Daniel Ortega impulsa una reforma para extender el mandato presidencial a siete años y excluir a la oposición de las elecciones, una medida que profundiza el carácter autoritario de su gobierno y consolida una dicatura en Nicaragua.
La nueva reforma constitucional promovida por Daniel Ortega busca ampliar el periodo presidencial de seis a siete años y establecer mecanismos para impedir que sectores opositores participen en futuros procesos electorales. El proyecto, que será discutido por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, pretende impedir la participación de quienes el régimen califica como “vendepatrias” o “golpistas”, términos utilizados de manera recurrente para desacreditar a cualquier voz crítica.
Con esta iniciativa, el gobierno nicaragüense da otro paso hacia la consolidación de una dictadura sin contrapesos, eliminando las condiciones mínimas para una competencia democrática. La ampliación del mandato presidencial fortalece la permanencia indefinida de Ortega y Rosario Murillo en el poder, mientras las instituciones del Estado permanecen bajo el control absoluto del oficialismo y la oposición continúa siendo perseguida, encarcelada o forzada al exilio.
La propuesta ha generado fuertes críticas de la comunidad internacional. Estados Unidos advirtió que no permanecerá de “brazos cruzados” frente al avance del régimen, mientras que la Unión Europea insistió en que Nicaragua debe garantizar elecciones libres y conforme a los estándares internacionales. Diversas organizaciones de derechos humanos también han denunciado que las reformas buscan legalizar la exclusión política y cerrar definitivamente cualquier vía democrática.
Tras casi dos décadas de gobierno ininterrumpido, Ortega continúa concentrando el poder mediante reformas constitucionales, control institucional y represión contra sus adversarios. Lejos de fortalecer la estabilidad del país, esta nueva modificación representa un nuevo golpe contra la democracia nicaragüense, consolidando un modelo de gobierno donde las elecciones dejan de ser un mecanismo de competencia política para convertirse en un instrumento de legitimación de un régimen cada vez más autoritario.
