenamiento. Las tensiones entre comerciantes y autoridades vuelven a estallar en la Ciudad de México.
El reciente operativo de reordenamiento del comercio en la avenida Ribera de San Cosme desató una nueva controversia en la Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que fue agredida durante una intervención para retirar puestos semifijos que, según su versión, estaban instalados sin autorización.
Transmisiones en redes sociales mostraron la jornada, que se tornó en un intercambio de acusaciones sobre el comercio ambulante y la falta de permisos adecuados. La Dirección de Mercados y Vía Pública explicó que la acción fue en respuesta a quejas de ciudadanos sobre la obstrucción peatonal. En total, aproximadamente 20 puestos irregulares fueron retirados.
Sin embargo, la alcaldesa denunció que la situación escaló rápidamente. Aseguró que un grupo vinculado a la diputada Diana Sánchez Barrios llegó al lugar para confrontar al personal de la alcaldía. El operativo se convirtió en un momento tenso, con empujones y agresiones entre comerciantes y autoridades.
Rojo de la Vega compartió su indignación en redes sociales, señalando que las circunstancias del operativo carecieron de mediación efectiva. En sus palabras, reflexionó sobre el creciente número de ambulantes en la ciudad y cuestionó quién se beneficia de su presencia en la calle. Expresó que su intención de dialogar fue ignorada, y la situación derivó en violencia.
Videos desde el lugar mostraron a una trabajadora de la alcaldía cayendo al suelo tras recibir un golpe. La alcaldesa fue al Ministerio Público a formalizar su denuncia y mostró lesiones en su rostro, brazo y espalda.
La diputada Diana Sánchez Barrios, en respuesta, acusó al gobierno de Rojo de la Vega de utilizar la violencia en el retiro de puestos. En un comunicado, afirmó que muchos comerciantes habían sido reubicados por acuerdo previo, y prometió apoyo legal a las personas afectadas por el operativo. Negó estar vinculada con la organización Pro Diana, pero defendió a los comerciantes de los ataques, argumentando que el gobierno busca favorecer intereses inmobiliarios.
Este enfrentamiento expone una profunda desconexión entre las autoridades y los comerciantes. Ambos lados ofrecen versiones opuestas sobre la legalidad de los puestos y los acuerdos de reubicación. La falta de información clara sobre permisos y acuerdos solo contribuye a la desconfianza mutua.
El incidente en San Cosme ilustra la necesidad urgente de establecer políticas claras y efectivas. La comunicación y el diálogo son fundamentales para evitar que estas situaciones se repitan. Sin una solución, los conflictos entre comerciantes y autoridades probablemente continuarán afectando la vida urbana.
