De ser aprobado por el Senado de Estados Unidos, un nuevo impuesto del 3.5% a las remesas afectaría directamente a 3.4 millones de mexicanos indocumentados que viven en ese país, lo que representaría un golpe directo al sustento de miles de familias en México.
El plan, ya avalado por la Cámara de Representantes, establece que dicho impuesto sea retenido por las empresas remesadoras y que solo pueda deducirse de impuestos federales si el remitente cuenta con ciudadanía o documentos migratorios válidos. Es decir, para los migrantes sin papeles, el cobro sería un gasto neto sin posibilidad de reembolso.
De acuerdo con estimaciones de Jesús Cervantes González, director de estadísticas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), el gobierno estadounidense podría recaudar hasta 900 millones de dólares en 2026 mediante este nuevo gravamen.
Actualmente, 7.5 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos, de los cuales el 45% son indocumentados. Este grupo es el que cargará con el costo completo del impuesto si la propuesta avanza, lo que significaría una reducción real del dinero que llega a sus familias en México.
Tan solo en 2024, los migrantes mexicanos enviaron el 16.7% de su masa salarial a sus hogares. Con la entrada en vigor del impuesto, ese porcentaje subiría a 17.3% entre quienes no cuentan con documentos, según cálculos del Cemla.
Aunque algunos especialistas financieros han señalado que el impacto económico sería moderado, reconocen que la propuesta tiene una fuerte carga política y afecta a los sectores más vulnerables de la población migrante.
