La transformación nacional sigue firme y avanza con solidez, pese a las críticas de los sectores conservadores que ven en estas reformas un desafío a sus intereses. La noche del 31 de octubre, la Presidencia de la República dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que ratifica la supremacía de la Constitución, tras la aprobación de esta reforma histórica por parte del Congreso y 23 legislaturas estatales.
Este decreto modifica el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, estableciendo que las reformas o adiciones a la Constitución federal no podrán ser impugnadas a través de controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad. Así, se asegura que los avances constitucionales se mantengan inamovibles, protegiendo los cambios necesarios para el progreso de la nación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezando el segundo piso de esta transformación, emitió el decreto que prohíbe cualquier intento de cuestionar las reformas a la Constitución, enfatizando que las acciones de inconstitucionalidad ya no procederán contra los cambios constitucionales que busquen fortalecer el proyecto de nación. Esto significa que las sentencias en juicios de amparo solo se aplicarán de manera individual y únicamente beneficiarán a quienes soliciten el amparo, limitando su alcance a las partes involucradas y evitando efectos generales.
Esta medida subraya que el juicio de amparo no será admisible contra adiciones o reformas constitucionales, lo que refuerza la protección de estos cambios ante intentos de reversión. Con esta reforma en vigor a partir del 1 de noviembre, la transformación avanza con paso firme, dejando claro que el proyecto de progreso y justicia social sigue adelante.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, envió un oficio formal dirigido a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el que señala una serie de irregularidades cometidas por la jueza federal Nancy Juárez, quien ordenó frenar la promulgación de dicha reforma.
Godoy Ramos destaca que el Congreso de la Unión ya había emitido el decreto correspondiente a la Reforma Judicial, reformando diversas disposiciones de la Constitución Política en materia del Poder Judicial de la Federación. En concordancia con lo estipulado en el artículo 89 de la Carta Magna, el Ejecutivo Federal cumplió con su deber de enviar el decreto para su publicación en el DOF. Sin embargo, la jueza Juárez, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, intervino emitiendo una orden que bloquea temporalmente su promulgación.
La Consejería Jurídica considera esta decisión una “flagrante violación” de las competencias exclusivas del Congreso y el Constituyente Permanente, al interferir en un proceso legislativo que ya había sido aprobado por ambas cámaras y refrendado por el Ejecutivo. Ernestina Godoy recalca que no existe facultad alguna en el Poder Judicial para obstaculizar una reforma constitucional, lo que convierte el fallo en un acto fuera de la ley.
Violación a la soberanía legislativa
En el oficio, Godoy advierte que la resolución de la jueza Juárez vulnera gravemente la soberanía del Poder Legislativo y del Constituyente Permanente, quienes tienen la potestad exclusiva para reformar la Constitución. Además, señaló que este tipo de intervenciones judiciales no solo interfieren en el proceso de gobernabilidad, sino que también sientan un precedente peligroso que podría permitir que jueces de distrito entorpezcan reformas futuras.
Godoy solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que actúen en consecuencia para prevenir futuras acciones similares por parte del Poder Judicial. También insta a la Cámara de Diputados a evaluar el impacto de estas resoluciones en la estructura democrática del país.
El impacto de la Reforma Judicial
La Reforma Judicial propuesta introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano. Entre sus puntos centrales se encuentra la reorganización del proceso de selección de jueces y magistrados, un área considerada clave para la independencia y eficiencia de la justicia en el país. La reforma también tiene como objetivo aumentar la transparencia y combatir la corrupción en el Poder Judicial, un tema que ha generado amplio debate en el ámbito político y judicial.
Posibles consecuencias legales
El documento finaliza advirtiendo sobre las implicaciones legales y políticas de permitir que un juez de distrito suspenda una reforma de tal magnitud. La Consejería Jurídica del Ejecutivo subraya que se trata de un acto inconstitucional que debe ser corregido de manera urgente para proteger la soberanía del Constituyente Permanente y garantizar la correcta implementación de la Reforma Judicial.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un proceso contra la jueza federal Nancy Juárez, luego de que esta ordenara suspender la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La solicitud de Godoy, hecha pública a través de un documento difundido por la periodista Azucena Uresti, subraya que la decisión de la jueza no tiene sustento legal y representa una interferencia indebida en el proceso constitucional.
Choque de competencias: jueza versus constituyente
La Consejería Jurídica argumenta que el Poder Judicial carece de facultades para detener o invalidar una reforma constitucional, lo que convierte la suspensión ordenada por la jueza Juárez en una “extralimitación de sus competencias”. Según Godoy, la única entidad con autoridad para modificar la Constitución es el Constituyente Permanente, formado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. En este sentido, la intervención judicial es vista como un ataque directo a la soberanía legislativa.
La polémica surgió cuando la jueza Juárez bloqueó la publicación de una reforma promovida por el Ejecutivo Federal que propone cambios profundos en el Poder Judicial. Entre estos cambios destacan la reestructuración del proceso de selección de jueces y magistrados, una medida que, según el gobierno, busca mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La suspensión de esta reforma ha generado un conflicto institucional, ya que para el Ejecutivo, esta acción judicial es un precedente peligroso que permitiría que jueces interfieran en procesos legislativos clave.
Consecuencias institucionales
En su oficio dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la Consejera Jurídica insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que jueces de distrito sigan bloqueando la aplicación de reformas constitucionales. Godoy destaca la importancia de limitar este tipo de resoluciones, que considera fuera del ámbito de competencia del Poder Judicial. Asimismo, solicita activar el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar si la jueza Juárez cometió alguna falta administrativa con su decisión.
Peligros del precedente judicial
Godoy advirtió que permitir este tipo de resoluciones judiciales podría sentar un precedente peligroso, en el que jueces de distrito puedan intervenir en la implementación de reformas aprobadas legítimamente por el Congreso. Según la Consejería Jurídica, esta práctica podría desvirtuar el equilibrio de poderes en México, interfiriendo con la labor del Constituyente Permanente, que tiene la exclusividad en la aprobación y modificación de la Carta Magna.
Finalmente, la Consejería Jurídica hizo un llamado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que implementen mecanismos que garanticen que los jueces se abstengan de tomar decisiones que paralicen reformas constitucionales. Esta acción busca evitar futuras suspensiones y mantener la autonomía del proceso legislativo frente a injerencias judiciales que puedan afectar la estabilidad institucional del país.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó nuevamente la decisión de la jueza Nancy Juárez, quien emitió una orden para eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Sheinbaum calificó la medida como “sin sustento jurídico” y afirmó que la notificación carece de validez.
Sheinbaum reveló que la notificación enviada por la jueza contenía un código QR que, al ser escaneado, no dirigía a ningún contenido, lo que desató cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Según la mandataria, la Consejería Jurídica recibió una segunda notificación, la cual refuerza la falta de fundamento de la solicitud de Juárez. “No se puede eliminar una publicación del DOF por capricho de una jueza; el Diario tiene su propia legislación que garantiza su inalterabilidad”, enfatizó.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que el miércoles 23 de octubre "llegó una segunda notificación a la Consejería y al Diario Oficial de la Federación", para que se elimine del #DOF la reforma al Poder Judicial, y adelantó que la Consejera Jurídica,… pic.twitter.com/ZzfwOyvWMx
Sheinbaum insistió en que el artículo 7BIS del DOF protege la inalterabilidad de sus publicaciones, por lo que cualquier intento de modificación por parte de un juez violaría tanto la ley del DOF como la de amparo. La mandataria señaló que la Consejería Jurídica ya ha solicitado al DOF un procedimiento claro para responder ante las notificaciones y adelantó que enviará un comunicado al Congreso de la Unión para obtener su opinión sobre el caso.
La presidenta lanzó duros cuestionamientos hacia los asesores de la jueza Juárez, sugiriendo que existe una falta de conocimiento jurídico o posibles intereses ocultos detrás de la solicitud. Sheinbaum reiteró que no se trata de una simple eliminación de una publicación, sino de una acción que violenta las leyes vigentes. Además, adelantó que en una próxima “Mañanera del Pueblo” se dará a conocer en detalle la estrategia jurídica que se tomará para enfrentar la situación.
Duarnte su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles con firmeza a la notificación emitida por la jueza Nancy Juárez, quien pidió que se retirara del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial que impulsa la democratización de esta institución. En su intervención, Sheinbaum calificó la notificación de la jueza como carente de fundamento legal y sin efectos, señalando que el documento incluía un código QR inservible que no lleva a ningún lado.
“Sí, fíjense, esto está muy bueno también, buenísimo. Fíjense, llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y dice: véase la notificación en este QR. ‘El QR ha sido eliminado’”, dijo.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein denunció que Consejería Jurídica de Presidencia recibió como notificación para eliminar la Reforma al Poder Judicial del #DOF un código QR que no funciona. La presidenta agregó que se pidió a un notario público certificará que el… pic.twitter.com/gkvwnIZCop
Con tono irónico, Sheinbaum comentó: “A ver, que Harvard nos diga por qué el QR no se abrió”, lo cual desató risas entre los presentes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. La referencia hizo alusión a un reciente evento en la Universidad de Harvard, donde el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, abordó las reformas judiciales y los requisitos para los futuros jueces y magistrados.
Notificaciones sin respaldo legal y con irregularidades
Sheinbaum explicó que, al intentar validar la notificación, su equipo descubrió que el código QR proporcionado en el documento estaba desactivado, evidenciando un intento fallido de la jueza por obstaculizar las reformas impulsadas para hacer más democrático al Poder Judicial. “Sí viene un texto y dice ‘véase la notificación en este QR’, pero el QR ha sido eliminado. O sea, no hay notificación”, subrayó la mandataria.
En este sentido, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, solicitó que el Notario Público No. 176 certificara esta irregularidad, confirmando que la notificación no tenía validez alguna. Sheinbaum enfatizó que su gobierno está actuando conforme a la ley y amparado en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este tipo de medidas no aplican en el caso de reformas constitucionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus últimos actos de justicia, emitió un decreto que otorga apoyos extraordinarios a los padres de los niños fallecidos o con lesiones permanentes tras el incendio en la guardería ABC en 2009. Entre estos apoyos destaca una pensión vitalicia para los familiares, reafirmando el compromiso del gobierno con las víctimas de esta tragedia ocurrida en el ilegítimo sexenio de Felipe Calderón.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que los padres de los menores recibirán una pensión equivalente a la prevista en la Ley del Seguro Social, con la posibilidad de transferir este apoyo a los hijos sobrevivientes en caso de fallecimiento de los beneficiarios. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) integrará los apoyos ya existentes para los menores afectados, como becas educativas y el pago del consumo eléctrico en sus hogares.
López Obrador subrayó que el Estado debe responder de manera proporcional al daño causado, priorizando el bienestar de las familias. El decreto también contempla que, a partir de 2025, los recursos necesarios se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar el cumplimiento de estas medidas. La pensión entrará en vigor en enero de 2025, con efectos retroactivos.
Este decreto llega a pocas horas de que el tabasqueño se retire no solo de la presidencia, sino de la vida pública de México, reiterando el compromiso del Presidente con las victimas incluso de las malas gestiones y la corrupción de las administraciones del pasado.
La reforma constitucional que transfiere el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha alcanzado las aprobaciones necesarias por parte de los congresos estatales para ser declarada constitucional.
Con el respaldo de 17 congresos locales, todos dominados por Morena y sus aliados, la iniciativa está lista para avanzar hacia su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los estados que han votado a favor de esta reforma incluyen a Baja California, Chihuahua, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El Senado de la República aprobó previamente la reforma con 86 votos a favor y 42 en contra. Esta medida ha sido calificada por algunos críticos como un paso hacia la militarización de la seguridad pública en el país, mientras que Morena y sus aliados defienden la propuesta como un mecanismo para fortalecer a la Guardia Nacional, que fue constituida en 2019 con el objetivo de garantizar la seguridad pública.
Con esto, se aprueba una más de las reformas constitucionales que diseñaron AMLO y la presidenta electa, como primer paquete del llamado Plan C para el segundo piso de la Transformación.
La jueza Nancy Juárez Salas advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director del Diario Oficial de la Federación (DOF) podrían ser destituidos y procesados penalmente, en caso que no acaten la orden judicial para retirar la reforma al Poder Judicial del DOF.
En una entrevista dada a la periodista Carmen Aristegui, la titular del Juzgado Décimonoveno de Distrito en Veracruz, señaló que esta suspensión definitiva ordena al director del DOF y el presidente México a retirar la promulgada reforma judicial para que se suspendan los efectos de la nueva ley. ya que considera que se vulnera la independencia del judicial.
📹 #Vídeo | Los eruditos de la ley hacen sus maromas: La jueza Nancy Juárez Salas, que ordenó quitar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la #ReformaJudicial, advirtió que el presidente @lopezobrador_ y el director del DOF podrían ser destituidos del cargo, incluso… pic.twitter.com/LLfnMDixUa
En caso de que se viole una suspensión definitiva, son sanciones a las que se hacen acreedores las autoridades responsables, que no cumplan con esta determinación judicial, entre ellas está la destitución y la consignación correspondiente ante la autoridad penal.
Indicó Juárez Salas.
Cabe mencionar que, la determinación de la jueza se sustentó bajo el supuesto de que la promulgación de la Reforma, que transforma el sistema de justicia en México, vulnera la independencia del Poder Judicial.
Juez federal ordena al INE suspender la elección extraordinaria del Poder Judicial
Un juez federal otorgó una suspensión provisional con la que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) abstenerse de implementar el proceso electoral extraordinario de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Además de ordenar al Consejo de la Judicatura Federal a abstenerse de realizar el proceso de transición y ordenar al Senador de la República de abstenerse realizar el listado de los candidatos.
Esto, luego de que, el pasado lunes, el INE dio inicio al proceso extraordinario de la elección de las personas juzgadoras, con la instalación de una Comisión Temporal y la elaboración del calendario.
En un hecho que sienta un peligroso precedente, la jueza federal Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha dictado una resolución que podría interpretarse como un desafío directo a la Constitución mexicana y al proceso legislativo. La magistrada ordenó la eliminación de la publicación del Decreto de Reforma Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), alegando supuestas violaciones en el procedimiento de aprobación de dicha reforma.
Lo que llama la atención no es solo la medida en sí, sino el claro mensaje que envía: los jueces, una vez más, parecen posicionarse por encima de la ley y la Constitución, al dictar resoluciones que afectan el orden constitucional y democrático del país. Juárez Salas argumentó que el dictamen de la reforma no fue discutido ni votado en el plazo de 30 días naturales, un requisito que, paradójicamente, solo aplica a las iniciativas preferentes, y no a las reformas como la del Poder Judicial de la Federación (PJF), que no tiene esta categoría.
¿Quién está por encima de quién?
La decisión de la jueza, derivada de una solicitud de una trabajadora del PJF, plantea preguntas sobre los límites de la autoridad judicial y su respeto por los procedimientos constitucionales. A pesar de que la Constitución otorga facultades específicas al Congreso y al Ejecutivo para llevar a cabo reformas, la suspensión definitiva concedida por Juárez Salas pretende revertir un proceso ya completado, con la excusa de “restituir derechos” supuestamente vulnerados. Esto plantea una grave amenaza al principio de la división de poderes, ya que una decisión judicial, que debería actuar dentro del marco de la ley, ha invalidado un procedimiento que fue debatido y aprobado por representantes electos democráticamente.
En su resolución, la jueza indicó que la publicación del decreto de la Reforma Judicial debería ser eliminada, ordenando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al Director del DOF, Alejandro López González, que acaten dicha instrucción. El fallo invoca de manera preocupante principios como la independencia judicial y la imparcialidad, pero termina convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo el poder judicial puede interferir en los procesos legislativos que no le competen.
Un precedente peligroso para el orden constitucional
Este tipo de decisiones no es aislado. Previamente, otros jueces habían concedido suspensiones para frenar la aprobación de la reforma, aunque ninguna tuvo éxito hasta ahora. La constante intervención judicial en procesos legislativos aprobados democráticamente pone en jaque el equilibrio de los poderes en México. La jueza Juárez Salas parece estar estableciendo una peligrosa tendencia, en la cual los jueces se adjudican el papel de árbitros finales de las decisiones políticas y legislativas, aún cuando estas no violen la Constitución.
Más allá de los tecnicismos legales, el mensaje es claro: si los jueces pueden bloquear reformas basadas en interpretaciones dudosas de la ley, el poder legislativo y ejecutivo se convierten en actores secundarios en el proceso de transformación del país. Y mientras tanto, el pueblo queda a merced de resoluciones judiciales que no siempre parecen responder al interés colectivo.
¿Qué podemos esperar?
La resolución de la jueza Juárez Salas aún debe ser notificada oficialmente al Presidente de México y al Director del DOF. Sin embargo, es claro que este fallo no solo buscará modificar la publicación del DOF, sino que abre la puerta a una discusión más amplia sobre los límites del poder judicial y su capacidad para intervenir en las decisiones legislativas. Este tipo de actuaciones judiciales deberían alertarnos sobre el creciente poder de los jueces y su capacidad de interferir en procesos que, por su propia naturaleza, pertenecen a la esfera de la voluntad popular expresada en el Congreso.
El reciente fallo de la jueza Nancy Juárez Salas evidencia cómo algunos miembros del poder judicial se ven a sí mismos como árbitros supremos, incluso por encima de la Constitución. Estas acciones, lejos de proteger la legalidad, amenazan la estabilidad democrática y la división de poderes en México.
La reforma al Poder Judicial ya fue publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que el presidente Andrés Manuel LópezObrador, firmó el decreto de la reforma constitucional, que recibió el aval del Congreso de Unión y la mayoría de la Legislaturas Locales del país.
En la edición vespertina del DOF, la compartieron las nueva reglas que regirán al Poder Judicial de la Federación (PJF) y que tienen como nudo toral la elección popular de los jueces, magistrados y ministros, así como la creación de un Tribunal para cuidar y sancionar la conductas indebidas de los juzgadores.
En ese sentido, las modificaciones realizadas a la Constitución Mexicana entraránen vigor los primeros minutos de este 16 de septiembre, con lo que se marcará el inicio de la transformación del PJF.
📹 #Vídeo | En un día histórico para la democracia de México: El presidente @lopezobrador_, junto a Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al #PoderJudicial.
Por su parte, el presidente López Obrador destacó como “un hecho histórico” la publicación del decreto, con el que se garantiza al pueblo mexicana un verdadero acceso a la justicia, además de que se tendrá juzgadores comprometidos con establecer un auténtico Estado de Derecho.
Necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, apliquen al pie de la letra el principio de que ‘Al margen de la ley nada por encima de la ley nadie’. Que tengamos un auténtico Estado de derecho.
Asimismo, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, el mandatario destacó la importancia que tiene que Claudia Sheinbaum se convierta en la primera mujer presidenta. Incluso señaló que la mandataria electa es invitada de honor en la ceremonia de Independencia.
