El gobierno de Nayib Bukele abrió a la prensa el megajuicio contra cientos de presuntos pandilleros en el CECOT, en un proceso que presume resultados contra el crimen, pero que también despierta fuertes críticas por posibles violaciones a derechos humanos y el uso de juicios colectivos.
El gobierno salvadoreño permitió el acceso de medios al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde más de un centenar de acusados siguieron en pantalla el proceso judicial en su contra. El megajuicio, que involucra a más de 400 presuntos miembros de la MS-13, es presentado como un logro clave en la estrategia de seguridad, pero evidencia un modelo de justicia masiva que pone en duda el debido proceso.
Los acusados permanecen esposados y encadenados, trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para enfrentar audiencias colectivas. Este esquema, impulsado bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, ha sido cuestionado por priorizar la rapidez sobre las garantías individuales, dejando en segundo plano el derecho a una defensa adecuada y a juicios personalizados.
De acuerdo con organizaciones sociales y de derechos humanos, el modelo de Bukele consolida un sistema punitivo que normaliza la suspensión de derechos básicos, utilizando el combate al crimen como justificación. Aunque el gobierno presume una caída en la violencia, el costo institucional es alto: una justicia debilitada, opaca y cada vez más alineada con el poder político.
